Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 61.804
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la sentencia recurrida en cuanto juzgó acreditada la concurrencia de una eximente de responsabilidad.
2Imponer las costas en la Alzada a la actora perdidosa (art. 68 C.P.C.).
3Habiéndose verificado que media apartamiento a las disposiciones reglamentarias en la altura mínima que debe tener en el lugar el tendido de la red eléctrica, en orden a la previsión de daños futuros y de la función preventiva de la responsabilidad civil (arts. 1710 a 1713 CCCN; esta Sala, causa nº 60.647, del 17/11/16, “Espil, María Inés y otro/a c/ Apilar S.A. y otro/a s/ Daños y Perj. Estado -Uso Autom. s/ Lesiones-”) corresponde poner en conocimiento y hacer saber esa circunstancia de hecho a la Cooperativa Eléctrica de Olavarría y a la demandada, a cuyo fin, se librarán por Secretaría las comunicaciones del caso, para que en el ámbito de sus deberes legales procedan según corresponda.
4Confirmar, dada la forma de apelación, las regulaciones efectuadas en la instancia de origen a fs. 561 primer párrafo, a favor de los Dres. Anselmo Fioroni e Iturralde Elortegui, en un todo de acuerdo con lo resuelto en Considerando II) de la Segunda Cuestión.
5Decretar la deserción de la apelación deducida a fs. 579, contra los honorarios fijados a fs. 561 segundo y tercer párrafo a los peritos y mediadora intervinientes, según lo resuelto en el Considerando III) de la Segunda Cuestión. …
Causa nº: 2-61804-2016 "BUCCIARELLI LUIS OSVALDO Y OTRO/A C/ CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO) "
JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº 1 - OLAVARRIA
Sentencia Registro nº: 56 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los 23 días del mes de Mayo del año Dos Mil Diecisiete, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores Jorge Mario Galdós y María Inés Longobardi (arts. 47 y 48 de la Ley 5827), encontrándose excusado a fs. 640 el Doctor Víctor Mario Peralta Reyes, para dictar sentencia en los autos caratulados: “Bucciarelli, Luis Osvaldo y ot. c/ Camuzzi Gas Pampeana S.A. s/ Daños y Perjuicios” (Causa Nº 61.804), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Galdós – Dra. Longobardi.
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1ª.- ¿Es justa la sentencia dictada a fs. 546/561 vta.?.
2ª.- ¿Es justa la regulación de honorarios efectuada en la sentencia objeto de recurso?.
3ª.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. Luis Osvaldo Bucciarelli, por sí y en representación de Francisca D.C. de Bucciarelli e Hijos Sociedad de Hecho, promovió demanda resarcitoria de daños y perjuicios contra Camuzzi Gas Pampeana S.A. Sostuvo que es propietario de dos fracciones de campo ubicadas en Olavarría, correspondientes a las matrículas 42.703 y 42.704 de ese Partido (identificadas catastralmente como: Circunscripción VI, Parcela 218-F y Parcela 2176 respectivamente), las que se encuentran afectadas por una servidumbre de gasoducto cuyo mantenimiento está a cargo de la demandada. Sostiene, en esencia, que el día 22 de diciembre de 2011 se produjo un incendio en ese campo que destruyó 74 has. sembradas con cebada y 41 has. sembradas con trigo, afectando la tierra y produciendo otros daños. Señala que el incendio tuvo su origen en una pérdida de gas en el gasoducto y que la demandada hizo un pozo para repararlo. Agrega que la profundidad del pozo y el hecho de que ningún otro sector del caño fuera reparado demuestran claramente que la causa del incendio fue la pérdida de gas y no otra circunstancia o hecho ajeno al gasoducto. Tras ello, aborda directamente los fundamentos jurídicos de la pretensión, y sostiene que la cuestión se rige por el art. 1113 del Código Civil porque la demandada es la guardiana del “gasoducto que originó el incendio”, que éste constituye la cosa riesgosa a la que alude dicha norma, que la accionada es responsable a título de responsabilidad objetiva por riesgo creado, y que sólo se libera si se acredita el caso fortuito. Luego detalla los daños causados, formula otras consideraciones y ofrece prueba.
A fs. 65/71 se amplió la demanda ofreciendo prueba documental.
A fs. 229/241 contesta la demanda Camuzzi Gas Pampeana S.A. quien pide la citación en garantía de "La Meridional Compañía se Seguros S.A.”, la que comparece a fs. 292/293.
En el escrito de contestación de demanda, al solicitarse su rechazo, la accionada alega como eximente –en lo sustancial- que la libera totalmente de responsabilidad la configuración del caso fortuito: el incendio se produjo por una descarga eléctrica producida por una línea de media tensión que tomó contacto con una cosechadora que trabajaba en el campo.
Por su lado la citada en garantía reconoce la existencia del contrato de seguro, adhiere al escrito de contestación de demanda por lo que solicita el rechazo de la pretensión, y pone de relieve que según se desprende de la póliza que acompaña el límite máximo asegurado era de U$S 11.000.000 de indemnización por acontecimiento para los riesgos de responsabilidad civil, operaciones y productos, con una franquicia deducible de U$S 80.000 por cada siniestro.
Sustanciado el proceso la sentencia de Primera Instancia rechazó la demanda. Para así decidir, y en lo sustancial, tuvo por acreditada la existencia de la eximente alegada por la accionada y que el incendio se produjo por un hecho que calificó como caso fortuito el que consistió en una descarga eléctrica de media tensión que recibió la máquina cosechadora que en esa ocasión manejaba el Sr. Luis Bucciarelli. En efecto, juzgó que el chimango de la cosechadora tomó contacto con una línea eléctrica de media tensión (que no cumple con la altura mínima a la que debe encontrarse según las disposiciones reglamentarias) y se produjo una descarga que desde la línea de alta tensión pasó hacia la tierra y hasta el gasoducto a través de la estructura de la máquina produciendo la perforación del caño “por la fusión de su pared en el lugar donde la corriente hace su ingreso.
Posteriormente se produjo la salida de gas desde el gasoducto, mezclándose con el aire, formándose de esa manera la mezcla inflamable”. Encuadra el hecho en el marco de la responsabilidad extracontractual objetiva prevista en el art. 1113 del Código Civil. Al analizar la prueba producida tuvo particularmente en cuenta la pericial de ingeniería en seguridad agregada a fs. 448/451, la que concluye que el incendio se produjo porque “la máquina cosechadora pasó cerca de la línea eléctrica de media tensión y parte de su estructura tuvo aproximación a los conductores lo que produjo la ruptura dieléctrica del aire que separa la estructura de la máquina de la línea eléctrica y provocó una descarga desde la línea de media tensión hacia la tierra y hacia el gasoducto (a través de la estructura de la máquina), toda vez que el gasoducto constituye una placa metálica conductora con gran capacidad de almacenamiento de cargas debido a su gran masa”.
Expresa que “la gran corriente eléctrica y su concentración en un área muy pequeña producen la perforación del caño, por la fusión de su pared en el lugar donde la corriente hace su ingreso. Posteriormente – continúa- se produce la salida de gas desde el gasoducto, mezclándose con el aire, formándose de esa manera la mezcla inflamable. El cereal puede haberse encendido por la energía aportada por el arco eléctrico entre la cosechadora y la tierra, o bien pudo haberse encendido la mezcla inflamable al tomar contacto con una chispa del circuito eléctrico de la máquina, encendiéndose posteriormente el cereal” (sic., fs. 553). Tras ello el pronunciamiento analiza las respuestas brindadas por el perito a las impugnaciones que la parte actora formulara a fs. 456, todo lo que se realizó en el marco de la audiencia videograbada en CD agregada a la causa.
Más adelante ponderó la prueba testimonial del Ing. Marcos Javier Barrio especialista en seguridad e higiene y contratista de Camuzzi Gas Pampeana S.A.; de Miguel A. Aranaga, jefe técnico de la demandada; de Luis Eduardo Portillo, gerente de la Unidad de Negocios de Olavarría; de Gabriel Alejandro Heim, bombero que participó en el día del siniestro y de Luis Horacio Bucciarelli sobrino del actor y empleado del campo siniestrado. Así las cosas, valorando en conjunto ese aporte testimonial con la prueba pericial mencionada, y sobre la base de la prueba de presunciones que habilita el art. 163 inc. 5º del C.P.C.C., concluyó que: 1º) la accionada había cumplimentado con las normas de mantenimiento del gasoducto.
En efecto – aproximadamente- treinta días antes del siniestro se había efectuado un control de rutina; la cañería estaba cubierta por un sistema de protección anticorrosiva “con un potencial de protección catódica de 1034 mv superior a los 800 mv requeridos”. 2º) Luego de producido el siniestro el gasoducto no presentó rastros de corrosión, lo que es demostrativo de la inexistencia de una fuga de gas. En tal sentido el perito y los testigos coinciden que el punto de fuga que vieron a través de las fotos presenta la fisonomía de una ruptura por fusión (superficie más brillante) que no es lo mismo que rotura por corrosión (superficie negruzca), que al realizar la excavación se observó que la tierra tenía humedad (en cambio la pérdida de gas produce la sequedad de la tierra) y que el foco de la pérdida era un orificio chiquito y fundido en el que no se verificaba un proceso de corrosión. 3º) Como consecuencia de lo anterior lo más probable es que el incendio se originara por una descarga eléctrica.
La perforación producida en el gasoducto podría haberse provocado por el arco originado por una descarga eléctrica lo que se desprende del tamaño del orificio (de sólo 2 mm.) mientras que si el daño fuese producido por corrosión sería mayor. Añade que en el campo del actor pasa una línea de alta tensión eléctrica que no cumple con la altura mínima a la que debe encontrarse y que una línea eléctrica de alta o media tensión puede producir la perforación del gasoducto para lo cual es necesario un conductor que transporte la corriente de descarga desde la línea hasta la tierra o cualquier estructura metálica que actúe como almacenadora de cargas. Acota que ese conductor no necesariamente debe tocar la línea eléctrica y que al momento de la descarga el Sr.
Luis Bucciarelli se encontraba cosechando, utilizando una máquina agrícola cuya plataforma es de 7 mts. de ancho y la distancia entre la perforación del gasoducto y línea eléctrica es de 7,25 mts. La máquina cosechadora pasó cerca de la línea de alta tensión pese a la negativa del testigo Bucciarelli, lo que se desmiente con los dichos del testigo Gelmi quien dijo que la línea incluso pasa dentro del campo. De allí arriba a la conclusión anticipada de que la aproximación de la estructura de la cosechadora a los conductores de electricidad produjo una descarga eléctrica desde la línea de media tensión hacia el caño originando la fusión de su pared y la salida de gas que se mezcló con el aire formando una mezcla inflamable.
De ese modo tuvo por acreditado el caso fortuito alegado y desestimó la demanda, con imposición de costas a la actora perdidosa; finalmente reguló honorarios a los letrados y peritos. Contra ese pronunciamiento la parte actora recurrió a fs. 573, recurso concedido a fs. 576 primer párrafo; a fs. 574/575 los letrados de la demandada apelaron el monto tomado como base regulatoria, recurso concedido a fs. 576 segundo párrafo; fs. 579 la accionada apeló los honorarios de los peritos intervinientes y de la mediadora por considerarlos elevados, recurso que fue concedido a fs. 580 segundo párrafo; a fs. 581 el Ingeniero Electromecánico recurrió los honorarios establecidos a su favor por bajos, recurso concedido a fs. 582 primer párrafo.
A fs. 622, se mandó expresar agravios, habiéndolo hecho la actora a fs. 626/631, los que fueron respondidos a fs. 635/637 vta. conforme se desprende del Informe de Secretaría obrante a fs. 638.
En la expresión de agravios de fs. 626/631 la actora solicita se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda promovida. Afirma, en primer lugar, que la sentencia omitió analizar el planteo formulado por esa parte cuando cuestionó el informe técnico y otros estudios realizados por Camuzzi Gas Pampeana S.A. y que fueron acompañados con el escrito de contestación de demanda. Manifiesta que de ese mismo informe se desprende que el gasoducto tiene 43 años de antigüedad por lo que la demandada debió tomar medidas respecto de la ubicación del gasoducto en relación a la línea de alta tensión como acordar restricciones a la circulación sobre el gasoducto, entre otras. Además los testigos Pablo H.
Casassa y Jorge Esteva coincidieron en señalar que la línea de media tensión ya se encontraba instalada desde hace 40 años por lo que la que estaba obligada a prever la posibilidad de hechos como el que determinaron el accidente de autos era la demandada. En segundo lugar cuestiona que el pronunciamiento de grado concluyera en la inexistencia de una fuga de gas por la falta de deterioro de la vegetación sin considerar que el testigo Aranaya manifestó que deben transcurrir cuatro meses para que esto se advierta y que Barrio indicó que sólo podía notarse a partir de los quince días. Por ello señala que la pérdida podía haber existido desde tiempo antes del incendio ya que la inspección que efectuaba Camuzzi era anual.
En tercer lugar afirma que Coopeletric (Cooperativa Eléctrica de Olavarría) descartó la existencia del arco eléctrico ya que dicha entidad informa que fue el incendio el que afectó la línea de transmisión eléctrica; también aduce que el perito ingeniero no rebatió las impugnaciones que esa parte formuló a su pericia. En ese sentido dice que la descarga de 33.000 voltios no dañó la computadora de la cosechadora porque estaba apagada cuando se realiza una soldadura; que cuando cae un rayo su descarga eléctrica se expande por la tierra por lo que no se entiende cómo no se afectaron ni los neumáticos de la cosechadora ni su conductor; es inverosímil que ello no haya acontecido porque “el gasoducto puede construirse en un electrodo de conexión a tierra” ya que se trata de “un componente mecánico instalado en forma subterránea, sin conexión eléctrica con ninguna masa”.
Tras ello reitera las impugnaciones oportunamente deducidas contra la pericia ya que -dice- han quedado sin contestación y que pueden sintetizarse así: es necesario que prácticamente el elemento conductor toque la línea para producir la supuesta descarga a tierra lo que no sucedió en el caso ya que ni el perito ni las partes alegaron esa circunstancia; resulta inverosímil que la descarga haya circulado por la cosechadora a la tierra sin dispersión alguna, de modo de concentrar toda su energía en un punto para así fundirlo; cuestiona el cálculo infundado que determina la magnitud de la corriente de descarga porque afirma que prescinde de la ponderación de la potencia de la fuente que la alimenta; por ello de ser válido el criterio del perito las corrientes de cortocircuitos serían independientes de la composición de la fuente de energía; no se puede aplicar la ley de Ohm para el cálculo de corrientes de cortocircuito porque la tensión no se va a mantener constante como consecuencia lógica de la aparición de corrientes de falla y no se concibe cómo el perito supone una impedancia de 20 Ohm.
Tras otras consideraciones sostiene que la sentencia de grado debe ser revocada porque no era imprevisible el evento, no existiendo el caso fortuito del art 514 CC. Llamados autos para sentencia y firme el proveído que hizo saber el resultado del orden del sorteo, el expediente se encuentra en condiciones de ser resuelto (cf. fs. 642 y fs. 643).
II.- 1.- El recurso es infundado ya que el agravio de la actora no logra conmover los fundamentos de la sentencia en cuanto tiene por acreditada la configuración de una eximente que libera totalmente de responsabilidad a la demandada (arts. 1109, 1111, 1113 y concs. CC; art. 7 CCCN). En ese sentido el pronunciamiento de grado, valorando íntegramente la prueba pericial y testimonial producida, y sobre la base de indicios, concluye que la accionada probó que el incendio se debió a un hecho que calificó como caso fortuito: una descarga eléctrica producida por el contacto por aproximación de la cosechadora que trabajaba en el lugar con el tendido de la línea eléctrica de media tensión que atraviesa el campo que (pasando por la cosechadora y de ella a la tierra), produjo un pequeño orificio en el caño del gasoducto y su rotura por fusión; luego, la salida de gas y su contacto con el aire, formó la mezcla inflamable.
A fines de fundar y motivar este decisorio, conforme lo prevén los arts. 1, 2, 3 y 7 CCCN, corresponde inicialmente especificar los hechos invocados por cada litigante (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 166, 266, 267, 384 y concs. CPC). La actora, Luis Osvaldo Bucciarelli demandó por su propio derecho y en representación de Francisca D. C. de Bucciarelli e Hijos Sociedad de Hecho y adujo que el incendio en el campo de su propiedad que afectó el sembrado y originó otros daños se produjo por una fuga de gas en el gasoducto que lo atraviesa y que Camuzzi Gas Pampeana S.A. cavó un pozo profundo para su reparación. Esta descripción de los hechos, que importa la afirmación de la causa del daño, se desprende de las aseveraciones vertidas en el escrito de demanda, especialmente a fs. 59 y vta.
Si bien ya me referí a esas alegaciones resulta conveniente reiterarlas, transcribiéndolas textualmente. La actora afirmó que “las fotografías adjuntas muestran el sector del gasoducto donde se produjo la pérdida indicada y el pozo realizado para poder repararlo. La profundidad de éste y el hecho que ningún otro sector del gasoducto fuera reparado, a pesar de que sobre amplios trechos del mismo se extendió el incendio, acreditan que esa fue la causa del incendio y que no fue una causa ajena al gasoducto” (sic., fs. 59). Añadió que “también las fotografías agregadas acreditan la magnitud del incendio, por su extensión y los perjuicios causados” (sic., fs. 59). Esta interpretación de los hechos introducidos por la demandada fue receptada por la sentencia recurrida y, en tal aspecto, no medió agravio (arts. 260 y 261 CPC).
En definitiva la actora sostuvo que el incendio tuvo su origen en una falla o fuga de gas del gasoducto cuyo mantenimiento incumbe a la accionada, como guardián de la cosa de riesgo, emplazamiento normativo también admitido por las partes (art 1113 CC). Al contestar la demanda Camuzzi alegó la concurrencia de una eximente que calificó como caso fortuito, lo que fue admitido por la sentencia atacada: el incendio se produjo por una descarga eléctrica de gran intensidad, proveniente de una línea de alta tensión que pasa por el lugar, cuando una cosechadora que trabajaba en el campo y que manejaba Luis Horacio Bucciarelli, tomó contacto con ella y condujo la electricidad hasta el suelo y el caño.
Allí se produjo la rotura del caño por fusión del acero, la emanación de gas consiguiente y el posterior incendio. La aseguradora, La Meridional Compañía Argentina de Seguros S. A al contestar la demanda adhirió a la alegación de hechos formulada por Camuzzi Gas Pampeana S.A. La demandada sostiene (también en literal transcripción) que “el argumento central y eje de la presente contestación es la ausencia de responsabilidad de nuestro mandante en el caso de autos, debido a que no ha sido el causante del incendio, ni tiene responsabilidad alguna sobre el mismo y sus consecuencias. El mismo se ha producido … por una descarga eléctrica de gran intensidad proveniente de la línea de alta tensión que pasa por el lugar, conducida por la máquina cosechadora hasta tierra y provocando el incendio, hecho que configura un caso fortuito, y opera como eximente de responsabilidad de la demandada” (sic., fs. 229 vta.).
Más adelante dice que “concluimos que fue el accionar de la máquina cosechadora y la descarga eléctrica que la misma condujo, lo que originó el incendio del campo. El agente causante del fuego no fue el gasoducto, sino la descarga eléctrica de enorme intensidad proveniente de la red de alta tensión y conducida a tierra por la cosechadora, que sufrió daños acordes a la referida descarga eléctrica, como se acreditará” (sic., fs. 234). Tras ello afirma que “en efecto, el ‘arco eléctrico’ provocado entre los cables de alta tensión, el chimango de la máquina (y la propia máquina) que originaron el incendio y dañaron el gasoducto es un hecho extraordinario que no podía ser previsto por mi mandante, por el propietario del campo o por el maquinista que conducía la cosechadora.
Y también hay que mencionar que ocurrido, no pudo evitarse” (sic., fs. 234 vta.).
De este modo quedó trabada la litis y distribuida la carga de la prueba a partir de la presunción de responsabilidad en contra de Camuzzi, con sustento en el factor de atribución objetivo previsto en el Código Civil derogado (art. 1113 CC, aplicable conforme la fecha de ocurrencia del hecho –art. 7 CCCN- similar a los arts. 1757 y 1758 CCCN). En este contexto la sentencia -con fundamento en la prueba pericial y testimonial producidaconsideró probado el caso fortuito (arts. 513 y 514 CC). La actora, al controvertir ese fallo, debió demostrar –y no lo logró- el error en la valoración de la prueba confrontándola con los hechos esgrimidos y probados (arts. 375, 163 inc. 5, 260 y 261 CPC).
La sentencia entendió acreditada la existencia de la descarga eléctrica y el desarrollo posterior de los hechos en función de indicios plurales que resultan de la prueba pericial del Ing. Sergio Iriarte, analizada en conjunto y de manera armónica e integrada, según las reglas de la sana crítica, con la documentación expedida por la demandada en la que constan los registros del mantenimiento del gasoducto en el tramo de Sierras Bayas (fs. 134/228), con el informe técnico interno practicado por el Jefe Técnico de la Unidad de Negocios de Olavarría (fs. 126/133), con el informe extrajudicial requerido unilateralmente por Camuzzi, agregado a fs. 114/125 y expedido por el Ing. Marcos J. Barrio, todo confrontado con las observaciones de la actora (fs. 244/245 y 456/460) y con el resultado de las audiencias videograbadas en las que el perito Iriarte y el Ing. Barrio dieron explicaciones y con el aporte testimonial de Luis Eduardo Portillo. Si bien en el análisis global de la prueba se tienen en cuenta los informes y datos aportados o suministrados por la demandada, lo cierto es que en ausencia de prueba en contrario corresponde asignar eficacia plena a esos medios que, correlacionadas entre sí e integrados en conjunto, conforman un plexo probatorio suficiente (arts. 163 inc. 5, 375, 384, 474 y concs. CPC).
Así, y de acuerdo con la documentación verificada, la inspección ocular del lugar, el análisis de las fotografías tomadas y agregadas a la causa, el informe del personal técnico de la demandada que intervino en el hecho y las restantes constancias, resulta que Camuzzi Gas Pampeana S.A. realizaba las inspecciones establecidas por la reglamentación vigente y además el gasoducto estaba en buenas condiciones de conservación y mantenimiento (conf. pericia del ingeniero Sergio Iriarte a fs. 448/451 y las explicaciones dadas en la audiencia videograbada en el CD agregado a la causa en la que respondió el pedido de explicaciones de la parte actora; informe técnico del Ing. Marcos J. Barrio de fs. 114/125 y explicaciones y preguntas formuladas en la audiencia videograbada e incorporada al expediente; informe técnico del Jefe Técnico de la Unidad de Negocios Olavarría de la demandada glosado a fs. 126/133 y explicaciones en la audiencia también grabada).
En este aspecto, es decir en lo atinente a que se descarte cualquier defecto de mantenimiento como causa de la fuga de gas (lo que alegó la actora), me remito a las consideraciones formuladas por ambos especialistas (Ing. Barrio a fs. citadas 114/126 y el perito ingeniero a fs. 448/450; fotos fs. 19/37 y ampliación de demanda de fs. 65/67 y 73; fotos e informe técnico de fs. 107/113 y 114/133; documentación y constancia de comprobaciones e inspecciones de fs. 134/228; arts. 163 inc. 5, 384 y 474 CPC). En tal sentido, y con fines ilustrativos, el perito Iriarte expresa que “las normas de aplicación para la operación y mantenimiento de gasoductos son las normas NAG 100. De acuerdo a la documentación constatada en autos, Camuzzi Gas Pampeana S.A. ha dado cumplimiento a las normas citadas”.
Agrega que “habiéndome hecho presente en el lugar del gasoducto donde se produjo el incendio, una vez destapado el mismo puede determinar que el estado de la cañería es bueno. Está protegida por el correspondiente revestimiento y mediante protección catódica por inyección de corriente. Habiéndome nuevamente constituido en el lugar del hecho, el día 12 de Abril del corriente, con el instrumento de medición proporcionado por Coopelectric, procedí a efectuar las mediciones, las que arrojaron los siguientes resultados –ver cuadro y detalle anexados a fs. 450-“ (sic., fs. 449 vta./450). Del mismo modo se pronunció el Ing. Barrio quien al referirse al estado de mantenimiento del gasoducto y del cumplimiento del protocolo de verificación y control afirmó que “el Operador del sistema realiza los recorridos de inspección y detección de fugas con el instrumental apropiado, dentro de los períodos estipulados, no registrándose fuga alguna en el Tramo de Gasoducto O10” Predio Falabella – Sierras Bayas, hasta la fecha, a excepción de la registrada en el siniestro de Diciembre de 2011.
El Operador del sistema –continuó- efectúa las inyecciones de corriente de protección anticorrosiva, con intensidades dentro de parámetros normales. A partir de los valores analizados, se demuestra que la eficiencia de revestimientos de cañería es satisfactoria, y se encuentra dentro de los estándares establecidos para el tipo de instalación. Durante los cuarenta y tres años de vida útil de la cañería no se han manifestado fallas que indiquen defectos de construcción/fabricación” (sic., fs. 118). Agrega más adelante que “al analizar el historial de fallas por corrosión del Gasoducto que nos ocupa, y los valores de inyección de corriente necesarios para protección anticorrosiva, se descarta una falla por corrosión localizada” (sic., fs. 119).
Ello se corresponde con el informe técnico practicado por la demandada a raíz del hecho, glosado a fs. 126/133 del que, en lo estrictamente esencial, se desprende que “habiendo terminado la apertura del pozo se observó que la tapada de la cañería cumple con la exigida por la NAG 100, superando ampliamente los 80 cm. que están indicados en la Sección 327 de la NAG 100” (sic., fs. 129). “Si bien, los hechos visibles mostraron que la línea de Trasmisión en cuestión se encuentra correctamente mantenida, también se verificó que 60 días antes del incidente ocurrido, personal de la distribuidora, realizó la detección de fugas sobre la línea, tal se realiza anualmente cumpliendo las exigencias normativas vigentes, que rigen en todo el ámbito del Territorio Argentino” (sic., fs. 130/131).
Luego añadió que “cabe mencionar que la norma marco para la distribución del gas es la NAG 100 y como complemento de la misma también es de aplicación la resolución del ENARGAS 1192/99, que exige a todas las distribuidoras a cumplir con ciertos estándares técnicos de calidad mínimos … Las distribuidoras están obligas a realizar, según la normativa vigente, controles anuales de detección de fugas de todas las cañerías, controles anuales de niveles de protección anticorrosiva, y entregar a la entidad regulatoria los informes de resultados, evaluando esta autoridad regulatoria, posteriormente el cumplimiento de las exigencias vigentes. En el caso particular de esta lína de Transmisión, se trata de una cañería de 10”, habilitada en 1970, con un espesor de 6 mm (tal se observa en la foto 21 35 50)” (sic., fs. 131 “in fine”/132).
En suma: el gasoducto estaba en perfectas condiciones y sometido a los controles reglamentarios, no verificándose ningún indicio de posible falla o defecto estructural con entidad como para provocar una pérdida o fuga de gas.
El orificio que produjo la pérdida de gas tenía aproximadamente 2 mm de diámetro y puede originarse por “una perforación por corrosión o perforación por fusión. La primera (o sea la fuga de gas provocada por el defecto de conservación o mantenimiento o producido por una causal ajena a la perforación por fusión) el ingeniero Barrio la descarta con el siguiente fundamento: “la protección mediante recubrimiento impide la acción del oxígeno sobre el mismo sumado a la acción catódica por inyección de corriente” y además no se verificó “corrosión en un área mayor que la circunferencia de 2 mm de diámetro” (sic., fs. 448 vta.). De ese modo los Ingenieros Iriarte y Barrio, en los informes precitados y en las explicaciones dadas en las audiencias videograbadas, indicaron que la rotura debió producirse por perforación por fusión y no por corrosión. Distinguiendo ambas, y para explicar que en el caso se trataba de rotura por fusión y no por corrosión, el Ingeniero Barrio agrega que “para la producción de fuego hacen falta tres elementos indispensables: un combustible, oxígeno y una fuente de ignición. Sin alguno de los tres elementos, no existe probabilidad de incendio alguno. La rotura del gasoducto contaba con presencia de acero fundido y solidificado, formando un contorno de brillo metálico apreciable en las fotografías de la rotura, mientras que una falla por corrosión localizada lo hace en forma de cráter circular, de superficie oscura por corrosión” (sic., fs. 118). Sobre esa base concluye que “se descarta la existencia de fuga de gas en el Gasoducto, en forma previa al siniestro de Diciembre de 2011 … y la rotura del Gasoducto reúne todas las característica de una falla producida por una descarga eléctrica (metal fundido, brillo metálico). La rotura de la cañería y la ignición del gas que escapó a través de la misma, debieron producirse en forma simultánea y repentina” (sic., fs. 119).
Para fundar esa conclusión, además de lo dicho anteriormente, explicaron cómo la vegetación incide en la determinación de una u otra causa (corrosión o fusión, provocada la primera por deficiencias estructurales del gasoducto y la segunda por un orificio derivado de una descarga eléctrica). Dice Barrio que “si el orificio obedece a la corrosión cualquier fuga de gas que se produce en una cañería subterránea, produce un resecamiento del suelo en un volumen cónico con base en la superficie y vértice en la rotura de la cañería. Dicho suelo afectado por presencia de gas constante adquiere vetas de color amarillento, textura granular y se impregna de un olor característico. Por otra parte, la superficie de suelo sobre una fuga carece de vegetación, ya que la misma se reseca y desaparece como resultado de dicha fuga” (sic., fs. 118).
Ello se corresponde con las comprobaciones efectuadas por la demandada luego del incendio y que mencionó en el informe técnico: “en la foto 18. 53 12 y 18 03 22 se puede observar que la tierra de excavación tiene cierto grado de humedad, indicando para el personal técnico que se trataba de una fuga reciente, habida cuenta que la presencia de gas en el suelo produce un desplazamiento del oxígeno del mismo, originando sequedad en la tierra, produciendo esto normalmente que los nutrientes de la misma que hacen crecer la vegetación se pierdan, ocurriendo normalmente que no crezca ningún tipo de vegetación. Naturalmente, en aquellos terrenos con vegetación, desde el momento que el gas se introduce en la tierra, toda vegetación existente comienza a secarse por falta de humedad y nutrientes” (sic., fs. 127/128).
Acoto que no hay elementos para dudar del valor probatorio del estado de la vegetación ya que, como dice el informe de la demandada “la misma Normativa Vigente permite, para la detección de fugas, la observación visual del terreno, justamente llamándose el método de Inspección de la Vegetación, tal está indicado en el punto 4.4 C, del Apéndice G 11 de la NAG 100” (sic., fs.128). Igualmente el color del caño puede revelar la causa de la fuga de gas. Dice el informe técnico que: “otro detalle observado en la línea de transmisión, tal se observa en la foto 19 49 33 y 19 49 51, que alrededor del orificio hay un aspecto brilloso del metal, pudiendo determinar que no se trataba de un proceso de corrosión ya que estos procesos son lentos y normalmente se producen porque el metal está en contacto con la tierra, originando una oxidación en todo su alrededor, cosa que no sucedió en este caso y estaría bien que así sea debido a que el revestimiento asfáltico del ducto estaba en muy buen estado y en todo alrededor del orificio el metal del mismo está en perfectas condiciones, debido a que el sistema de protección anticorrosivo empleado en esta línea funciona correctamente, según los registros que se cuenta durante todo este tiempo de operación” (sic., fs. 130).
De modo que, dicho en vocabulario sencillo: la descarga eléctrica es compatible con una rotura por fusión, lo que resulta de la existencia de un orificio pequeño, con brillo metálico, con metal fundido y con cierta humedad mientras que si se hubiera sido rotura por corrosión (es decir una pérdida de gas por otra causa como por defectos del caño o del gasoducto) se habría producido desecamiento del suelo y el orificio del caño tendría otras características y color. Expresa el informe técnico que “habiendo descubierto la totalidad del ducto se verificó que el escape de gas se producía por un orificio que no superaba los dos milímetros de diámetro, pudiendo determinar en ese momento, tal se observa en la foto 19 51 04, que el ducto se encuentra en muy buen estado, ya sea en cuanto al revestimiento asfáltico del mismo y su estado de corrosión, no observándose ningún pequeño foco de ésta, en 1 metro alrededor del pequeño orificio que originó la pérdida” (sic., fs. 129).
Los fundamentos técnicos explicados son los que justifican y dan sustento a la conclusión del perito Ing. Iriarte cuando afirma categóricamente que “una línea eléctrica de media o alta tensión, puede generar un arco eléctrico (descarga) que produzca un incendio en un cultivo. También puede producir la perforación de un gasoducto. Para ello, tiene que haber un conductor, que transporte la corriente de descarga desde la línea hasta la tierra o cualquier estructura metálica (de dimensiones suficientes) que actúe como ‘almacenadora’ de cargas (capacitor). Ese conductor no tiene, necesariamente, que tocar la línea eléctrica, es decir, puede tocar o acercarse hasta una distancia en la cual se ionice el aire y se produzca la descarga eléctrica, desde la línea hasta el conductor, sin que está haciendo contacto directo con la línea.
En caso de producirse la situación antes detallada, es muy probable que se produzca la descarga eléctrica” (sic., fs. 449). Por su parte Barrio explica en sentido concordante que “según los testimonios relevados por personal de Camuzzi al momento de atender la emergencia, de parte del personal de bomberos y personal que trabajaba en el campo en cuestión, no existía maquinaria alguna que realizara excavaciones antes del incendio y la única maquinaria que operaba en el lugar era una cosechadora que se encontraba operando en la zona de la rotura e incendio … Por otra parte, toda corriente eléctrica intenta naturalmente derivarse hacia la tierra, a través de cualquier medio que pueda encontrar. Es decir que cualquier medio conductor que acorte distancias entre la tierra y un conductor aéreo como la línea de media tensión existente en el predio en estudio, puede producir un salto violento de corriente entre el conductor y la tierra, aún sin tocar físicamente al primero.
Cuando esto sucede, la disipación de corriente en la tierra se canaliza a través del medio más conductor que encuentre debajo de ella: estratos húmedos, napas o con mayor preferencia: elementos metálicos enterrados. Una corriente canalizada desde una línea de media tensión a través de un medio conductor, de manera causal, no implementado ex profeso, lo hace en forma violenta. Es decir que un salto de corriente, manifestado a través de una chispa, produce en el medio que la recibe una altísima concentración de corriente, localizada en un área de pocos milímetros cuadrados que se traduce en un incremento súbito de temperatura, capaz de fundir cualquier metal (de hecho: éste es el principio básico de la fusión de metales en soldadura por arco eléctrico)” (sic., fs. 118/119).
De este modo, y con estos fundamentos técnicos analizados (los únicos incorporados a la causa), la pericia del Ing. Iriarte concluye que el hecho generador del incendio se produjo del modo siguiente: “al pasar la máquina cosechadora (la cual tiene una altura aproximada de 4,05 m. y 4,3 m. altura máxima del sinfín de descarga) cerca de la línea eléctrica, parte de su estructura habría tenido una aproximación a los conductores a distancia tal que se habría producido la ruptura dieléctrica del aire que separa la estructura de la máquina con la línea eléctrica. Esto provoca que se produzca una descarga eléctrica, desde la línea de media tensión, a través de la estructura de la máquina, hacia tierra y hacia el gasoducto, por constituir éste una placa metálica conductora, con gran capacidad de almacenamiento de cargas debido a su gran masa. La gran corriente eléctrica y su concentración en un área muy pequeña producen la perforación del caño, por la fusión de su pared en el lugar donde la corriente hace su ingreso al caño. Posteriormente se produce la salida de gas desde el gasoducto, mezclándose con el aire, formándose de esa manera la mezcla inflamable. El cereal puede haberse encendido por la energía aportada por el arco eléctrico entre la cosechadora y la tierra o bien pudo haberse encendido la mezcla inflamable al tomar contacto con una chispa del circuito eléctrico de la máquina, encendiéndose posteriormente el cereal” (sic., fs. 451).
De modo que media concordancia en todas las opiniones técnicas incorporadas al litigio: la del perito que intervino, la del informe técnico que produjo la demandada al comprobar el siniestro y la del informe extrajudicial suscripto por Barrio a requerimiento de Camuzzi. En ausencia de prueba técnica en contrario, no encuentro razones atendibles para dejar de lado esas conclusiones, coincidentes y verosímiles, que se compadecen con las restantes constancias de autos (arts. 163 inc. 5, 384 y 474 CPC). En definitiva, y conforme lo expuesto, la prueba rendida permite tener por acreditado –en palabras del perito Ing. Iriarte- “la perforación producida en el gasoducto podría haberse provocado por el arco, originado en una descarga eléctrica.
Un arco eléctrico producido por la descarga de una línea de media tensión, puede alcanzar una temperatura de aproximadamente 3000°C, la temperatura de fusión del acero con el que está construido el daño es de aproximadamente 1200°C, con lo cual un arco eléctrico tiene la energía suficiente para fundir un gasoducto, produciendo un orificio. A su vez, el gasoducto puede constituirse en un electrodo de conexión a tierra, con lo cual, ante el contacto directo, o por cercanía, de un conductor con la línea eléctrica, la corriente de descarga circulará por este conductor, por aire y por tierra hasta la parte del gasoducto más cercana al conductor metálico que está canalizando la descarga” (sic., fs. 448 vta.).
“En caso de la existencia de una fuga de gas (Combustible), que se encuentre la mezcla de gas – oxígeno (Comburente) en las proporciones adecuadas, ante la presencia de una fuente de energía, puede encenderse esa mezcla produciéndose un encendido de la mezcla, una ignición violenta o una explosión, dependiendo esto de la proporción de la mezcla. Esa fuente de energía puede ser una llama, un arco de descarga eléctrica desde una línea de distribución de electricidad (en caso que haya un elemento conductor que conecte dicha línea con la tierra), una descarga producida por un rayo, una chispa de un circuito eléctrico” (sic., fs. 449 y vta.). En palabras del Ing. Barrio: “toda corriente eléctrica intenta naturalmente derivarse hacia la tierra, a través de cualquier medio que pueda encontrar.
Es decir que cualquier medio conductor que acorte distancias entre la tierra y un conductor aéreo como la línea de media tensión existente en el predio en estudio, puede producir un salto violento de corriente entre el conductor y la tierra, aún sin tocar físicamente al primero. Cuando esto sucede, la disipación de corriente en la tierra se canaliza a través del medio más conductor que encuentre debajo de ella: estratos húmedos, napas o con mayor preferencia: elementos metálicos enterrados” (sic., fs. 118/119). Más adelante agrega que “en circunstancias del siniestro estaban reunidos todos los factores necesarios para que ocurriera un accidente de este tipo: una línea de media tensión aérea (33000 volt), un elemento conductor que propiciara la descarga de corriente a tierra (la cosechadora) y un elemento metálico subterráneo que obrara como puesta a tierra y a través del cual se canalizara esta corriente (el Gasoducto)” (sic., fs. 119).
“Con todos los documentos de campo relevados durante el día del hecho es razonable analizar que la perforación del ducto que originó el escape de gas se originó por la intervención de una fuente externa, habida cuenta que esta distribuidora ha cumplido con todo el alcance de la normativa vigente, que se aplica para la distribución del gas en todo el territorio argentino” (sic., fs. 131). En palabras del informe técnico de fs. 131 “con todos los documentos de campo relevados durante el día del hecho es razonable analizar que la perforación del ducto que originó el escape de gas se originó por la intervención de una fuente externa, habida cuenta que esta distribuidora ha cumplido con todo el alcance de la normativa vigente, que se aplica para la distribución del gas en todo el territorio argentino” (sic., fs. 131).
Los elementos técnicos que permiten arribar a esa conclusión, como se dijo y en síntesis son: el buen estado de conservación y mantenimiento del gasoducto y el cumplimiento de las normas de control de fugas; el orificio pequeño en el caño; la perforación por fusión y no por corrosión; el color del caño con “brillo metálico” y las características del “metal fundido”; la presencia de vegetación anterior y humedad en el suelo (arts .163 inc. 5, 375, 384, 474 y concs. CPC).
2. La prueba pericial producida abastece por sí sola la conclusión a la que arribó el Ing. Sergio Iriarte, en consonancia con los argumentos y explicaciones dadas en la audiencia videograbada registrada en el CD glosado, por lo que concurre prueba suficiente (arts. 384 y 474 C.P.C.). En efecto, y de conformidad con la doctrina reiterada de este Tribunal, cuando las conclusiones son verosímiles y no existe prueba en contrario, corresponde asignar pleno valor probatorio a la pericia, máxime que la contraparte pudo oponer prueba de descargo. “Si la pericia se ha llevado a cabo sin deficiencias procesales, cuenta con el debido fundamento científico y contiene conclusiones claras, lógicas y firmes, y no existen otras pruebas que le resten eficacia no corresponde restarle valor probatorio al informe (arts. 384 y 474 del C.P.C.C.; cfr. Varela “Valoración de la prueba”, págs. 195 y 196; esta Sala causas nros. 48.257, “Arla”, sent. del 6/10/05; 52.764, sent. del 14/5/09 “Cataldo de Garciarena …”; 54.526, sent. del 15/06/10 “Alonso …” y 56.041, sent. del 08/05/12 “Bugna …”, voto Dr. Peralta Reyes). En dicho precedente se añadió que “para contradecir científicamente los argumentos fundantes de una conclusión pericial es necesario aportar al expediente probanzas de similar o mayor rigor técnico o científico que desmerezcan las conclusiones alcanzadas por el experto. Es decir que es necesario contar con la presencia de elementos de igual –o mayor- jerarquía que los invocados por el perito, y que los mismos se constituyan como suficientes para sostener conclusiones diversas a las que arribó en la prueba pericial” (cf. esta Sala, causas nº 53.493, 31/3/2010, “D., R. V. c/ Sucesores de D., P. V. M. y Otro s/ Acción de Impugnación y de reclamación de filiación extramatrimonial” y nº 60.106, 30.11.2015, “Almena S.A. c/ DP S.A. s/ Cobro Sumario de Sumas de Dinero”).
3. Empero, en autos a la enfática conclusión del perito mecánico especialista en seguridad e higiene del trabajo designado en el expediente (fs. 448/451 y audiencia videograbada) se le añaden, para conformar prueba compuesta, los otros medios corroborantes analizados: el informe técnico extrajudicial del Ing. Marcos Barrio y el informe técnico interno practicado por la empresa demandada, confrontado con las constancias de mediciones y registros (fs. 114/126, 448/450; fotos fs. 19/37 y fotos de ampliación de demanda de fs. 65/67 y 73; fotos e informe técnico de fs. 107/113 y 114/133; documentación y constancia de comprobaciones e inspecciones de fs. 134/228; arts. 163 inc. 5, 384, 474 y concs. CPC).
Por lo tanto y conformado un plexo probatorio idóneo y verosímil procede tener por probado el hecho invocado como eximente constitutivo de caso fortuito (arts. 513, 514, 1113 y concs. CC).
4. Formularé algunas acotaciones complementarias en torno a la prueba pericial. Es dable destacar que las reiteraciones del agravio en torno a la impugnación de la pericia carecen –en parte- de admisibilidad formal (escrito de fs. 626/631; arts. 260 y 261 CPC) toda vez que consisten en repeticiones de cuestionamientos ya formulados y contemplados, en general, en las conclusiones tanto del dictamen como del fallo (conf. respuestas del Ing. Iriarte y testimonio del Ing. Barrio en las audiencias videograbadas). En la audiencia videograbada (conf. CD agregado a fs. 465) el Ing. Iriarte respondió las impugnaciones que la parte actora formuló a su dictamen (conf. fs. 456/459 correlacionadas con fs. 244/245 y cuestionamientos al dictamen del Ing. Barrio). Manifestó que cuando circula corriente desde el techo por la cabina de la máquina cosechadora (una estructura metálica cerrada) el campo eléctrico “es cero”, por lo que ni el conductor ni ningún elemento de ella sufrirá daños”; la “corriente circula por el lugar donde tiene menos resistencia y los neumáticos tienen una resistencia altísima y no podrán haber reventado” (no puede circular energía por los neumáticos); “la energía que aporta el arco eléctrico es la que produjo la fusión del gasoducto”; “cualquier elemento metálico que esté enterrado puede actuar como un electrodo de dispersión, máxime un gasoducto que tiene grandísimas dimensiones; la distancia de la línea de media tensión al gasoducto es de 7,25 metros; y la circulación de corriente no fue lineal; la ley de Ohms resulta correctamente aplicada (arts. 384 y 474 C.P.C.).
5. Otras dos consideraciones relativas a los agravios de la accionada: ni del informe de los Bomberos Voluntarios de Olavarría de fs. 51 y fs. 468 ni de Coopeletric de Olavarría de fs. 52 se desprenden elementos de juicio contundentes para modificar las conclusiones anteriores. El primero sólo se refiere a aspectos vinculados al incendio sin pronunciarse (porque media prohibición legal) sobre las causas determinantes del siniestro. La Cooperativa de Electricidad de Olavarría afirma que fue el incendio el que produjo fallas en el sistema eléctrico que “no se produjo el corte de ninguno de los conductores”, lo que fue observado por el perito en la audiencia videograbada. Por ello, la impugnación vertida en esa audiencia por la representación letrada de la actora (que el humo, calor y fuego produjeron la interrupción de la corriente y no un cortocircuito o el toque de la máquina con la línea) no se compadece con las restantes constancias periciales y técnicas en contrario (arts. 384 y 474 C.P.C.).
6. Es importante destacar que la accionada acreditó la eximente invocada (el caso fortuito sobre el que luego volveré) por lo que no se configura en autos el supuesto en que la causa del daño permanece desconocida, no identificada, indefinida o imprecisa en cuyo caso procede directamente admitir la pretensión por riesgo creado (conf. esta Sala, causas nº 48.042 y nº 48.043, sentencia única del 28/11/06, en autos “De La Canal …” y “Navarro …”; y nº 60.877, 30/11/16, “Olivetto …”). Por el contrario, y debido a la actividad probatoria desplegada por la demandada, la causa del daño se identificó: hubo fuga por fusión por una descarga de electricidad y no por defectos inherentes al estado del gasoducto, que es lo que -en definitiva- alegó la actora. Por lo tanto tampoco es de aplicación la doctrina de la Corte Nacional que “en daños causados por los ferrocarriles y con relación a la dificultad de la prueba de la relación causal entre el incendio del campo aledaño por el que circulaba el tren, sostuvo que –dadas las particularidades del caso- se debe tener por acreditada la relación casual con la existencia de cierta simultaneidad entre el hecho generador (es decir la circulación del tren atravesando el campo) y el daño (esto es el incendio) ya que ‘entre dos causas generadoras del siniestro es necesario optar por la más verosímil, para resolver el caso con las mayores probabilidades de acierto’” (cf. CSJN, 26/2/2002, “Domínguez, Emilia y ot. c. E.F.A. s/ sumario”, en Corte Suprema de Justicia de la Nación, Máximos Precedentes, Responsabilidad Civil, Tomo III, Parte Especial, págs. 172/173).
7. En este contexto, y para dar respuesta a la apelación, cabe destacar que por aplicación del principio de congruencia decisoria no procede analizar la alegación introducida tardíamente en el agravio acerca de la incidencia causal que en el resultado final representa la existencia de la red de alta tensión en estado antirreglamentario; se trata de una cuestión no introducida en la instancia de origen (arts. 34 inc. 4, 163 inc. 5, 166, 266, 272, 273 y concs. CPC). En efecto, no puede ser abordada por esta Alzada pues importa un argumento novedoso no propuesto en la instancia de primer grado que, en consecuencia, excede la competencia revisora de este Tribunal (art. 272 C.P.C.C.). Es que “la Alzada no debe receptar capítulos que importen la introducción de nuevas pretensiones u oposiciones, o la alteración de alguno de sus elementos (Azpelicueta Juan José –Tessone Alberto, La Alzada, poderes y deberes, pág. 146)”, pues ello alteraría la igualdad, la bilateralidad y el equilibrio procesal, y vulneraría el principio de congruencia (esta Sala, causas n° 37632, “Fisco de la Pcia. de Bs.
As. c/ Franco...”, del 17/07/96; n° 40678, “Bco. Coopesur Coop. Ltda....”, del 17/08/99; n° 40732, “Vitale, Julio Alberto...”, del 14/9/99; n° 44.974, “Cittadini, Roberto...”, del 30/09/02; n° 47295, “Cerezuela, Elsa...”, del 10/08/04; n° 48.279, “Bottino Inversora S.A....”, del 19/05/05; n° 52609, “Tandil Redes...”, del 05/11/08; n° 52.559, “Dupont, Roxana Victoria...”, del 16/09/08; n° 58241, “Municipalidad de Tandil c/ Robustelli...”, del 27/02/14, entre otras tantas). En torno de esta cuestión (incidencia de la construcción de la línea eléctrica en altura antirreglamentaria con relación al gasoducto) cabe tener en cuenta que la descripción general del lugar (que se corresponde con las tomas fotográficas) que efectúa el Ing.
Barrios: “el Gasoducto se encuentra instalado en forma paralela al camino que une Canteras Argentinas con Barrio Villa Arrieta, de la Localidad de Sierras Bayas. En forma paralela a la traza del Gasoducto, se observa una línea de transmisión eléctrica de media tensión, a una altura aproximada del terreno de 5,43 metros, y debajo de esta se ubica el Gasoducto con desfasaje de 4 metros aproximadamente medidos en la horizontal. El tramo de Gasoducto comprendido en el presente análisis, se encuentra líneas adentro del alambrado, por lo que la traza del gasoducto se encuentra dentro de un predio privado. Asimismo la cercanía de válvula aérea de bloqueo de línea, indican la posición de la traza de la cañería” (sic., fs. 115).
La altura antirreglamentaria del tendido eléctrico efectuado por Coopeletric de Olavarría surge también de la pericia que expresa que “según el “Reglamento Técnico y Normas Generales para el Proyecto y Ejecución de Obras de Electrificación Rural” de la Dirección de Energía de la Provincia de Buenos Aires, la altura mínima a la que debe estar un conductor de una línea de 33 KV, en Zona Rural (Campo y a lo largo de caminos), es de 6 metros. Por las mediciones obtenidas puedo determinar que la línea en cuestión No cumple con la citada Norma. Nota: Esa misma Normativa a conseja una separación vertical entre conductores y construcciones existentes, de 4 m.” (sic., pericia fs. 450 vta., énfasis agregado). En sentido parecido se pronuncia el Ing. Barrio al expresar que “la Reglamentación de la “Asociación Electrotécnica Argentina – AEA” 95301, “Reglamentación Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión”, en particular la Tabla 7.4-a (Distancias Básicas “a”) y el apartado “Zona con circulación de maquinaria agrícola, caminos rurales o secundarios. Calles distritales y comunales”, indica que las líneas eléctricas de este tipo debieran cumplir con una altura mínima de 5,90 metros, condición que no se cumple en nuestro caso (medidos 5,43 metros aproximadamente). Siguiendo con el análisis de este apartado nos lleva a la “Nota 3” en la cual indica “Especial atención debe prestarse a este uso del suelo y a la distancia mínima recomendada. Si se prevé que puedan circular vehículos o equipos cuya altura supere los 4,10 m, esta distancia deberá incrementarse adecuadamente. Se sugiere adoptar distancias finales al terreno según expresión (7.4-1) no inferiores a 6,50 m con el fin de contemplar antenas u otras extensiones que suelen incrementar la altura operativa de los equipos agrícolas” condición más desfavorable para nuestro caso (5,43 metros aproximadamente), y aplicable ya que la máquina cosechadora cuenta con el dispositivo de descarga (sin fin) que aumenta la altura normal de la misma. Lo expuesto indicaría que la línea de media tensión presente en el lugar del evento no cumple con la norma eléctrica citada …” (sic., fs. 119/120).
8. En el contexto fáctico analizado (descarga eléctrica desde la línea de media tensión) es cierto que la construcción del tendido eléctrico en la altura y restantes condiciones señaladas, como hecho posteriores a la existencia del gasoducto (que es de antigua data -más de 43 años-), podría haber tenido incidencia causal en el resultado final (el incendio). Pero la valoración de ese supuesto fáctico -esto es, el daño producido no por la fuga de gas o la falla del gasoducto- es improcedente porque no se trató de un hecho litigioso preciso e individualizado en la demanda como integrante de los hechos controvertidos. Su alegación se efectuó extemporáneamente, en la expresión de agravios, por lo que –como adelanté- el principio de congruencia decisoria impide su análisis y la ponderación de su incidencia en la responsabilidad de la demandada (art. 34 inc. 4, 330 inc. 4, 163 inc. 5, 164, 266, 272, 273, 384 y concs. C.P.C.). Rige la estricta doctrinal legal restrictiva de la Suprema Corte de Buenos Aires que predica que “está vedado a los jueces apartarse de los términos de la relación procesal y decidir en forma distinta a la pedida por las partes, pronunciándose sobre cosas no planteadas en los escritos de demanda y contestación, o resolver sobre capítulos o reclamos no propuestos que en manera alguna integraron la litis, desde que ello importa desviarse de las pretensiones de las mismas deducidas en juicio” (conf. S.C.B.A., Ac. C. 120.023, 26/10/16, “Risueño, Francisco Atilio y otros c/ Ortiz, Felipe y otros. Daños y perjuicios”). Por lo expuesto, y en función de ello, la sentencia recurrida debe ser confirmada en cuanto juzgó acreditada la concurrencia de una eximente de responsabilidad, con costas en la Alzada a la actora perdidosa (art. 68 C.P.C.).
III. Finalmente, y habiéndose verificado que media apartamiento a las disposiciones reglamentarias en la altura mínima que debe en el lugar el tendido de la red eléctrica, en orden a la previsión de daños futuros y de la función preventiva de la responsabilidad civil (arts. 1710 a 1713 CCCN; esta Sala, causa nº 60.647, del 17/11/16, “Espil, María Inés y otro/a c/ Apilar S.A. y otro/a s/ Daños y Perj. Estado -Uso Autom. s/ Lesiones-”) corresponde poner en conocimiento y hacer saber esa circunstancia de hecho a la Cooperativa Eléctrica de Olavarría y a la demandada, a cuyo fin, se librarán por Secretaría las comunicaciones del caso, para que en el ámbito de sus deberes legales procedan según corresponda.
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Señora Jueza Doctora Longobardi, por los mismos argumentos votó en idéntico sentido.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
I. Anticipo criterio en el sentido de que el cuestionamiento de los apelantes de fs. 574/575, consistente en el disentimiento de éstos con la Sra. Jueza de Grado en torno a la base regulatoria que utilizó, no habrá de prosperar.
Y ello así, por cuanto los recurrentes consideran que la “iudex a-quo” no debió tomar el monto “histórico”, sino que –previo a establecer las retribuciones a los profesionales intervinientes en este proceso- debió fijar las pautas para practicar la liquidación del caso conforme lo normado por el art. 51 del Dec./Ley 8904/77, debiendo contemplarse para este fin la suma pretendida en la demanda, con la inclusión de los intereses y actualización de las valías oportunamente reclamadas.
Sobre el tema, este Tribunal se ha pronunciado en casos anteriores – aplicables por analogía al presente (por ejemplo en alguno de ellos se había rechazado la reconvención en su totalidad)- en los que resolvió que “a diferencia del supuesto contenido en el primer párrafo del artículo 23 de la ley arancelaria (que admite expresamente la posibilidad de liquidar intereses sobre el monto de la demanda o de la reconvención que prosperan), la previsión contemplada en el segundo párrafo de la norma no autoriza dicho proceder ya que textualmente prescribe que “cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor del pleito el importe de la misma, actualizado al momento de la sentencia en base a los índices de depreciación monetaria, si ello fuere pertinente”.
Se comprende entonces que si, tal como acontece en autos, la demanda (en el precedente se trataba de la reconvención; cf. esta Sala, causa nº 56.367, 05/07/12, “Rodríguez, Rubén D. c/ Viera, María L. s/ Daños y Perj. - Incump. Contractual (Exc. Estado)”, voto Dr. Peralta Reyes) es desestimada en su totalidad, la base económica a la que en principio corresponde acudir a los fines de regular los honorarios de los letrados es aquella representada por el importe de la pretensión (contrapretensión en el antecedente citado anteriormente) que se rechaza, sin que sea admisible adicionarle intereses u otros accesorios, estando vedada la actualización por índices de depreciación monetaria (art. 10 Ley 23.928 y modif.; cf. SCBA, Ac. L. 101.017 del 06-6-12, “Galeano Villar, Juan c/. Poder Construcciones S.R.L. y otro s/. Accidente de Trabajo”; esta Sala causas nº 37.760 del 31- 10-96, “Mattaini…”; nº 40.728 del 15-7-99, “Neugovsen…”; nº 48.552 del 14- 6-05, “Messineo…”; nº 54..157 del 09-3-10, Fisco de la Pcia. de Bs. As…”; Hitters-Cairo, “Honorarios de Abogados y Procuradores”, pág. 253). Lo expresado en los párrafos que anteceden resulta suficiente para desestimar el recurso de apelación intentado a fs. 574/575 debiendo, en consecuencia, confirmarse la sentencia de fs. 546/561 vta. en cuanto tuvo en cuenta como base regulatoria para la regulación de honorarios de los letrados y peritos el monto reclamado en el escrito de demanda (cf. fs. 58/63 vta.).
II. Consecuentemente, en un todo de acuerdo a lo resuelto en el Considerando anterior, en atención al monto reclamado en la demanda ($ 552.779; cf. fs. 61, apartado VI), conforme al valor y mérito de los trabajos realizados en autos, y según lo dispuesto por los arts. 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23 2º párrafo, 28 inc. b y concs. del Decreto/Ley 8.904/77, regúlanse los honorarios de los profesionales intervinientes del siguiente modo: los del Dr. Anselmo Ernesto Fioroni, en su carácter de apoderado de la parte demandada, en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000), y los del Dr. José P. Iturralde Elortegui, quien reviste la misma condición que el Dr. Anselmo E. Fioroni, en la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000), en ambos casos con más el aporte legal e I.V.A. según la condición que cada profesional revista ante dicho tributo, CONFIRMÁNDOSE así, dada la forma de apelación, las regulaciones efectuadas en la instancia de origen a fs. 561 primer párrafo. III) Respecto de la apelación deducida a fs. 579, contra los honorarios fijados a fs. 561 segundo y tercer párrafo a los peritos y mediadora intervinientes, a saber: ingeniero Alberto Achával Rodríguez, ingeniero Sergio Iriarte, contadora Mónica Graciela Chocca y mediadora Dra. Alejandra Mendía, no habiéndose fundado la misma dentro del término legal establecido para hacerlo (art. 246 del C.P.C.C.), DECRÉTASE SU DESERCIÓN.
IV. Atento lo normado por los arts. 8, 9, 10, 12 y 16 del Título Primero y 1º y 5º del Título Segundo del Decreto 6964/65, confírmanse los honorarios regulados a fs. 561 segundo párrafo al perito ingeniero Sergio Iriarte, en la suma de pesos veintisiete mil ($ 27.000), con más el aporte de ley e I.V.A. en caso de que el citado profesional revista la condición de “Responsable Inscripto” ante dicho tributo.
V. Por los trabajos realizados ante este Tribunal, y conforme lo establecido por el art. 31 del Decreto/Ley 8.904/77, regúlanse los honorarios del Dr. Anselmo Ernesto Fioroni, como apoderado de la accionada, en la suma de pesos veintidós mil ($ 22.000), y los del Dr. José Luis Melo, en su carácter de apoderado de la actora, en la suma de pesos quince mil cuatrocientos ($ 15.400), en ambos casos con más el aporte de ley pertinente e I.V.A. en caso de corresponder.
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Señora Juez Doctora Longobardi, por iguales argumentos votó en sentido análogo.
A LA TERCERA CUESTIÓN, el Señor Juez Doctor Galdós, dijo:
Atento a lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del Acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del CPCC, se resuelve: 1) confirmar la sentencia recurrida en cuanto juzgó acreditada la concurrencia de una eximente de responsabilidad. 2) Imponer las costas en la Alzada a la actora perdidosa (art. 68 C.P.C.). 3) Habiéndose verificado que media apartamiento a las disposiciones reglamentarias en la altura mínima que debe tener en el lugar el tendido de la red eléctrica, en orden a la previsión de daños futuros y de la función preventiva de la responsabilidad civil (arts. 1710 a 1713 CCCN; esta Sala, causa nº 60.647, del 17/11/16, “Espil, María Inés y otro/a c/ Apilar S.A. y otro/a s/ Daños y Perj. Estado -Uso Autom. s/ Lesiones-”) corresponde poner en conocimiento y hacer saber esa circunstancia de hecho a la Cooperativa Eléctrica de Olavarría y a la demandada, a cuyo fin, se librarán por Secretaría las comunicaciones del caso, para que en el ámbito de sus deberes legales procedan según corresponda. 4) Confirmar, dada la forma de apelación, las regulaciones efectuadas en la instancia de origen a fs. 561 primer párrafo, a favor de los Dres. Anselmo Fioroni e Iturralde Elortegui, en un todo de acuerdo con lo resuelto en Considerando II) de la Segunda Cuestión. 5) Decretar la deserción de la apelación deducida a fs. 579, contra los honorarios fijados a fs. 561 segundo y tercer párrafo a los peritos y mediadora intervinientes, según lo resuelto en el Considerando III) de la Segunda Cuestión. 6) Confirmar los honorarios regulados a fs. 561 segundo párrafo al perito ingeniero Sergio Iriarte, en un todo de acuerdo a lo resuelto en el Considerando IV) de la Segunda Cuestión. 7) Regular los honorarios a los letrados actuantes en esta Alzada, conforme lo resuelto en el Considerando V) de la Segunda Cuestión.
Así lo voto.
A la misma cuestión, la Señora Juez Doctora Longobardi, por idénticos fundamentos votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
- S E N T E N C I A -
Azul, de Mayo de 2017.-
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts. 266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: 1) confirmar la sentencia recurrida en cuanto juzgó acreditada la concurrencia de una eximente de responsabilidad. 2) Imponer las costas en la Alzada a la actora perdidosa (art. 68 C.P.C.). 3) Habiéndose verificado que media apartamiento a las disposiciones reglamentarias en la altura mínima que debe tener en el lugar el tendido de la red eléctrica, en orden a la previsión de daños futuros y de la función preventiva de la responsabilidad civil (arts. 1710 a 1713 CCCN; esta Sala, causa nº 60.647, del 17/11/16, “Espil, María Inés y otro/a c/ Apilar S.A. y otro/a s/ Daños y Perj. Estado -Uso Autom. s/ Lesiones-”) corresponde poner en conocimiento y hacer saber esa circunstancia de hecho a la Cooperativa Eléctrica de Olavarría y a la demandada, a cuyo fin, se librarán por Secretaría las comunicaciones del caso, para que en el ámbito de sus deberes legales procedan según corresponda. 4) Confirmar, dada la forma de apelación, las regulaciones efectuadas en la instancia de origen a fs. 561 primer párrafo, a favor de los Dres. Anselmo Fioroni e Iturralde Elortegui, en un todo de acuerdo con lo resuelto en Considerando II) de la Segunda Cuestión. 5) Decretar la deserción de la apelación deducida a fs. 579, contra los honorarios fijados a fs. 561 segundo y tercer párrafo a los peritos y mediadora intervinientes, según lo resuelto en el Considerando III) de la Segunda Cuestión. 6) Confirmar los honorarios regulados a fs. 561 segundo párrafo al perito ingeniero Sergio Iriarte, en un todo de acuerdo a lo resuelto en el Considerando IV) de la Segunda Cuestión. 7) Regular los honorarios a los letrados actuantes en esta Alzada, conforme lo resuelto en el Considerando V) de la Segunda Cuestión. 8) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría y DEVUÉLVASE.
JORGE MARIO GALDÓS MARÍA INÉS LONGOBARDI JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia