Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por Rodrigo Salím Buenader, con la asistencia técnica del el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en contra de la sentencia nº 78/25 dictada por el Juzgado Correccional de 1º Nominación.
2No hacer lugar al recurso de casación interpuesto y confirmar el fallo impugnado.
3Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
4Tener presente la reserva del Caso Federal y del recurso contenido en el art. 2, ap. 3, inc. b) del PIDCyP.
SENTENCIA NÚMERO: TREINTA Y SEIS
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintisiete días del mes de julio de dos mil veintiséis, la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por la Dra. María Fernanda Rosales Andreotti como Presidenta, Dr. Néstor Hernán Martel y Dra. Rita Verónica Saldaño, se reúne en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en expte. Corte nº 135/25, caratulado: “Buenader, Rodrigo Salím – lesiones leves calificadas, etc. s/ rec. de casación c/ S. nº 78/25 de expte. nº 220/24”.
Por Sentencia (S.) nº 78, del 10 de noviembre de 2025, el Juzgado Correccional de 1º Nominación, en lo que aquí interesa, resolvió: “1) Declarar culpable a Rodrigo Salim Buenader, de condiciones personales relacionadas en autos, como autor penalmente responsable del delito de lesiones leves calificadas por haber mediado una relación de pareja en calidad de autor, condenándolo en consecuencia a sufrir la pena de un año de prisión, cuyo cumplimiento se deja en suspenso (arts. 89 en función del 92, 80 inc. 1º, 45, 40 y 41 del CP). Con costas (arts. 397 y 531 del CPP). 2) Ordenar al condenado Rodrigo Salim Buenader, a tenor del art. 27 bis del CP, que deberá cumplir por el término de dos años las siguientes reglas de conducta: a) Fijar residencia y presentarse ante al Patronato de Liberados una vez al mes para su control; b) Previa acreditación de la necesidad por parte de un profesional de salud pública, tratamiento psicológico para la prevención de hechos como el presente y c) Un curso taller sobre la temática de violencia de género dictado por la Escuela de Capacitación Judicial. (…)”.
Contra esta resolución, el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en su carácter de abogado defensor de Rodrigo Salim Buenader, plantea este recurso y centra sus agravios en lo previsto en el art. 454, incs. 1º, 2º y 3º del CPP.
Primer motivo de agravio:
El presentante impugna la sentencia condenatoria argumentando que el tribunal de mérito ha incurrido en una inobservancia de las reglas de la sana crítica racional (art. 454, inc. 2 del CPP), en tanto la convicción alcanzada no se sustenta en una valoración integral, lógica y armónica del material probatorio, sino en un análisis fragmentario y sesgado del mismo.
En tal sentido, afirma que el a quo se limitó a efectuar una mera concatenación de hechos, omitiendo desarrollar un examen global y razonado de las constancias de la causa, prescindiendo de considerar elementos relevantes que integran el plexo probatorio. En particular, denuncia que el sentenciante omitió ponderar las contradicciones existentes en los testimonios que sirvieron de base para tener por acreditada la materialidad del hecho.
Asimismo, cuestiona la actuación del Ministerio Público Fiscal, señalando que tanto en la investigación penal preparatoria como en la etapa suplementaria, la actividad investigativa se orientó a confirmar una hipótesis acusatoria previamente construida, en desmedro de la búsqueda de la verdad material, lo que, a sus entender, resulta contrario al principio de inocencia.
Sostiene que las pruebas valoradas por el tribunal (denuncia de MMC de fs. 15/18 vta. y posterior testimonio de fs. 55/56, pericia psicológica de fs. 71/72 vta. y pericia psiquiátrica de fs. 168/169), emerge, cuanto menos, un estado de duda razonable en relación con la materialidad del hecho.
En este orden, refiere que al tratar la primera cuestión, el sentenciante se limitó transcribir el relato de la denunciante brindado en el debate, confrontándolo luego con otros elementos probatorios, principalmente, la declaración de sus hermano, el testigo Carlos Matías Carrizo, sin advertir ni valorar las inconsistencias en las que ambos incurrieron, tanto en la instrucción como la audiencia de juicio.
A fin de sustentar su postura, el casacionista reseña diversos pasajes del testimonio de la víctima en el debate, destacando contradicciones relevantes, y pone de relieve que la propia denunciante, con posterioridad, negó la ocurrencia de los hechos y solicitó la finalización del proceso, circunstancia que, según afirma, no fue debidamente considerada por el tribunal.
En relación con la denuncia inicial (fs. 15/18), señala que la víctima manifestó haber sufrido un fuerte tirón de cabello que le provocó dolor, lo que motivó un grito de auxilio dirigido a su hermano, tras lo cual el imputado se le habría abalanzado, logrando ella zafar y retirarse del lugar. Sin embargo, cuestiona que tales extremos, no fueron adecuadamente considerados en la sentencia, pese a que ninguna persona presente en el domicilio refirió haber escuchado dicho pedido de auxilio, aun cuando se encontraban a escasa distancia.
Asimismo, destaca que tampoco se valoró que, luego de retirarse del consultorio, la denunciante regresó voluntariamente al mismo, oportunidad en la que se habría producido el hecho objeto de juzgamiento.
Por otra parte, el recurrente objeta la falta de actividad investigativa, señalando que no se convocó a declarar a las amigas de la denunciante que estuvieron con ella en el boliche, en particular a aquella a la que el imputado habría confundido, lo que, a su entender, evidencia una pesquisa incompleta.
En cuanto al testimonio del hermano de la víctima, cuestiona que el tribunal haya otorgado pleno valor a lo manifestado en el debate, donde indicó haber escuchado un grito y haber visto a su hermana lesionada, omitiendo considerar su declaración previa incorporada por lectura (fs. 59), en la cual expresó no haber escuchado ni presenciado circunstancia alguna relevante, ni haber advertido episodios de violencia en la relación. Tal omisión, sostiene, resulta decisiva en la construcción del juicio de responsabilidad.
Asimismo, señala que el relato brindado por la denunciante en el debate no guarda correlato con su posterior declaración de fs. 55/56, mediante la cual solicitó dejar sin efecto la denuncia formulada contra su asistido.
Indica que tanto el Ministerio Público Fiscal como el tribunal intentaron desestimar dicha retractación mediante la invocación de normativa internacional y del contexto de violencia de género, disponiéndose la realización de pericias psicológicas y psiquiátricas. Sin embargo, destaca que la denunciante se presentó voluntariamente a manifestar lo ocurrido, señalando que su conducta posterior, incluido el intento de suicidio, obedecía a múltiples factores ajenos al hecho denunciado. Asimismo, resalta que la pericia psiquiátrica da cuenta de que recibió tratamiento psicológico durante tres meses con posterioridad a la denuncia.
En ese contexto, sostiene que la retractación se produjo luego de un proceso de reflexión por parte de la víctima, lo que resulta incompatible con la interpretación efectuada por el Ministerio Público Fiscal.
A su vez, afirma que las vacilaciones en las declaraciones no pueden ser valoradas en perjuicio de su defendido, quien no incurrió en incumplimiento alguno de las medidas restrictivas impuestas.
En otro orden, se agravia por la valoración de la prueba médica, señalando que el examen técnico no acredita la existencia de lesiones compatibles con el relato de la víctima, en particular, la supuesta lesión dentaria, y que la propia profesional interviniente manifestó la imposibilidad de determinar con precisión la antigüedad de las lesiones, introduciendo así un margen de incertidumbre incompatible con el grado de certeza requerido para fundar una condena.
Agrega que la pericia fue realizada días después del alta médica de la denunciante, lo que impide descartar que las lesiones hayan sido producidas con posterioridad a la fecha del hecho investigado.
También cuestiona la valoración del testimonio de la madre de la víctima, por considerar que no encuentra respaldo en otros elementos objetivos de la causa, y señala que no se profundizó en circunstancias relevantes, como el diálogo conciliatorio mantenido entre las partes.
Asimismo, pone de relieve la falta de peritajes sobre los teléfonos celulares de los involucrados, lo que a su entender, evidencia una deficiente actividad investigativa.
En relación con la declaración de la testigo Emilse Acosta, cuestiona su credibilidad, señalando contradicciones en sus dichos respecto de la supuesta dinámica de la relación de pareja, en tanto sostuvo haber estado distanciada de la denunciante durante un período prolongado, lo que pondría en duda su conocimiento directo sobre los hechos que describe.
Finalmente, critica la falta de valoración de la pericia realizada a su asistido (fs. 153/158), la cual, en conjunto con su declaración, habría resultado relevante para el análisis del caso, siendo indebidamente soslayada.
En definitiva, concluye que el cuadro probatorio resulta insuficiente para desvirtuar el estado de inocencia, y que la existencia de elementos contradictorios y la ausencia de certeza sobre la materialidad del hecho imponen la aplicación del principio in dubio pro reo.
Por todo ello, solicita se case la sentencia recurrida y se dicte la absolución de su defendido.
Segundo motivo de agravio:
En este estadio, el recurrente cuestiona la magnitud de la pena impuesta a su asistido, por considerarla desproporcionada en relación con las circunstancias personales acreditadas en autos.
Si bien reconoce que el sentenciante ponderó como circunstancias favorables la edad del imputado, su desempeño laboral y educativo, y sus sólidos vínculos familiares, sostiene que tales extremos no fueron debidamente valorados al momento de determinar el quantum punitivo. El cual, a su entender, resulta excesivo, máxime si se tiene en cuenta la imposición de reglas de conducta.
En tal sentido, la defensa solicita que se valore especialmente el estricto cumplimiento de las medidas de restricción durante la investigación penal preparatoria, circunstancia que, según afirma, se encuentra corroborada por el testimonio de M.M.C., quien refirió la inexistencia de incidentes posteriores a la denuncia y la evolución hacia un vínculo cordial entre las partes, por voluntad mutua.
Asimismo, destaca que la pericia psicológica practicada al imputado descarta rasgos de agresividad, violencia o personalidad antisocial, señalando que el encartado presenta un adecuado juicio de realidad y una estructura psíquica compatible con una correcta inserción social.
En esa línea, enfatiza que se trata de una persona joven, sin antecedentes penales, plenamente integrada a su entorno, cuyos proyectos de vida, en particular, su desarrollo laboral, se verían seriamente comprometidos por la imposición de una pena de la entidad dispuesta.
En función de lo expuesto, solicita de manera subsidiaria que, para el supuesto de no prosperar el planteo absolutorio, se proceda a una nueva valoración de las pautas de mensuración de la pena, de conformidad con los arts. 40 y 41 del Código Penal, adecuando el monto de la sanción a las circunstancias personales y al grado de culpabilidad efectivamente demostrado.
Tercer motivo de agravio:
Por último, el recurrente se agravia de la condena impuesta a su asistido por el delito de lesiones leves calificadas por el vínculo, sosteniendo que no se encuentra acreditado el elemento subjetivo requerido por el tipo penal.
En tal sentido, afirma que la figura aplicada exige la presencia de dolo, esto es, la voluntad dirigida a producir un resultado lesivo, extremo que a su entender, no ha sido demostrado en autos.
Refiere que, de un análisis integral del material probatorio, surge la ausencia de intención de lesionar, en tanto los hechos se habrían producido en el marco de un forcejeo originado en una discusión entre las partes. En particular, señala que tanto el imputado como la propia denunciante coincidieron en que el episodio se desencadenó cuando el acusado intentó abrazarla, produciéndose una caída accidental sobre ella.
En consecuencia, sostiene que la conducta atribuida carece del factor de atribución subjetivo exigido por el tipo penal, lo que determina su atipicidad y torna inaplicable la figura legal escogida.
Por ello, solicita la revocación de la calificación jurídica y, en definitiva, la absolución de su asistido en relación con el delito por el cual fue condenado.
Efectúa reserva del Caso Federal y del recurso contenido en el art. 2, ap. 3, inc. b) del PIDCyP.
De acuerdo con el resultado del sorteo efectuado para determinar el orden de votación (fs. 17), nos pronunciaremos de la siguiente manera: 1° Dr. Martel, 2° Dra. Saldaño y 3º Dra. Rosales Andreotti.
Así las cosas, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible el recurso?
2. En la resolución cuestionada, ¿han sido inobservadas o erróneamente aplicadas la ley sustantiva, las reglas de la sana crítica racional y las normas para la individualización de la pena? ¿Qué resolución corresponde dictar?
A la Primera Cuestión, el Dr. Martel dijo:
El presente recurso de casación reúne los requisitos de admisibilidad formal establecidos en el art. 460 del C.P.P debido a que es interpuesto en forma y en tiempo oportuno, por parte legitimada, y se dirige contra una resolución que, por ser condenatoria, pone fin al proceso y es definitiva. Por ende, es formalmente admisible. Así voto.
A la Primera cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
Adhiero a la solución propugnada por el Sr. Ministro preopinante y voto en igual sentido.
A la Primera cuestión, la Dra. Rosales Andreotti, dijo:
El Dr. Martel da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión, respecto a la admisibilidad formal del recurso. Por ello, adhiero a su voto y me expido en igual sentido.
A la Segunda Cuestión, el Dr. Martel dijo:
El hecho que el Tribunal consideró acreditado, es el siguiente: “Que el día 06 del mes de agosto del año dos mil veintitrés, siendo las horas 06:00 aproximadamente, en circunstancias que M.M.C. se encontraba en su domicilio, sito en Bº 50 vv norte, casa nº 40, licitación pública nº 115/04 de esta ciudad Capital, más precisamente en la parte delantera del inmueble, donde funciona un consultorio, junto a su ex pareja Rodrigo Salím Buenader es que éste le reprochó a M.M.C. por haber salido a la noche con unas amigas, tras lo cual la habría arrojado sobre la cama, tomado del cuello con una mano, asfixiándola y puesto su otra mano en su rostro, ocasionándole lesiones consistentes en hematoma de color violáceo-verdoso localizados en mentón maxilar inferior del lado izquierdo y en párpado superior de ojo izquierdo, por lo que se estima una evolución fotocromática de aproximadamente 5 días aproximadamente, provocada por elemento romo de consistencia rígida (refiere presión exagerada con una mano abierta); hematoma de color violáceo muy doloroso a la palpación en cara anterior del cuello, a la altura del hioides, provocada por elemento romo de consistencia rígida provocada por presión, lo que le provoca desvanecimiento de la misma, sin pérdida de conocimiento, de 5 días de evolución aproximadamente; hematoma de color verdoso en cara anterior del tórax, provocado por dígito presión, de 5 días de evolución aproximadamente; curación 2 días, incapacidad de 5 días, según examen técnico médico de autos.”
Que corresponde ingresar al tratamiento de los agravios articulados por la defensa técnica de Rodrigo Salim Buenader, adelantando desde ya que los mismos no logran desvirtuar la solidez argumental del pronunciamiento impugnado, ni evidencian la existencia de los vicios que habilitan la intervención de esta instancia extraordinaria, conforme los límites propios del recurso de casación.
En efecto, el análisis del memorial recursivo permite advertir que, bajo la invocación formal de supuestas infracciones a la sana crítica racional y a la ley sustantiva, el recurrente introduce, en lo sustancial, una reedición de cuestiones fácticas y probatorias ya resueltas por el tribunal de mérito, pretendiendo sustituir el juicio de valoración efectuado por aquél por una interpretación alternativa que le resulta más favorable, lo cual excede notoriamente el ámbito de cognición de este Tribunal.
I. Sobre el primer motivo de agravio:
La defensa estructura su crítica sobre la base de una supuesta apreciación fragmentaria del material probatorio, señalando contradicciones en los testimonios centrales, deficiencias en la actividad investigativa y la incidencia decisiva de la retractación posterior de la denunciante.
Sin embargo, un examen detenido de la sentencia permite concluir que el tribunal de mérito ha desarrollado un razonamiento lógico, integral y debidamente fundado, en el que cada uno de los elementos de prueba ha sido ponderado en relación con el resto, conforme a las reglas de la sana crítica racional.
No se verifica, en tal sentido, la denunciada ausencia de análisis global, sino una valoración conjunta de los testimonios, la prueba pericial y el contexto en el que se inscribe el hecho investigado, lo que conduce a una conclusión coherente y razonada sobre la materialidad del suceso y la responsabilidad del imputado.
Las supuestas contradicciones señaladas por la defensa en los dichos de la denunciante y de su hermano no configuran incompatibilidades lógicas insalvables, sino variaciones propias de relatos vinculados a experiencias vividas en un contexto de tensión. La exigencia de coherencia no implica uniformidad absoluta, sino la existencia de un núcleo sustancial consistente, que en el caso se encuentra presente y ha sido correctamente identificado por el juzgador.
En relación con el testimonio del hermano de la víctima, no se advierte la arbitrariedad que se le atribuye. La preferencia por lo declarado en el debate, bajo inmediación, encuentra fundamento suficiente, sin que las diferencias con sus manifestaciones previas resulten aptas para invalidar su credibilidad.
Particular mención merece el agravio referido a la retractación posterior de la denunciante. Sobre este punto, el recurrente pretende conferirle un alcance decisivo, postulando que la misma neutraliza el valor incriminante de la denuncia inicial y del testimonio brindado en el debate. Sin embargo, dicha interpretación no resulta atendible.
La sentencia impugnada no desconoce la existencia de esa retractación, sino que la examina en su contexto, ponderando las circunstancias en las que fue producida y su correlación con el resto del material probatorio. En tal sentido, la decisión de restarle eficacia exculpatoria encuentra sustento en una valoración razonada, que no puede ser descalificada en esta instancia.
En esta línea, los cuestionamientos dirigidos a la credibilidad del testimonio de la denunciante, particularmente a partir de sus posteriores manifestaciones, exigen ser abordados desde parámetros específicos de análisis. La doctrina especializada ha señalado que, en el marco del proceso penal, aun cuando existan elementos periféricos de corroboración, la credibilidad del testimonio de la víctima debe ser examinada a partir de criterios tales como su coherencia interna, la persistencia en la incriminación, la integridad de la percepción y de la memoria en función del contexto en el que los hechos se desarrollan, así como los factores de presión —internos o externos— que pueden incidir en su relato (conf. Di Corleto, Julieta, “Igualdad y diferencia en la valoración de la prueba: estándares probatorios en casos de violencia de género”, en Género y justicia penal, Ed. Didot, Buenos Aires, 2017, págs. 299/300).
Este criterio ha sido receptado por este Tribunal en precedentes recientes, en los cuales se ha destacado que las eventuales oscilaciones o variaciones en el relato de la víctima no implican, por sí mismas, su descalificación, en tanto deben ser analizadas a la luz del contexto relacional y de las dinámicas propias de los hechos de violencia de género (cfr. Sentencia Nº 16/2026, expte. Corte nº 077/25 “Espinoza, Pablo Ramón…”, y expte. Corte nº 078/25 “Espinoza, Pablo Ramón…”).
Bajo tales parámetros, la retractación posterior invocada por la defensa no puede ser interpretada de manera aislada ni automática como un elemento exculpatorio, sino que debe ser ponderada en conjunto con el resto del material probatorio y dentro del contexto en el que fue producida, tal como lo ha efectuado el tribunal de mérito.
En cuanto a los cuestionamientos dirigidos a la actividad investigativa, no se advierte que las omisiones señaladas, como la falta de citación de determinados testigos o la ausencia de peritajes sobre dispositivos electrónicos, tengan entidad suficiente para afectar la validez del proceso. La defensa no demuestra de qué modo concreto dichas diligencias habrían incidido en la solución del caso, limitándose a planteos de carácter hipotético.
Respecto de la prueba médica, la imposibilidad de precisar con exactitud la data de las lesiones no invalida su valor corroborante, en tanto su apreciación ha sido realizada en conjunto con otros elementos concordantes, integrándose adecuadamente al razonamiento del tribunal.
Las críticas dirigidas a los testimonios de la madre de la víctima y de la testigo Emilse Acosta tampoco logran evidenciar errores lógicos en su valoración, sino que expresan una mera disconformidad con el mérito asignado por el juzgador.
Finalmente, la alegada falta de consideración de la pericia practicada al imputado carece de relevancia decisiva, en tanto dicha prueba no incide de manera directa en la determinación de la materialidad del hecho ni en la autoría atribuida.
En definitiva, el agravio no logra demostrar la existencia de un quiebre lógico en la construcción del juicio de responsabilidad, sino que se limita a cuestionar la valoración de la prueba, lo cual resulta insuficiente para habilitar la revisión pretendida.
La defensa cuestiona la magnitud de la pena impuesta, invocando las condiciones personales del imputado y su comportamiento durante el proceso.
Del análisis de la sentencia surge que el tribunal ha considerado expresamente las circunstancias favorables alegadas —edad, inserción laboral, ausencia de antecedentes—, fijando la pena más cerca del mínimo legal previsto para la figura aplicada y disponiendo su cumplimiento en suspenso.
En este contexto, la alegada desproporción carece de sustento, en tanto no se advierte un ejercicio irrazonable de la facultad de individualización prevista en los arts. 40 y 41 del Código Penal.
El cumplimiento de las medidas de restricción durante la etapa preparatoria, si bien constituye un dato positivo, no impone una reducción adicional de una pena ya fijada en su límite inferior. De igual modo, la pericia psicológica practicada al imputado no incide de manera determinante en la cuantificación de la sanción, en tanto no modifica la gravedad del hecho juzgado.
III. Sobre el tercer motivo de agravio:
La defensa sostiene que no se encuentra acreditado el dolo requerido por el tipo penal, postulando que los hechos se produjeron en el marco de un forcejeo accidental.
Tal planteo no resulta atendible, en tanto se sustenta en una reconstrucción fáctica distinta a la tenida por acreditada en la sentencia. El tribunal de mérito ha establecido que el imputado desplegó una conducta dirigida a agredir físicamente a la víctima, provocándole lesiones en un contexto de violencia de pareja.
Sobre esa base, la conclusión relativa a la existencia de dolo constituye una derivación lógica del cuadro fáctico fijado, sin que se advierta una errónea aplicación de la ley sustantiva.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Rodrigo Salim Buenader, en tanto los agravios formulados no evidencian la existencia de vicios que justifiquen la invalidación de la sentencia recurrida, la cual se presenta como una derivación razonada del derecho vigente aplicado a las circunstancias comprobadas de la causa.
A la segunda cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
El voto del Sr. Ministro Néstor Hernán Martel da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la improcedencia del recurso de casación. Por ello adhiero a los fundamentos y conclusiones de su voto, expidiéndome en igual sentido.
En la adhesión que formulo, solo cabe agregar que la normativa que rige el examen de la presente cuestión, se circunscribe a aquella que surge de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino, relativos a las declaraciones sobre derechos humanos, a los estándares internacionales fijados por los respectivos órganos de aplicación y control y a la normativa nacional vigente.
Por ello, a las pautas de revisión y control de la prueba que surge de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente – Casal - (Fallos: 328:3399), deben sumarse los postulados derivados de las obligaciones asumidas por los Estados, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer" (―Convención de Belém Do Pará y las ―Las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, nacidas en la Cumbre Judicial Iberoamericana, en 2008, a las que la Corte Suprema de Justicia de la Nación adhirió a través de la Acordada nº 5, de fecha 24 de febrero de 2009 y a las que también ha adherido nuestra Corte Provincial mediante Acordada n° 4102/2009.
De este modo, el examen de la cuestión impone la incorporación de la “perspectiva de género” como pauta hermenéutica constitucional y como principio rector para la solución del caso, exigiendo para ello un análisis armónico e integral de la normativa nacional y supranacional vigente, todo ello, de conformidad a la prueba introducida oportuna y legalmente a debate, por no constituir una dispensa probatoria que vulnere la presunción de inocencia.
La amplitud probatoria ha sido reconocida por numerosa jurisprudencia; “La Sala II sostuvo que las causas relacionadas con situaciones de violencia de género y abuso sexual suelen tener lugar en la intimidad, exentas de las miradas de terceros y que, debido a ello, rige el principio de amplitud probatoria (art. 31, ley 26.485). Así, reafirmó la posibilidad de emitir un pronunciamiento condenatorio con la declaración de un testigo único, siempre que la eventual condena se apoye en un riguroso examen de los dichos de la presunta víctima y de su correlato con evidencias externas que permitan corroborar la hipótesis acusatoria más allá de toda duda razonable. Sin embargo, señaló que el a quo contó con diversas pruebas testimoniales, informes de riesgo y médicos elaborados por la OVD, como así también de mensajes de WhatsApp que lo condujeron a descartar la existencia de duda con relación a la materialidad del suceso y su atribución a Tascón. (“Tascón, Fernando Gabriel s/recurso de casación”, 21/10/20, CNCCC, Sala II, (Morin, Sarrabayrouse y Días), Reg. n° 2996/2020).
Estimo que la prueba producida en juicio y valorada por el sentenciante le permitieron arribar fundadamente a su decisión sobre la existencia del hecho y la responsabilidad del acusado. Efectuado el análisis del caso debo decir que la defensa de Buenader se limitó a exponer su propia perspectiva y el modo en que, a su juicio, debe ser resuelta la cuestión, aunque no ha desarrollado en su recurso de casación una crítica concreta y razonada sobre cada uno de los argumentos brindados por el Tribunal. En efecto, ha omitido dar motivos o razones que sustenten su pretensión, tanto, prescinde invocar fundamentos en sustento de sus críticas que demuestren los defectos que presenta la valoración de la prueba y su entidad o suficiencia para conmover la validez de lo resuelto.
Cabe destacar que no se encuentra controvertida la discusión ocurrida en el consultorio el día del hecho, lo controvertido es el origen de las lesiones que presentaba M.M. C., toda vez que Buenader sostiene que fueron el resultado de un forcejeo que termino provocando que se cayeran sobre el colchón que estaba en el piso.
En ese sentido considero, que no es posible perder de vista que, en los delitos de violencia contra la mujer, el testimonio de la víctima cobra un papel fundamental, pues suelen cometerse en ámbitos privados, sin la presencia de testigos y que nuestro sistema de enjuiciamiento penal se rige por el principio de la libertad probatoria.
En primer lugar, el recurrente se agravia porque entiende que el tribunal incurrió en una errónea aplicación de la sana critica racional en la apreciación de la prueba. Sostiene que el testimonio brindado por M.M.C. y el de su hermano durante la instrucción resultan ser contradictorios con aquellos producidos en el debate oral.
En relación a este punto, la defensa en el juicio tuvo la oportunidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos, así como para poner de manifiesto las supuestas inconsistencias que ahora invoca. En consecuencia, entiendo que este planteo en esta instancia revisora se presenta como una objeción tardía, deviniendo extemporánea.
Al respecto la CSJN ha sostenido que: “Recuérdese, que en lo que respecta a la fundamentación probatoria, tratándose de un planteo formulado por la defensa técnica del imputado, compete a esta Corte verificar "la aplicación de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas en el caso concreto ", con el único límite de lo que no resulte revisable, esto es, "lo que surja directa y únicamente de la inmediación'' (CSJN, 20/09/05, "Casal").
En cuanto al agravio vinculado con la retratación de M.M.C., la testigo durante la audiencia de debate, brindó explicaciones claras, coherentes y circunstanciadas respecto de los motivos que la condujeron a retractarse en la etapa instructoria. A ello se suma el informe de la psicologa, quien dio cuenta del estado de vulnerabilidad, tensión y afectación emocional en el que se encontraba M.M.C.. De todo lo cual la defensa omite hacerse cargo de dichos elementos probatorios, limitándose a hacer crítica parcial y descontextualizada de la prueba.
En igual sentido cuestiona el testimonio brindado por la progenitora de M.M.C., entiende que no existe correlato con el examen médico realizado por la Dra. Agüero en relación con las lesiones dentarias, como así también objeta el proceder asumido el día del hecho. Sin embargo, tal como señale anteriormente, la defensa conto con la oportunidad procesal para esclarecer y controvertir tales extremos durante el debate, razón por la cual el agravio efectuado en esta instancia deviene manifiestamente extemporáneo. A su vez, la recurrente omite efectuar consideraciones respeto del detallado y pormenorizado testimonio de la madre de la víctima, quien describió el estado de angustia (llanto, temor, temblor) en el que encontró a su hija, las lesiones que ésta presentaba, por lo que le solicito a Buenader a que se retirar de la casa. Tales circunstancias constituyen un elemento periférico de corroboración que robustece la hipótesis acusatoria y otorga mayor credibilidad al cuadro probatorio valorado por el a quo.
Ahora bien, en relación al agravio vinculado con la supuesta falta de producción de pruebas de investigación, como ser la visualización del celular, la defensa al haber ensayado una hipótesis distinta tampoco ofreció la realización de dicha prueba, entiendo que debería haberla ofrecido para acreditar su teoría del caso y no limitarse a esperar a que sin respaldo alguno ponga en jaque la teoría del caso de la parte contraía, para ser reclamada recién en esta instancia.
Así, el agravio que expone sobre el tema refleja sólo su desacuerdo con el criterio del Tribunal sobre la selección y valoración de la prueba y de las particulares circunstancias del caso, por lo que el presente agravio debe ser rechazado.
Resuelta la cuestión anterior, corresponde ahora ingresar al tratamiento de los agravios vinculados con la inobservancia de las normas previstas para la individualización de la pena (art. 454 inc. 3° C.CP.).
Sobre el particular, es menester recordar que es facultad discrecional del juez o tribunal del juicio fijar la pena, la que sólo puede ser controlada por el recurso de casación en los supuestos de arbitrariedad de la sentencia.
Dicha facultad, está condicionada a que la prudencia pueda ser objetivamente verificable y que la conclusión que se estime razonable no aparezca absurda respecto de las circunstancias de la causa. Es sobre este parámetro que dicha decisión podrá ser controlada por esta Corte, cuando se cuestione en el caso concreto, la validez de la decisión del tribunal a la luz de la doctrina de la arbitrariedad.
De ello se colige que, el tribunal se encuentra autorizado para considerar -dentro de un margen de razonabilidad- que una circunstancia determinada no tiene entidad suficiente o tiene escasa entidad, ya sea como atenuante o como agravante.
Ahora bien, respecto del agravio vinculado a supuesta omisión de ponderar circunstancias atenuantes, volviendo la mirada al fallo recurrido se advierte que tales extremos fueron debidamente valorados por el sentenciante al momento de individualizar la pena, imponiéndole a Buenader una pena menor a la solicitada por el Ministerio Publico Fiscal y más próxima al mínimo legal que al máximo previsto para la figura penal atribuida. Asimismo, el planteo defensivo resulta extemporáneo, toda vez que del acta de debate no surge que la defensa hubiera introducido oportunamente solicitud o planteo alguno en tal sentido, operando en consecuencia la preclusión procesal correspondiente.
De lo antes señalado surge claramente que, no estamos frente al monto de una pena, que resulte dispar, perjudicial entre hechos y pena, sin descuidar el agravante del contexto de violencia de género, por lo que el presente agravio debe ser rechazado.
Por ultimo en relación a la ausencia de dolo por parte de Buenader, en cuanto señala que se trató de un forcejeo producto de un intento de abrazo al momento en que se llevaba a cabo una discusión en el consultorio donde había colchones tirados en el piso, los cuales causaron que éstos se cayeran y producto de ello este haya golpeado el cuerpo de la supuesta víctima.
La defensa no se hace cargo de la manifiesta inconsistencia de su propia tesis, en tanto pasó de cuestionar el origen y la data de las lesiones sufridas por M.M.C. y negar la violencia ejercida por Buenader, a ensayar una hipótesis alternativa respecto del modo en que aquellas se habrían producido, sin brindar explicación alguna sobre la entidad y magnitud de las lesiones que, según sostiene, habrían derivado de una simple caída sobre colchones. Más aún, omite explicar por qué motivo la madre habría concurrido de inmediato al lugar, en plena madrugada y a los pocos minutos del hecho, circunstancia que, cabe destacar, no fue controvertida por la propia defensa. Tales contradicciones no hacen más que evidenciar la falta de sustento lógico y probatorio de la versión exculpatoria intentada.
Al respecto la jurisprudencia ha sostenido que: “La lesión leve no requiere una forma particular del dolo, pues este puede ser eventual, indirecto o directo y así tanto responde por ella el que usando medios adecuados desprecia la probabilidad de causar un daño a otro, el que obra a pesar de ver que el daño será una consecuencia necesaria de los medios usados o del objetivo que se persigue, razón por la cual obra con dolo eventual en orden al delito de lesiones leves quien da un empellón a otro, pues pudo prever que podía trastabillar, caer y lesionarse” (Cám Nac. Crim. Y Corr. Sala 6, 28/1975, Freixas).
Lo expuesto por el casacionista en el escrito recursivo denota una visión parcializada de los hechos, dado que omite tener presente la valoración integral realizada por el tribunal de toda la prueba producida para emitir su veredicto de culpabilidad.
De tal manera, la recurrente no consigue demostrar los vicios jurídicos invocados y, en esta dirección, no logra rebatir adecuadamente los fundamentos sobre los cuales el juez a quo sustentó el auto recurrido, no se ha hecho cargo de refutar los fundamentos dados en la decisión puesta en crisis.
No advierto a lo largo del escrito casatorio un cuestionamiento preciso a los sendos y bastos fundamentos dados por el juez a quo para tener por acreditada la materialidad del hecho y su atribución a Buenader. El agravio no cuestiona en forma critica los fundamentos brindados por el a quo.
Por las razones expuestas, en tanto el recurrente no logra demostrar, con los argumentos que presenta, el error que predica de la valoración probatoria que sustenta la decisión que impugna, el recurso debe ser rechazado y la sentencia confirmada, en todo lo que fue motivo de agravio. Así voto.
A la Segunda Cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
La señora Ministra Dra. Saldaño da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y soy el mío en igual sentido.
Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por Rodrigo Salím Buenader, con la asistencia técnica del el Dr. Pedro Justiniano Vélez, en contra de la sentencia nº 78/25 dictada por el Juzgado Correccional de 1º Nominación.
2. No hacer lugar al recurso de casación interpuesto y confirmar el fallo impugnado.
3. Con costas (arts. 536 y 537 del C.P.P.).
4. Tener presente la reserva del Caso Federal y del recurso contenido en el art. 2, ap. 3, inc. b) del PIDCyP.
5. Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.
FIRMADO: Dra. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal-, Néstor Hernán Martel y Rita Verónica Saldaño. ANTE MI: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia