Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar los agravios interpuestos por la actora.-
2Admitir parcialmente los agravios de la demandada y confirmarla en lo restante.-
3Modificar el monto por el que procede el pago por daño moral derivado de la violencia laboral que se determina en la suma de $15.000.000, conforme lo señalado en el punto X.-
4Modificar la fecha en que comienzan a correr los intereses por mora en el pago del daño moral, conforme lo determinado en el punto X.-
5Confirmar los restantes puntos del fallo que no fueron modificados.-
6Imponer las costas en la instancia en el orden causado.-
7Regular los honorarios de la Dra. Norma Beatriz Navarro (apoderada de la parte actora) y del Dr. Horacio Ernesto Conte Grand (apoderado de la parte demandada Casino Club S.A) en un 32 % de lo regulado en la instancia de grado, tanto para la parte actora como a la demandada Casino Club S.A (arts. 15, 16, 30 y ccs. ley 3950).-
8Hacer saber al magistrado de grado que deberá regular los honorarios del Dr. José Padilla Olivera.-
9Tener presente la reserva del caso federal.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8939/25 Sentencia: Definitiva Actor: Biussen Paola Noemí Demandada: Biussen Paola Noemí Objeto: Deamanda Laboral Fecha: 12-12-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los doce del mes de diciembre de 2025, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “BUISSEN PAOLA NOEMÍ C/ CASINO CLUB S.A Y OTRA S/ DEMANDA LABORAL", Expte. Nº19954 del año 2018 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y Familia de la ciudad de Pico Truncado, que ingresó en esta instancia bajo el Nº8939/25. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard; Horacio Fernández y Humberto Eduardo Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
I. A fs. 247/255 se presenta la Dra. Norma Beatriz Navarro en representación de Paola Noemí Buissen y promueve demanda laboral contra Casino Club S. A., por cobro de pesos, por los rubros laborales de indemnización por despido, preaviso, mes integrativo de despido, diferencias salariales, entrega de certificado de trabajo y multa art. 80 LCT, multas arts. 1 y 2 Ley 25323, todo otro rubro que corresponda, y daño moral; y contra Experta Aseguradora de Riesgo de Trabajo S.A. por indemnización por enfermedad profesional.-
Afirma que Paola Noemí Buissen trabajó para la firma Casino Club S.A., de la ciudad de Pico Truncado, cumpliendo turnos rotativos; que durante cuatro años sufrió hostigamiento, persecución, maltrato psicológico y verbal “mobbing laboral”, denunciado en reiteradas oportunidades. Sostiene que dicho maltrato le ocasionó una enfermedad profesional y el 04/09/2017 intimó a la empresa para que en cumplimiento a sus obligaciones, denuncie la enfermedad laboral ante la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, bajo apercibimiento de considerarse injuriada gravemente y despedida por única y exclusiva culpa de la patronal. Agrega que ante el caso omiso de la empresa, hizo efectivo el apercibimiento y se consideró despedida. Luego intimó a la empresa para que entregue las certificaciones del art. 80 LCT, obligación que refiere no cumplida. Posteriormente, realiza la enumeración de los rubros reclamados, y practica la liquidación.- Respecto a la enfermedad profesional, y el daño moral reclamado, señala que la actora fue hostigada, perseguida, amedrentada sistemáticamente desde febrero de 2013 y hasta su despido, que dichos actos le ocasionaron a Paola Noemí Buissen, una enfermedad profesional y daño psicológico. Solita que se determine las secuelas invalidantes, el porcentaje, y se indemnice por la incapacidad y el daño moral sufrido. Cita doctrina y jurisprudencia que hacen a su derecho. Por último, ofrece prueba, funda en derecho, hace reserva del caso federal y realiza el petitorio final.
A fs. 270, aclara respecto a la solicitud de indemnización por la incapacidad sufrida contra Experta ART.-
II. A fs. 466 obra constancia de celebración de audiencia conciliatoria con resultado negativo. El Dr. Esteban Marcos Angjelinic apoderado de la demandada CASINO CLUB S.A., contesta demanda a fs. 391/400, y el Dr. Marcelo Héctor Magallán hace lo mismo en calidad de gestor procesal de la codemandada EXPERTA ART S.A., a fs. 459/465.-
III. El Dr. Esteban Marcos Angjelinic, al contestar demanda niega que la actora haya sufrido una enfermedad laboral. Sostiene que es improcedente el despido indirecto del art. 242 y 246 LCT, pues no existió mobbing laboral. Afirma que la actora a sabiendas que la licencia por enfermedad inculpable terminaría, decidió encausar el reclamo como acoso laboral. Refiere que se le hizo saber que la documentación laboral del art. 80 se encontraba a su disposición. Reconoce que la actora padecía de trastorno de ansiedad y sueño. Que la médica psiquiatra designada por la empresa, convalido dicho diagnóstico, pero no las causas que dieron origen al mismo. Afirma que la enfermedad que padecía la actora era ajena al trabajo e inculpable, y por ello su mandante no hizo la denuncia ante la ART. Destaca que la actora nunca tuvo intención de reintegrarse laboralmente y que ella pudo informar la supuesta enfermedad. Luego, citando doctrina, señala que la actora es quien debe demostrar la constitución de una injuria suficientemente grave y legitima, para configurar el incumplimiento del empleador a las obligaciones laborales. Posteriormente, rechaza cada uno de los rubros pretendidos por la actora, funda en derecho, ofrece pruebas y realiza la petición final.-
IV. El Dr. Marcelo Héctor Magallán, al contestar demanda primeramente opone la excepción de prescripción. Luego de las negativas de rigor, afirma que la patología por la que se reclama no está contemplada en el listado de enfermedades profesionales. Sostiene que el mobbing o acoso laboral supone un hecho doloso no asegurable, y que la obligación de reparar el daño recae sobre su responsable directo. Alega que el acoso laboral nada tiene de accidental, y que el resarcimiento de las secuelas provocadas debe encausarse en la vía civil de daños. Describe los supuestos a que refiere el decreto 658/96, para atribuir el carácter de enfermedad profesional y concluye que la afección psíquica por mobbing no cumple con tales requisitos. Agrega que debe descartarse la neurosis de renta. Denuncia que la actora fue nuevamente contratada el 19/12/2018, lo que supone que no presenta ninguna limitación para su desempeño laboral. Formula reserva del caso federal, ofrece prueba y realiza el petitorio final.-
V. A FS. 481, se presentó la Dra. Mariana Clément, apoderada de Experta ART S.A., y ratifico lo actuado por el Dr. Marcelo Héctor Magallán. A fs. 502/504, la parte actora contestó la excepción de prescripción y a fs. 507/508, mediante sentencia interlocutoria Nº 1789 T° XIV F°34/35 se resolvió desestimar el planteo de prescripción. A fs. 546/547 se abre la causa a prueba. Producida la ofrecida se clausura el período probatorio -PE1235604-2024-, poniéndose los autos para alegar. Realizando lo propio solo la parte actora a PE1331081-2024.-
VI. A PE1501849-2024 se dicta sentencia de primera instancia que desestima la demanda interpuesta por Paola Noemí Buissen contra la firma EXPERTA ART S.A. y hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta contra la firma CASINO CLUB S.A condenándola al pago de las sumas de dinero en concepto de diferencias salariales por licencia del art. 208 LCT y Daño Moral. Condena en costas a CASINO CLUB S.A., intima a la actora a retirar las certificaciones de servicios y remuneraciones y certificado de art. 80 LCT, y regula los honorarios de lo/as letrado/as intervinientes.-
La sentencia es recurrida por la parte actora a PE1525053-2024 y por la demandada CASINO CLUB S.A. a PE1863686-2025.-
VII. Al expresar los agravios la apoderada de la parte actora señala que resulta equivocada la conclusión del Juez de grado al sostener que Paola Noemí Buissen, no quiso conservar su trabajo, y generó el despido indirecto apresurado, pudiendo la misma trabajadora denunciar la enfermedad profesional, toda vez que el art. 1 del decreto nacional Nº 717/96 establece que el empleador está obligado a denunciar todo accidente de trabajo o enfermedad profesional y agrega que no resulta apresurada la notificación del despido indirecto por cuanto durante años soportó el maltrato con el solo sentido de no perder su trabajo, realizando innumerables reclamos que no fueron atendidos.-
Alega, que el Juez no valoró las declaraciones testimoniales donde se prueba el maltrato infligido a la actora y en donde se advierte que el padecimiento era público y notorio. Sostiene que dicho maltrato configuró injuria grave por parte del empleador, y habilitó a la trabajadora a colocarse en situación de despido indirecto (art. 242 de la LCT). Señala que el empleador incurrió en una clara violación del deber general de conducta previsto en los arts. 62 y 63 de la LCT, cita doctrina y jurisprudencia que hacen a su derecho y agrega que la patronal no realizó acto alguno tendiente a hacer cesar el hostigamiento por parte de la superior de la actora, y por ello resulta responsable. Por último, enumera las causales, por las cuales la actora se considera gravemente injuriada y despedida por exclusiva culpa de la patronal, y afirma que el rechazo por parte del Juez del rubro despido indirecto del art. 245 LCT, resulta agraviante. Solicita que se revoque la sentencia, se haga lugar al rubro despido indirecto con todos sus alcances, se impongan costas al Casino Club S.A. y hace reserva del caso federal.-
VIII. Al expresar los agravios el Dr. Horacio Ernesto Conte Grand, apoderado del Casino Club S.A., sostiene que la sentencia en crisis incurre en un error al condenar a su representada al pago de los rubros presentismo y feriados durante el período en que la actora gozó de licencia por enfermedad inculpable. Expresa que el adicional por presentismo, conforme la resolución N° 91/2011, resulta ser voluntario y se aplica cuando el empleado tiene el mes completo trabajado, quedando excluido durante el goce de licencia por enfermedad y agrega que obligar a su representada a abonar dichos adicionales implica enriquecimiento sin causa.-
Se agravia además, por cuanto entiende que se realizo una incorrecta apreciación de la prueba, toda vez que de las pruebas colectadas no surge de forma categórica el maltrato que dice haber sufrido la actora, y que no quedó demostrado el nexo causal entre el supuesto hostigamiento "mobbing" y el daño psiquiátrico sufrido, señala que existió una arbitraria valoración de la pericia psiquiátrica por cuanto omitió el Juez ponderar los elementos de la vida íntima de la actora, que pudieron desencadenar su malestar anímico psiquiátrico.-
Respecto al daño moral, se agravia por entender que se imputó a su representada incumplimiento contractual o comisión de ilícitos, extremos que no han sido acreditados, sino que, por el contrario, se demostró la diligencia de la empresa frente a la contingencia presentada por la actora. Afirma que no se probó que existiera una afectación a la personalidad y dignidad del trabajador, y además, se omitió considerar que la reclamante reconoció que la empresa delegó el asunto a la psiquiatra, en cumplimiento con la normativa aplicable, cuestión que reafirma el cumplimiento de las obligaciones de su representada. Cita doctrina que hace a su derecho.-
Por otro lado considera que la cifra fijada por el daño moral resulta desmedida y sin fundamentación. Señala que el art. 3 del Cód. Civ. y Com., exige una fundamentación razonable en las decisiones judiciales, cuestión que carece la sentencia por cuanto no detalla los criterios de cuantificación, ni explica los parámetros utilizados para determinar el monto de la condena, ni el sistema de determinación adoptado. Resalta que dicho artículo, establece de manera clara que la indemnización por daño moral debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden obtenerse con las sumas reconocidas por este concepto y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha adoptado este criterio en casos como "Baeza" y "Ontiveros". Expresa que no es procedente la responsabilidad por daño moral, pero, incluso si se aceptara la responsabilidad, el monto de la indemnización es excesivo y carece de justificación jurídica.- En otro orden, se agravia respecto de la fecha en que comienza a correr los intereses por la condena de daño moral. Señala que la sentencia determinó que los intereses sobre daño moral corren desde el 03/10/2016, debiendo proceder recién al momento de liquidar la sentencia. Afirma que la sentencia viola el principio de reparación integral sin lucro excesivo, que se enmarca en toda actualización de capital.-
Por último, hace reserva del caso federal, y solicita se revoque la sentencia en cuanto ha sido materia de agravios, con imposición de costas.-
A PE1948771-2025 se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.-
IX. Establecido ello corresponde ingresar al estudio de los agravios propuestos. En primer término habré de analizar los agravios de la actora.-
Para que proceda el despido indirecto, debe existir una causa justificada que implique la ruptura contractual, y además, el trabajador debe comunicar por escrito, cual es el proceder que pretende del empleador que denuncia, en qué plazo ello debe acontecer y que sucederá en caso de incumplimiento. Resulta claro que, para la actora, la omisión por parte de la patronal en denunciar la enfermedad profesional resultó ser la causa por la que se configuro una injuria grave, ello deviene de la comunicación obrante a fs. 117, en donde la actora intimó al Casino Club S.A., (conf. art. 31 ley 24557 inc. 2.c), para que en el plazo de 48 horas, denuncie la enfermedad profesional a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo, bajo apercibimiento de considerarse despedida, es decir, la falta de comunicación, resulto ser una injuria invocada.
Sumado a ello, la actora, en su expresión de agravios refiere que el art. 1 del decreto nacional Nº 717/96 establece que el empleador está obligado a denunciar todo accidente de trabajo o enfermedad profesional. Ahora bien, más allá de que la demandada rechazó la existencia de la enfermedad profesional en su contestación de fs. 118, la comunicación de la supuesta enfermedad profesional pudo ser realizada por la propia actora, ello es así, en tanto, si bien la ley 24557 nada dice sobre la posibilidad de que sea el trabajador quien pueda realizar la denuncia, pero tampoco lo prohíbe, además, el propio decreto 717/96, invocado por la recurrente, expresa en su art. 2, que puede el trabajador efectuar la denuncia del accidente de trabajo o enfermedad profesional.
Por otro lado, la actora entiende que de la prueba producida quedo demostrado el maltrato sufrido, siendo esa injuria grave causa suficiente para colocarse en situación de despido indirecto. Ahora bien, siguiendo con lo referido en el párrafo anterior, dicha causa, no fue invocada por la recurrente como causal de despido indirecto en la comunicación efectuada mediante el telegrama ley Nº 091837112 (fs. 117), y al respecto, es necesario dejar en claro que el art. 243 LCT, consagra el principio de invariabilidad de la causa de despido, es decir, una vez invocada, no puede luego modificarse. Dice Mario E. Ackermman “… ni el trabajador en su demanda, ni el empleador en la contestación podrán sumar nuevas causales a las que éste invocó en un despido disciplinario o aquél en un despido indirecto.
La invocación de la causa tiene, así, un carácter irrevocable e inmodificable para ambas partes…” (La extinción de la relación de trabajo, segunda edición ampliada y actualizada. Tº 1, pag. 267. Edit. Rubinzal Culzoni).- En definitiva, la actora invocó como causal de despido indirecto, la falta de comunicación de la enfermedad profesional, y no el maltrato sufrido, por ello, entiendo que resulta correcta la apreciación del juez en cuanto a que la injuria invocada por la actora no reviste entidad suficiente para considerarse despedida de la manera indirecta (arts. 242, 243, y 246 LCT).-
Por estas razones no deben prosperar los agravios de la actora.-
X. Ingresando al estudio de los agravios propuestos por la demandada CASINO CLUB. S.A. Respecto al pago de los rubros presentismo y feriados, entiendo que este agravio no puede prosperar, ello en razón de que invoca la resolución N° 91/2011 de la Secretaria de Trabajo, resolución que resulta aplicable para el personal de enfermería de los sectores de terapia intensiva y unidad coronaria. Además, el trabajador que sufre de una enfermedad o accidente inculpable, debe mantener su nivel de ingresos durante el período de licencia, conforme lo dispuesto por el art. 208 LCT. Debe tenerse en cuenta también, que ambos rubros fueron en todo momento percibidos por la actora, -conforme los recibos de haberes acompañados- y por ello deben integrar la remuneración del trabajador a los fines del cómputo de que se trata, toda vez que revisten carácter de normalidad y habitualidad, por lo que no puede desconocerse la naturaleza salarial de dichas prestaciones. Por ello, entiendo que resulta correcta lo dispuesto por el Juez de grado en la sentencia recurrida, rechazando el agravio.- En otro orden, se agravia la demandada por entender que las pruebas colectadas no demostraron el maltrato alegado por la actora y el nexo causal entre el supuesto hostigamiento y el daño psiquiátrico sufrido, por lo que nono correspondería la indemnización del daño moral.-
En este aspecto los agravios no alcanzan a conmover la solución brindada en la sentencia de grado. La causa que origina el reclamo extrapatrimonial es conocida como “mobbing” entendiendo ello como una situación en la que se ejerce violencia psicológica sobre una persona, por un tiempo determinado, en forma sistemática donde se tiene como fin último lograr aislar a la víctima. Las medidas de prueba producidas dan cuenta de la existencia de estos hechos. Así, se tiene en cuenta el expediente remitido por el Ministerio de Gobierno, Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, que da cuenta de la denuncia de la actora, el detalle de las circunstancias de modo, tiempo y lugar a que se refiere; las comunicaciones mediante telegrama; los certificados médicos; el informe obrante a PE440656-2022, del médico psiquiatra Dr.
José Padilla Olivera, y el informe obrante a PE1202360-2023 de la psicóloga, Lic. Norma Beatriz Calderón, (cuyo rigor científico se analiza en los términos del art. 455 del CPCC), que dan muestra que la patología sufrida por Paola Noemí Buissen tiene vinculación con la relación de trabajo; y por último se valora en este contexto las pruebas testimoniales, como la declaración testimonial de Cristina Lemos (PE1308871-2024) que refiere que “… en varias ocasiones vi como se la trataba por ahí mal,… tenía varias quejas en relación al maltrato que sufría …vino la encargada y le hablo muy mal… no eran contestaciones ni modos … no lo sacaban ni siquiera para ir al baño…” y el testimonio de Mónica Ruz, (PE1308882-2024) que expresa “… la veía muy deprimida… la veía que pasaba muy malos ratos… de parte de una encargada había malos tratos con ella… la trataba mal en sala, a veces la llamaba al descanso y la trataba mal …”.- Entiendo que las características propias de la violencia laboral se encuentran configuradas en estos autos, además, existe un marco legal concreto que impone una metodología en la resolución del caso, cual es la ley 26.485, la que en su art. 6 inc. c) dice: “Violencia laboral contra las mujeres:… incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral”.
Tengo por acreditado que los reiterados comportamientos de Claudia Pedrazzi, encargada de sala de la empleadora, llegaron a ser lesivos de la integridad de la actora, por actos de maltrato, persecución y hostigamiento, revistieron la condición de reiterados y consiguieron que Paola Noemí Buissen, se aparte de su lugar de trabajo, y comience con su padecimiento psiquiátrico constituyendo los rasgos característicos del acoso o “mobbing”. Recuerdo que la ley 26.485 y la Convención de Belem do Pará, incorporan con mandato constitucional la identificación de estas situaciones con una perspectiva hacia la parte más débil de la relación jurídica, hacia grupos minoritarios o excluidos que se deben interpretar con mucho mayor énfasis en la actividad jurisdiccional que nos es propia, razón por la cual los estándares probatorios "tradicionales" no pueden dejar de lado la visión concreta del caso con la perspectiva referida.- Ahora bien, con respecto al daño moral, recordemos que el empleador, debe brindar a su dependiente seguridad, es decir, preservación de su integridad física y salud psíquica, garantizando las condiciones dignas y equitativas de labor (art. 14 bis, CN), debiendo respetar su integridad psíquica y moral (art.4. b, Convención Belén do Pará), y proteger su salud (art. 3. b, Ley N° 26485).
Teniendo acreditado el maltrato sufrido por la actora, así como el daño psicológico sufrido, no puede eximirse a la empleadora de su responsabilidad, ello en virtud de lo normado por el art. 1753 del Cod. Civ. y Com., que impone la obligación de reparar por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones, cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. Este supuesto de imputación de responsabilidad encuentra su fuente en lo que se llama la falta de vigilancia y se traduce en omisiones en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo. Tampoco puede desconocerse que el Casino Club S.A. empleadora tanto de Paola Noemí Buissen como de Claudia Pedrazzi, pudo haber tomado medidas para paliar esta situación denunciada, como modificar el lugar de trabajo de alguna de las personas involucradas, realizar un llamado de atención, realizar actuaciones internas y buscar cualquier otro tipo de soluciones.
Cabe aclarar que si bien la situación descripta no fue debidamente configurada como causal de despido, existió en el transcurso de la relación laboral y no puede soslayarse.- Cuantificación del daño e intereses. La actora en su escrito de demanda no especifico el monto requerido. Ahora bien, la angustia, sufrimiento psíquico, falta de apetito, ansiedad oral, pesadillas, dificultades para conciliar el sueño, fobia al momento de transitar por la vereda del Casino Club, entre otras emociones negativas, que vivenció, como las situaciones que le tocó padecer en el ámbito laboral merecen un resarcimiento económico. Este resarcimiento habrá de circunscribirse a lo que se denomina el daño moral, o no patrimonial como lo indica el Código Civil y Comercial.
Se ha decidido al respecto que "El daño moral, a su vez, es la dimensión no económica del perjuicio padecido por la víctima. Comprende el dolor sufrido por el daño, las molestias del tratamiento médico y la disminución afectiva que el perjuicio proyecta hacia el resto de la vida del afectado. Cualquier disminución física - una vez computados el daño emergente y el lucro cesante, y con total independencia de ellos - genera perjuicios que se advierten en el ámbito mental y afectivo (que en una época fue llamado moral) de la víctima: pena, incomodidad, desazón, sensación de disminución, frustraciones, dificultades para desempeñarse en los más diversos aspectos de la vida." (MÉNDEZ ALEJANDRO DANIEL C/ MYLBA S.A.
Y OTRO, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala: III, 28 de abril de 2008, Cita: MJ - JU - M - 36228 - AR | MJJ36228 |MJJ36228).- Los sentimientos no se encuentran en el comercio y por tal razón tampoco gozan de un valor en sí mismos, lo que impone una sana valoración en atención a la edad de la actora al momento del distracto (33 años), la cantidad de años por delante de vida laboral que restan, la duración de las acciones humillantes vividas, el tratamiento en salud mental que debió y debe someterse, lo informado por el perito al momento de expedirse sobre la incapacidad que generó en la reclamante (10%), se entiende ajustado establecer la suma de pesos quince millones ($ 15.000.000).
Suma que se establece a la fecha de esta sentencia debiendo aplicarse sobre dicho monto los intereses fijados en la sentencia de primera instancia, una vez que la demandada incurra en mora.- Por los argumentos hasta aquí desarrollados entiendo que la que la sentencia de autos es parcialmente justa y debe modificarse en los límites propuestos.-
XI. Las costas en la instancia deberán ser soportadas en el orden causado en atención a la forma que se resuelven los agravios (art. 68 CPCC, por remisión ley 1444).-
XII. Regular los honorarios de la Dra. Norma Beatriz Navarro (apoderada de la parte actora) y del Dr. Horacio Ernesto Conte Grand (apoderado de la parte demandada Casino Club S.A) en un 32 % de lo regulado en la instancia de grado, tanto para la parte actora como a la demandada Casino Club S.A (arts. 15, 16, 30 y ccs. ley 3950).-
En otro orden y toda vez que no se han regulados los honorarios en primera instancia del perito interviniente Dr. José Padilla Olivera, firme que sea la presente, hágase saber al magistrado interviniente que deberá proceder a la regulación de honorarios de dicho profesional (conf. art. 277 del CPCC por remisión del art. 121 Ley 1444, art. 46 inc. 5 Ley Uno, y art. 3 Ley 3950).-
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XIII. Que comparto los fundamentos y razones expuestas por la primer votante para llegar a la conclusión que expresa. Adhiero pues a su voto.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
XIV. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios interpuestos por la actora. 2º) Admitir parcialmente los agravios de la demandada. 3º) Modificar el monto por el que procede el pago por daño moral derivado de la violencia laboral que se determina en la suma de $15.000.000, conforme lo señalado en el punto X. 4º) Modificar la fecha en que comienzan a correr los intereses por mora en el pago del daño moral, conforme lo determinado en el punto X. 5°) Confirmar los restantes puntos del fallo que no fueron modificados. 6°) Imponer las costas en la instancia en el orden causado. 7°) Regular los honorarios de la Dra. Norma Beatriz Navarro (apoderada de la parte actora) y del Dr. Horacio Ernesto Conte Grand (apoderado de la parte demandada Casino Club S.A) en un 32 % de lo regulado en la instancia de grado, tanto para la parte actora como a la demandada Casino Club S.A (arts. 15, 16, 30 y ccs. ley 3950). 8°) Tener presente la reserva del caso federal. 9º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
XV. Que considerando justa y equitativa la propuesta formulada, adhiero al voto que antecede.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 12 de diciembre de 2025.-
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial:
1. Rechazar los agravios interpuestos por la actora.- 2º) Admitir parcialmente los agravios de la demandada y confirmarla en lo restante.- 3º) Modificar el monto por el que procede el pago por daño moral derivado de la violencia laboral que se determina en la suma de $15.000.000, conforme lo señalado en el punto X.- 4°) Modificar la fecha en que comienzan a correr los intereses por mora en el pago del daño moral, conforme lo determinado en el punto X.- 5°) Confirmar los restantes puntos del fallo que no fueron modificados.- 6º) Imponer las costas en la instancia en el orden causado.- 7°) Regular los honorarios de la Dra. Norma Beatriz Navarro (apoderada de la parte actora) y del Dr. Horacio Ernesto Conte Grand (apoderado de la parte demandada Casino Club S.A) en un 32 % de lo regulado en la instancia de grado, tanto para la parte actora como a la demandada Casino Club S.A (arts. 15, 16, 30 y ccs. ley 3950).- 8°) Hacer saber al magistrado de grado que deberá regular los honorarios del Dr. José Padilla Olivera.- 9°) Tener presente la reserva del caso federal.- 10º) Registrar, notificar y oportunamente devolver a la instancia de grado.- El Dr. Humberto Eduardo Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes. Fdo. Griselda I. Bard- Jueza de Cámara- Presidenta; Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. - Protocolización: A201071S.251 Tomo: CIV Sentencia: 3167 Folio Nº: 140/147 Secretaria: 1
Fin de la sentencia