Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar íntegramente las resoluciones apeladas, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-17136010-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 18 de Febrero de 2026 En el día de la fecha, se reúnen los miembros de la Sala "C" del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación), para resolver el expte. 38.496-I, caratulado: “BULJEVICH, AUGUSTO” s/ recurso de apelación", El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs. 679/685vta. se interpuso recurso de apelación contra la Res. 119/2013 que determinó de oficio el impuesto al valor agregado (en adelante IVA) de los períodos 3 a 12/2009, estableció una disminución del saldo a favor por los períodos 3 a 7/2009 e intimó el pago con más intereses resarcitorios por los períodos 8 a 12/2009 y difirió la aplicación de la sanción por tales períodos (cfrme. art. 20, ley 24.769, vigente al momento de los hechos); la Res. 120/2013 que determinó de oficio el impuesto a las ganancias (en adelante IG) del ejercicio 2009, intimó su pago con más intereses resarcitorios y difirió la aplicación de la sanción (cfrme. art. 20, ley 24.769, vigente al momento de los hechos); y la Res. 121/2013 que determinó el impuesto sobre los bienes personales (en adelante ISBP) del ejercicio 2009, intimó su pago con más intereses resarcitorios y aplicó una multa del 80% del monto dejado de ingresar (cfrme. art. 45, ley 11.683, texto vigente al momento de los hechos).
El actor planteó la nulidad de las resoluciones apeladas por considerar que se violó su derecho a una decisión fundada, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 1, inc. "f", apartado "c"; 7, inc. "b" y 14, inc. "b", de la ley 19.549. Agregó que en forma arbitraria el juez administrativo rechazó la prueba que ofreció al contestar la vista conferida y, en particular, omitió toda mención a la prueba testimonial, lo cual vulneró su derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de la CN.
Respecto de la cuestión de fondo, aseveró que puso a disposición de la fiscalización la documentación comercial respaldatoria, la cual afirmó, reúne todos los requisitos legales para su validez. Agregó que el fisco no cuestionó los medios de pago ni la veracidad de las operaciones declaradas.
En relación a la impugnación de ingresos "exentos o no gravados" reconoció que cometió un error en la confección de la DDJJ del IG. Agregó que, no obstante, de la realidad fáctica de las operaciones se desprende que no se trata de ingresos exentos ni gravados, sino de un bien automotor que adquirió de la nuda propiedad de una casa habitación junto con la declaración de la tenencia de dinero en efectivo. Afirmó que en lugar de haberlo declararlo como ingresos exentos debió haberlo incluido en el patrimonio al cierre del ejercicio. Sostuvo, además, que estos conceptos no son constitutivos ni de rentas gravadas omitidas, ni de rentas exentas que puedan dar lugar al nacimiento del hecho imponible en el IVA, como lo pretende el fisco al trasladar estos conceptos a ese impuesto. Al respecto, afirmó que la prueba pericial contable que ofreció permitiría corroborar esta afirmación.
Respecto de la impugnación del pasivo que declaró tener con Martínez Hnos. S.H., relató que el fisco sustentó su impugnación en la respuesta que obtuvo de este proveedor tras circularizarlo y señaló que en dicha contestación no consta aclaración de firma, ni tampoco la leyenda prevista en el art. 28, párr. 2, del dec. 1397/1979. Agregó que ese documento no contiene la aptitud legal necesaria para tomarla como válida.
Arguyó que el fisco nada objetó de las ventas que realizó y manifestó que no surge del Cuerpo de Inspección que merecieran observación alguna. Planteó que si las ventas que realizó no fueron cuestionadas, se infiere que fue necesario comprar en las cantidades necesarias para poder realizar su posterior reventa. Afirmó que un análisis económico básico indica que para poder vender, primero debió haber comprado la materia prima para su posterior reventa. Ante esto, concluyó que las compras existieron y en las cantidades necesarias para la producción vendida.
Afirmó que la rentabilidad que tendría la explotación comercial que lleva adelante, luego de la impugnación de los créditos fiscales, y que se refleja en la DDJJ pro forma confeccionada por la inspección, alcanzaría un porcentual del 92%. Explicó que no existe actividad alguna de fuente nacional que arroje tal rentabilidad. Añadió que, si se compara esa rentabilidad con el promedio de la región, se obtiene una ratio de diferencia de más del 72,7%, situación que entendió irrazonable.
Con relación al ISBP afirmó que la determinación debe rechazarse, pues la prueba que incorporó el fisco tiene distintos vicios que afectan su validez como tal, por lo que, a la conformación de la base imponible de este tributo, debe incluírsele el pasivo de $150.000.
Finalmente, citó jurisprudenciay solicitó que se revoquen las resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 704/713vta. el fisco contestó el traslado conferido, acompañó los antecedentes administrativos de la causa (en adelante aa) y solicitó que, oportunamente, se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas.
III. Que a fs. 735/735vta. se abrió la causa a prueba. A fs. 783 se dio por decaído el derecho de la actora a producir la pericial contable y a fs. 799 la prueba informativa, por no haber instado su producción, se clausuró el período probatorio y se elevaron los autos a consideración de la Sala “C”. A fs. 805 se pusieron los autos para alegar. A fs. 814/816vta. obra el alegato del fisco, no habiendo hecho uso de su derecho la actora. Finalmente, a fs. 818 se pasaron los autos para dictar sentencia.
IV. Que debo señalar que este Tribunal no se encuentra obligado a tratar todos y cada uno de los argumentos brindados por las partes, sino solo aquellos que resultan necesarios para emitir un pronunciamiento válido (Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970, entre otros), ni tampoco a ponderar exhaustivamente todas y cada una de las pruebas producidas en la causa, sino sólo aquellas que se estimen conducentes para fundar las conclusiones a las que se arriba (Fallos 321:1776 entre otros).
V. Que por una cuestión de lógica precedencia, corresponde pronunciarme primeramente sobre el agravio de nulidad articulado por la actora. En este sentido, sostuvo que el juez administrativo no sólo denegó la prueba que ofreció al contestar la vista, sino que, en particular, omitió tratar la prueba testimonial relacionada con el pasivo declarado.
Al respecto, cabe tener presente lo dicho por nuestro más Alto Tribunal, en cuanto a que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origine el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se vio privado de oponer el impugnante, debiendo, además, ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (Fallos 318:1798, 324:151, entre otros).
Así, del análisis de los actos apelados, como de las actuaciones seguidas por el ente recaudador, surge que contiene los elementos jurídicos formales y sustanciales (cfme. art. 7°, ley 19.549), y se cumplieron los procedimientos establecidos para su emisión, posibilitándose al actor conocer la pretensión fiscal y elaborar una defensa adecuada, no vislumbrándose que el juez administrativo se haya apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundan las resoluciones apeladas, ni que haya existido agravio alguno a su derecho de defensa. En este sentido, de la lectura de las actuaciones administrativas se aprecia que una vez concluida la fiscalización se le corrió “vista” a la recurrente en cada uno de los impuestos apelados, las cuales contestó y ofreció prueba, la que, si bien luego fue rechazada, no afectó la legitimidad de los actos. Por su parte, es doctrina pacífica de este Tribunal que la prueba no admitida en sede administrativa, puede ser ofrecida ante esta instancia, lo que ocurrió en la presente causa, en la que el recurrente propuso las medidas que estimó conducentes para esclarecer los hechos controvertidos, sin que se advierta entonces en qué medida se vio afectada la garantía del debido proceso adjetivo, puesto que para ello, es preciso que el vicio coloque a la parte en estado de indefensión, lo que no ocurrió en el caso. Adviértase que este Tribunal ordenó la producción de la prueba ofrecida por el actor y en consecuencia se produjo la testimonial que luce agregada a fs. 766, pero no produjo la pericial contable, ni la informativa; por lo que se le dio por caído el derecho a su producción.
Por ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad articulado por la actora.
Con relación a las costas, si bien el agravio fue tratado previamente, lo cierto es que no fue articulado por la recurrente como excepción en los términos del art. 171 de la ley 11.683, sino como una defensa más contra los actos apelados y con la finalidad de obtener su revocación, por lo que, al no haberse generado una actividad procesal autónoma, no corresponde imposición de costas alguna a su respecto.
VI. Que en relación al fondo del asunto, de las actuaciones administrativas y en especial del informe final de inspección (en adelante IFI) (v. Cpo. de Inspección, fs. 118/123, aa) y de las resoluciones apeladas, surge que la actora se encuentra inscripta bajo las actividades "Servicio inmobiliario realizado por cuenta propia con bienes propios o arrendados N.C.P." y "Venta al por menor en kioscos, polirrubros y comercios no especializados N.C.P".
El cargo tuvo su origen en un incremento patrimonial informado por el Distrito Villa María, por el cual se debió analizar el origen de los fondos que lo sustentaban.
Los inspectores relataron que fue considerado como año base el 2009 debido a que el análisis de la DDJJ del IG sólo reveló movimientos a partir de ese año. A su vez, observaron que del desagregado de los ingresos exentos o no gravados surgieron conceptos inentendibles y sumas relevantes que debieron dilucidar, como ser, "ajuste existencia de efectivo", "donación Mercedes Benz", "donación V. Sarsfield" y "deudas comerciales". Respecto a este último, informaron que su acreedora, Martínez Hnos. S.H., en las últimas evaluaciones del Sistema de Percepción del Riesgo (SI.PE.R.) fue mal calificada en virtud de que "no registra solicitud de confección de facturas", además de "reiterados cambios de domicilio". Ante esto, se requirió la documentación necesaria para el desarrollo de la auditoria, poniendo el actor a disposición solamente los libros de IVA compras e IVA ventas. A su vez, se le requirió la documentación de respaldo de la deuda que consignó, en particular con Martínez Hnos. S.H., ante lo cual no aportó comprobantes que justifiquen tal pasivo. En consecuencia, a fin de establecer su veracidad, se circularizó a Martínez Hnos. S.H., que informó que el saldo de la cuenta corriente con el actor al 31/12/2009 era de cero pesos, pues operaba de contado. Fue entonces que los inspectores calificaron a esta deuda como un incremento patrimonial no justificado, al no haberse comprobado su origen.
Ello así, con relación al IG, el actor, ante la fiscalización, no justificó las razones por las que le concedió el carácter de "exentos" a los conceptos “ajuste existencia efectivo”, “donación Mercedes Benz” y “donación V. Sarsfield”, ni aportó documentación respaldatoria alguna, por lo que se los incorporó a los ingresos gravados, prorrateándolos entre los ingresos de las primera y tercera categorías en función de lo declarado. Respecto al pasivo declarado, pero no justificado, el fisco entendió que atento a la presunción dispuesta por el art. 18, inc. "f" de la ley 11.683, la ganancia neta del ejercicio 2009 quedó constituida por el importe de ese pasivo, más un 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. Así, el fisco incorporó esa ganancia neta a los ingresos declarados de la tercera categoría. Luego, sumados los ingresos declarados y los omitidos de ambas categorías, se determinó el nuevo monto de resultado neto, al que se le restaron las deducciones generales declaradas por el recurrente. A efectos de determinar la ganancia neta sujeta a impuesto, se restó el importe declarado de deducciones personales computables y sobre dicho importe se aplicó la alícuota vigente al momento de los hechos. Finalmente, se proyectó la DDJJ rectificativa del IG con saldo a favor del fisco.
En resumen, en la DDJJ rectificativa proyectada por el fisco respecto del IG por el ejercicio 2009, se impugnó el pasivo correspondiente a Martínez Hnos. S.H. y se gravaron los ingresos consignados como exentos, al carecer de justificación.
En el IVA, se dispuso que el total de los ingresos omitidos declarar (los correspondientes a la 3ra. categoría en el IG y el monto del pasivo declarado con Martínez Hnos. S.H. con más su 10% de renta dispuesta o consumida) se prorrateen mensualmente entre 8 a 12/2009, en la misma proporción en que fueron declarados por el actor al confeccionar la DDJJ original del IVA, aplicándose la alícuota del gravamen para su actividad gravada y arribando, de ese modo, al importe del débito fiscal omitido para cada uno de esos meses. Respecto del crédito fiscal declarado, se impugnaron los importes computados por el actor en 3 y 5 a 12/2009, ante la falta de respaldo documental. Finalmente, derivado de estos ajustes, se eliminó el "saldo a favor del período anterior" computado originalmente en 4/2009. Es así que el fisco proyectó las DDJJ rectificativas de los períodos 3 a 12/2009, con saldo a su favor en los períodos 8 a 12/2009 y saldo "cero" en los períodos 3 a 7/2009.
En lo tocante al ISBP, una vez impugnado el pasivo con Martínez Hnos. S.H., el fisco modificó la composición patrimonial, que se incrementó en un mayor valor, al computar los "objetos personales y del hogar", cuyo monto no puede ser inferior al que resulte de aplicar el 5% sobre la suma del valor total de los bienes gravados situados en el país. De esta manera, arribó al total de bienes gravados por el impuesto para el ejercicio 2009, conformado por los conceptos: inmueble, automotores, patrimonio de empresa o explotación unipersonal, dinero en efectivo y bienes personales y del hogar. Finalmente, aplicó la alícuota vigente del impuesto al momento de los hechos yproyectó la DDJJ del ISBP.
VII. Que a fin de tratar los agravios del actor respecto del método empleado por el fisco para determinar los gravámenes de autos, cabe puntualizar que a los fines de seguir el procedimiento de determinación de oficio, el fisco puede utilizar dos modalidades: practicarla sobre base cierta o en forma directa, o bien, sobre base presunta o por estimación.
La ley 11.683 fija un orden de prelación cronológico, pues sólo puede recurrirse a la determinación sobre base presunta en los supuestos en que no disponga de todos los antecedentes relacionados con el presupuesto fáctico que origina la obligación tributaria, tanto en cuanto a su existencia, como respecto de su significación económica (vgr. inexistencia de registros contables, o cuando los mismos presentan notorias deficiencias, documentación inexistente o no fehaciente, etc.), tornando imposible su apreciación inmediata. Ello así, en estos supuestos, al fisco sólo se le permite presumir la existencia y magnitud de la obligación tributaria cuando le resulte imposible hacerlo sobre base cierta y precisa. En suma, la Administración debe agotar los medios que le permitan reconstruir la materia imponible de modo directo, para recién –frente a los supuestos antes enunciados- recurrir al método indiciario/presuntivo, expuesto como subsidiario del anterior.
De los antecedentes administrativos de la causa que fueron relatados en el considerando anterior, se desprende que el fisco dio acabado sustento al mecanismo presuntivo utilizado para practicar las determinaciones de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 18 de la ley 11.683, al no haber justificado la actora, ni aportado documentación respaldatoria, el pasivo declarado con Martínez Hnos. S.H., llevándolo a presumir la existencia de ventas y rentas no declaradas en el IG y en el IVA, con más el 10% de renta consumida y, modificando la composición patrimonial en el ISBP, teniendo el recurrente la posibilidad de acompañar, en esta instancia, la prueba conducente que haga a su derecho, para desvirtuar los dichos de la Administración, resultando las presunciones legales utilizadas por el fisco de carácter iuris tantum.
VIII. Que corresponde recordar que las resoluciones de la AFIP, como todo acto administrativo, gozan de presunción de legitimidad (cfme. art. 12, ley 19.549), incluso las determinativas de oficio (Fallos 328:3720), por lo que en la etapa de revisión del acto, la carga probatoria se desplaza al contribuyente o responsable.
Ello así, resulta aplicable la regla del “onus probandi incumbit et qui dicit” (la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos), receptada por el art. 377 del CPCCN que dispone que cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de aquello que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. En este sentido. debe recordarse que si bien este Tribunal, conforme al art. 164 de la ley 11.683, posee “...amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes...”, es jurisprudencia pacífica que en materia de prueba ello no implica llegar al extremo de reemplazar o suplir a la parte remisa o descuidada en la defensa de sus derechos, en violación del principio de igualdad procesal.
Con relación al pasivo declarado por el recurrente con Martínez Hnos. S.H., a fs. 766 obra la declaración testimonial al Sr. Miguel Alberto Álvarez, propuesto por el actor para acreditar la existencia del mismo. El Sr. Álvarez declaró ser contador y comerciante independiente, sin brindar mayores precisiones. Cabe puntualizar que este testigo fue ofrecido por tratarse del representante legal de Martínez Hnos. S.H., representación que no fue acreditada al celebrarse la audiencia. Adujo conocer al actor por su padre, del Club Sarmiento. También reconoció ser acreedor del actor por $150.000 con causa en un préstamo que, según sus afirmaciones, fue celebrado en 2009. A su vez, aclaró que, si bien esta acreencia la agregó a su DDJJ como crédito a su favor, incurrió involuntariamente en un error respecto al número de la CUIT que consignó.
Ahora bien, ante este testimonio corresponde reiterar que en virtud de las tareas de fiscalización efectuadas, el fisco observó el pasivo que el recurrente declaró tener con Martínez Hnos. S.H. durante el año 2009 por $150.000 por "deudas comerciales" y no con Miguel Alberto Álvarez, habiendo acompañado sólo las facturas emitidas por esa sociedad de hecho —conformada por los Sres. Ramón E. Martínez y Miguel E. Martínez— por la venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas (v. fs. 96, 107, 117, entre otras). Además, de la circularización efectuada a Martínez Hnos. S.H. para que informe el saldo deudor o acreedor de la cuenta corriente que mantenía con el recurrente al 31/12/2009, respondió que el saldo a esa fecha era de 0 pesos "pues operaba al contado" (v. del Cpo. "Circularización al proveedor", fs. 2/4, aa). A pesar de calificar a esta respuesta de “inválida”, el actor no pudo desvirtuar la afirmación allí contenida y mucho menos con el testimonio del Sr. Álvarez, en el que no acredita ninguno de sus dichos.
Al respecto, debe hacerse hincapié que en materia fiscal la mera prueba testimonial posee un valor probatorio acotado si no se la refuerza con otra probanza (documental, informativa, etc.) que la acompañe. Esto es, por sí sola la prueba testimonial no puede considerarse como conclusiva del hecho alegado y cuestionado.
Resulta entonces que, respecto a la alegada existencia de un contrato de mutuo y, tal como lo ha dicho la CSJN en Fallos 334:249, debieron observarse los arts. 1034, 1035 y 2246 del CC –vigentes al momento de los hechos-. El último disponía que “el mutuo puede ser contratado verbalmente, pero no podrá probarse sino por instrumento público, o por instrumento privado de fecha cierta, si el empréstito pasa el valor de diez mil pesos”. En efecto, en los términos del derogado Código Civil, de no existir instrumento público o privado de fecha cierta, el contrato sería inoponible a terceros, por no reunir ninguno de los supuestos dispuestos por el art. 1035 de dicho cuerpo legal.
Ahora bien, ante la ausencia de instrumentos que acrediten en forma indubitable el préstamo, la prueba tendiente a comprobar la realidad de la operación debe ser fehaciente, esto es, debe acreditarse la secuencia completa de la operatoria, lo que implica también acreditar la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, su entrega al deudor, la aplicación por parte de éste y, si fuera del caso, su posterior restitución, aspectos que no han sido acreditados en autos.
Ello así, corresponde tener por no acreditada la existencia del pasivo declarado por el actor con el proveedor Martínez Hnos. S.H.
Respecto de la impugnación de los ingresos exentos o no gravados (ajuste de existencia de efectivo, donación de Mercedes Benz y Donación V. Sarsfield), debe observarse que tampoco en esta instancia el actor presentó la correspondiente documentación respaldatoria. Es más, la prueba informativa que ofreció con el objeto de desvirtuar este ajuste, fue tenida por decaída a fs. 799 por no haber sido instada su producción.
Es decir, el recurrente no logró acreditar con medios probatorios idóneos la defensa presentada ante este Tribunal en su escrito de apelación, ni mucho menos revertir el criterio que el fisco utilizó al determinar de oficio el IG, el IVA e ISBP.
En este sentido, debo recordar una vez más que si no se logra cumplir con la carga de probar lo que se invoca, se corre el riesgo de que el reclamo sea denegado (Fallos 332:1367). En efecto, es a cargo de quien afirma un hecho la prueba de su existencia cuando pretende fundar en él un derecho (Fallos: 217:635), toda vez que la carga de la prueba es el imperativo que pesa sobre cada uno de los litigantes para que acrediten la verdad de sus afirmaciones, mediante su propia actividad, si quieren evitar la pérdida del proceso.
Por ello, teniendo en consideración el análisis expuesto ut supra y, teniendo presente que, si bien el actor ofreció prueba ante este Tribunal, la que fue aceptada y ordenada su realización, luego, no instó su producción, con lo cual se la tuvo por desistida, con la salvedad de la prueba testimonial que obra a fs. 766 y que fue tratada en el Considerando VIII. Por ello, debe concluirse que el recurrente prescindió de aportar elementos suficientes que justifiquen las discrepancias observadas por el fisco en el pasivo declarado con Martínez Hnos. S.H. y en los conceptos de ingresos exentos o no gravados en el IG, por lo que cabe confirmar los ajustes practicados, con costas.
IX. Que ello así, no habiendo el actor expresado agravio alguno respecto de la liquidación de los intereses resarcitorios reclamados, corresponde que los mismos sean confirmados, con costas, toda vez que se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley 11.683.
X. Que con relación a la sanción impuesta en el ISBP, cabe destacar que el art. 45 de la ley 11.683 (vigente al momento de los hechos) en su parte pertinente disponía que "El que omitiere el pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas, será sancionado con una multa graduable entre el cincuenta por ciento (50%) y el ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable."
A los fines de la configuración de la infracción tipificada por este artículo, corresponde observar el elemento material u objetivo, consistente en la omisión del pago del impuesto al vencimiento de la DDJJ, mediante la falta de presentación o por ser inexactas las presentadas.
Como se desprende de los considerandos que anteceden, debe tenerse por acreditado el elemento objetivo o material de la sanción impuesta.
Ello así, corresponde analizar el elemento subjetivo teniendo en cuenta la figura legal imputada por el ente fiscal.
Con relación al aspecto subjetivo, la CSJN tiene dicho que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos 271:297, 303:1548, 312:149, entre tantos otros). Si bien es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona realizó una conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos 316:1313, 320:2271).
Al respecto, debe señalarse que el Máximo Tribunal admitió al error excusable como eximente de responsabilidad cuando éste resulta de los extremos fácticos del caso, cuya valoración corresponde exclusivamente a los jueces de la causa (Fallos 292:195; 327:5345, entre otros), instituto receptado por el actual art. 50.2 de la ley 11.683 (texto según ley 27.430, BO 29/12/2017).
En este sentido, si bien la figura culposa del art. 45 de la ley 11.683 admite expresamente como eximente al error excusable, su existencia debe ser fehacientemente probada por el presunto infractor, lo cual no ocurrió en el caso de autos, al no haber sido alegado por la actora.
Corresponde entonces confirmar la multa aplicada, con costas.
La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto del Vocal preopinante.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar íntegramente las resoluciones apeladas, con costas.
Se deja constancia de que este pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “C”, conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos de la causa y archívese.
Date: 2026.02.18 15:49:09 -03:00 Date: 2026.02.18 17:22:35 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.02.18 17:22:35 -03:00
Fin de la sentencia