Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 3 de San Nicolás · Causa SN-9762-2026
En la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, a la fecha de firma digital, se reunieron en la Sala de Acuerdos del Tribunal del Trabajo Nº 3 sus magistrados titulares, a efectos de dictar sentencia en la causa N° 9762-2026; practicado el sorteo de ley, el mismo arrojó el siguiente orden de votación: Dres. Nicolás Eduardo Aparisi, Diógenes C.D. Toraf y Claudia L. Pérez Herrera; estudiados los autos, de acuerdo con los términos de la litis y la prueba producida, se considera pertinente plantear y votar las cuestiones que separadamente se exponen a continuación (art. 57 de la ley 15057)
1. ¿Se probó la existencia de labores extrajudiciales efectuadas por el letrado accionante, la intervención de la accionada en dichos trámites y el carácter de sujeto pasivo de la aseguradora demandada?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. Aparisi dijo:
1. Se presentó el Dr. Francisco P. Bulla alegando derecho propio y patrocinado por el Dr. Joaquín B. Quadranti, promoviendo demanda contra Federación Patronal Seguros SAU solicitando que le sean regulados sus emolumentos por las tareas desarrolladas en sede administrativa, concretamente, en el seno del Expte. Administrativo N° 529411/25 y conforme su actuación allí como letrado del dependiente de la empleadora asegurada por la accionada. Manifestaron que, en ese trámite, sustanciado en los términos del art. 1° de la ley N° 27348 ante la Comisión Médica 31-B, Delegación local y donde la aseguradora fue parte, se dictaminó que el afectado padece de una incapacidad laboral permanente y parcial (0,14%) fijándose el resarcimiento sistémico en la suma de $489.549,47, lo cual no fue aceptado por el trabajador. La demanda fue contestada por el Dr. de Felipe, quien se opuso al progreso de la acción.
Según el alcance del proceso, de cómo se trabó y de sus constancias, fuera de controversia se halla que el actor actuó durante el trámite administrativo de mentas, ante la Comisión Médica 31-B, Delegación local, donde la aseguradora fue parte, transitando, de tal modo la etapa administrativa previa y excluyente que norma el art. 1° de la Ley N° 27348. También, del Expte. citado (recibido vía oficio) se desprende el Dictamen correspondiente de donde surge que la afectada padece de una incapacidad laboral permanente y parcial (0,14%) que se valoró por la CM en la suma citada, rechazada por el trabajador.
2. Se verificó así que, a lo largo del trámite de mentas, la afectada contó con asistencia letrada -obligatoria- de los accionantes (art. 1°, de la Ley N° 27348) constando, asimismo, por último, la intervención del Servicio de Homologación actuante, despachándose el acto administrativo de estilo (Expte. cit.; cfr. Resol. SRT N° 298/17).
Ya sabemos que la necesaria y obligada asistencia letrada en el decurso del trámite ante la Comisiones Médicas Jurisdiccionales viene consagrada por la legislación específica (4° párrafo, art. 1° de la ley N° 27348) previéndose, asimismo -llegado el caso- el aseguramiento jurídico gratuito de parte del estado (Resol. SRT N° 298/17 y N° 319/17), en pos de garantizar el adecuado derecho de defensa del trabajador reclamante, máxime cuando su conformidad y consentimiento consagran la cosa juzgada administrativa (art. 2°, ley cit.; Toselli, Carlos y Marionsini, Mauricio: "Régimen integral de Reparación e Infortunios del Trabajo", Alveroni ediciones, 2017, pág. 523).
La requerida ha citado antecedentes de este colegiado, en pretenso sostén de su tesitura refractaria a la acción incoada; mas todos ellos corresponden a escenarios fácticos y jurídicos disímiles al de autos: vrg., en Expte. 8996-2026, se regularon 10 jus arancelarios retribuyendo lo actuado por parte del actor en CM (sentencia 15/9/2026); en autos N° 2379/2025, el rechazo provino de lo que surge de las constancias del Expte. SRT 477913/22 y en el Expte. N° 4071/2026, de lo que surge del sendero habido en CM (Expte SRT 28625/25). Ninguna inoficiosidad se advierte en autos, pues se logró una DIAPA donde sólo se hace constar la falta e acuerdo entre el dependiente y la ART, lo que en modo alguno habilita a introducirla en el conjunto de labores de linaje inoficioso, como se pretende en el responde.
El rol de obligada de la ART se halla fuera de duda (4° párrafo, art. 1°, ley cit.) cuestionando su alcance y legislación aplicable al respecto.
3. Dicho lo cual, en tarea de establecer la retribución por los trabajos emprendidos por los actores , probado el escenario fáctico referenciado, debemos acceder a la pretensión que integra el escrito introductorio, pues se acreditó suficientemente la tarea profesional, intervención que, además, se supone onerosa, con la sola excepción de las tareas que, por su índole, sean gratuitas o deban serlo, por una presunción legal o el acometimiento de la defensa de los pobres declarados tales (arg. arts. 5 y 58 inc. 2° ley 5177), extremos que no se verifican en el sub examine (Hitters- Cairo: "Honorarios de Abogados y Procuradores", Abeledo Perrot, 2011, pág. 29).
Acreditado el derecho a ser retribuido y la causa que sustenta su acción (art. 726, CCyC), propicio en consecuencia que su pretensión debe acogerse, del modo, con el alcance y según la norma que será cristalizado párrafos abajo.
Por último, no pudo emprenderse en el ámbito administrativo previo el gesto estipendial aquí pretendido, según la explícita prohibición que al respecto consagra el último párrafo del art. 37, Resol. N° 298/17.
Ha sido el propio reglamento de la ley N° 27.348 el que brindó la regla directriz bajo la cual corresponde regular en este tipo de reclamos, pues manda que se haga según los porcentajes previstos en las leyes arancelarias locales, según lo legislado al respecto en cada una de las jurisdicciones de que se trate (Resol. N° 298/17, art. 37; Molinaro, Marisa: "Procedimiento ante Comisiones Médicas Jurisdiccionales", edit. García Alonso, 2019, pág. 112).
4. Subrayo que no rige, en el caso, el cercenamiento estipendial que dispone el dec. N° 157/2018, limitado exclusivamente a la ley arancelaria N° 27.423 para abogados y procuradores de la Justicia Nacional y Federal.
Con todo ello, será de aplicación la ley arancelaria provincial (N° 14967) que proclama, desde su primer artículo, que tiene naturaleza de orden público, por cuanto era necesaria la intervención del letrado en el adecuado servicio de justicia, considerándose que los honorarios por tareas desplegadas -sea en juicio, sea en gestiones administrativas y extrajudiciales- se consideran remuneraciones de su trabajo profesional (art. 1°, ley 14967; Valdéz, Carlos: "Ley de Honorarios de Abogados y Procuradores de la provincia de Buenos Aires", Hammurabi, 2018, pág. 39).
5. Del sistema retributivo conjunto que surge de la aplicación del art. 37 de la Resol. SRT N° 298/17 y de las disposiciones de la ley 14.967, rigen en el caso las pautas conjuntas establecidas en los arts. 44 y 55 de dicha, que disponen cómo se mensuran las labores profesionales en trabajos extrajudiciales y administrativos. Así, las actuaciones ante organismos de la Administración Pública, centralizada o descentralizada serán retribuidas considerando el monto del asunto de que se trata, aplicándose la escala del art. 21 reducida en un 25%, no pudiendo ser inferior a 10 unidades jus (Valdéz, Carlos: "Ley de Honorarios de Abogados y Procuradores de la provincia de Buenos Aires", Hammurabi, págs. 200 y 235).
Con lo cual, careciendo de base regulatoria por haberse rechazado el guarismo detractivo y su congruo monto resarcitorio por parte del trabajador, hemos de regular al Dr. Bulla por dichas tareas 15 unidades jus (Res. SCBA 1517/26). Tal ha sido el criterio de este Tribunal para casos idénticos (merma dictaminada, monto del resarcimiento propuesto, rechazo del lesionado), por ejemplo, en autos N° 2892-2025, con el mismo actor e idéntica ART demandada que la de los presentes, y también en autos N° 2356-2025, N° 1493/2025 y N° 1534/2025 (todos cuyo sufragio naugural es de mi autoría).
Así lo voto
A LA SEGUNDA CUESTIÓN , el Dr. Aparisi dijo:
Corolario de todo lo expuesto, propongo al Acuerdo que accedamos a la demanda incoada por el Dr. Francisco P. Bulla contra Federación Patronal Seguros SAU y que fijemos los honorarios correspondientes a sus labores extrajudiciales desarrolladas en el trámite sustanciado ante la Comisión Médica N° 31B delegación local -Expte. 529411/25-en 15 unidades jus (SCBA, Res. 1517/26, arts. 21, 44 y 55 ley 14967), más sus aportes de ley e IVA en caso de corresponder, cuyo pago estará a cargo de la accionada, en el plazo del art. 54 (6° párrafo) de la ley 14967, quien asimismo cargará con las costas.
El abono de honorarios de profesionales, ajeno al art. 277 de la LCT, es decir, pago por el expediente, encontrándose además, inscriptos previsional e impositivamente según sea el caso, podrá ser canalizados por el medio de pago que consideren los involucrados conforme las imposiciones de costas y montos correspondientes, sin depósito en cuenta judicial.
El servicio de tasa de justicia deberá ser transferido o depositado de acuerdo a lo establecido por la Res. 761/2020 de la SCBA y la sobretasa de justicia transferida a la Cuenta Nº 12696/0.
Se deberá acreditar la cancelación de todos los servicios a los que fuera condenado dentro de los 5 días de efectuados los mismos mediante los comprobantes correspondientes, caso contrario no se dará por terminado el juicio correspondiente ni se levantarán de haberlas, medidas cautelares trabadas.
Regúlense los emolumentos del Dr. JOAQUÍN BAUTISTA QUADRANTI en la suma de dos jus con treinta y uno (2,31), equivalentes a $130.344; y los del Dr. EDUARDO DE FELIPE , en la suma de un jus con sesenta y uno (1,61), equivalentes a $90.845,86; ambos con mas sus adicionales de ley (arts. 14, 16, 21, 22, 23, 28, 43, 51 y 54 de la ley N° 14967; Res. 873/2026 de la SCBA) e IVA si correspondiere (arts. 3º, inc. e y 9º, ley 23349).
Con tal referido alcance, emito mi voto.
A las cuestiones planteadas, el Dr. Toraf adhiere al voto que antecede y lo hacen con el mismo sentido y alcance.
A las cuestiones planteadas, la Dra. Pérez Herrera dijo:
Adhiero a la solución propuesta en cuanto se sostiene la procedencia de la regulación de honorarios profesionales al Dr. Bulla, dejando a salvo que entiendo que debe ser mensurada su labor en 7 unidades JUS (cfr. SCBA, Res. 1517/26, arts. 21, 44 y 55 ley 14967), más sus aportes de ley e IVA en caso de corresponder.
Corolario de todo lo anterior, el Tribunal resuelve por mayoría:
Acoger la demanda incoada por el Dr. Francisco P. Bulla contra Federación Patronal Seguros SAU y que fijemos los honorarios correspondientes a sus labores extrajudiciales desarrolladas en el trámite sustanciado ante la Comisión Médica N° 31B delegación local -Expte. 529411/25-en 15 unidades jus (SCBA, Res. 1517/26, arts. 21, 44 y 55 ley 14967), más sus aportes de ley e IVA en caso de corresponder, cuyo pago estará a cargo de la accionada, en el plazo del art. 54 (6° párrafo) de la ley 14967, quien asimismo cargará con las costas (arts. 89, ley 15057; art. 68, CPCC).
El abono de honorarios de profesionales, ajeno al art. 277 de la LCT, es decir, pago por el expediente, encontrándose aquéllos además, inscriptos previsional e impositivamente según sea el caso, podrá ser canalizados por el medio de pago que consideren los involucrados conforme las imposiciones de costas y montos correspondientes, sin depósito en cuenta judicial.
El servicio de tasa de justicia deberá ser transferido o depositado de acuerdo a lo establecido por la Res. 761/2020 de la SCBA y la sobretasa de justicia transferida a la Cuenta Nº 12696/0.
En mérito al estado de autos y al monto de la sentencia (15 jus), los antecedentes de la causa, el valor, mérito, calidad jurídica de la labor desarrollada, regúlense los emolumentos del Dr. JOAQUÍN BAUTISTA QUADRANTI en la suma de dos jus con treinta y uno (2,31), equivalentes a $130.344; y los del Dr. EDUARDO DE FELIPE , en la suma de un jus con sesenta y uno (1,61), equivalentes a $90.845,86; ambos con mas sus adicionales de ley (arts. 14, 16, 21, 22, 23, 28, 43, 51 y 54 de la ley N° 14967; Res. 873/2026 de la SCBA) e IVA si correspondiere (arts. 3º, inc. e y 9º, ley 23349).
Se deberá acreditar la cancelación de todos los servicios a los que fuera condenado dentro de los 5 días de efectuados los mismos mediante los comprobantes correspondientes, caso contrario no se dará por terminado el juicio correspondiente ni se levantarán de haberlas, medidas cautelares trabadas.
Regístrese, notifíquese.
A continuación se transcribe:
ARTICULO 54 LEY 14.967: "Las providencias que regulen honorarios deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios a este podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley, con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación."
Firmas
Funcionario firmante: TORAF Diogenes Carlos David - JUEZ
Funcionario firmante: APARISI Nicolas Eduardo - JUEZ
Funcionario firmante: PEREZ HERRERA Claudia Lujan - JUEZ
Funcionario firmante: HERNANDEZ MORHAIN Santiago Tomas - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1633-2026
Fin de la sentencia