Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución 523/2016 (AD BABL), dictada en el Expte. Administrativo SIGEA 14930-192- 2014, que rechazó la solicitud de devolución de derechos de exportación en relación a la destinación de exportación 08003EC017621G, documentado por la firma BUNGE ARGENTINA S.A., con costas (art. 1163 del C.A.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-94944948-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 29 de Septiembre de 2026 APELACIÓN”
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez, Juan Manuel Soria, y Horacio Joaquín Segura (como subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14ª Nominación), con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término a fin de resolver en los autos caratulados: “BUNGE ARGENTINA S.A. c/DGA s/RECURSO DE APELACIÓN” EXPTE.37.276-A.:
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. La firma BUNGE ARGENTINA S.A se presenta por apoderado el 13.09.16 e interpone recurso de apelación a fs. 9/13 contra la resolución 523/2016 (AD BABL) dictada por el administrador de la Aduana de Bahía Blanca en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 14930-192-2014. Mediante tal resolución se resolvió rechazar la solicitud de devolución de derechos de exportación supuestamente pagados en demasía, por un monto total de $ 196.114,38.- pesos, en relación a la destinación de exportación 08003EC017621G. Explica que con motivo de la exportación de autos se vio obligada a tributar la alícuota aplicada por el SIM, la que fue del 28% de conformidad con lo establecido por la resolución MEyP 369/07.
Manifiesta que tal resolución y sus modificatorias son inconstitucionales por ser contrarias al principio de legalidad en materia tributaria, lo que según indica habría sido confirmado por la CSJN en el fallo “Camaronera Patagónica S.A.”. Aclara que el recurso solo comprende las sumas ingresadas por encima de la alícuota del 20% fijada por la resolución ME 35/02, atento a que tal resolución si obtuvo aprobación legislativa. Se expresa sobre el marco normativo aplicable, haciendo un raconto de la evolución normativa en cuanto a los derechos de exportación fijados para la mercadería objeto de autos, concluyendo que ninguna de las resoluciones dictadas con posterioridad a la resolución ME 11/02 tuvo ratificación legislativa posterior a través de una ley formal.
Sostiene que los derechos de exportación son impuestos y rige a su respecto el principio de legalidad en materia tributaria, que reserva al poder legislativo la facultad para crearlos. Cita doctrina y jurisprudencia que hace a su derecho. Luego, refiere puntualmente a la inconstitucionalidad de las leyes que prorrogaron la emergencia económica, luego indica que ninguna resolución que modificó las alícuotas fue ratificada por el congreso, por lo que no correspondía el pago del incremento de los derechos de exportación por encima del 20%. Agrega que ninguna de las normas invocadas en los considerandos de dichas resoluciones contenía una clara política legislativa sobre las alícuotas a aplicar y cita nuevamente jurisprudencia.
Realiza su interpretación sobre el fallo Camaronera Patagónica S.A., detallando su alcance e implicancias y explicando que la fecha a partir de la cual finaliza la cobertura legal de la legislación delegada es el 24.08.06. Indica que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de la Producción no son los órganos competentes para fijar derechos de exportación, ya que aun en los supuestos donde se admita la delegación legislativa ella debe recaer en el presidente de la nación, quien no puede transferir el ejercicio de dicha facultad delegada a otros funcionarios. Sostiene que este tribunal es competente para declarar la inconstitucionalidad planteada en el caso, desde que la CSJN ya se ha pronunciado al respecto en sentido favorable a su pretensión.
Impugna la tasa de interés en pesos, realiza sus conclusiones, ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado conferido el 24.10.17 a fs. 24/33. Efectúa una breve reseña de los hechos y realiza la negativa de rigor. Cita los artículos 724, 725 y 755 del CA. Sostiene que la interpretación del precedente “Camaronera Patagónica S.A.” realizada por la actora es errónea y no recepta un análisis completo de dicha sentencia. Agrega que en el caso de autos estamos frente a una norma presidencial que de forma razonable ejerció una atribución expresamente reconocida al poder ejecutivo, y que dicha norma fue luego sometida al escrutinio legislativo mediante el procedimiento previsto en la ley 26.122, en el marco del cual fue mantenida en su vigencia y validez desde el mismo momento en que fue publicada, de acuerdo a la interpretación armónica de los art. 17 y 24 de la mencionada ley. Recuerda que la CJSN se ha expedido sobre el establecimiento de aranceles para mercaderías que se importen o exporten a países miembros del MERCOSUR en el precedente “Whirlpool Puntana S.A.”, el que cita y transcribe. Luego, sostiene que por imperio del art. 1164 del CA este tribunal tiene vedado expedirse sobre el planteo de inconstitucionalidad de la actora. En cuanto al planteo de intereses, solicita se aplique lo previsto por los arts. 811 y 812 del CA. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva de caso federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que con fecha 30.10.17 se abre la causa a prueba y se ordena librar oficio a la DGA. A fs. 37/44 obra la contestación del oficio a la DGA. El 19.03.18 se certifica la prueba, y el 20.03.18 se cierra el periodo probatorio. A fs. 72 se elevan los autos a la Sala “E” no existiendo mérito a los efectos de la producción de los alegatos y a fs. 77 se los pasa a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA 14930-192-2014 se inician con la interposición de la acción de repetición por parte de BUNGE ARGENTINA S.A., en fecha 12.11.14, a fin de obtener la restitución de las sumas que considera abonadas en exceso en concepto de derechos de exportación. A fs. 14 se tiene por iniciado el procedimiento de repetición y se ordena el pase para que se produzca el informe técnico y se certifiquen los importes descriptos. Luego se agrega el sobre contenedor de la destinación de exportación 08003EC017621G. Luego se agregan impresiones de pantalla de la DDT objeto de autos, obtenidas a través del SIM. A continuación, obra comprobante de pago de liquidación manual. A continuación, a fs. 33/35, con fecha 29.08.16 obra la resolución 523/2016 (AD BABL), apelada en autos que rechaza la solicitud de devolución intentada.
V. Que corresponde resolver si la Resolución N° 523/2016 (AD BABL), dictada en las actuaciones administrativas SIGEA N° 14930-192-2014, en cuanto rechazó la solicitud de devolución formulada por BUNGE ARGENTINA S.A. respecto de los derechos de exportación abonados con relación a la destinación de exportación N° 08003EC017621G, se ajusta a derecho.
Mediante dicha destinación la actora documentó la exportación para consumo de mercadería clasificada en la posición arancelaria 1001.90.90.110B -trigo pan a granel-, respecto de la cual abonó derechos de exportación conforme al régimen vigente al momento imponible, resultante del Decreto N° 509/07 y de la Resolución MEyP N° 369/07, que fijó para esa mercadería una alícuota del 28%.
La recurrente cuestiona la validez de la normativa dictada con posterioridad a la Resolución ME N° 35/02, con fundamento, sustancialmente, en la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica S.A.” (Fallos: 337:388), del 15/04/2014. Sostiene que la Resolución ME N° 35/02, que fijó para la posición arancelaria involucrada una alícuota del 20%, fue la última norma que contó con refrenda legislativa suficiente, por lo que considera improcedente el incremento posterior de la alícuota hasta el 28%. Asimismo, la actora plantea que las normas posteriores no habrían contado con una ratificación legislativa válida y suficiente y cuestiona, en particular, la competencia del órgano que dictó la Resolución MEyP N° 369/07, así como la posibilidad de considerar constitucionalmente válida la delegación efectuada en materia de derechos de exportación. Corresponde, por tanto, examinar esos agravios a la luz de la normativa aplicable, de las limitaciones establecidas por el art. 1164 del Código Aduanero y de la doctrina legal fijada por este Tribunal en el fallo plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/DGA s/recurso de apelación”.
VI. Atento los diversos planteos efectuados por la recurrente, corresponde en este punto dejar sentado que conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, salvo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiera declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso este Tribunal podrá seguir la interpretación del Alto Tribunal.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la fecha, no se ha pronunciado respecto a la inconstitucionalidad del Decreto N° 509/07, ni tampoco resulta aplicable –ver fundamentos en el punto XI “infra”- el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388), por lo que a su respecto corresponde rechazar el planteo efectuado por la recurrente.
VII. Aclarado ello, y avanzando en la cuestión de fondo planteada en autos, corresponde señalar, en primer lugar, que la resolución ME 35/02 (BO: 08/04/02) fijó para la PA de autos una alícuota del 20%, incrementando 10% que había establecido la resolución 11/02 (BO: 04/03/02). Dicha resolución fue ratificada legislativamente por la ley 25.645 (BO: 09/09/02), la cual, conforme su art. 3, aprobó la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente. Con posterioridad, se dictó la resolución MEyP 10/07 (BO: 12.01.07), que estableció para la PA de autos un derecho de exportación adicional del 4%, llevando la alícuota al 24%. Posteriormente, mediante el decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se mantuvo, para la PA de autos, el derecho de exportación adicional creado por la mencionada resolución MEyP 10/07, fijándose en consecuencia una alícuota de derechos de exportación del 24% (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto). Luego se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 28%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 28% que había sido establecida por la mencionada resolución 369/07.
Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 28% establecida por la resolución MEyP 369/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones - MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo reestablecidas por la resolución 182/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo.
En conclusión, la alícuota del 28% establecida por la resolución 369/07 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08.
VIII. Que en segundo lugar, corresponde señalar que el Decreto 509/07 se dictó en ejercicio de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los incisos 1 y 2 del Artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL, por los Artículos 11, apartado 2 y 12 de la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero) y por el art. 6º de la Ley de Emergencia Nº 25.561 con sus prórrogas –leyes 25.972 (BO: 17.12.04); 26.077 (BO: 10.01.06); 26.204 (BO: 20.12.06); 26.339 (BO: 04.01.08); 26.456 (B0: 16.12.08); 26.563 (B0: 22.12.09); 26.729(B0: 28.12.11); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15)- y en las leyes 26.217 (BO: 16.01.07) y 26.732 (BO: 28.12.11), la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, el Artículo 2º inciso d), apartado 5) del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero de 1985 y el Artículo 2º del Decreto Nº 645 de fecha 26 de mayo de 2004, plexo normativo y demás leyes que fueron prorrogándose en la emergencia económica hasta el mes de enero del año 2017, con un intervalo que duró hasta el dictado del decreto 793/18 el 4 de septiembre de 2018, ratificado por ley 27.467 del Congreso de La Nación con vigencia hasta finales del año 2020. La ley 25.561 (BO: 07.01.02) fue prorrogada en su vigencia hasta el 31.12.17 mediante las leyes 25.972 (BO: 17.12.2004); 26.077 (BO: 10.01.2006); 26.204 (BO: 20.12.2006); 26.339 (BO: 04.01.2008); 26.456 (BO: 16.12.2008); 26.563 (BO: 22.12.2009); 26.729 (BO: 28.12.2011); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15). En consecuencia, al momento del dictado del decreto 509/07 las condiciones de emergencia determinadas por la ley 25.561 no habían variado para el Congreso de la Nación.
En tal sentido, durante un periodo de 15 años desde su creación y mediante sus sucesivas prórrogas existió una indubitable y clara voluntad del Congreso de gravar con derechos de exportación a las operaciones de este tipo. Del mismo modo, el Congreso de la Nación, tanto en la ley 26.217 como en la 26.732, además de crear y prorrogar por cinco años el impuesto a la exportación que había creado, delegó en el PEN -por cada una de esas leyes- las facultades para establecer las alícuotas correspondientes (art. 6 de la ley 25.561 y art. 1 de las leyes mencionadas), así como ratificó y ordenó expresa y nominalmente la continuación en vigencia de las normas delegadas dictadas previamente por el PEN que fijaban las alícuotas de los derechos (art. 2 de ambas leyes, 26.217 y 26.732) en base precisamente a las normas delegantes mencionadas en primer término (arts. 6 de la ley 25.5.61 y arts. 1 de las leyes 26.217 y 26.732).
Las regulaciones legales del Congreso enunciadas en el párrafo anterior, especiales y específicas, se dispusieron además sin perjuicio del régimen general de delegación legislativa de la ley constitucional 26.122 (sancionada por el Congreso conforme la manda del art. 99 inc. 3 cuarto párrafo de la Constitución), vigente desde el 28.07.06 para todas las normas delegadas dictadas por el PEN -es decir previo al dictado del decreto 509/07 impugnado en autos- y cuyos fundamentales arts. 17 y 24 establecen la vigencia de las normas delegadas dictadas por el PEN desde su entrada en vigencia y hasta su ratificación o derogación por parte del Congreso. En caso de ratificación de la norma delegada por el Congreso, tal ratificación tiene efecto retroactivo y aún en el caso de su derogación, los efectos de tal acto derogatorio son prospectivos.
La ley 25.561 (BO: 07.01.02) en cuanto declaró la emergencia cambiaria que motivó la creación por el Congreso del derecho de exportación y la delegación en el Poder Ejecutivo de las facultades legislativas para fijar las alícuotas, fue prorrogada por el Congreso mediante las leyes 25.972 (BO: 17.12.2004); 26.077 (BO: 10.01.2006); 26.204 (BO: 20.12.2006); 26.339 (BO: 04.01.2008); 26.456 (BO: 16.12.2008); 26.563 (BO: 22.12.2009); 26.729 (BO: 28.12.2011); 26.896 (BO: 22.10.13) y 27.200 (BO: 04.11.15) que extendió su vigencia hasta el 31.12.17. En consecuencia, al momento del dictado del decreto 509/07 las condiciones de emergencia cambiaria determinadas por la ley 25.561 no habían variado para el Congreso de la Nación, extendiéndose hasta el año 2017.
IX. Que la exportación a consumo de este tipo de mercadería (clasificable en la PA 1001.90.90.110B), se encuentra gobernada por la ley 21.453, con lo cual, su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta, esto es: DJVE 16.12.08 para el PE de autos, conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La alícuota aplicada por la parte actora fue, para tal fecha, la del 28%, en base al decreto 509/07 que contó con el posterior aval del Congreso y la resolucion del ME 369/07 que modificaron los derechos de exportación de determinadas mercaderías, Todo ello con posterioridad a las Resoluciones 11/02 y 35/02.
X. Que en relación a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación corresponde estarse a la doctrina legal (art 151 de la Ley 11.683) fijada con fecha 26/04/2022, por este Tribunal en el Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “ARTICULO 1°.- … ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.”.
XI. Que en relación a la presunta vulnerabilidad del Principio de Reserva Legal planteado por la recurrente, debemos tener presente que al momento de los hechos de autos -y en la actualidad-, estas normas constitucionales interactuaban en forma conjunta al declarar la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas, y en los términos en ella consignados, y fundamentalmente, con la ley 26.122 (publicada en el Boletín Oficial con fecha 28-07-2006) que, precisamente, ha establecido un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” (con posterioridad) del Congreso de la Nación, de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas.
Al respecto, tiene dicho la C.S.J.N. que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie y deje a todas con valor y efecto, a la vez que debe darse pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos, de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional. (Conforme doctrina de la Corte Suprema in re: “Ford Motor Argentina S.A. c/ Administración Nacional de Aduanas”; “Obras Sanitarias de la Nación c/ Emilia Irma Frieboes de Bencich y otro”; “Gowland Acosta, Elena Sauze de c/ Provincia de Córdoba y otros”; entre muchos otros).
La ley 26.122, que se publicó en el Boletín Oficial el 28/07/2006 y que se incorpora al ordenamiento jurídico nacional como norma vigente a partir del 06/08/2006, es de nuclear importancia para comprender el tratamiento que a partir de esa fecha corresponde dar a los decretos del Poder Ejecutivo dictados por delegación legislativa, los cuales, a partir de entonces, si bien mantienen la fuerza ejecutoria desde su dictado, se encuentran sometidos al control posterior por parte de la autoridad delegante, el Congreso de la Nación. Es una norma central, que concilia los dos valores en juego: la eficacia de la administración y el principio de legalidad. La C.S.J.N. tiene dicho que “Las normas de la Constitución y de toda ley, deben ser interpretadas en forma coherente, de manera que armonicen entre ellas y no traben el eficaz y justo desempeño de los poderes atribuidos al Estado para el cumplimiento de sus fines, del modo más beneficioso para la comunidad...”. (CSJN, 1956/04/23: Grisolía, Francisco M. LL, 82, 690) (el subrayado me pertenece).
En el caso de autos, y toda vez que -como se expondrá en los puntos siguientes- el Congreso de la Nación procedió a la ratificación legislativa del Decreto 509/07, en consecuencia, no se ha producido la vulnerabilidad al principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria planteada por la parte apelante.
XII. Que en relación al planteo de la recurrente en cuanto a que las resoluciones del ME 10/07, 369/07, son nulas de nulidad absoluta e insanable y que recién pudieron recobrar virtualidad con el dictado de la ley que las valide, corresponde tener presente las siguientes consideraciones:
Corresponde en primer lugar efectuar una diferenciación y precisión conceptual: una cosa es establecer o fijar una alícuota de un tributo y otra muy distinta es “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Con respecto al primer supuesto, rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación.
Se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado.
El artículo 17 de la ley 26.122, aplicable al caso de autos, establece precisa-mente que los decretos delegados dictados por el Poder Ejecutivo tienen plena vigencia de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del Código Civil (actual Art. 5° del Código Civil y comercial de la Nación), es decir, que son plenamente válidos desde su dictado y publicación, mientras no sean rechazados por el Poder Legislativo.
En otros términos, los Decretos del Poder Ejecutivo, dictados en el ejercicio de facultades delegadas, gozan de plena validez y fuerza ejecutoria desde su dictado, y la misma se mantiene en tanto y en cuanto, el órgano delegante, el Congreso de la Nación, no proceda a su desaprobación o rechazo.
Aclarado ello, corresponde tener presente que la aprobación expresa realizada por el Congreso de la Nación mediante ambas cámaras desde el 28.11.07 del decreto 509/07 resulta suficiente para convalidar su validez, y a posteriori, nada se ha cuestionado.
En definitiva, se ha cumplido con la finalidad procurada por la ley 26.122, esto es, que el Congreso de la Nación apruebe lo actuado en el marco de las facultades delegadas.
En este punto debe tenerse presente que el artículo 18 de la ley 26.122 prevé la intervención de oficio del Congreso de la Nación ante la falta de comunicación por parte del Poder Ejecutivo, por lo que el Congreso se encontraba claramente habilitado para intervenir y convalidar lo actuado.
XIII. Que además de lo expuesto precedentemente, corresponde tener presente que las cuestiones planteadas en el presente caso, son análogas a lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en el fallo Plenario comentado “ut supra”, donde se aplicó la siguiente doctrina con fecha 26/04/2022, mediante IF-2022-40809437-APN- VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, por mayoría acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Por todo lo expuesto, no corresponde hacer lugar al planteo de nulidad de las Resoluciones del Ministerio de Economía planteado por la recurrente.
XIV. Por último, corresponde aclarar que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A. (Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa de las alícuotas establecidas por el Poder Ejecutivo, así como los parámetros utilizados para cuantificarlas, estableciendo asimismo, sus topes máximos.
XV. Por todo lo expuesto, resulta indubitable que el Decreto 509/07, conjuntamente con las resoluciones del ME que el congreso convalidó con la prórroga de la emergencia pública cfme. la ley 26.456 (BO: 16.12.08) y subsiguientes, resultan legítimamente exigibles y correctamente abonados al momento de documentarse la exportación a consumo 08003EC017621G, correspondiendo, en consecuencia, confirmar la Resolución 523/2016 (AD BABL) en cuanto deniegan la acción de repetición interpuesta por la actora.
XVI. En relación a las costas, y atento la forma en que se resuelve, considero que las mismas deben ser impuestas a la actora vencida en conformidad a lo dispuesto en el art. 1163 del C.A..
Por los fundamentos expuestos, VOTO POR:
Confirmar la Resolución 523/2016 (AD BABL), dictada en el Expte. Administrativo SIGEA 14930-192-2014, que rechazó la solicitud de devolución de derechos de exportación en relación a la destinación de exportación 08003EC017621G, documentado por la firma BUNGE ARGENTINA S.A., con costas (art. 1163 del C.A.). El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Me remito a los considerandos I a IV del voto del Dr. Héctor Hugo Juárez.
II. Corresponde resolver en autos si la resolución apelada -523/2016 (AD BABL)-, en cuanto rechaza la solicitud de devolución de derechos de exportación interpuesta por la firma BUNGE ARGENTINA SA, se ajustan a derecho.
La actora solicita la devolución de la suma de $56.032,68, que según refiere habría abonado en demasía con relación al permiso de embarque (PE) 08003EC01007621G documentó la exportación de mercadería ubicada en la PA 1001.90.90.110B –A granel, con hasta 15% de embolsado (Ley 21.453) Trigo Pan Los demás – Los demás: TRIGO Y MORC AJO (TRANQUILLÓN)- abonando los derechos de exportación establecidos por la resolución 369/07 (BO: 09.11.07) que fijó, para esa PA, una alícuota del 28% (Ver art. 1 y Anexo de la referida de la resolución).
De modo liminar, cabe precisar que las exportaciones de autos se encuentran gobernadas por la ley 21.453, con lo cual su tratamiento tributario en cuanto a la alícuota aplicable es el de la alícuota vigente a la fecha de cierre de venta -16.12.08 para la PE de autos- conforme el art. 6 primer párrafo de la referida ley. La actora cuestiona la validez de todas las resoluciones, por los fundamentos que expone, que remiten al precedente de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” (Fallos: 337:388) del 15.04.14. En esta línea, manifiesta que la única normativa que tuvo refrenda legislativa -y sería por ende constitucional- fue la resolución ME 35/02 (BO: 08.04.02), que según refiere estableció una alícuota del 20% para la PA objeto de autos.
III. Al respecto, corresponde señalar, en primer lugar, que con posterioridad a la resolución ME 35/02 se dictó la resolución MEyP 10/07 (BO: 12.01.07), que estableció para la PA de autos un derecho de exportación adicional del 4%, llevando la alícuota al 24%. Posteriormente, mediante el decreto 509/07 (BO: 23.05.07) se mantuvo, para la PA de autos, el derecho de exportación adicional creado por la mencionada resolución MEyP 10/07, fijándose en consecuencia una alícuota de derechos de exportación del 24% (Ver art. 16 y Anexo XIV del referido decreto). Luego se dictó la resolución 369/07 (BO: 09.11.07), que estableció para la PA de autos una alícuota de derechos de exportación del 28%. Posteriormente, se pretendió implementar las llamadas alícuotas móviles –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 125/08 (BO: 12.03.08)-, y luego variables –mediante el dictado de la resolución (MEyP) 64/08 (BO: 02.06.08)-. Más tarde, se dictó la resolución 182/08 (BO: 21.07.08), mediante la cual se restableció para la PA de autos la alícuota de derechos de exportación del 28% que había sido establecida por la mencionada resolución 369/07.
Sobre la validez constitucional del iter normativo descripto precedentemente, conforme la jurisprudencia de la Corte Suprema en “Camaronera Patagónica”, esta Sala E se ha expedido, de modo unánime, en la causa “BUNGE ARGENTINA SA c/Dirección General de Aduanas s/apelación” Expte. 38.204-A, a cuyos fundamentos remito y los cuales se consideran integrando la presente sentencia.
En lo que aquí interesa, tal decisorio ratifica que la resolución (MEyP) 369/07 (BO: 09.11.07) –posterior al decreto 509/07 (BO: 23.05.07)- posee una validez constitucional que se remonta al 16.01.08, oportunidad en la cual fue inequívocamente ratificada por la ley 26.351, en cuanto tuvo como fin asegurar la recaudación del aumento de alícuotas dispuesto por la mencionada resolución (ver puntos VI.2., VI.3. y VI.4. del citado fallo). Dicha vigencia y validez legal de la alícuota del 28% establecida por la resolución MEyP 369/07 fue ininterrumpida, salvo en el periodo en que se implementaron las llamadas alícuotas móviles (resoluciones - MEyP- 125/08 y 64/08, de reconocido rechazo legislativo), siendo reestablecidas por la resolución 182/08; esto último como consecuencia del dictado del decreto 1176/08 (BO: 21.07.08), que cristalizó la voluntad del Congreso de rechazar la resolución 125/08 para retornar al régimen de alícuotas previo.
En conclusión, la alícuota del 28% establecida por la resolución 369/07 para la mercadería ubicada en la PA de autos posee validez constitucional y legal desde el 16.01.08 y hasta el 23.12.08 (salvo el período de alícuotas móviles de la resolución 125/08), fecha la última en la cual la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08 fijó una alícuota del 23%, reduciendo la del 28 %.
Cabe destacar que por los fundamentos expuestos en el referido precedente de esta Sala E “BUNGE ARGENTINA SA” Expte. 38.204-A las resoluciones 369/07 y 182/08, como la alícuota del 28 % -previas a la resolución conjunta (MEyFP) 26/08 y 28/08- son constitucionalmente válidas, en tanto cumplieron con el test de constitucionalidad fijado por la Corte Suprema en el precedente “Camaronera Patagónica” del 15.04.14 .
Siendo ello así no se advierte en el caso ninguna afectación al derecho de propiedad de la actora, en relación al con relación al permiso de embarque (PE) 08003EC01007621G cuya fecha de cierre de venta a los efectos de pagar los derechos de exportación fue el 16.12.08, tributando la alícuota del 28%.
IV. Por todo lo anterior VOTO POR:
Confirmar la resolución 523/2016 (AD BABL), dictada en el marco de las actuaciones administrativas 14930- 192-2014, con relación al PE 08003EC01007621G, con costas a la actora.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
Adhiero voto del Dr. Juárez.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE
Confirmar la Resolución 523/2016 (AD BABL), dictada en el Expte. Administrativo SIGEA 14930-192- 2014, que rechazó la solicitud de devolución de derechos de exportación en relación a la destinación de exportación 08003EC017621G, documentado por la firma BUNGE ARGENTINA S.A., con costas (art. 1163 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Oportunamente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, archívese. Suscriben la presente los Dres. Héctor H. Juárez, Juan Manuel Soria y Horacio Joaquín Segura (Vocal subrogante por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación) -conf. art. 52 del Reglamento de Procedimientos del TFN-).
Date: 2026.09.28 20:09:53 ART Date: 2026.09.29 08:51:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Subrogante Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.09.29 13:50:31 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.29 13:51:50 -03:00
Fin de la sentencia