Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-40055240-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 216/2023 (AD SALO), dictada en las Actuaciones N° 17134-214-2016 y hacer lugar a la repetición por la suma de $3.297.254,25 a la que deberán adicionarse los intereses de los arts. 811 y 812 del C.A., que deberán computarse desde la fecha de la solicitud de repetición, hasta la fecha del efectivo pago.
2Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-55671578-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 28 de Mayo de 2024 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht; Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “BUNGE ARGENTINA S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, expediente EX-2023-40055240-APN- SGASAD#TFN.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. La firma Bunge Argentina S.A. interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 216/2023 (AD SALO) dictada por el Jefe de Departamento de la Aduana de San Lorenzo en la actuación SIGEA N° 17134-214-2016, por medio de la cual deniega la devolución de la suma de $3.297.254,25 pagada en concepto de diferencia de tributos a la exportación con respecto a la Destinación N° 08057EC01005830P. Relata que la Declaración Jurada de Venta al Exterior N° 66044, referente al despacho mencionado, fue incluida en la Resolución ONCCA N°1898/2008 mediante la cual se le atribuyó no haber acreditado la tenencia y/o adquisición de la mercadería en virtud a lo normado por la Ley 26.351. Manifiesta que ante dicho acto interpuso recurso de Reconsideración, el cual tramita bajo el número de Expediente N° S01- 0014815/2009, en el cual se acompañó toda la documentación respaldatoria de la operatoria en cuestión. Afirma que la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (ex ONCCA) ha reconocido el extravío de las 9 cajas de documentación acompañadas en el recurso de reconsideración y por ello, tampoco cuenta con los cálculos de la cobertura mediante los cuales se llegó a la conclusión de que no se contaba con la adquisición o tenencia de la mercadería con anterioridad del incremento de la alícuota impuesta. Afirma que se pagó bajo protesto, ya que entiende que la Ley 26.351, la Resolución N° 1898/08 y el Dto. N° 764/08 al ordenar su aplicación retroactiva afectan gravemente derechos reconocidos constitucionalmente. En ese sentido, explica que el registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior bajo el régimen de la Ley 21.453 le otorgó un derecho adquirido, por lo que automáticamente, quedó fijado de modo definitivo el régimen tributario aplicable. Cita jurisprudencia que ampara su postura. En relación a los intereses resarcitorios, solicita se aplique la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina y no la prevista por la Resolución N° 314/2004. Ofrece prueba. Hace reserva de plantear el caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada y se ordene la devolución de la suma abonada, con costas.
II. Mediante el IF-2023-99819126-APN-DTD#JGM el representante fiscal contestó el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido. En primer lugar, afirma que el planteo de inconstitucionalidad planteado por la quejosa no puede prosperar en razón a lo normado por el art. 1164 del C.A. y cita jurisprudencia al respecto. Explica que la ONCCA dicta las Resoluciones N° 1487 y 1898/2008 que establecen el listado de las DJVE respecto de las cuales no ha sido acreditada por parte de las empresas exportadoras, la adquisición o tenencia de la mercadería. Resalta que lo que persigue la Ley 26.351 es evitar que ante un inminente cambio normativo que aumente los derechos de exportación, se registren operaciones con el fin de tributar con la alícuota menor, ocasionando un perjuicio para el Fisco Nacional. En ese sentido, arguye que le corresponde al administrado demostrar de modo fehaciente la tenencia o adquisición de la mercadería antes del incremento de la alícuota. En subsidio, se opone a la tasa de interés solicitada. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo apelado, con costas.
III. En la actuación SIGEA N° 17134-214-2016 acompañadas mediante IF-2023- 99818903-APN- DTD#JGM, obra a fs. 28/47 la solicitud de devolución de derechos de exportación presentados por la recurrente en relación al Permiso de Embarque N° 08057EC01005830P. A fs. 62 obra la impresión de pantalla del SIM con la “declaración detallada” del despacho en cuestión. A fs. 64 mediante la NOTA N° 03/2023 la Sección Financiera informa el monto abonado por la firma. A fs. 65 se provee la presentación de la actora, se la tiene por presentada y no se hace lugar a la prueba solicitada y a fs. 70/73 se dicta la resolución N° 216/2023 (AD SALO) apelada en autos.
IV. Mediante la PV-2023-153786381-APN-VOCXIX#TFN se declara la causa de puro derecho. Por la PV-2024-22873188-APN-VOCXIX#TFN se elevan los autos a Sala G, que los pasa a sentencia.
V. Con base en los hechos descriptos, corresponde determinar en los presentes autos si la resolución que deniega la devolución de las sumas abonadas por la diferencia tributaria con sustento en la ley 26.351, resulta ajustado a derecho. Adelanto que las disposiciones contenidas en la citada ley no pueden aplicarse en forma retroactiva a la operación de autos, por cuanto las ventas al exterior han sido concertadas y presentadas ante la autoridad de aplicación en los términos establecidos en la ley 21.453. La firma recurrente registró el 25/10/2007 la Declaración Jurada de Venta al Exterior N° 66044 –plazo en el que se encontraba vigente la Ley 21.453- con relación a la operación de exportación documentada bajo el permiso de embarque N° 08 057 EC01 005830 P, oficializado el 02/07/2008.
VI. Téngase presente que la ley 21.453 ha innovado respecto de los aspectos temporales del hecho imponible aplicable a los derechos de exportación. De acuerdo con la ley mencionada, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías, resultan de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta registrada mediante declaración jurada ante la Autoridad de Aplicación (art. 6).
VII. En las condiciones indicadas, no puede dejar de ponderarse que la norma fue aplicada durante más de tres décadas sin que generase controversia de ninguna especie relativa a su implementación con relación al orden general establecido en el Código Aduanero. En ese sentido, no debe obviarse que ante el rumor de un incremento significativo en los derechos que gravitan sobre el comercio exterior, las exportadoras concertaron y registraron ventas a los fines de mantener un statu quo frente a la legislación y sin necesariamente contar con la tenencia de la mercadería que habría de ser exportada.
VIII. Así las cosas, la respuesta estatal fue el dictado de la ley 26.351 (8.0 16/1/2008) mediante la cual se establece la necesidad de acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al cambio del incremento de la alícuota aplicable a los derechos de exportación. Asimismo se dispuso que, inclusive, quedaran alcanzadas por los cambios introducidos en el ordenamiento impositivo las declaraciones juradas de ventas al exterior que registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, no satisfagan los requisitos de tenencia y adquisición.
A su vez, la ley 26.351 fue reglamentada por el Decreto N°764/2008 (8.0. 12/05/2008) que dispuso que las operaciones alcanzadas por el art. 1 de la ley, serían aquellas oficializadas con posterioridad al 9/11/2007. En su correlato, se dictó la Resolución ONCCA N° 1898/2008, fundamento de la resolución aquí apelada.
IX. En esa comprensión del asunto, encuentro que la reforma introducida por ley 26.351 resulta violatoria del principio de retroactividad, por cuanto al disponer el aumento de la alícuota aplicable, ninguna duda cabe de que modificó los efectos jurídicos de negocios concertados y consolidados al amparo de la legislación vigente. En ese sentido, es elocuente que la exigencia incorporada por la reforma legislativa es sobreviniente e imprevisible para los responsables que declararon su posición impositiva al amparo de la ley 21.453, lesionando así derechos adquiridos y afectando la seguridad jurídica.
En materia aduanera, existen numerosos tratados internacionales a los que se encuentra subordinado el régimen tributario aplicable a las importaciones y exportaciones, tal y como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que establece como uno de los principios esenciales la irretroactividad de los derechos de Aduana. Asimismo, el Código Aduanero establece la irretroactividad de los tributos aduaneros en los arts. 637, 639, 726 y 728.
X. En efecto, una lectura discreta y razonable de la ley 21.453 no permite inferir que era conditio sine qua non para consolidarlos efectos tributarios de la operación que los exportadores acreditasen fehacientemente la tenencia o la adquisición de los productos a ser exportados.
XI. En ese marco conceptual es ostensible que la ley 26.351 implicó una modificación de los efectos tributarios hacia el pasado en detrimento de los principios de legalidad, retroactividad y seguridad jurídica, toda vez que si la responsable de la obligación tributaria decidió cerrar las ventas para exportación y registrarlas, no lo hizo siquiera en abuso de derecho, sino al amparo de un marco legal que se los permitía y reconocía las particularidades del sector involucrado. Téngase presente que quien realizó un acto lícito al amparo de un beneficio legal y teniéndolo probablemente en cuenta en el cálculo de sus legítimas ganancias, no puede ser privado del mismo por una ley posterior, sin afectar el derecho de propiedad que la Constitución garantiza. En tales circunstancias, el derecho no puede ser suprimido por una ley posterior sin agravio al derecho constitucional de propiedad. Nuestro Máximo Tribunal, ha reconocido que las leyes no pueden afectar derechos constitucionales que se encuentran incorporados al patrimonio de los administrados, adquiridos al amparo de una legislación anterior (Fallos 157:103, 152:268,234:753,269:259,299:132,310:1961).
XII. Al respecto, procede recordar que la competencia legislativa no es omnímoda. La potestad tributaria debe ejercer con estricta sujeción a los principios y valores constitucionales que condicionan su ejercicio. Acorde con ese temperamento, el legislador no puede establecer leyes que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos en el pasado. La prohibición de retroactividad de la ley tributaria hace al reconocimiento de la dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características, ya que garantiza a los potenciales destinatarios de la norma tributaria no sean sorprendidos por un aumento retroactivo de la carga tributaria. Inclusive la protección puede hacerse extensiva frente a modificaciones intempestivas que desconozcan la confianza legítima de los administrados en la estabilidad de las reglas aplicables al ejercicio de una actividad. Es que, en definitiva, el Estado no puede ejercer la potestad tributaria con perjuicio de los contribuyentes de buena fe.
XIII. En ese orden de ideas, no desconozco que los derechos constitucionales no son absolutos y pueden ser reglamentados en las condiciones de su ejercicio para satisfacer situaciones de interés público. No obstante, la ductilidad que pudiera exhibir su reglamentación en aras a la satisfacción de una situación de interés público no puede llegar al extremo de erosionar su núcleo duro, ya que el Estado no puede transformar en objeto a la persona con el propósito de resolver una situación de calamidad. Efectivamente, una medida impositiva podría resultar ilegítima aun encontrándose en condiciones de sortear un escrutinio estricto de razonabilidad, si es que en el caso en concreto exhibe posibilidad de afectar el núcleo duro de los derechos fundamentales de los particulares.
XIV. En tal comprensión del tema, recogiendo la experiencia del caso alemán como el español, se advierte que el contenido esencial de los derechos constitucionales ofrece una limitación a la discrecionalidad del legislador ordinario. Esto es especialmente claro en nuestra Constitución, ya que el principio de razonabilidad —derivado de los arts. 28 y 33 - importa, dentro de nuestro sistema constitucional, la exclusión de toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos. Efectivamente existe un patrón, un criterio, un estándar jurídico, que obliga a dar a la ley —y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente— un contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el contenido de aquélla sea razonable, justo y válido.
XV. Asimismo, la alteración de un derecho por vía reglamentaria constituye un ejercicio irrazonable de esa potestad, ya que lo priva de su esencia. Por tanto, la depuración técnica de la garantía de un contenido esencial en los derechos fundamentales representa, pues, una cuestión de primera importancia para la determinación de la regulación razonable del derecho, por cuanto la libre configuración legislativa no se concibe bajo los términos de un legibus solutus.
XVI. En definitiva, la prevención consignada no es otra cosa que el reducto último que compone la sustancia del Derecho. El Legislador no posee una potestad absoluta, ni arbitraria, sino que en su ejercicio, para elegir, concebir y desarrollar la ley con la que regula los distintos procesos debe someterse a límites. En virtud de principios doctrinarios y jurisprudenciales sobre la materia se tiene dicho que las limitaciones así introducidas no deben restringir o reducir los derechos de tal manera o en tal medida que se menoscabe su esencia misma.
XVII. Por las razones expresadas, encuentro que la situación de marras debe encontrarse regida por la ley 21.453, toda vez que la aplicación de la ley 26.351importaría una afectación a la sustancia de los derechos constitucionales que amparan la situación del obligado frente al ejercicio de la potestad tributaria. Esto es así, habida cuenta de que la ley 26.351 no puede ser exhibida como una ley interpretativa o aclaratoria[1], desde que incorpora una condición no prevista en la ley precedente, al exigir que acredite de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de los productos con anterioridad al incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios. Resulta notorio que, en vez de aclarar el fin tenido en cuenta por la ley 21.453, por el contrario, lo desvirtúa, volviendo sobre una relación jurídica constituida antes de su vigencia (nacida con el registro de la DJVE) y privándola de una de sus principales ventajas: la aplicación de la alícuota de los derechos de exportación vigentes al momento de cierre de la venta, por no cumplir con un nuevo requisito -que no estaba previsto en la ley anterior-.
XVIII. A mayor abundamiento, como consecuencia de las demandas interpuestas por una serie de empresas cerealeras con relación a las Resoluciones Nro. 1487/2008 y la 1898/2008 de la ONCCA, la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal se ha expedido en diversas oportunidades echando por tierra la presunción de legitimidad de dichas resoluciones. Al respecto, recientemente en los autos “CARGILL SACI c/ EN-M AGRICULTURA GYP-RESOL 928/12- ONCCA-RESOL 1413/11 Y OTRO s/PROCESO DE CONOCIMIENTO”, Expte Nro 59415/2012, sentencia del 26/04/2022, remitiendo a los fundamentos expuestos en las causas Nº 16652/08, “Tomas Hermanos S.A. c/ EN – ONCCA – Resol 1487/08 s/ Amparo”, del 19/03/09; causa Nº 35644/09, “MSU SA c/ EN – Ley 26.351 – ONCCA – Resol 543/08 s/ proceso de conocimiento” y su acumulada Nº 34561/09, “MSU SA c/ En – ONCCA – resol 3406/09 1487/08 s/ Proceso de conocimiento”, del 18/02/15; causa Nº 35244/09, “Nidera SA c/ ONCCA Resol 1487/08, 1898/08, 4773/09 y otros s/ Proceso de conocimiento”, del 31/03/15; causa Nº 40156/2015, “Molinos Cañuelas SACIFIA (TF 30971-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sent del 07/04/16; y causa Nº 21881/2009, “Noble Argentina SA c/ EN-ONCCA Resol 2463/09 s/ Proceso de conocimiento”, del 16/03/17, la Sala III destacó que: “...este Tribunal ya ha declarado, en diversas oportunidades, la nulidad de las resoluciones ONCAA 1487/2008 y 1898/08, por medio de las cuales el organismo mencionado notificó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) los exportadores de productos agropecuarios que contaban con la mercadería registrada para la exportación en los términos de las Leyes 21.453 y 26.351... En tal sentido, cabe señalar que en los precedentes mencionados se sostuvo que la presunción de legitimidad de las mencionadas resoluciones no podía ser mantenida, puesto que no se hallaba explicitada la motivación ni los antecedentes de hecho referidos a la situación singular de la parte actora. En este sentido, se indicó que sólo se encontraba expresada de modo general la falta de acreditación de la adquisición o tenencia de la mercadería registrada para exportación por parte de los exportadores incluidos en el Anexo I”.
Asimismo, la Sala II de la Excma CNACAF, en la causa “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN – Mº Economía - ONCAA – Resol. 1487/08 y 5581/10 (S01255788/10) y otros s/ proceso de conocimiento”, con fecha 06/05/2014, confirmó la sentencia dictada en primera instancia y sostuvo que “...la incorporación de la sociedad actora en el Anexo I de la Resolución nº 1487/08 resulta arbitraria e ilegítima en virtud de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado y la falta de impugnación concreta, precisa y objetiva de las defensas y la prueba aportada por la accionante (v. en idéntico sentido el fallo de la Sala III de este Fuero, in re: “Tomás Hermanos S.A. c/ EN-ONCCA -Resolución n° 1487/08- s/amparo ley 16.986, causa nº 16.652/08 ya cit.)” y concluyó que “ ... la incorporación de la sociedad actora en el Anexo I de la Resolución nº 1487/08 resulta arbitraria e ilegítima en virtud de la orfandad probatoria que presenta el acto impugnado y la falta de refutación concreta y objetiva de las defensas y las probanzas aportadas por la accionante”.
En el mismo sentido, la Sala I de la Excma CNACAF, en la sentencia del 12/07/2022, dictada en la causa 1672/2015 “MOLINO CHACABUCO c/ EN-M AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA s/PROCESO DE CONOCIMIENTO” remitiendo al criterio expuesto en sentencias dictadas por la Sala III, sentencia del 18/08/2016, resolvió declarar la nulidad de la Resolución ONCCA 1898/2008.
Asimismo, cabe mencionar que “CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CÓRDOBA SECRETARÍA CIVIL II – SALA B” en los autos: “COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. c/ ENA - AFIP-DGA s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO”, sentencia del 16/05/2014 -que ha quedado firme al haberse declarado inadmisible el recurso extraordinario- sostuvo: “...el régimen implementado por la Ley 26.351 implica una modificación de lo establecido por la Ley 21.453. Esto es así, en virtud de que como se expuso, en ésta última se estableció en su art. 6 que a los fines de la liquidación se tendrá en cuenta el régimen tributario vigente a la fecha de cierre de venta, sin otros recaudos más que los establecidos en la propia norma (en lo relativo a la presentación de la DJVE ante la autoridad de aplicación y el plazo prescripto)...por lo que considero que la Ley 26.351 no es meramente aclaratoria de la Ley 21.453, sino que por el contrario impone un nuevo sistema – que aunque aquí no cuestionado- impide que se aplique con anterioridad a su vigencia retroactivamente, por los derechos que vulnera”. Agregó que “... cabe concluir que el objetivo de la Ley 21.453 consistente en la previsibilidad por parte del exportador y comprador de la carga fiscal que deben afrontar, se ve afectado por la aplicación retroactiva de la Ley 26.351. Entiendo que es así, ya que las partes al regirse por la Ley 21.453, concretaron las operaciones considerando que sus costos tributarios quedaban fijados al momento de cerrar la venta, en consecuencia si por la aplicación retroactiva de la Ley 26.351 se aplican las alícuotas incrementadas, el fin perseguido por la Ley 21.453, cual era que las partes sepan al momento de cerrar la operación la suma a pagar en concepto de tributos, pierde su eficacia y razón de ser” y con fundamento en todo ello consideró que “...corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 4º y 5º de la Ley 26.351 y art. 2 del Decreto Nº 764/2008 en cuanto establecen la aplicación retroactiva de sus disposiciones”
XIX. En cuanto a la moneda en que deberá llevarse a cabo la devolución de lo abonado indebidamente por la actora, ha de ser devuelta en moneda nacional de conformidad con resuelto por la Corte Suprema en los autos caratulados “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA” C1242, XLIX, toda vez que los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos.
XX. Sentado lo anterior, corresponde expedirme acerca de la tasa de interés aplicable al presente caso. Al respecto, observo que los artículos 811 y 812 del Código Aduanero no disponen la fórmula de cálculo de los intereses devengados a causa de importes indebidamente pagados en concepto de tributos, quedando delegado a la Secretaria de Hacienda la reglamentación y disponiendo que el monto asignado no podrá exceder, en el momento de su fijación, del doble de la que percibiere el Banco de la Nación Argentina para el descuento de documentos comerciales. De allí se sigue que, mientras el legislador delegó a favor del ejecutivo la competencia para dotar de flexibilidad al sistema legal, el organismo administrativo perpetró que en todos los casos por venir se sufragará el 0,5 mensual de tasa de interés para los casos de repetición (Res. 841/10) sin atender al fenómeno inflacionario y desatiendo la finalidad resarcitoria de la institución bajo examen.
Ante dicha situación, resulta evidente que una tasa de interés que desatiende la realidad implica un menoscabo manifiesto del derecho de propiedad y de la razón, ya que no es posible que la autoridad administrativa reciba una competencia para hacer frente a situaciones contingentes y variables y termine defiendo la cuestión mediante la imposición de un criterio férreo que, a la postre, termina actuando como un mecanismo de financiación espurio mediante la imposición de un sacrificio especial a cargo del responsable que pago tributos indebidos.
XXI. Cabe concluir entonces que, al no tener una norma de referencia, por no poder sustituirse la discrecionalidad del legislador en los términos mencionados, no cabe otro remedio que aplicar el criterio sentado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (CNACAF, Sala II, “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 36.648-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 09.02.2024; ibid, Sala III, “Oleaginosa Moreno Hermanos SACIFY (29.994-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 11.08.2022; ibid. Sala IV, “Oleaginosa Moreno Hermanos SA c/DGA s/Recurso directo de organismo externo”, sentencia del 26.03.2019; entre otros), disponiendo la aplicación al caso de la siguiente tasa de interés:
• Desde el reclamo a la DGA (el 19/02/2016 fecha del pedido de repetición) hasta la puesta en vigencia de la resolución ex MH 598/2019, según la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina;
• A partir del 01.08.2019 y hasta el 31.08.2022, según lo normado por la resolución del ex MH 598/2019; y • A partir del 01.09.2022, conforme la tasa prevista en los artículos 4 y 6 de la resolución del ME 559/2022; y, en su caso, por las normas que la reemplacen en lo futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios.
XXII. En atención a lo expuesto, corresponde revocar la resolución apelada y hacer lugar a la repetición por la suma de $3.297.254,25 pagados en concepto de derechos de exportación, a la que deberán adicionarse los intereses desde el 19/02/2016 hasta la fecha del efectivo pago, conforme lo mencionado ut supra, con costas.
Por todo ello, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 216/2023 (AD SALO), dictada en las Actuaciones N° 17134-214-2016 y hacer lugar a la repetición por la suma de $3.297.254,25 a la que deberán adicionarse los interesesque deberán computarse desde el 19/02/2016 hasta la fecha del efectivo pago, en los términos expuestos en los Considerandos XIX, XX y XXI.-.
2. Costas a la vencida.
Los Dres. Claudia B. Sarquis y Horacio J. Segura dijeron:
Que adherimos en lo sustancial al voto del Dr. Licht, excepto en cuanto a la interpretación relativa a la tasa de interés. En este aspecto, consideramos que corresponde aplicar las disposiciones expresamente previstas por los arts. 811 y 812 del C.A.
Por ello, VOTAMOS POR:
1. Revocar la Resolución N° 216/2023 (AD SALO), dictada en las Actuaciones N° 17134-214-2016 y hacer lugar a la repetición por la suma de $3.297.254,25 a la que deberán adicionarse los intereses de los arts. 811 y 812 del C.A., que deberán computarse desde la fecha de la solicitud de repetición, hasta la fecha del efectivo pago.
2. Costas a la DGA.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 216/2023 (AD SALO), dictada en las Actuaciones N° 17134-214-2016 y hacer lugar a la repetición por la suma de $3.297.254,25 a la que deberán adicionarse los intereses de los arts. 811 y 812 del C.A., que deberán computarse desde la fecha de la solicitud de repetición, hasta la fecha del efectivo pago.
2. Costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. [1] Recordemos que ese recurso de técnica legislativa que a priori no exhibe posibilidades de ser censurado reviste trascendencia a los fines aclarar el sentido de una precedente y no son propiamente retroactivas, en la medida que no disponen un nuevo mandato, sino que precisan los límites y el significado exacto de la ley interpretada y, por tanto, se confunden con ésta. En estos casos, está permitido que se aplique en forma retroactiva, debido a su carácter meramente declarativo y a la ausencia de innovación en el sistema legal. Date: 2024.05.27 16:42:47 ART Date: 2024.05.28 15:57:05 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.05.28 16:04:17 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.05.28 16:05:30 -03:00
Fin de la sentencia