Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa EX-2020-50525328-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar la nulidad de los cargos FE 3138/12 y 3139/12 y, en consecuencia, revocar la Resolución 170/20 (AD SALO) dictada en el SIGEA 13289-30679-2012, con costas a la demandada (art. 1163 del CA).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-93542159-APN-VOCXV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 24 de Septiembre de 2026 c/ DGA s/ recurso de apelación”.
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del Sr. Vocal nombrado en primer término, a fin de resolver en los autos caratulados: “BUNGE ARGENTINA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Expediente EX-2020-50525328--APN-SGASAD#TFN.
El Dr. Héctor Hugo Juárez dijo:
I. Con fecha 03/08/2020 se presenta por apoderado la firma BUNGE ARGENTINA S.A. e interpone recurso de apelación (RE- 2020-50522025-APN-SGASAD#TFN) contra la Resolución 170/20 (AD SALO), dictada en las actuaciones SIGEA 13289-30697-2012, por medio de la cual, la Aduana de San Lorenzo resolvió rechazar las impugnaciones oportunamente deducidas y confirmar los cargos (FE) 3138/12 y 3139/12. Relata en primer lugar los antecedentes del caso. Indica que, entre otras actividades, la actora se dedica a la producción agroindustrial de cereales y oleaginosas que comercializa en el mercado internacional y que, en el curso de sus operaciones durante los años 2007 a 2009, importó temporariamente porotos de soja desde Paraguay para la elaboración de subproductos derivados (aceite y harina de soja) con destino a la exportación.
Agrega que, para la determinación de la base imponible (sobre la que se aplican los derechos de exportación) se declaró en cada caso el valor correspondiente siguiendo los lineamientos del decreto 1330/04 y, en particular, el procedimiento reglado por la Resolución General (AFIP) 2147/06. Menciona que, en todos los casos, se determinó la base imponible de acuerdo a la normativa aplicable y se abonó íntegramente los derechos de exportación correspondientes. Destaca que, sin embargo, la DGA, Dirección Regional de Rosario, formuló y notificó diversos cargos reclamando supuestas diferencias de derechos de exportación impagos en relación a determinados permisos de embarque. Agrega que la exigencia de mayores tributos estaba motivada en la aplicación de una nueva fórmula para la rebaja de los insumos importados en forma temporaria.
Con respecto a la modificación del criterio de interpretación de la aduana sobre la metodología de descarga de insumos, menciona que, ello solo puede regir para el futuro, no para exportaciones pasadas. Sostiene que, no corresponde abonar mayores tributos con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica S.A.”, que sostiene la ilegitimidad de los derechos de exportación creados o modificados por normas extralegales sin ratificación legislativa a la fecha del hecho imponible. Agrega que, la determinación de la deuda en dólares –con el aumento exponencial del tipo de cambio- y la eventual aplicación de intereses resarcitorios, resulta en una repotenciación de la deuda aduanera que se encuentra legalmente prohibida, agregando que la tasa de interés, con anterioridad a la Resolución 598/19, es ilegítima por no respetar el tope legal.
Indica que la producción de los dos subproductos que se exportan -aceite y harina de soja- se efectuaba mediante un único procedimiento industrial a partir del poroto de soja importado temporariamente, por lo que en ocasión de cada exportación debió descargarse la cantidad del insumo importado y deducirse el importe que le correspondía, teniendo en cuenta la afectación de la cantidad de acuerdo con el “balance de masas correspondiente” y según la relación insumo/producto tipificada en el Certificado de Tipificación y Clasificación (“CTC”) o en el Certificado de Tipificación de Importación Temporaria (“CTIT”) respectivo. Refiere que el mencionado CTIT determinaba, en cada caso, que cantidad de cada subproducto se produce con una tonelada de soja, por lo que indica la cantidad de insumo a descargar en cada exportación y según el subproducto de que se tratara.
Agrega que como un mismo insumo se utilizaba para la elaboración de dos subproductos en el mismo proceso industrial, resultó necesario determinar un “Factor de Ponderación”, entendido como el coeficiente asociado a cada uno de los productos finales resultantes, que permite la detracción adecuada del monto correspondiente al insumo importado temporariamente. Señala que ese monto se calcula dividiendo el valor FOB de cada producto final por la suma de los valores FOB de todos los productos finales resultantes del mismo proceso productivo y con la utilización del mismo insumo, teniendo en cuenta los valores FOB oficiales de los productos finales a la fecha de registro del respectivo despacho de importación temporaria.
Es decir, con el CTIT se determinaba la relación insumo/producto y con ello la cantidad de insumo a descargar en cada exportación, mientras que el “Factor de Ponderación “distribuía de modo más adecuado el valor de ese insumo en los distintos subproductos obtenidos a partir del único insumo importado (poroto de soja), teniendo en cuenta que cada subproducto posee valores finales sustancialmente diversos. Continúa explicando que una vez obtenido el “Factor de Ponderación” se aplica al valor CIF del insumo importado temporariamente para la obtención de la base imponible sobre la cual se calculó el derecho de exportación respectivo de los dos subproductos. Recuerda también que en la liquidación del derecho de exportación se aplicó el coeficiente de detracción del referido tributo, de acuerdo con lo establecido por las normas generales del Código Aduanero.
Procede luego a detallar el error que, según considera, contiene el cálculo efectuado por la Aduana, indicando que el servicio aduanero tomó como CIF el valor consignado en los PE a los efectos de la descarga y no el valor CIF del insumo efectivamente utilizado en el proceso de producción de los subproductos conforme el CTIT correspondiente. A su vez, señala que la cuenta matemática del “Factor de Ponderación” también contiene un error pues el servicio aduanero divide directamente cada valor FOB oficial de cada subproducto –sin importar el rinde- por la suma de los valores FOB oficiales de todos los productos, cuando los valores de los productos finales deben calcularse en función del rinde sobre cada unidad de insumo antes de dividirse por el total de valores, cumpliendo así la premisa contenida en la Resolución General (AFIP) 2147/06 (Anexo IV, punto 3).
Cita ejemplos teóricos y realiza cálculos a modo de ejemplo para explicar su postura. Expresa luego, sobre el punto 3, que al momento de dictarse la resolución apelada el servicio aduanero modificó el criterio jurídico inicialmente adoptado, sosteniendo que no corresponde deducir de la base de cálculo los derechos de exportación por tratarse de mercaderías que tienen valores aduaneros oficiales (ley 21.453). Indica que al “agregar” un reclamo al momento de dictar la resolución (sostener que no son deducibles los derechos de exportación para determinar el valor imponible del subproducto, contrariando al art. 737 del CA) la Aduana violenta el principio de congruencia y afecta su derecho de defensa siendo que, además, la acción del Fisco se encontraría largamente prescripta en relación a la diferencia emergente de este ajuste.
Cita jurisprudencia. Manifiesta que el argumento de la Aduana es erróneo y que corresponde aplicar a la base imponible el coeficiente de detracción de derechos de exportación, ya que ello surge del régimen especial de importación temporaria que corresponde a la mercadería exportada, criterio que fue ratificado por la Resolución General (AFIP) 3868/16 que reemplazó el Anexo IV de la Resolución General (AFIP) 2147/2006. Agrega que la aplicación del régimen especial de importación temporaria respecto al régimen de la ley 21.453 fue convalidado por la Aduana desde el Aviso 31/02 y por la Dirección de Mercados Agroalimentarios mediante la Circular del 13/05/02, indicando que como en cualquier exportación en que se calculan los derechos de exportación sobre un valor FOB, debe deducirse de la base imponible el derecho de exportación (arts. 734, 735, 736 y 737 del CA).
Manifiesta que es el criterio adoptado por la Resolución 3868/15 y por la modificación al art. 25 del decreto 1330/04. Explica luego que la decisión adoptada por la Aduana se habría basado en dictámenes y opiniones emitidas en el marco de la actuación SIGEA 18022-41-2019 siendo que –según su óptica- dichos informes carecen de un examen razonable, profundo y abocado a los casos específicos del expediente en trato, a la vez de que omiten -de forma deliberada- citar los dictámenes en los que expresa y concretamente la propia Aduana sostuvo que debían desestimarse los cargos en discusión. Cita el fallo de la Corte Suprema “Camaronera Patagónica S.A.”. Cita antecedentes de la propia Aduana San Lorenzo en los cuales habría resuelto de acuerdo con el criterio jurídico y técnico sostenido por la actora.
Finalmente, en subsidio planteo la ilegitimidad de los derechos de exportación aplicado en los permisos de embarque, que fueran creados y/o modificados por normas extralegales sin ratificación legislativa a la fecha del hecho imponible y en violación al principio de reserva dispuesto por el artículo 4° de la CN. Realiza un resumen de la defensa, hace reserva de caso federal, ofrece prueba y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que con fecha 05/08/2020 (IF-2020-66809605-APN-DTD#JGM) la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Por imperativo procesal, niega todos y cada uno de los argumentos esgrimidos por la actora que no fuesen de su especial reconocimiento. Efectúa una reseña de las actuaciones. Sostiene íntegramente los argumentos obrantes en los informes técnicos, el dictamen jurídico y la resolución aduanera. Destaca que la nulidad fue planteada en sede administrativa, rechazada allí, y no ha sido vuelta a plantear en estos autos. En relación a la cuestión de fondo, manifestando que las presentes actuaciones tienen origen en las tareas de fiscalización efectuadas por la Aduana, en el marco de las cuales se constataron exportaciones concretadas bajo el subrégimen EC03 que arrojaban bases imponibles con valor negativo y, por ende, no susceptibles de una determinación tributaria. Explica el marco normativo del régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial. Cita y hace referencia a los informes emitidos en instancia administrativa afirmando que contaron con elementos, documentación y constancias para el caso en el marco del proceso.
Sobre el planteo de inconstitucionalidad expresa que, la doctrina y jurisprudencia han establecido que para que el Tribunal Fiscal pueda seguir la solución adoptada por la Corte Suprema “la doctrina aplicable debe referirse a la misma situación jurídica que motiva la causa y no a circunstancias análogas o parecidas, que por inducción o deducción pudieren adaptarse al caso. Continúa indicando que la actora realizó un examen desacertado e incompleto del precedente “Camaronera Patagónica”, y que los tributos creados por ley pueden “subirse y bajarse” mediante resoluciones del Poder Ejecutivo, siendo ello una práctica razonable. Cita jurisprudencia que hace a su derecho. Manifiesta que no le asiste razón a la contraria en cuanto alega que la exigencia de derechos aduaneros liquidados en dólares transgrede la prohibición de actualización de deudas. Con respecto al planteo sobre la tasa de interés aplicable, hace referencia a los art. 794/795 y 796 y destaca que “los intereses cuestionados se devengan como consecuencia de la propia conducta discrecional del deudor, toda vez que éste no ha alegado circunstancias extraordinarias que impidan el pago oportuno de las sumas adeudadas”, o bien, la constitución de la garantía prevista en el plexo legal bajo análisis”. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas, solicita el rechazo de la totalidad de la prueba ofrecida por la contraparte no incluida en el expediente administrativo, designa consultor técnico, hace reserva de caso federal, confiere autorizaciones y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Con fecha 18/02/2021 (PV-2021-14340212-APN-VOCXV#TFN) se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto por el Fisco nacional, en relación al proveído de fecha 30/12/2020 (IF-2020-91659919-APN- VOCXV#TFN), se tiene por agregada la documental acompañada por la actora, se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas correspondientes a la causa y se abre la causa a prueba por el plazo de sesenta (60) días. Mediante providencia PV-2026-75110516-APN-VOCXV#TFN se certifica la prueba producida. El 05/08/2026, mediante providencia PV-2026-75591252-APN-VOCXV#TFN, se clausura el período probatorio y se elevan los autos a conocimiento de la Sala “E”, la que, mediante providencia IF-2026-77572082-APN- VOCXV#TFN, dispone los autos para alegar. Mediante presentación IF-2026-79407557-APN-DTD#JGM alega la actora. Mediante providencia PV-2026-84095765-APN-SGASAD#TFN de la Secretaría General, se deja constancia que el Fisco Nacional no hizo uso del derecho conferido. Mediante providencia IF-2026-88651765- APN-VOCXV#TFN la Sala "E" dicta el llamado de autos a sentencia.
IV. Las actuaciones administrativas 13289-30679-2012 se inician con la impugnación interpuesta por la actora de los cargos (FE) 3138/12 y 3139/12 (SIGEA 12539-82-2012) por diferencias de derechos de exportación (fs. 1/15). A fs. 16/18 obra el Informe Técnico 31/12 (SE FVEX) del 27/07/12 que señala que en el curso de las tareas de fiscalización se constataron exportaciones del subrégimen EC03 que mostraban bases imponibles con valor negativo y, por ende, no susceptibles de una determinación tributaria; el informe determina para el conjunto de destinaciones un monto a tributar en concepto de derechos de exportación equivalente a USD 426.895.316,66 importe sobre el cual se debe deducir los importes abonados por dicho concepto.
A fs. 25/26 se agrega el resumen de documentos liquidados donde se encuentran señalados los cargos (FE) 3138/12 y 3139/12 por un importe de USD 176.465,56 y USD 101.827,71, en concepto de derechos de exportación de la destinación 07057EC03002020Z (cargo 3138/12) y de la destinación 07057EC03001861R (cargo 3139/12). A fs. 32 obra la Nota (DV FORO) por la cual se remiten las actuaciones a la División Aduana de San Lorenzo, a fin de proseguir con el trámite. A fs. 60, el 21/03/13 se tiene por deducido el recurso de impugnación, por agregada la documental y se resuelve no hacer lugar a la restante prueba solicitada, lo que se notifica a fs. 61. A fs. 62/64 la actora interpone recurso de revocatoria contra la providencia de fs. 60.
A fs. 65/66 obra el dictamen 233/13 del 24/05/13 que concluye en que debería rechazarse el recurso de revocatoria, pero que se debe hacer lugar parcialmente a la presentación formulada, debiendo remitirse las actuaciones a sección “R” para que adjunte los PE y las DIT en trato. A fs. 73/80 la actora agrega informe contable a los fines de demostrar que descontó correctamente los insumos importados en forma temporaria. A fs. 81/84 la actora invoca -en el año 2014- el dictado del fallo de la Corte Suprema en el caso “Camaronera Patagónica S.A.” mediante el cual se declaró la inconstitucionalidad de los derechos de exportación impuestos por la Resolución (ME) 11/02 por resultar dicha resolución y la norma delegante violatorias del principio de reserva legal.
A fs. 71/73 obra la nota 633/17 (AD SALO) del 23/05/17 mediante la cual, la Dirección Regional Aduanera Hidrovía entiende que no es de su resorte opinar en la cuestión objeto de impugnación y que las actuaciones deberían remitirse al Departamento de Gestión de Valoración y Comprobación Documental de Exportación por ser el área competente. A fs. 68 obra la Nota 102/17 (AJ DI RAHI) del 22/06/17 que indica que no se advierten elementos que obsten a la competencia de la Aduana San Lorenzo para la tramitación de las presentes actuaciones las que se elevan al Departamento de Gestión de Valoración y Comprobación Documental de Exportación, a fines de requerir criterio técnico. A fs. 89/90 la actora solicita pronto despacho, lo que se provee a fs. 91, indicándose que las actuaciones se encuentran a la espera de la emisión del dictamen jurídico solicitado.
A fs. 95/96 obra la Nota 276/19 (DV CLSP) del 26/12/19 por la cual se procede a elaborar el recálculo de los derechos de exportación de permisos de embarques allí determinados, adjuntándose un cuadro resumen de los casos analizados. Posteriormente se agrega un dictamen con firma conjunta del 17/01/20 del Departamento de Asesoramiento Aduanero y la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero, relativo a la determinación de la base imponible. Allí se indican las normas que regulan el régimen especial de importación temporaria para perfeccionamiento industrial. Luego se agrega la Nota 49/20 (SIS) del 13/03/23 donde la Sección Inspección Simultánea entiende que debería perseguirse el cobro de los cargos.
Finalmente obra la Resolución 170/20 (AD SALO) apelada en autos y que confirma los cargos (FE) 3138/12 y 3139/12, rechazando la impugnación deducida por la empresa actora V.- Que la cuestión traída a conocimiento de este Tribunal, radica en determinar si los cargos N° 3138 y 3139/12, formulados en relación a los PE 07057EC03002020E y 09057EC03001861S, respecto a las mercaderías harina y aceite de soja, obtenidas como subproductos exportables producidos luego del procesamiento de porotos soja importados temporariamente de origen paraguayo, se ajustan o no a derecho.
Que el Decreto de Necesidad y Urgencia (“DNU”) 618/97 establece en el artículo 9° apartado 2) que “Son atribuciones del Director General de la Dirección General de Aduanas, (…) d) efectuar la revisión de las actuaciones y documentos aduaneros una vez concluida su tramitación ante las aduanas, de conformidad con las disposiciones aplicables, formular rectificaciones y cargos, así como disponer las devoluciones o reintegros que correspondieren”. La norma transcripta faculta al Director General, a través de las dependencias competentes, a realizar la revisión de los tributos abonados por los contribuyentes y en su caso formular las determinaciones suplementarias de tributos que resulten pertinentes. Al respecto, la Corte tiene dicho que “La función primordial del organismo aduanero consiste en ejercer el control sobre el tráfico internacional de mercaderías (art. 23, inc. a), del CA), cometido para el cual no puede resultar indiferente la fiscalización de la correspondencia entre los importes emergentes de las declaraciones comprometidas por quienes actúan en dicho ámbito y los atribuibles a las operaciones efectivamente realizadas” (“Fallos”, 321:1614, “Bunge y Born Comercial S.A. (T.F. 7584 - A) c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 11/06/98 y Fallos: 322:355, “Free Port Importación S.R.L. - TFN. 7607 - A c/ ANA”, entre otros). Cabe señalar que, en materia aduanera, prima el principio de veracidad y exactitud de la declaración aduanera, lo que implica que además de ajustarse a la realidad, debe ser completa e inequívoca a fin de que la Aduana pueda realizar una correcta clasificación y valoración de la mercadería para determinar el régimen tributario aplicable (conf. art. 241 del CA y doctrina de Fallos: 315:942 “SUBGPA SACIE c/Estado Nacional –ANA s/nulidad de resolución” sentencia del 12/05/92). Que, la Aduana sostiene que la actora aplicó erróneamente dicho régimen, determinando y pagando derechos inferiores a los debidos. En oposición, la actora sostiene que aplicó de modo correcto la fórmula y que los derechos pagados se encuentran legal y correctamente determinados y liquidados.
Que, según el Informe Técnico 31/12 (SE FVEX) del 27/07/12 el servicio aduanero consideró que hubo un error por parte del declarante en el cálculo de los derechos de exportación de las destinaciones 07057EC03002020E y 09057EC03001861S que mostrarían “(...) bases imponibles con valor negativo y, por ende, no susceptibles de una determinación tributaria”. El informe indica que se procedió a recalcular la base imponible del universo total de las destinaciones de exportación (valor FOB de las mercaderías) conforme las pautas del Anexo IV de la Resolución General (AFIP) 2147/06 (Procedimiento de Rebaja de Insumos y Factor de Ponderación por tratarse de dos subproductos obtenidos conjuntamente a partir del único poroto de soja) aplicando, según correspondiera por las fechas de registro, las alícuotas de la Resoluciones (MEP) 10/07, 369/07, 125/08, 64/08, 182/08, determinando un monto total por todas esas operaciones de USD 426.895.316,66 en concepto de derechos de exportación. Sobre dicho monto debería deducirse lo que ya fue efectivamente abonado por ese mismo concepto al realizarse las exportaciones. Del examen del informe técnico se observa que, si bien la Aduana fundamenta su actuación invocando la normativa aplicable, la recomposición de la base imponible declarada que realiza no viene acompañada de la liquidación que permita corroborar la exactitud del monto al que arriba respecto de los PE de autos. Se limita a informar que se procedió al relevamiento de 1459 destinaciones de exportación, concretadas al amparo del subrégimen EC03 -exportación a consumo con DIT para transformación- pero no informa los datos de registro de las importaciones temporarias vinculadas. Tampoco indica los valores CIF declarados en dichas destinaciones ni los Certificados de Tipificación (CTC/CTIT) que serían aplicables, datos que resultan indispensables para cumplir con el procedimiento previsto por la Resolución General (AFIP) 2147/06 (Anexo IV). El informe contiene nada más que dos números globales (la cantidad de operaciones de exportación y la cifra total de los derechos de exportación que la Aduana consideró debieron determinarse) sin detraer siquiera los montos de los derechos efectivamente cancelados por las concretas exportaciones a las que alude. Estos graves defectos en las formas esenciales que deben revestir los ajustes tributarios, como los que reclama la Aduana en autos, se examinarán a continuación.
Que la recurrente solicitó, como cuestión preliminar ante la Aduana, reiterándolo luego, la remisión de las carpetas de las DIT y de los PE para el correcto análisis, aplicando el correspondiente CTIT y la fórmula del Anexo IV de la Resolución General (AFIP) 2147/06, este hecho hubiera permitido examinar, de modo fehaciente, el reclamo efectuado por el servicio aduanero.
Que, dicha solicitud fue denegada por la aduana de San Lorenzo -fs. 60 de las act. adm. - por inconducente y dilatoria. Sin embargo, como consecuencia de la revocatoria interpuesta por la actora, conforme dictamen de fs. 65/66 act. adm. se ordenó la remisión de tal documentación. Es entendido que la ausencia de los PE, CTC y DIT impide conocer, de modo fehaciente, la mercadería que se exportó en cada uno de ellos, los valores CIF, la aplicación de los CTC/CTIT, y del Factor de Ponderación. Cabe destacar que la ausencia de los cálculos de la Aduana para cuantificar los cargos respecto de los PE de autos impide su control. En el mismo sentido impide también atender los agravios de la actora en cuanto a que no se calcularon los valores de los productos finales en función del rinde sobre cada unidad de insumo, antes de dividirse por el total de valores (conforme Resolución General –AFIP- 2147/06, Anexo IV, punto 3, párrafos tercero y cuarto). Que los actos de la Aduana dictados en uso de sus facultades de revisión y control previstas por el CA y el DNU 618/97 deben cumplir con los requisitos de validez del acto administrativo, en cuanto a su causa y motivación.
VI. Que, en las Notas y Dictámenes referidos precedentemente, solo se explican y ejemplifica como debería determinarse la base imponible según RG 2147, sin detallar el recálculo realizado para la determinación tributaria respecto de los permisos en cuestión, tampoco se encuentra acompañada de la liquidación que permita corroborar la exactitud del monto al que arriba respecto de los PE de autos. Dichos permisos de embarque solo obran en los IF-2020-86359645-APN-DTD#JGM y IF-2020-86359694-APN-DTD#JGM a fs. 29/23 los derechos de expo abonados por dicha operación, el detalle de lo que debería abonar, y a fs. 24 y 26, los Cargos Nº 3138/2012 y 3139/2012 Que no obran en las actuaciones administrativas 13289-30679-2012, ningún elemento suficiente que permita evaluar la procedencia de la determinación tributaria sobre los PE 07057EC03002020E y 09057EC03001861S, ni las DIT´s vinculadas a dichas operaciones , ni los CTIT aplicables, los cuales deberían haberse agregado a los fines de que el servicio aduanero justifique el ajuste (cfme. Anexo IV Resolución General - AFIP- 2147/06). Lo que hubiera permitido, a este Tribunal, realizar la función de contralor del recalculo realizado por el servicio aduanero con el fin de verificar la validez de la determinación tributaria.
Como consecuencia de esto, los montos intimados mediante los Cargos N° 3138/2012 y 3139/2012 carecen de causa y motivación jurídica, toda vez que no puede verificarse en autos la causa y motivación de tal ajuste, conf. el art. 7º incs. e) y b) de la ley 19.549, encuadrándose en una de las causales de nulidad del art. 14° de la LPA. En virtud de lo expuesto, se concluye, que el servicio aduanero solo se limitó a explicar en forma genérica como sería el criterio final aplicable para este tipo de operaciones que se encuentran sujetas a la RG 2147/06, sin embargo, no realizó los cálculos concretos de los PE 07057EC03002020E y 09057EC03001861S con las formulas específicas para la determinación del valor imponible, conforme el Anexo IV de la RG 2147/06 a los fines de justificar la reconstrucción del valor FOB de exportación.
Que los actos dictados por la Aduana, en uso de sus facultades de revisión y control, previstas por el CA, deben cumplir con los requisitos de validez del acto administrativo, en cuanto a su causa y motivación, y asimismo, dicho acto administrativo debe ser dictado por la autoridad competente y estar sustentado en hechos y antecedentes que le sirvan de causa y fundados en derecho aplicable al caso (art. 7°, incisos b) y e) de la ley 19.549, aplicables supletoriamente conforme art. 1017.1 del CA).
VII. Que la actora ha explicado mediante ejemplos teóricos -técnicamente fundados- la metodología que empleó para determinar -aplicando el Anexo IV de la Resolución General 2147/06 (BO: 25/10/06)- los valores FOB sobre los que se liquidaron los derechos de exportación pagados respecto de los PE 07057EC03002020E y 09057EC03001861S. Dicha metodología fue validada en su corrección por peritos expertos en tributación aduanera y por parte de la prueba documental e informativa producida a fs. 74/80 act. adm (informe del perito Rubén José Lagger), el informe de la Gerencia de Calidad de la actora -págs. 33/35 del RE-2020-50522993-APN- SGASAD#TFN - y el informe pericial del contador Miguel Galeano - IF-2021-16719792-APN-DTD#JGM, la respuesta de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y, lo que resulta más relevante, con el propio Anexo IV de la Resolución General (AFIP) 2147/06 en su texto original (BO: 25/10/06) como con el Instructivo para el Procedimiento de Rebaja de Insumos Importados Temporariamente en Ocasión de la Exportación (fs. 15/19 de las act. adm.). La actora adjunta cuadro con el detalle de cálculo y liquidación de los derechos de exportación de los PE 07057EC03002020E y 09057EC03001861S RE-2020-91168320-APN-DTD#JGM y RE-2020-91168483-
APN-DTD#JGM. Esta explicación propuesta por la actora utilizada en sus operaciones de importación temporaria de soja paraguaya, su consiguiente transformación industrial y, finalmente, su reexportación bajo los respectivos subproductos (aceite y harina de soja) no ha sido refutada como incorrecta, o señalados sus errores o defectos por la Aduana, sea a lo largo de las actuaciones administrativas (en las que mayormente guardó silencio, cuando no propició anular los cargos) o ante esta instancia y, fue convalidada por los informes periciales de expertos en valoración aduanera y el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. La falta de explicitación de los cálculos que le permitieron al servicio aduanero reconstruir el valor FOB de la mercadería exportada mediante los PE de autos, genera convicción del proceder de buena fe de la actora en su determinación de los derechos de los PE 07057EC03002020E y 09057EC03001861S.
VIII. Que, luego de realizado un análisis de las actuaciones administrativas que preceden a esta causa y que concluyeron con el dictado de la Resolución 170/20, así como de los planteos y prueba producida ante este tribunal, corresponde declarar la nulidad de los cargos aduaneros (FE) 3138/12 y 3139/12 y revocar la Resolución 170/20 (AD SALO) del 17/03/20 dictada por la Aduana de San Lorenzo en las actuaciones SIGEA 13289-30679, con costas a la demandada (Art. 1163 del C.A.).
IX. Que por la forma en que se resuelve la presente no corresponde analizar las demás cuestiones planteadas. Por todo lo expuesto, VOTO por:
Declarar la nulidad de los cargos FE 3138/12 y 3139/12 y, en consecuencia, revocar la Resolución 170/20 (AD SALO) dictada en el SIGEA 13289-30679-2012, con costas a la demandada (art. 1163 del CA).
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al voto precedente En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE
Declarar la nulidad de los cargos FE 3138/12 y 3139/12 y, en consecuencia, revocar la Resolución 170/20 (AD SALO) dictada en el SIGEA 13289-30679-2012, con costas a la demandada (art. 1163 del CA).
Regístrese y notifíquese.
Suscriben la presente los Dres. Héctor Hugo Juárez y Juan Manuel Soria por encontrarse vacante la Vocalía de la 14° Nominación (conf. art. 1162 del C.A. y art. 52 del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación).
Date: 2026.09.24 20:39:38 ART Date: 2026.09.24 21:08:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Hector Hugo Juarez Vocal Vocal Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.09.24 21:08:53 -03:00
Fin de la sentencia