Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2020-24600163-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 222/2017, 221/2017 y 241/2017 (AD SALO) recaídas en las Actuaciones Administrativas SIGEA N° 12509-1572-2013, 12509-1547-2013 y 12509-1960-2012/48, respectivamente.
2Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-110096399-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 18 de Septiembre de 2023 Aduanas s/ apelación”, expediente N° 38.280-A.-
TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
En Buenos Aires, reunidos los Vocales Titulares integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dr. Christian M. González Palazzo y Dr. Pablo A. Garbarino, a fin de resolver en los autos caratulados “BUNGE ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente N° 38.280-A, El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I.— Que, a fs. 11/15 se presenta, por apoderado la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones Nros. 222/2017, 221/2017 y 241/2017 (AD SALO), recaídas en las Actuaciones Administrativas SIGEA Nros. 12509-1572-2013, 12509-1547-2013 y 12509-1960-2012/48, respectivamente, mediante las cuales no se hizo lugar a las acciones de repetición incoadas por la aquí apelante, correspondientes a las operaciones documentadas mediante las destinaciones N° 08 057 EC01 000552 L, 08 057 EC01 000236 K y 07 057 EC01 011072 J. Sostiene que las Resoluciones Ministeriales que establecen los derechos de exportación que aquí se litigan, resultan inconstitucionales por cuanto no han sido ratificadas por ley del Congreso Nacional. En consecuencia, manifiesta que debe aplicarse el precedente “Camaronera Patagónica” donde la C.S.J.N declaró la inconstitucionalidad de los derechos de exportación creados por la Resolución ME 11/02, por resultar dicha resolución y la norma “delegante” (Leyes 22.415 y 25.561) violatorias del principio de reserva de ley contenido en el art. 4° de la Constitución Nacional para la materia tributaria. En tal sentido, señala que la C.S.J.N reiteró la doctrina de que es imprescindible, para la validez constitucional de un tributo, que el Congreso imponga o modifique tal tributo, entendiendo, en este aspecto, que el Congreso debe ser quien delimite el hecho imponible, los sujetos alcanzados, las exenciones previstas y la alícuota o cuantia del impuesto. En este último aspecto, menciona que la facultad del Poder Ejecutivo para modificar un impuesto establecido por el Congreso se limita al aspecto cuantitativo (alícuota) y sólo puede ejercerse cuando el mismo expresamente delegue tal facultad y delimite márgenes mínimos y máximos. En tal sentido manifiesta que el art. 755 del C.A. no califica como una norma delegante válida a efectos de que el Poder Ejecutivo Nacional pueda fijar derechos de exportación, ello atento que no determina los recaudos acerca de la forma de cuantificar la respectiva obligación. En este marco, expresa que los derechos que se pretenden aplicar en autos han sido incorrectamente calculados por cuanto son inconstitucionales los derechos de exportación exigidos a la alícuota del 28%, por no encontrarse ratificados por Ley, y que, la diferencia entre la mencionada alícuota y la del 20% —que debió exigirse— es lo que aquí se reclama.
II.— Que a fs. 26/37 la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa. Solicita rechazo del recurso de apelación por violación al principio de congruencia y el debido proceso. Expresa que la recurrente interpuso recurso de apelación ante el T.F.N., conforme surge del F4, por la porción de derechos cuya imposición no fue ratificada por ley de Congreso, con fundamento en el precedente “Camaronera Patagónica”. En tal sentido, señala que la recurrente funda su recurso en cuestiones no ventiladas en el procedimiento de repetición en sede administrativa, por ende, son inadmisibles y extemporáneos. Entiende que para que el Excma.
T.F.N. deba pronunciarse sobre los planteos traídos a esta instancia, primigeniamente dichos planteos debieron efectuarse de manera oportuna ante la sede administrativa. Manifiesta que la introducción de nuevas pretensiones excede el marco de conocimiento propio de la apelación de la resolución aduanera, dado que “en realidad” técnicamente no se han expresado agravios, sino que se han pretendido introducir a la litis nuevas pretensiones, por lo que solicita el rechazo del recurso interpuesto. Subsidiariamente, contesta el traslado. Realiza una negativa genérica. Solicita la aplicación de la sentencia “Whirlpool Puntana S.A.” de la C.S.J.N. toda vez que la presente causa resulta análoga. Señala que la Excma Corte, en el mencionado fallo, ha respetado los planteos efectuados por el Fisco Nacional a raíz de la Resolución del Ministerio de Economía N° 11/02, esto es, que el tratado de Asunción no prohíbe a los países miembros del MERCOSUR establecer derechos de exportación.
Afirma que la correcta interpretación del fallo “Camaronera” no lo hace aplicable al caso en cuestión y, por lo tanto, la interpretación que realiza la apelante no recepta el análisis completo de la sentencia dictada ni el sentido que quiso darle la C.S.J.N. En efecto, señala que el Máximo Tribunal no ha declarado la invalidez de las alícuotas por derechos de exportación, sino por el contrario, la validez de dichos derechos. En este sentido, señala que no se trata de una norma carente de respaldo legal al entender que ha habido una clara política legislativa y que los recaudos mínimos del tributo poseen sustentación normativa. En consecuencia, afirma que la resolución aquí atacada ha sido dictada en el marco de las funciones que acuerda al Poder Ejecutivo los arts. 664 y 775 del C.A, con la limitación determinada por el art. 666 del citado cuerpo legal.
Expresa, que en “Camaronera”, la CSJN señalo que la realidad imperante en el comercio internacional, traducida en la velocidad del intercambio de mercaderías como también en el vertiginoso cambio coyuntural exterior, justifican la delegación en cabeza del Poder Ejecutivo a los efectos de establecer los aranceles y su quantum en función de los cambios producidos en el contexto internacional como en la necesidad de mitigar los efectos de este “promoviendo, protegiendo y conservando” las actividades productivas nacionales. Menciona la incompetencia del Excmo. Tribunal de la Nación para resolver la inconstitucionalidad. Cita jurisprudencia en sustento a su postura, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III.— Que, de la compulsa de las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, las que corren por cuerda, resulta que los procedimientos de repetición iniciados por la firma respecto a las Actuaciones Administrativas SIGEA Nros. 12509-1572-2013, 12509-1547-2013 y 12509-1960-2012/48 concluyeron con las Resoluciones Nros. 222/2017, 221/2017 y 241/2017, respectivamente, en las cuales el servicio aduanero resolvió no hacer lugar a las solicitudes de devolución de tributos de la firma apelante. IV.— Que a fs. 38 se declara la causa de puro derecho. A fs. 53 se elevan los autos a conocimiento de la Sala “F” y, a fs. 56, quedan en estado de dictar sentencia.
V.— En las condiciones indicadas y por razones metodológicas, no corresponde expedirse sobre los agravios expresados por la actora respecto de si la aplicación de derechos de exportación en el tráfico intrazona del MERCOSUR resulta violatoria del Tratado de Asunción, ello atento que en esta instancia la apelante no se agravia al respecto.
Resuelto ello, corresponde señalar que las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictada por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN,) en la cual, por mayoría, los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal “ ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
VI.— Que siendo ello así y en virtud de lo dispuesto en el art. 151 de la Ley 11.683, resultando en el caso aplicable la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, corresponde confirmar las Resoluciones apeladas. En este sentido, y dejando a salvo mi opinión disidente con lo resuelto en el plenario de referencia respecto de las facultades de este Tribunal para realizar el control de validez de las normas en razón de lo dispuesto en el art. 75 inc. 22 y la Convención Americana de Derechos Humanos, las facultades del Poder Ejecutivo para fijar alícuotas de los derechos de exportación y la validez de la norma aquí cuestionada —a cuyo voto me remito—, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos abonados por la firma “BUNGE ARGENTINA S.A.” en relación a las destinaciones mencionadas, en virtud de lo dispuesto en las Resoluciones Ministeriales que establecen los derechos de exportación que aquí se litigan y, en consecuencia, confirmar las resoluciones apeladas. En efecto, hasta tanto se mantenga vigente el plenario de referencia, habré de aplicar —con la salvedad expuesta— el criterio sentado por la mayoría de mis colegas, pues como operador jurisdiccional debo respetar el alcance de un acuerdo plenario aunque no comparta —estricto sensu— lo allí resuelto. VII.— Que, en cuanto a las costas, las mismas deben imponerse por su orden en atención a la temática de la cuestión en trato y que el fallo el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha posterior a la interposición del recurso (art. 1163 C.A.).
Por lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 222/2017, 221/2017 y 241/2017 recaídas en las Actuaciones Administrativas SIGEA N° 12509-1572-2013, 12509-1547-2013 y 12509-1960-2012/48, respectivamente.
2. Costas por su orden, conforme lo señalado en el Considerando VII.
Así lo voto.— El Dr. Garbarino dijo:
I.— Que, respecto a los hechos traídos a estudio, corresponde remitirse “brevitatis causae” a la descripción realizada por el Vocal preopinante.
II.— Que, sentado ello, cabe destacar que el artículo 151 de la ley 11.683 establece expresamente, en relación a este Tribunal Fiscal, que “...Cuando una cuestión de derecho haya sido objeto de pronunciamientos divergentes por parte de diferentes salas, se fijará la interpretación de la ley que todas las salas deberán seguir uniformemente de manera obligatoria, mediante su reunión en plenario...” (el subrayado me pertenece).
III.— Que, bajo tales premisas, corresponde destacar que en fecha 26 de abril de 2022, en virtud del Fallo Plenario IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, la competencia aduanera de este Tribunal Fiscal por mayoría -el suscripto no participó del referido Acuerdo por encontrarse en uso de licencia- acordó fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
IV.— Que, por ende, teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, y sin perjuicio de la opinión en contrario sostenida por el suscripto in re “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” (EX-2020-24711043), del 22 de diciembre de 2021 y “Bunge Argentina S.A” (Expte. Nro. 36.695-A), del 7 de febrero de 2022, entre muchos otros, a los fines de la resolución de la litis resulta plenamente aplicable, mutatis mutandi, la doctrina legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, por lo que resulta ajustado a derecho confirmar las resoluciones apeladas, en cuanto dispusieron rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma recurrente. Así lo voto.— V.— Que, por lo demás, y toda vez que el Fallo Plenario de este Tribunal que se aplica al caso es de fecha posterior a la interposición del recurso, resulta procedente imponer las costas por su orden (cfme. doct. Sala “E” in re Molinos Rio Molinos Río de la Plata SA” del 16-11-00, y CNACAF Sala IV “Nestlé Argentina SA” 7-10-04 (TFN 15197-A). Así también lo voto.— Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 222/2017, 221/2017 y 241/2017 (AD SALO) recaídas en las Actuaciones Administrativas SIGEA N° 12509-1572-2013, 12509-1547-2013 y 12509-1960-2012/48, respectivamente.
2. Costas por su orden.
Suscriben la presente los Dres. Christian González Palazzo (Vocal Titular de la Vocalía de la 17ª Nominación y Dr. Pablo A. Garbarino (Vocal Titular de la Vocalía de la 16ª Nominación), en los términos del art. 1162 del C.A.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2023.09.18 12:42:50 -03:00 Date: 2023.09.18 17:52:59 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.18 17:52:59 -03:00
Fin de la sentencia