Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-50536471-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de los Cargos Nros. 2837 al 2877, todos del año 2012 y, por ende, de la Resolución Nro. 169/2020 (AD SALO), dictada en la Actuación Nº 13289-30395-2012.
2Costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-55385670-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 23 de Mayo de 2025 Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver los autos “BUNGE ARGENTINA S.A. C/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº EX-2020-50536471- -APN-SGASAD#TFN.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que se presenta la firma “Bunge Argentina SA”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nro. 169/2020 (AD SALO), dictada por el Jefe del Departamento Aduana de San Lorenzo en la Actuación Nro. 13289-30395-2012, en cuanto resuelve rechazar la impugnación deducida, y confirmar los cargos Nros. 2837 al 2877, todos del año 2012. Reseña los antecedentes de la causa. Relata que desarrolla, entre otras actividades, la producción agroindustrial de cereales y oleaginosas que comercializa en el mercado internacional, y que en el curso de sus operaciones durante los años 2007 a 2009, importó temporariamente, porotos de soja de origen Paraguay, para la elaboración de productos y subproductos derivados, con destino a la exportación.
En particular, indica que la soja importada se empleó en la elaboración de aceite y harina de soja, cumpliendo en su totalidad con el régimen de importación temporaria en función de las exportaciones de las mercaderías citadas. Señala que para la determinación de la base imponible, sobre la cual se aplican los derechos de exportación a abonar por cada operación de exportación, se declaró en cada caso el valor correspondiente, siguiendo los lineamientos del Decreto 1330/04 y, en particular, del “Procedimiento de rebaja de insumos importados temporariamente en ocasión de la exportación” previsto en el Anexo IV de la Resolución General AFIP 2147/06 (Anexo que con posterioridad a las exportaciones de marras fue reemplazado por la Resolución General AFIP 3686/16) y el instructivo del servicio aduanero para su aplicación.
Afirma que, en todos los casos, la determinación de la base imponible se hizo de acuerdo a la normativa aplicable y se abonaron íntegramente los derechos de exportación. No obstante, en el año 2012 la Aduana (Dirección Regional Aduanera Rosario) formuló y notificó diversos cargos reclamando diferencias de derecho de exportación impagos en relación a esos permisos de embarque. Plantea la nulidad de la resolución apelada con fundamento en la falta de causa y motivación de los cargos, atento que no se incorporaron a las actuaciones los permisos de embarque y los cálculos que efectuó la Aduana que justificarían las diferencias reclamadas. Cuestiona también que se mencionan una serie de dictámenes y opiniones emitidas en el marco de otra actuación (la actuación SIGEA 18022-41-2019), sin haberse tratado ninguno de los fundamentos esbozados en el procedimiento de impugnación.
Indica que con el CTIT se determinaba la relación insumo/producto de la mercadería y con ello la cantidad de insumo a descargar en cada exportación, mientras que con el “Factor de ponderación” se ponderaba o “distribuía” de modo más adecuado el valor de ese insumo en los distintos subproductos, teniendo en cuenta que cada subproducto tenía valores sustancialmente diversos. Ejemplifica los cálculos. Añade que la exigencia de mayores tributos estaba motivada en la aplicación de una nueva fórmula para la rebaja de los insumos importados en forma temporaria en los términos de la Resolución General AFIP 2147/06 y que, según pudo dilucidar (dado que no estaban agregados los permisos ni los cálculos efectuados para cada reclamo) el servicio aduanero utilizaba el valor CIF de descarga (en vez del CIF del insumo efectivamente utilizado en la producción del subproducto de que se trataba y conforme la relación insumo/producto certificada por el CTIT).
Afirma que esta fórmula es errónea, por cuanto el servicio aduanero descontó del valor FOB una suma mucho menor a la que correspondía. Explica que dicho error conceptual y técnico trae como consecuencia práctica la rebaja del insumo como si hubiera rendido en el proceso de producción tres veces lo que en realidad rindió y fue certificado en cada CTIT. Arguye que, en la resolución apelada en autos, el servicio aduanero modificó el criterio jurídico inicialmente adoptado, sosteniendo que no corresponde aplicar el coeficiente de detracción del derecho de exportación por tratarse de mercaderías con precio oficial, asumiendo que las exportaciones se realizan en el marco de la ley 21.453, y no bajo el régimen especial de perfeccionamiento industrial.
Relata que el régimen general de exportación establece que para la determinación de la base imponible de exportación corresponderá considerar el precio FOB de exportación. Alega que en el caso especial de exportación de mercaderías comprendidas en el régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial, se parte del valor FOB de exportación y luego se descuentan los insumos importados temporariamente y se aplica el coeficiente para la detracción de los derechos de exportación de la base imponible, en los términos previstos en los arts. 735, 736 y 737 del Código Aduanero, por expresa remisión del art. 277 del mismo cuerpo legal. Refiere a lo resuelto en el marco de actuaciones análogas a la presente.
En particular, menciona la opinión emitida por la División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca del Departamento de Valoración y Comprobación Documental de Exportaciones en la Actuación Nro. 12539-141- 2012 en la que revisó los cálculos efectuados por la firma “Aceitera General Deheza S.A.” -en idéntica forma a los efectuados por Bunge Argentina S.A. en su operatoria- concluyendo categóricamente que resultaban correctos y adecuados a lo previsto en la Resolución General AFIP 2147/06. Cita jurisprudencia. Finalmente, en subsidio, plantea la ilegitimidad tanto del derecho de exportación exigido al momento de documentar las operaciones como de los pretendidos en autos, derivados de una redeterminación de la base imponible, habiéndose exigido en violación al principio de legalidad y reserva en materia tributaria, tornándose inconstitucionales.
Cita el fallo de la Corte Suprema en los autos “Camaronera Patagónica S.A.”. Sostiene que el reclamo formulado en dólares y los eventuales intereses resarcitorios arrojan resultados abusivos, contrarios a los principios de buena fe, equidad y justicia, e implican la actualización de la deuda, prohibida por las leyes 23.928 y 25.561. Asimismo, solicita que para el caso de confirmarse la pretensión aduanera no se apliquen intereses resarcitorios durante el lapso en que el servicio aduanero no ha dado trámite razonable y expedito a las actuaciones. Hace reserva del caso federal. Ofrece prueba y, pide que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que la representación fiscal contesta el traslado oportunamente conferido. Formula negativa genérica. Efectúa una reseña de las actuaciones administrativas. Menciona los antecedentes de hecho y el derecho aplicable que sirvieron de causa al acto cuestionado. Afirma que el procedimiento seguido por la Aduana para el dictado de la resolución apelada fue realizado en ejercicio de las facultades legales otorgadas, conforme los fundamentos técnico- jurídicos y la normativa aplicable. Destaca que los actos cuestionados gozan de total motivación, y que la Aduana de San Lorenzo tuvo en cuenta sendos informes (Notas y Dictámenes) que convalidan y ratifican el criterio considerado para la formulación de los cargos y dan sustento al dictado de la resolución aduanera.
Menciona que corresponde a la DGA la función de fiscalizar los tributos y accesorios dispuestos por las normas legales respectivas que gravan la importación y la exportación y que, en uso de esas facultades, constató la existencia de operaciones de exportación concretadas al amparo del subrégimen EC03 -exportación a consumo con DIT para transformación- que mostraban bases imponibles con valor negativo y, por ende, insusceptibles de una determinación tributaria. Explica el marco normativo del régimen de importación temporaria para perfeccionamiento industrial, y refiere a los informes considerados por el servicio aduanero. En relación con el planteo de inconstitucionalidad señala que, conforme lo normado por el artículo 1164 del C.A., las sentencias de este tribunal no pueden contener pronunciamiento sobre la falta de validez constitucional de las leyes y sus reglamentaciones, a menos que la Corte hubiera declarado su inconstitucionalidad.
Cita jurisprudencia y doctrina. Califica de desacertada la interpretación de la recurrente sobre el fallo “Camaronera Patagónica S.A. c/Ministerio de Economía y otros s/amparo” del 15/04/2014. Puntualiza que los derechos de exportación deben ser entendidos como herramientas que utiliza la Nación para regular mercados, permitiéndole al Estado reaccionar con velocidad a los cambios económicos y que, por ello, es una práctica razonable que los tributos creados por ley puedan “subirse y bajarse” mediante resoluciones del Poder Ejecutivo. Cita jurisprudencia. Sostiene que no le asiste razón a la actora en cuanto alega que la exigencia de derechos aduaneros liquidados en dólares transgrede la prohibición de actualización o repotenciación de la deuda establecida en la ley 23.928.
Invoca el precedente “Volkswagen Argentina S.A. C/DGA” y manifiesta que la Corte concluyó que los derechos de importación y exportación, así como los demás tributos que graven tales operaciones deben ser determinados en dólares hasta el momento de su efectivo pago y que sobre ellos deben calcularse los intereses previstos en el artículo 794 del CA. Indica que las leyes 23.905 y 23.928 constituyen una unidad normativa, resultando contrario a la lógica entender que una derogue a la otra. Cita la Resolución General AFIP 3271/12. En cuanto a la tasa interés aplicable, transcribe y analiza los artículos 794, 795 y 796 del CA. Concluye que ninguno de los argumentos esgrimidos por la recurrente habilitan a apartarse de la aplicación ineludible de las normas de carácter federal (la ley 23.905, el C.A. y sus normas reglamentarias) y que se deben aplicar las tasas de interés vigentes en cada momento de la obligación tributaria, respecto de lo cual recalca que la Resolución Nro. 598/2019 del Ministerio de Hacienda establece expresamente que su entrada en vigencia era el día posterior al de su publicación y surtiría efectos desde el 01/08/2019.
Ofrece prueba. Hace reserva del caso federal. Solicita que, oportunamente, se confirme la resolución, con expresa imposición de costas a la actora.
III. Que por PV-2021-54040109-APN-VOCXX#TFN se abre la causa a prueba, mediante PV-2024-137685659- APN-VOCXX#TFN se declara el cierre del período probatorio, por PV-2025-30749151-APN-VOCXX#TFN se elevan los autos a la Sala “G”, y por IF-2025-31392703-APN-VOCXX#TFN se los pasa para alegar, agregándose el alegato de la actora en el IF-2025-33920449-APN-DTD#JGM y el del Fisco Nacional en el IF-2025-36886451- APN-DTD#JGM. Mediante el IF-2025-46705888-APN-VOCXX#TFN se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación Nro. 13289-30395-2012 (embebida en IF-2021-52270390-APN-DTD#JGM) se inicia a fs. 1/15 con la impugnación deducida por “BUNGE ARGENTINA S.A.” contra los cargos formulados en la Actuación 12539-61-2012 y su acumulada Nro.13289-30056-2012 (cargos Nros. 2837/2012 al 2866/2012 y Nros. 2867/2012 al 2877/2012), por diferencias de derechos de exportación. A fs. 28 se tiene por deducido el recurso de impugnación, por agregada la documental y se resuelve no hacer lugar a la restante prueba (tanto la ofrecida en el recurso de impugnación como la del pedido de ampliación del Alcance SIGEA Nro. 12539- 61/2012/1). A fs. 30/32 la firma interpone revocatoria. A fs. 33/vta se emite el Dictamen Nº 238/2013 y a fs. 35/36 se dicta la Resolución Nº 675/2013 (AD SALO) que rechaza la revocatoria por extemporánea, y se ordena como medida para mejor proveer que se adjunten los despachos de importación temporaria o impresiones de pantalla.
A fs. 39/vta. la firma agrega informe pericial (obrante a fs. 40/46). A fs. 51/53 se emite con fecha 23/05/2017 la Nota Nº 631/2017 (DE SALO). A fs. 54 se dicta la Nota Nº 126/2017 (AJ DI RAHI) del 28/06/2017 que indica que no se advierten elementos que obsten a la competencia de la Aduana San Lorenzo para la tramitación de las presentes actuaciones y, atento la existencia de actuaciones en similar estado y por celeridad, se eleva como referencia la Actuación SIGEA 13289-37421-2012 al Departamento Gestión de Valoración y Comprobación Documental de Exportación, a fines de requerir criterio técnico. A fs. 55/56vta. se glosa copia de la Nota 115/17 (SE CLSU) del 07/08/2017 emitida en el marco de la actuación administrativa 12539-141-2012, a través de la cual se determina que, previo a todo trámite, se debe solicitar el informe técnico al originante del cargo, con los fundamentos técnicos jurídicos y el correspondiente desarrollo de la metodología de cálculo utilizada.
A fs. 57/58 obra la Nota 276/19 (DV CLSP) del 26/12/2019 por la que se procede a elaborar el recálculo de los derechos de exportación de permisos de embarques que indica, adjuntándose un cuadro resumen de los casos analizados. A fs. 60/vta. el 17/01/2020 el Departamento de Asesoramiento Aduanero y la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero emiten dictamen jurídico en relación con la determinación de la base imponible, indicándose las normas que regulan el régimen especial de importación temporaria para perfeccionamiento industrial. A fs. 61/vta. se emite la Nota Nº 52/20 (SIS) de la Sección Inspección Simultánea datada el 13/03/20 mediante la cual esa dependencia entiende que debería perseguirse el cobro de los cargos.
A fs. 62/64 se dicta la Resolución Nro. 169/2020 (AD SALO) que confirma los cargos Nros. 2837 al 2877 del año 2012, notificadas el 13/07/2020. A fs. 67/68 se comunica la apelación ante este Tribunal.
Que por la Actuación Nro. 13289-30356-2012 (embebida en IF-2021-52270225-APN-DTD#JGM) la firma recurrente planteó con fecha 22/10/2012 la nulidad de los cargos, y a fs. 11 se declaró abstracta la cuestión “ atento al Recurso de impugnación interpuesto por el interesado que tramita por actuación sigea Nº 13289- 30395-2012 y 13289-30677-2012”.
Que por la Actuación Nro. 13289-30677-2012 (embebida en IF-2021-52270645-APN-DTD#JGM) se inicia a fs. 1/15 con la impugnación deducida por “BUNGE ARGENTINA S.A.” contra los cargos formulados en la Actuación Nro. 12539-61-2012 y su acumulada Nro. 13289-30056-2012 (cargos Nros. 2837/2012 al 2866/2012 y Nros. 2867/2012 al 2877/2012), por diferencias de derechos de exportación. A fs. 16/18 ref. se glosa copia del Informe Técnico Nro. 31/2012 (SE FVEX). A fs. 19/20 ref. se agrega una planilla de resumen de los documentos liquidados. A fs. 25/63 ref. se agregan copias de los cargos cuestionados (desde el 2837 al 2856), y a fs. 65/104 ref. los cargos Nros. 2857 al 2877. A fs. 116/vta obra presentación de la firma en la que solicita que se amplíe la prueba (Alcance SIGEA Nro. 12539-61/2012/1).
V. Que corresponde resolver en la causa si resulta ajustada a derecho la resolución aduanera apelada, en cuanto rechazan las impugnaciones y confirman los cargos Nros. 2837 al 2877 del año 2012.
Que cabe aclarar que las diferencias de derechos de exportación reclamadas por el servicio aduanero corresponden a mercadería (harina y aceite de soja) obtenidas como subproductos exportables de la importación temporaria (arts. 250 a 277 del CA) de porotos de soja de origen paraguayo. No obstante, el cumplimiento total y tempestivo de la importación temporaria no es objeto de controversia, sino que se trata únicamente del examen de los cargos formulados por el servicio aduanero y de los procedimientos de impugnación promovidos por la apelante -cfr. arts. 1053 y cc. del C.A.-.
Que la determinación tributaria fue efectuada por la ex Sección de Fiscalización y Valoración de Exportación (dependiente de la entonces Dirección Regional Aduanera Rosario) por diferencias de derechos de exportación, y tuvo su origen en operaciones de exportación concretadas al amparo del Subrégimen EC03 –Exportación a Consumo con DIT para Transformación. Dicha área de fiscalización relevó las operaciones en las que, tratándose de productos y subproductos obtenidos a partir del procesamiento de “porotos de soja” (NCM 1201.00.90.190N) ingresados temporalmente a territorio aduanero al amparo del régimen previsto por el Decreto Nº 1330/2004, las bases imponibles arrojaban valores negativos y, por ende, no susceptibles de una determinación tributaria. En virtud de ello, el servicio aduanero formuló la determinación tributaria por diferencias de derechos de exportación, que dio origen a los cargos impugnados por la recurrente.
Que, en ese contexto, toda vez que la Aduana sostiene que la actora aplicó erróneamente el procedimiento establecido por la Resolución General 2147/06 -Anexo IV- y concordantes, la cuestión a resolver se circunscribe a la revisión de la forma en que se determinaron y liquidaron los derechos de exportación que gravan a los subproductos harina y aceite de soja, obtenidos a partir de la importación de soja paraguaya, conforme el decreto 1330/04 y el procedimiento establecido por la referida Resolución.
VI. Que, en primer lugar, corresponde tratar el planteo de nulidad introducido por la actora en su recurso de apelación.
Que el fundamento de dicho planteo -también esgrimido ante el servicio aduanero en el procedimiento de impugnación- radica en la la falta de incorporación a las actuaciones administrativas de los documentos en virtud de los cuales se efectuaron los reclamos de mayores tributos (esto es, los permisos de embarque y DIT que cancelaban para la validación del cálculo de la base imponible) y de los que surgiría el valor a deducir de la base imponible. Por tales razones, considera que la resolución apelada en la especie carecen de causa y motivación. Que corresponde poner de manifiesto que le asiste razón a la recurrente con respecto a la nulidad planteada por ausencia de causa y motivación de los cargos formulados por el servicio aduanero y, por ende, de la resolución aduanera. Ello, con fundamento en que la falta de incorporación a las actuaciones administrativas de los permisos de embarque y de los DIT en los que se documentaron las operaciones temporales vinculadas a dichos permisos, como así también de los antecedentes utilizados por el servicio aduanero para realizar los cálculos, imposibilitan verificar si el ajuste por derechos de exportación que dio origen a los Cargos Nros. 2837 al 2877 del año 2012 resulta ajustado a derecho.
Que, conforme surge de las actuaciones administrativas, la resolución aduanera se fundó en Informes y Dictámenes obrantes en las mismas, sin embargo, de ellos no surgen los elementos necesarios para evaluar la procedencia de las determinaciones tributarias. Como se dijo, no obran en la causa los PE originales o copias, las DIT originales o copias vinculadas a esos PE, los CTIT correspondientes, y un informe con los fundamentos técnicos jurídicos sobre la metodología de cálculo aplicada a los permisos en cuestión, sino que dichos documentos solo brindan ejemplificaciones globales o refieren a cálculos aplicados a otras operaciones que no son objeto de autos.
Que, en este sentido, a través del Informe Técnico Nro. 31/2012 (SE FVEX) (obrante a fs. 16/18 ref. de la Actuación Nro. 13289-30677-2012) el servicio aduanero consideró que hubo un error por parte del declarante en el cálculo de los derechos de exportación de las destinaciones involucradas en autos, lo que mostraría “(...) bases imponibles con valor negativo y, por ende, insusceptibles de una determinación tributaria”. El informe indica que se procedió a recalcular la base imponible del universo total de las destinaciones de exportación (valor FOB de las mercaderías) conforme las pautas del Anexo IV de la Resolución General AFIP 2147/06 (Procedimiento de Rebaja de Insumos y Factor de Ponderación por tratarse de dos subproductos obtenidos conjuntamente a partir del único poroto de soja) aplicando, según correspondiera por las fechas de registro, las alícuotas de la Resoluciones MEP Nros. 10/07, 369/07, 125/08, 64/08, 182/08, determinando un monto total por todas esas operaciones de U$S 426.895.316,66 en concepto de derechos de exportación. Sobre dicho monto debería deducirse lo que ya fue efectivamente abonado por ese mismo concepto al realizarse las operaciones de exportación.
Que, en ese contexto, corresponde poner de manifiesto que mediante la Nota 115/17 (SE CLSU) del 07/08/2017 dictada en la Actuación Nro. 12539-141-2012, el propio servicio aduanero reconoce que “dada la distinta naturaleza de los cargos emitidos por el área de fiscalización interviniente, deberá examinarse caso por caso, para establecer la procedencia de los mismos” (v. copia de la Nota obrante a fs. 55/56vta de la Actuación Nro. 13289-30395-2012).
Que, en efecto, si bien luego se emitió la Nota Nro. 276/19 (DV CLSP) del 26/12/19 dictada en la Actuación Nro. 18022-41-2019 que, con un cuadro resumen y un re-cálculo de los derechos de exportación de los PE que detalla (ninguno de ellos se corresponde con los PE de autos), no logra fundarse la determinación de la base imponible que se postula como correcta. Dicho extremo tampoco puede ser subsanado con el Dictamen IF-2020-00042598- AFIP-DVDVRTA#SDGASJ del 17/01/20 del Departamento de Asesoramiento Aduanero y la División Dictámenes en Régimen Tributario Aduanero (v. copia de la Nota obrante a fs. 45/46 de la Actuación Nro. 13289-30395-2012).
Que, en ese orden de ideas, cuadra destacar que el servicio aduanero sólo se limitó a explicar de forma genérica cómo sería el criterio final aplicable para este tipo de operaciones sujetas al Procedimiento previsto por la Resolución General AFIP 2147/06. En concreto, no surge de las actuaciones administrativas ni de las constancias de autos información alguna relativa a los datos y a las fórmulas específicas empleados por el servicio aduanero para reconstruir el valor FOB de exportación de las operaciones de autos, conforme la citada Resolución. Nótese que la Aduana no indica los métodos empleados para el cálculo de los derechos de exportación correspondientes a los PE involucrados en autos ni tampoco las fórmulas específicas empleadas para la determinación del valor imponible, conforme el Anexo IV de la Resolución General Nº 2147/06 a los fines de justificar la reconstrucción del valor FOB de exportación.
Que, en conclusión, toda vez que no obran en las actuaciones ni en autos la documentación (DIT, CTC/CTIT y PE) que permita verificar la procedencia de los ajustes practicados sobre los mencionados PE y, teniendo en cuenta que la Aduana es la responsable de contar con dichas destinaciones y de justificar la recomposición de la base imponible (valor FOB) de la mercadería (en virtud de la cual reclama las diferencias en conceptos de derechos de exportación), se verifica la ausencia de fundamentos jurídicos y técnicos que den sustento al ajuste tributario practicado en la especie.
Que, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de los cargos formulados por carecer de causa y de motivación –cfr. arts. 7 incs. b) y e) y 14 inc. b) de la ley 19.549, aplicable supletoriamente de conformidad con lo dispuesto por el ap.1 del art. 1017 del CA- y, por ende, de la Resolución apelada.
Que, en efecto, los actos dictados por la Aduana, en uso de sus facultades de revisión y control previstas por el CA, deben cumplir con los requisitos de validez del acto administrativo, en cuanto a su causa y motivación y, asimismo, dicho acto administrativo debe ser dictado por la autoridad competente y estar sustentado en hechos y antecedentes que le sirvan de causa y fundados en derecho aplicable al caso -art. 7°, incisos b) y e) de la ley 19.549, aplicables supletoriamente conforme art. 1017.1 del CA-.
Que este Tribunal ya tuvo oportunidad de expedirse con similares fundamentos a los que se resuelve la presente, en las causas “Aceitera General Deheza S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, expediente EX-2020-53108617- - APN-SGASAD#TFN, sentencia dictada por la Sala “E” con fecha 22/09/2023; y “Aceitera General Deheza S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, expediente EX-2020-53301793- -APN-SGASAD#TFN, sentencia dictada por esta Sala el 22/03/2024.
Por todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad de los Cargos Nros. 2837 al 2877, todos del año 2012 y, por ende, de la Resolución Nº 169/2020 (AD SALO), dictada en la Actuación Nº 13289-30395-2012.
VII. Que atento la forma en que se resuelve el presente torna inoficioso el examen de las demás cuestiones planteadas.
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Declarar la nulidad de los Cargos Nros. 2837 al 2877, todos del año 2012 y, por ende, de la Resolución Nro. 169/2020 (AD SALO), dictada en la Actuación Nº 13289-30395-2012.
2. Costas a la D.G.A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Declarar la nulidad de los Cargos Nros. 2837 al 2877, todos del año 2012 y, por ende, de la Resolución Nro. 169/2020 (AD SALO), dictada en la Actuación Nº 13289-30395-2012.
2. Costas a la D.G.A.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.05.23 14:16:05 ART Date: 2025.05.23 19:47:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.05.23 20:42:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.05.23 20:42:52 -03:00
Fin de la sentencia