Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 33.394-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de la Resolución n° 1806/2013 (DE PRLA), recaída en el expediente administrativo SIGEA 14287-140-2008 en cuanto rechaza la impugnación de los Cargos nros. 262/08, 263/08, 264/08, 265/08, 266/08, 267/08, 268/08 y 269/08.
2Costas por su orden, con excepción de la Tasa de Actuación, la que queda íntegramente a cargo de la empresa actora, y se tiene por cancelada, de conformidad con las constancias obrantes en autos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-22571264-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 1 de Marzo de 2023
El expediente N° 33.394-A, caratulado “Bunge Argentina SA c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, y I.- Que a fs. 11/38 la actora, por apoderado, interpone recurso de apelación contra la Resolución 1806/2013 (DE PRLA) de fecha 23/04/2013 dictada por el Señor Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros de la Aduana de Buenos Aires en las Actuaciones 14287-140-2008 que rechazo el recurso de impugnación oportunamente incoado y que, en consecuencia, confirmó los cargos 262/08, 263/08, 264/08, 265/08, 266/08, 267/08, 268/08 y 269/08. Señala que están en debate la validez de los cargos, que se encuentran relacionados con la legitimidad de la Resolución (ONCCA) 1898/08. Menciona que las cuestiones que suscita la pretensión fiscal son múltiples y se relacionan, con la interpretación de la medida cautelar judicial que ostenta Bunge y sus efectos sobre la prosecución del trámite de ejecución de cargos aduaneros relacionados con las Resoluciones (ONCCA) 1487/08 y 1898/08, sobre el devengamiento de intereses, la existencia de litispendencia con el procedimiento recursivo en trámite y el recurso jerárquico contra la Resolución 950/12. Señala que corresponde analizar la legitimidad de la ley 26.351 y sus normas modificatorias, la validez de las resoluciones (ONCCA) 1487/08 Y 1898/08 y si la empresa contaba con la cobertura requerida por el art. 1 de la ley, para sustentar los permisos de embarque que originaron los cargos. Manifiesta que una interpretación razonable del plexo normativo y de los hechos acaecidos en la causa, lleva ineludiblemente a concluir que la pretensión del servicio aduanero resulta ilegitima. La actora plantea la excepción de nulidad y de litispendencia. Cita Jurisprudencia. Ofrece prueba, plantea el caso federal y solicita que se tengan por interpuestas las excepciones planteadas, con costas.
II. Que a fs.92/96 vta. la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. La representación fiscal niega todos y cada uno de los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Realiza un breve relato de los hechos acaecidos en sede aduanera. Se opone a la excepción de nulidad y de litispendencia. Contesta los agravios esgrimidos por la recurrente. Rechaza los planteos de inconstitucionalidad formulados por la recurrente. Alude a las normas de aplicación del caso y cita jurisprudencia y doctrina. Hace reserva del caso federal y solicita que se rechace la pretensión de la actora confirmando la resolución a aduanera, con costas.
III. Que, de la compulsa de las constancias obrantes en la causa, resulta que, a fs. 97, se ordena el libramiento de un oficio dirigido al Juzgado en lo Contencioso administrativo Federal Nº 4 y se certifiquen copias agregadas en autos de las sentencias dictadas por la Justicia Nacional de Primera Instancia en lo Administrativo Federal de la Excma Cámara de apelaciones en los Contencioso Administrativo, las aclaraciones y las cédulas de notificación. A fs.186/187 la actora denuncia fallo de la CSJN y solicita allanamiento de la parte recurrida. A fs.199/200 y 202 la actora solicita la aplicación del beneficio de condonación. Se elevan los autos a esta Sala “F”, quedando en estado de dictar sentencia.
IV. Que corresponde señalar, como consideración preliminar, que la ley 21.453 que regula la exportación de productos agrícolas, estableció un sistema de registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) siendo aplicables los regímenes tributarios vigentes a la fecha de cierre de cada venta (art. 6º de la ley citada). Por su parte, la ley 26.351, en su artículo 1º, estableció que: “Cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Leynº 21.453, en el período comprendido entre el Registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) y el de la oficialización de la correspondiente Destinación de Exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento”. Seguidamente, su artículo 2º prescribe que: “Quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación para el cumplimiento del artículo 1º, deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación, entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación”. Por su parte, mediante su art. 4º estableció la vigencia de la misma, fijando la retroactividad de norma, alcanzando a las DJVE “que hayan sido registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley”. Que el Decreto 764 del 12 de mayo de 2008, reglamentario de la Ley 26.351, en mediante su art. 2º estableció que “las disposiciones de la Ley 26.351 serán aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la Ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación sea posterior al 9 de noviembre de 2007”. En consonancia con lo señalado precedentemente, la ONCCA dicto las resoluciones 1487/08 y 1898/08, las cuales incluían un listado de las DVJE que no han sido acreditadas por parte de las empresas exportadoras, de adquisición o tenencia de la mercadería y los que si lo hicieron.
V. Que el reclamo tributario formulado por el servicio aduanero –Cargos FE Nros. 262/08, 263/08, 264/08, 265/08, 266/08, 267/08, 268/08 y 269/08 del año 2008- tuvo su origen en las operaciones de exportación a consumo mediante las destinaciones Nro. 08 001 EC01 057849V, 08 001 EC01 057887 A, 08 001 EC01 062846 Y, 08 001 EC01 073015 E, 08 001 EC01 080204 C, 08 001 EC01 082626BM, 08 001 EC01 082629 P y 08 001 EC01 0876777, respectivamente.
El servicio aduanero entendió que, en función de lo dispuesto por la Ley 26.351 -aclaratoria de la Ley 21.453-, correspondía formular reclamo suplementario de tributos a la firma BUNGE ARGENTINA S.A. respecto de las operaciones de exportación mencionadas.
El fundamento normativo, a criterio de la Aduana, radicaba en lo dispuesto en el artículo 1° de la Resolución Nro. 1487/2008 (ONCCA), al señalar que correspondía “hacer saber a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), que del total de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior analizadas, no han acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, en los términos de la Ley Nº 26.351 y su Decreto Reglamentario Nº 764 de fecha 12 de mayo de 2008, las que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución, debiendo tributar las alícuotas correspondientes a la fecha de oficialización de la destinación de exportación”; siendo que la firma impugnante se encontraba en el Anexo I de la Resolución N° 1898/2008, conforme se desprende del texto de la Resolución apelada en autos.
VI. Que, bajo tales premisas, procede poner de resalto que esta Sala “F” –por mayoría- ya ha resuelto en casos donde la cuestión visceral es análoga a la presente, compartiendo el criterio y los argumentos esbozados por los magistrados al momento de resolver las impugnaciones judiciales respecto de las resoluciones ONCCA, en tanto declararon la nulidad de las resoluciones ONCCA y la inconstitucionalidad de la Ley n° 26.351 y su Decreto reglamentario n° 764/2008 solicitada por las exportadoras, y los pronunciamientos dictados a tales efectos consolidaron el razonamiento conforme el cual se falló en el sentido de que no se podía mantener la presunción de legitimidad de las resoluciones ONCCA nros. 1487/08 y 1898/08, ello por cuanto no se hallaban explicitadas la motivación ni los antecedentes de hecho referidos a la situación de las exportadoras, sólo expresando de modo general la falta de acreditación, por parte de los exportadores incluidos en el Anexo I, de la adquisición o tenencia de la mercadería registrada para exportación.
VII. Que, en este orden de ideas, la situación fáctica de las causas análogas a la presente radicaba en el hecho de que nos encontrábamos frente cargos administrativos que tuvieron como objeto operaciones de exportación documentadas mediante distintos permisos de embarque, realizadas al amparo de las declaraciones juradas de venta al exterior incluidas en el Anexo I de la Resolución ONCCA 1487/2008, resolución que mediante decisiones judiciales del fuero fue declarada a la postre inválida, al igual que los artículos 4 y 5 de la Ley 26351 que la sustentaron.
En este orden lógico, desde ya se adelanta que el resolutorio aduanero apelado de ser revocado. Ello así, en base a un razonamiento central que esta Sala ha entendido inconmovible para llegar a esa afirmación y que radica en la estoicidad del principio que implica no arribar a sentencias encontradas y evitar así el escándalo jurídico (Fallos: 323:368; 328:3903; 333:1857, entre muchos otros) que podría generarse en el hipotético caso en el que este Tribunal dicte un decisorio convalidante de aquellas normas en base a las cuales el servicio aduanero construyó el cargo formulado y que judicialmente fueron declaradas nulas e inconstitucionales, en los pronunciamientos cuya solidez y fundamentación se comparten (confr. Sala F in re “Multigranos S,A,” -Expte. Nro. 29.777-, entre otros).
Son razones de economía procesal, certeza, celeridad y seguridad jurídica las que aconsejan la conveniencia de tender a la uniformidad de la jurisprudencia, en el entendimiento que de este modo se contribuye a “afianzar la justicia” uno de los objetivos perseguidos por nuestra Constitución Nacional. Por otra parte, generaría confusión convalidar la existencia de pronunciamientos disímiles, ante el planteo de casos similares, sólo por las diferentes interpretaciones que de la ley pudieran llevar a cabo jueces de distintas jurisdicciones (cf. Fallos CNE 3100/03 y 4387/2010).
VIII. Que, desde otra perspectiva y a efectos remarcar aún más los vicios de normativa cuestionada en estos autos, cabe referirse al pronunciamiento dictado por esta Sala “F” en los autos “AGRO EPSILON S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 31.011-A, donde se sostuvo que la Ley 26351 –mal denominada aclaratoria de la Ley 21453-, otorgó un nuevo contenido a la norma precedente, adicionando una condición indispensable para consolidar los efectos tributarios de la operación, a saber, la exigencia de acreditar fehacientemente la tenencia o adquisición de los productos a ser exportados, configurando de este modo una modificación de tales efectos tributarios hacia el pasado y en menoscabo de los principios de legalidad, retroactividad y seguridad jurídica.
Es claro que las leyes interpretativas o aclaratorias sirven para esclarecer o complementar el sentido de una norma madre y no deben disponer un nuevo mandato, salvo que tal nuevo mandato resulte beneficioso para el contribuyente en este caso -principio contemplado en varias ramas del derecho-, sino que deben precisar los límites y el significado más exacto de la norma interpretada.
Ahora bien, cuando la ley posterior dota de nuevo contenido a la ley precedente generando un perjuicio con ello, queda claro que estamos frente a una aplicación retroactiva y perjudicial para una de las partes de la relación tributaria, impedida por nuestro ordenamiento.
En este orden de ideas, resulta que la Ley 26.351 afectó el derecho adquirido por la aquí recurrente bajo el amparo de la Ley 21.453, ya que la ley 26351 vuelve sobre una relación jurídica constituida antes de su vigencia modificándola, la cual se daba por la presentación y registro de la DJVE, privándola así de uno de sus principales efectos -aplicación de la alícuota de los derechos de exportación vigente al cierre de la ventapor el no cumplimiento de un requisito que, como se sostuvo, no estaba previsto en la norma que regulaba el tema en cuestión.
En resumen, se cambiaron en forma retroactiva las reglas de juego y se afectaron los derechos subjetivos incorporados al patrimonio del exportador.
En este cauce argumentativo, cabe señalar que Nuestro Máximo Tribunal ha reconocido que las leyes no pueden afectar derechos constitucionales que se encuentran incorporados al patrimonio de los administrados, adquiridos al amparo de una legislación anterior (Fallos 157:103, 152:268, 234:753, 269:259, 299:132, 310:1961).
IX. Que, conforme a lo expuesto, cabe presumir que la ley 26.351 tuvo como esencia disimular su alcance retroactivo para fundar las pretensiones recaudatorias, modificando sustantivamente el panorama normativo que regulaba la operatoria en cuestión, afectando de este modo el principio de irretroactividad y certeza en materia tributaria, vulnerando la garantía de la propiedad -art. 17, Constitución Nacional- y echando por tierra la seguridad jurídica.
De este análisis pormenorizado, realizado a lo largo de la presente y tal como fue adelantado, no quedan dudas de que corresponde revocar el resolutorio aduanero mediante el cual no se hizo lugar a la impugnación presentada por la aquí actora y declarar la nulidad de los cargos formulados a la firma BUNGE ARGENTINA S.A.., por carecer de sustento jurídico válido.
Todo ello sin perjuicio de los reparos de índole constitucional que el suscripto tiene en relación al tratamiento y discusión que tuvo la ley 26.351 (B.O. 16/1/2008) en el Senado de la Nación, donde se modificara el proyecto votado por la Cámara de Diputados en base a afirmaciones que no guardaban debido correlato con la realidad de aquel momento histórico (confr. mi voto in re “Nidera S.A.” (Expte. Nro. 33.662-A), del 2 de octubre de 2019, que tramitara por ante la Vocalía de la 18° Nominación.
X. Que, en cuanto a las costas del pleito, corresponde distribuirlas por su orden en atención a la complejidad y a las particularidades del caso, como así también considerando las decisiones adoptadas en sede judicial sobre la temática objeto de autos y el modo en que esta Sala ha decidido precedentes que guardaban sustancial analogía con la cuestión de fondo debatida en el presente proceso recursivo; todo ello con excepción de la Tasa de Actuación, la que queda íntegramente a cargo de la empresa actora, y se tiene por cancelada, de conformidad con las constancia obrante a fs. 43/44.Por la forma en que se resuelve la presente, considerase que no corresponde tratar los demás agravios vertidos por la recurrente.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Declarar la nulidad de la Resolución n° 1806/2013 (DE PRLA), recaída en el expediente administrativo SIGEA 14287-140-2008 en cuanto rechaza la impugnación de los Cargos nros. 262/08, 263/08, 264/08, 265/08, 266/08, 267/08, 268/08 y 269/08.
2. Costas por su orden, con excepción de la Tasa de Actuación, la que queda íntegramente a cargo de la empresa actora, y se tiene por cancelada, de conformidad con las constancias obrantes en autos.
Regístrese. Notifíquese al Dr. Ariel Ricardo Nassif (20-27122958-6) y a los letrados de la recurrente, por Secretaría de Registro. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2023.03.01 16:23:44 -03:00 Date: 2023.03.01 17:27:07 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.03.01 17:27:08 -03:00
Fin de la sentencia