Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 12321053-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de la parte actora y confirmar el pronunciamiento del 14/2/24 en cuanto fue materia de agravio; sin especial imposición de costas en la instancia dada la ausencia de contradicción.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
12986/2024 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 12321053-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ”
Buenos Aires, septiembre de 2024.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, por resolución del 14/2/24, el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) revocó la resolución AD SANI 296/21, dictada en la actuación SIGEA 13289-5118-2014, en cuanto había rechazado la impugnación interpuesta por Bunge Argentina SA contra los cargos tributarios 14 059 LMAN 000676 L, 14 059 LMAN 000677M, 14 059 LMAN 000678 N y 14 059 LMAN 000679 Y, formulados con relación a las destinaciones de importación 09 059 IC65 000054T, 000045C, 000048F y 000024Y; y (ii) distribuyó las costas por su orden (v. pp. 860-864 de la versión digital del expte. TF 12321053-A, remitida con el oficio del 13/8/24).
Para resolver como lo hizo, mencionó que esta causa se había iniciado en febrero de 2022, tras el rechazo de la aludida impugnación interpuesta por la actora contra los cargos labrados en 2014.
Relató que, durante el trámite del expediente, la actora había puesto en conocimiento un hecho nuevo y reprodujo lo que ésta dijo, es decir: a) que, en agosto de 2022, advirtió que el servicio aduanero había formulado nuevos cargos con relación a las mismas importaciones; b) que presentó un pedido de anulación a su respecto, al cual se hizo lugar; y c) que, sin perjuicio de la anulación de los cargos de 2022, con posterioridad, fue notificada de la resolución AD SANI 31/22, dictada en la actuación SIGEA 16602-4-2014, mediante la cual se había dispuesto admitir la impugnación y anular las liquidaciones manuales “14 059 LMAN 000676 L, 14 059 LMAN 000677M, 14 059 LMAN 000678 N y 14 059 LMAN 000679 Y” (esto es, los cargos de 2014, discutidos en este expediente).
Señaló que, a raíz de lo expuesto, la actora había pretendido que su contraria se allanase a la pretensión anulatoria de la resolución AD SANI 296/21; sin embargo, en cumplimiento de las distintas intimaciones que se cursaron en esa sede, el Fisco se había limitado a acompañar los antecedentes de la resolución AD SANI 31/22 y un informe emitido por el Jefe de Sumarios de la Aduana de San Nicolás.
Tras reseñar las actuaciones que precedieron al dictado de cada una de esas resoluciones, el tribunal tuvo por acreditado que la Aduana había tramitado –en forma paralela– dos procedimientos de impugnación contra las mismas liquidaciones manuales y arribado a decisiones contradictorias entre sí, ya que, con posterioridad a lo resuelto en la resolución aquí apelada (AD SANI 296/21), había emitido la resolución AD SANI 31/22, mediante la cual (haciendo mérito de una instrucción general de la AFIP) ordenó anular las liquidaciones que previamente había confirmado.
En ese marco, el tribunal expresó que la pretensión planteada en el recurso de la parte actora, referida a que se dejasen sin efecto las liquidaciones manuales 14 059 LMAN 000676 L, 14 059 LMAN 000677M, 14 059 LMAN 000678 N y 14 059 LMAN 000679 Y, “había perdido virtualidad”. También dijo que los cuestionamientos de la actora habían “devenido abstractos”. Finalmente, remitiendo al criterio emergente de la resolución AD SANI 31/22, sostuvo que correspondía “revocar” la resolución AD SANI 296/21, apelada en esta causa (v. p. 863, expte. cit.; consid. v).
En lo relativo a los gastos del juicio, tuvo en cuenta que la resolución AD SANI 31/22 era consecuencia de una segunda impugnación deducida por la misma empresa el 5/3/14 (registrada como actuación SIGEA 13289-7606-2014). Reprochó que el letrado de la actora no hubiese mencionado su existencia, a pesar de ser quien dedujo ambas impugnaciones en carácter de apoderado de la importadora. Sobre esa base, y “por el modo en que se resolvía”, consideró que las costas debían distribuirse por su orden.
2. Que, disconforme con lo decidido, el 5/3/24 interpuso y fundó apelación la parte actora, que se concedió el 8/3/24 y no fue replicada (v. pp. 870, 875-878 y 882, expte. cit.).
Planteó que la resolución AD SANI 296/21 había sido revocada y que no se esgrimieron motivos suficientes para apartarse del principio general de imposición de costas al vencido. Además, pidió contemplar que el Fisco había evadido allanarse a la pretensión a pesar de habérsele corrido traslado de sus presentaciones y estar en conocimiento de la segunda resolución dictada por la Aduana de San Nicolás (v. pp. 553-557, expte. cit.).
3. Que el artículo 1163 del Código Aduanero (texto según el art. 273 de la ley 27.430 –BO 29/12/17–) establece que “[l]a parte vencida en juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición…” (énfasis añadido).
Es decir que, en su actual redacción, y a diferencia de lo que ocurría con el texto modificado por el decreto 1684/93, el Código Aduanero faculta al Tribunal Fiscal de la Nación para eximir total o parcialmente al litigante vencido de pagar los gastos de la contraria, tal como lo hace la ley 11.683 en materia de imposición interna (cfr. esta Sala, causa 86874/17 “Spicer Ejes Pesados SA”, sent. del 26/12/17 y sus citas).
4. Que, teniendo en cuenta la norma transcripta, se adelanta que el recurso no puede prosperar, ya que el pronunciamiento apelado expresó motivos válidos para apartarse del principio general de imposición de costas al vencido, que no fueron rebatidos con la suficiencia que el caso requería.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
12986/2024 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 12321053-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ”
Por empezar, si bien es cierto que el Tribunal Fiscal de la Nación entendió necesario privar de efectos jurídicos la resolución AD SANI 296/21 –pues no había sido formalmente anulada por la Aduana–, no es menos cierto que los considerandos de la decisión indicaron que, en esencia, la causa o controversia había devenido abstracta; siendo ése el principal motivo por el que se distribuyeron las costas por su orden. En línea con lo resuelto, esta Sala tiene dicho que la circunstancia de que la cuestión devenga abstracta impide normalmente acudir al principio rector establecido en el ordenamiento (art. 1163, CA, modif. por ley 27.430), pues la imposibilidad de dictar un pronunciamiento sobre la procedencia sustancial de la pretensión cancela todo juicio que permita asignar a cualquiera de las partes la condición necesaria —de vencedora o de vencida— para definir la respectiva situación frente a esta condenación accesoria (cfr. causas “Dasiel SA (TF 15.429-A) c/ DGA”, resol. del 12/2/04, “Alter SAIC (TF 26.760- A) c/ DGA”, resol. del 30/9/10, y “Massalin Particulares SA (TF 31450-A) c/ DGA”, resol. del 25/9/12, entre muchas otras).
No escapa a este Tribunal que la ausencia de un pronunciamiento sobre la procedencia sustancial de la pretensión no impide condenar al pago de las costas, siempre que la conducta del demandado haya obligado a la actora a acudir al Tribunal Fiscal de la Nación (así lo entendió en la causa 27116/13 “Monsanto Argentina SAIC (TF 32976-A) c/ DGA”, resol. del 8/7/13, y sus citas, entre otras). Sin embargo, las circunstancias del caso no permiten concluir que el Fisco haya dado motivos para litigar. Esa misma lectura es la que efectuó el pronunciamiento apelado cuando señaló que la actora favoreció el dictado de resoluciones contradictorias –y el consiguiente dispendio de actividad jurisdiccional– al no advertirle a la Aduana que había promovido dos impugnaciones con un mismo objeto.
Si bien, en esta instancia, la actora pretendió responsabilizar a su contraria por el hecho de no allanarse a su pretensión, no se hizo cargo de la recriminación hacia su propia conducta procesal; la cual halla sustento en los antecedentes de la actuación y distintas presentaciones efectuadas durante el trámite del expediente.
Nótese que, en el informe que acompañó el Fisco en respuesta a las intimaciones cursadas, el Jefe de Sumarios de la Aduana de San Nicolás ya había advertido que “en ningún momento de todo el procedimiento ni la firma BUNGE ni el área denunciante (Sección fiscalización de Importaciones) manifestaron que existía el SIGEA 13289- 5118-2014” (v. p. 547, expte. cit.); lo que permite entender el motivo por el cual obvió allanarse a la pretensión de la contraria y asumir los gastos causídicos. Además, la presentación mediante la cual la actora había comunicado el hecho nuevo es demostrativa de lo que recriminaron su contraparte y el pronunciamiento apelado, pues allí no se explicó adecuadamente el origen de la resolución AD SANI 31/22. Es decir, no se mencionó la promoción de un segundo procedimiento de impugnación con el mismo objeto, en el marco del cual se había emitido la nueva decisión aduanera (v. p. 481, expte. cit.); lo que sólo quedó en evidencia una vez que el Fisco remitió los antecedentes administrativos (íd., pp. 521 y 557).
En estas condiciones, no se aprecian motivos que justifiquen apartarse de lo decidido en materia de costas.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: Rechazar el recurso de la parte actora y confirmar el pronunciamiento del 14/2/24 en cuanto fue materia de agravio; sin especial imposición de costas en la instancia dada la ausencia de contradicción.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia