Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 13600615-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, y reconocer el derecho de la firma Bunge Argentina S.A. a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando VIII y IX; con costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
CAF 3742/2025; “BUNGE ARGENTINA SA (TF 13600615-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de julio de 2025. IDM Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante la sentencia del 31/07/2025, confirmó la resolución RESOL-2023-517-E-AFIP-SDGOAI dictada por el Sr. Subdirector General de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior (en el marco de las actuaciones SIGEA Nº 17211-36-2017/12 y 17211-36-2017/13, que se encuentra digitalizada en el DEO 17508858). Asimismo, distribuyó las costas en el orden causado.
Para decidir de esa forma, puntualizó que la DGA había rechazado la solicitud de devolución de las sumas abonadas en concepto de derecho de exportación, realizadas por Bunge Argentina S.A., documentadas en los PE 12059EC01002851M y 12059EC01002850L.
Expuso los argumentos esgrimidos por las partes en las principales presentaciones ante el Tribunal Fiscal y, recordó que la causa fue declarada como de puro derecho.
Seguidamente, advirtió que en la presente controversia, asiste razón a la Aduana, y que el planteo es sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022, “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/ DGA s/ recurso de apelación”.
Transcribió parte de la doctrina del plenario y teniendo en expresa consideración lo ordenado en el referido artículo 151 de la ley 11.683, a los fines de la resolución de la causa resulta plenamente aplicable, mutatis mutandi, la posición legal establecida en el referido Acuerdo Plenario, en tanto la operatoria dispuesta por el Decreto Nro. 181/2008 (B.O. 21/7/2008) -que fijara derechos de exportación a las posiciones arancelarias allí estipuladas- resulta similar, a aquella establecida en el Decreto Nro. 793/2018, cuya validez ha sido expresamente receptada en la doctrina plenaria de referencia. Por ese motivo, decidió confirmar la resolución apelada, en cuanto dispuso rechazar el pedido de devolución de derechos de exportaciones abonados por la recurrente.
En virtud de lo expuesto, rechazó la pretensión de la devolución de los derechos de exportación abonados por la actora. Finalmente, en atención a la complejidad de la cuestión tratada, distribuyó las costas por su orden.
II. Agravios de la parte actora Contra aquel pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación el 11/09/2024 y expresó agravios el 02/10/2024, los cuales fueron contestados por el fisco nacional el 05/11/2024. En primer lugar, sostiene la inaplicabilidad del fallo plenario invocado. Sostiene que el Tribunal Fiscal está obligado a realizar un control de constitucionalidad para garantizar el debido proceso del administrado y pone de resalto que el Máximo Tribunal ya ha fijado una doctrina sobre esta cuestión.
En segundo lugar, se agravia que el plenario citado por el tribunal fiscal se refirió a la invalidez del decreto 793/2018 para denegar repeticiones y no a la que fundamentó su reclamo, es decir, la Resolución MEyP 181/2008, la que no fue ratificada por el Congreso (a diferencia de lo que sí ocurrió con la 793/2018).
En tercer lugar, sostiene que la resolución 181 que fijó una alícuota del 32% para la harina de soja a granel es inconstitucional porque no fue convalidada por el Poder Legislativo. Además, detalla una sucesión de normas infralegales (Resolución 10/2007, Decreto 509/2007, Resolución 368/2007, Resolución 125/2008) que fijaron alícuotas de derechos de exportación sin la debida convalidación o violando el principio de legalidad. La única norma que fue ratificada fue la Resolución MEyP N° 35/2002 (alícuota del 20%), a través de la Ley 25.645.
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El pago bajo la Resolución 181 fue, por lo tanto, un "pago sin causa", ya que el Sistema Informático María (SIM) debería haber aplicado la alícuota del 20%. Esto significa que Bunge pagó un 12% en exceso.
En cuarto lugar, reitera que la doctrina del Fallo "Camaronera Patagónica" es plenamente aplicable. Este fallo estableció que los derechos de exportación son tributos que deben ser creados por ley del Congreso, y sus elementos esenciales (incluida la alícuota) deben ser establecidos por una norma de igual rango. La delegación de facultades al Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para fijar alícuotas solo es válida si existe una delegación legislativa clara y precisa con parámetros de mínimos y máximos.
En quinto lugar, afirma que la resolución 181 se sustentó en el art. 755 del CA, la Ley de Ministerios y los Decretos 2752/91 y 2275/94. Asimismo, argumenta que ninguna de estas normas otorgaba facultades al Ministerio de Economía y Producción para establecer derechos de exportación, ni el Artículo 755 del CA confería válidamente al PEN dicha facultad sin establecer parámetros máximos y mínimos, lo que fue declarado por la CSJN en "Camaronera Patagónica". Las posteriores leyes (Ley 27.467, Ley 27.541) que introdujeron estos parámetros llegaron mucho después de los pagos realizados por Bunge, por lo que no subsanan retroactivamente la ilegitimidad de la Resolución 181.
Por último, se agravia de la tasa de interés prevista en la resolución MEyP 314/04, manifestando que vulnera los derechos constitucionales de propiedad y razonabilidad. Solicita que se aplique la tasa de interés pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina.
III. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que esta Sala no se encuentra obligada a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/2008; “Multicanal S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986”, del 21/5/2009; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/2010; “CPACF- Inc Med (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación ‘A’ 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/2011, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018, entre otros).
IV. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho En este orden de ideas, es menester recordar que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, puesto que, en virtud de lo normado por el art. 1180 del Código Aduanero, está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Renault Argentina SA”, del 7/3/1995; “SIAT SA (TF 16680-A) c/ DGA”, del 14/11/2009; “Agencia Maritima CAF 3742/2025; “BUNGE ARGENTINA SA (TF 13600615-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Tagsa SA (TF 18034-A) c/ DGA”, Causa Nº 25.245/2005, del 20/10/2011; “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 6.774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Odfjell Argentina SA c/ DGA s/ Recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 28.558/2018, del 26/2/2019, “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos otros).
V. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso Así las cosas, corresponde precisar que en el caso corresponde determinar si los derechos de exportación abonados por la firma Bunge Argentina S.A., conforme a las disposiciones del decreto 181/2008, resultan o no ajustados a derecho.
En este sentido, las actuaciones SIGEA Nº 17211-36-
2017/12 y 17211-36-2017/13 se iniciaron con el recurso interpuesto por la firma Bunge Argentina S.A., mediante el cual se solicitó la devolución de $6.816.257,19 en concepto de derechos de exportación en el marco de las exportaciones documentadas en los PE 12059EC01002851M y 12059EC01002850L.
A su vez, en la pág. 135 del DEO obra liquidación de los derechos de exportación, así como el comprobante de pago de dichas liquidaciones. Finalmente, el 28/11/2023 se dicta la resolución apelada. Al respecto, cabe precisar que en el art. 1º de las resoluciones impugnadas no se hizo lugar a la repetición de los derechos de exportación abonados por aplicación de las previsiones del decreto 181/08 intentada por la firma Bunge Argentina SA, con relación a la mercadería documentada en el PE 12059EC01002851M y 12059EC01002850L del registro de la Aduana de San Lorenzo.
VI. La jurisprudencia de la Sala en causas análogas a la presente Resulta conveniente destacar que la presente cuestión ya ha sido examinada por esta Sala —en su actual integración—en la causa nº 14324/2024, in re, “LDC Argentina SA (TF- 39131-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, sentencia del 29/05/2025. en la Causa CAF 86501/2018/CA1, correspondiente a los autos “Finning Argentina SA c/ EN-M Hacienda-AFIP-DGA s/ proceso de conocimiento”, del 17/5/22, la Sala IV se pronunció con relación a la resolución MEyP 181/08, sosteniendo –en lo sustancial– que los derechos aduaneros, atento su naturaleza tributaria, se encuentran regidos por los principios constitucionales que alcanzan a éstos, en particular el de reserva de ley (Constitución Nacional, arts. 4º, 9º, 17, 52 y 75, incs. 1º y 2º). Recordó que dicho principio no cede frente al mecanismo de delegación legislativa (art 76 del mismo cuerpo supra legal). Sentado ello, invocando el precedente del Alto Tribunal recaído en la causa “Camaronera Patagónica”, aseveró que la resolución allí examinada no se ajustaba a los parámetros fijados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación queda completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo, con mella irreversible de la garantía constitucional señalada.
En ese mismo orden de cosas, señaló que existía una diferencia entre la resolución allí analizada y la resolución MEyI 11/02, que había evaluado la Corte Suprema en el caso descripto, toda vez que CAF 3742/2025; “BUNGE ARGENTINA SA (TF 13600615-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
esta última había sido ratificada o aprobada posteriormente por una ley emitida por el Congreso Nacional.
Expresó asimismo que el artículo 755 del Código Aduanero, si bien es constitucionalmente válido, resultaba insuficiente por sí solo para otorgar una delegación en cabeza del Poder Ejecutivo, dado que guarda silencio con respecto a la alícuota máxima aplicable. Además, ni el mentado dispositivo legal, ni la Ley de Ministerios en que se había fundado la delegación legislativa, fijaron una escala, un límite mínimo y máximo, o algún otro parámetro que permitiera determinar la alícuota del derecho de exportación.
En el mismo sentido se expidió en la Causa CAF 36809/2023, in re “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 56397479-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 3/10/23.
También lo hizo con relación a la resolución MEyP 369/07, en la Causa 51372/2022, in re “Bunge Argentina SA (TF 36695- A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 13/12/22 y “Bunge Argentina SA (TF 37435-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 5/3/24; y con respecto a la resolución conjunta MP y MEyFP 26/08 y 28/08, en la Causa CAF 42533/2023, in re “Compañía Argentina de Granos SA (TF 78943355-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 25/6/24; CAF 22239/2024, “LDC Argentina SA (TF 103157087-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo” y CAF 15471/2024, “LDC Argentina SA (TF 38232-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, estas dos del 1/4/25. Por su parte, la Sala V se expidió en similar sentido, con relación a la resolución MEyP 125/08, en la Causa CAF 22912/2023, in re “Bunge Argentina SA (TF 34058-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 13/11/24 y sus citas.
VII. Aplicación de los precedentes de la Sala al caso bajo análisis De conformidad con todo lo reseñado y advirtiendo que el planteo de autos guarda semejanza sustancial con las causas mencionadas en el considerando que antecede –ello, tanto desde el plano fáctico como jurídico–, en línea con lo allí resuelto, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
En efecto, a más de las resoluciones MEyP 369/07, 125/08, 181/08 y resolución conjunta MP y MEyFP 26/08 y 28/08, que fueron examinadas en aquellas oportunidades, las restantes impugnadas en autos –resoluciones MEyP 64/08 y 182/08– revisten similares características –esto es, se fundaron normativamente en el artículo 755 del Código Aduanero y en la Ley de Ministerios, y no recibieron ratificación legislativa–, alcanzándoles, por ello, los mismos resultados. Lo que aquí se decide no significa ir en un sentido opuesto a lo resuelto por esta Sala en la Causa CAF 7987/2008, in re “Bio Sidus SA (TF 22046-A) c/ DGA”, del 6/10/08; Causa CAF 15942/2015, in re “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 28475-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 17/3/16 y Causa CAF 15942/2015, in re “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 5/5/21 – alguno de los cuales fue citado por la demandada en su contestación de agravios–, dado que la cuestión allí examinada difiere de la presente. En efecto, en estos últimos se definió la cuestión atinente a la estabilidad fiscal a la luz de la Ley de Inversiones Mineras y su reglamentación, acatando la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 28.448-A) c/ DGA”, (Expte. P.645.XLVIII), del 19/11/13, según la cual ni la ley 24.156 y tampoco el decreto 2686/93 y sus modificatorios eximen a las empresas mineras de pagar nuevos tributos ni aumentos posteriores a la presentación del estudio de factibilidad, pues sólo CAF 3742/2025; “BUNGE ARGENTINA SA (TF 13600615-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
garantizan que no aumente la carga tributaria total, permitiendo mecanismos de compensación o devolución.
A su vez, en dichos precedentes fue especialmente ponderado la constitucionalidad de la resolución 11/02 frente al Tratado de Asunción, fue resuelta por esta Sala con fecha 6 de octubre de 2008, en la causa Nº 7.987/08, caratulada “Bio Sidus SA (TF 22046-A) c/ DGA”; criterio luego confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Whirpool Puntana SA (TF 21.671-A) c/ Dirección General de Aduanas”, (Causa CSJN 61/2008 (44-W)/CS1), del 11/12/14, en el sentido que ese tratado del Mercosur no prohíbe expresamente los derechos de exportación, por lo tanto, no se puede declarar inconstitucional su aplicación basándose en ese argumento.
En cuanto a la legalidad de la Resolución N° 11/02 recordó que en el caso “Camaronera Patagónica”, la Corte Suprema consideró que carecía de validez legal desde su entrada en vigencia (5/3/02) hasta que fue ratificada por la ley 25.645 (24/8/02) y que, a partir de esa fecha, tiene respaldo legal. Y en cuanto a las concretas circunstancias que se debatían, destacó que las exportaciones tramitadas por la allí actora “Procesadora de Boratos”, en discusión, fueron realizadas en abril de 2010, cuando ya estaba vigente la ley 25.645. Por lo tanto, los derechos de exportación ya contaban con respaldo legislativo.
Como quedó evidenciado ninguna relación guardan los argumentos que sustentan los precedentes invocados por la demandada en su expresión de agravios, citados en extenso, aisladamente y sin vincularlos a lo que se halla en debate en esta causa.
En orden a lo expuesto, corresponde declarar la invalidez de las resoluciones MEyP 10/07, 509/07, 368/08, y 125/08 y, en consecuencia, hacer lugar a la repetición articulada por Bunge Argentina SA, con costas.
VIII. Intereses La actora sostuvo, tanto en el recurso de la instancia administrativa como en la expresión de agravios ante la Cámara, que correspondía aplicarse una tasa de interés que cumpliera la función resarcitoria o compensatoria, dado que –según señaló–, la contemplada en la resolución MEyP 314/04 resultaba insuficiente (acápite 4.3 “A” de del recurso administrativo presentado ante el tribunal fiscal). Sobre el singular, esta Sala ya se ha pronunciado en planteos que guardan identidad con el presente, en las causas y con los fundamentos que pase a reseñar.
En la Causa Nº 37527/2016, in re: “Thomas de Sudamérica S.A c/DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 12/10/17 y en la Causa Nº 2267/2018 in re: “Oleaginosa Moreno Hermanos S.A c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, del 30/08/18, se puso de relieve el equilibrio que debe existir en la relación jurídico-tributaria, la cual, a consideración de respetada doctrina, encuentra a sus partes en un pie de igualdad ante la ley, siendo entendida como una relación jurídica propia de un Estado de Derecho, y no como una relación de poder (Jarach, Dino, “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, págs. 370/374, ed. Cangallo, 1º edición, Buenos Aires, 1983). Se dijo allí, además, que cuando la ley concede privilegios al fisco, los mismos deben ajustarse a la Constitución Nacional, de lo que se deriva que el acrecentamiento de derechos no puede resultar en caso alguno desmesurado, operando como valladar los principios recogidos por los artículos 28 y 33 de nuestra Carta Magna (Valdés Costa, “Instituciones de Derecho Tributario”, pág. 292, ed. Depalma, 1992).
A partir de tal orden de consideraciones –que tan sólo representa una fracción del total–, luego de efectuar un racconto de las diversas resoluciones dictadas por la cartera económica nacional en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Legislativo en el artículo 37 de CAF 3742/2025; “BUNGE ARGENTINA SA (TF 13600615-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
la ley 11.683, se afirmó que se tornaba inaplicable la tasa de interés fijada en el artículo 3º de la resolución MEyP 314/04 –por entonces vigente– y, en atención a las tasas aplicables a los réditos que devengan las deudas del Estado Nacional –de conformidad con la reiterada doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: “YPF C/ Corrientes, Provincia de y Banco de Corrientes s/ cobro de pesos”, del 3/3/92–, se resolvió que correspondía aplicar la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA (Comunicado Nº 14.290 BCRA).
Para finalizar con este esbozo, en la Causa Nº 68267/2018, in re: “Veleda, Carlos Alberto c/DGI s/ recurso directo de organismo externo”, del 7/11/19, se analizó la implicancia que tuvo el dictado de la resolución MH 598/19 sobre la materia en trato. Recuérdese que ésta había derogado la resolución MEyP 314/04 y, en lo que incumbe aquí destacar, estableció que: “…la tasas de interés aplicable a los supuesto previstos en el artículo 179 de la Ley 11.683, texto ordenado en 1998, a los restantes supuestos de devolución, reintegro o compensación de los impuesto regidos por la citada ley y a los supuesto previstos en los artículos 811 y 838 del Código Aduanero, vigente en cada trimestre calendario, será la efectiva mensual surgida de considerar la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina para el período de treinta (30) días finalizado el día veinte (20) del mes inmediato anterior al inicio del referido trimestre. Cuando de se trate de conceptos expresados dólares estadounidenses, la tasa de interés aplicable será del cero como veinte por ciento (0,20%) mensual” (art. 4º). A su vez, dispuso que las tasas fueran publicadas al inicio de cada trimestre calendario en el sitio web de la AFIP. La resolución MH 598/19 entró en vigencia el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtió efectos a partir del 1/8/19 (art. 10). Por tal razón, en la referida causa “Veleda” esta Sala resolvió que los intereses correspondientes a la repetición debían ser liquidados en dos tramos: desde el momento de formularse el reclamo y hasta que la resolución 598/19 había comenzado a surtir efectos – aplicando la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA–, y a partir de este último momento –y hasta el momento del efectivo pago–, aplicando la tasa efectiva mensual que publica la AFIP. Posteriormente la resolución MH 598/19 fue sustituida por la resolución ME 559/22, estableciendo que las devoluciones, reintegros o compensaciones de impuestos regidos por la ley 11.683 y el Código Aduanero, pasarían a devengar una tasa interés del 3,84% mensual, a partir del 1/9/22 (arts. 4° y 9°).
Esto último también fue objeto de análisis por parte de esta Sala, in re “Transportadora de Gas del Norte SA c/EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva”, Causa N° 61819/2019, del 13/9/22, entre otros.
Finalmente, la resolución ME 3/24 sustituyó el régimen implantado por la resolución ME 559/22, estableciendo que la tasa de interés, en los casos de devolución de impuestos, será la efectiva mensual surgida de considerar el promedio de la tasa publicada por el BCRA en el apartado “Tasas de interés por depósitos a 30 días de plazo en entidades financieras” para el período de 30 días finalizado el día 20 del mes inmediato anterior al inicio del referido bimestre (art. 4°). Este reglamento entró en vigencia el 22/1/24 y comenzó a surtir efectos el 1/2/24 (art. 10).
IX. Modo en que se computan los intereses en razón de lo expuesto en el considerando que antecede, corresponde indicar que, al momento de liquidarse los intereses, deberán seguirse las siguientes pautas:
(i) Desde el 27/12/18 –fecha de presentación del reclamo administrativo– hasta el 31/7/19, aplicando la tasa pasiva promedio que publicó mensualmente el BCRA.
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(ii) A partir del 1/8/19 y hasta el 31/8/22, aplicando la tasa efectiva mensual que publicó la AFIP (cfr. resolución MH 598/19). (iii) Desde el 1/9/22 y hasta el 31/1/24 aplicando la tasa prevista por la resolución ME 559/22, y (iv) Desde el 1/2/24 hasta la fecha del efectivo pago, la tasa que establece la resolución ME 3/24, o la que pudiera modificarla en el futuro.
X. Costas Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia, y que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas –en ambas instancias– a la parte demandada vencida (arts. 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE: hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada, y reconocer el derecho de la firma Bunge Argentina S.A. a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en el considerando VIII y IX; con costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia