Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 36695-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional, admitir el de la parte actora, confirmar la resolución apelada en lo sustancial que decide y revocarla en lo que respecta a las costas, que se imponen a la demandada vencida.
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2Imponer las costas de alzada al Fisco Nacional, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa de pago (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
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51372/2022 “BUNGE ARGENTINA SA-TF 36695-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, diciembre de 2022.
1. Que, a fs. 53/63, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría: (i) declaró la invalidez de la resolución del entonces Ministerio de Economía y Producción (MEyP) 369/07; (ii) revocó la resolución 199/15 de la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior y, en consecuencia, admitió la repetición de los importes abonados por la actora en concepto de derechos de exportación, en lo que respecta al permiso de embarque 08 003 EC01 007624J y con arreglo a la citada norma ministerial; y (iii) distribuyó las costas en el orden causado en atención a las dificultades de la cuestión (arg. arts. 1163, segundo párrafo, del CA y 68, segundo párrafo, del CPCCN).
Para resolver de tal modo, tuvo en cuenta que, mediante dicho permiso de embarque, registrado el 30/12/08, la actora había documentado la exportación de una partida de trigo de la posición arancelaria 1001.90.90.110B, gravada con una alícuota del 28% en concepto de derechos de exportación. También destacó que aquélla únicamente pretendía la devolución del incremento de 8 puntos porcentuales dispuesto por la resolución MEyP 369/07 (BO 9/11/07), dado que esta última norma, al ser posterior al dictado de la ley 26.135 (BO 23/08/06), carecía de ratificación legislativa y afectaba el principio de reserva de ley en materia tributaria, a la luz de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388). En cambio, la actora había consentido el importe equivalente a 20 puntos porcentuales de alícuota, en el entendimiento de que esa porción había sido aprobada por el Poder Legislativo.
En ese contexto, los vocales Garbarino y González Palazzo coincidieron en señalar que:
a) El Tribunal Fiscal de la Nación es un órgano vinculado con la administración de justicia y, en ese carácter, tiene el deber constitucional de ejercer su función de manera plena, amplia y efectiva. Por consiguiente, no puede verse impedido de declarar la inconstitucionalidad de las normas, del modo en que lo establece el artículo 1164 del Código Aduanero. Antes bien, está obligado a hacerlo.
Alta en sistema: 14/12/2022 b) La resolución MEyP 369/07 resulta inválida dado que no tiene sustento en una ley del Congreso que hubiese establecido pautas claras para fijar derechos de exportación como los que se aplicaron, ni contó con expresa ratificación legislativa. Esto así, por aplicación analógica de la doctrina del citado precedente “Camaronera Patagónica SA”, donde el Máximo Tribunal concluyó que el artículo 755 del Código Aduanero, por sí solo, no satisface las exigencias del principio de legalidad en materia tributaria, dado que no prevé una alícuota máxima para los derechos de exportación.
c) La ley 26.122 no altera la solución que debe darse al caso conforme la señalada pauta jurisprudencial, dado que sus disposiciones son aplicables a los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 76, 99 inciso 3º, y 80 de la Constitución Nacional (art. 17); mientras que, en este caso, se impugna una resolución de rango ministerial. Por lo demás, el artículo 24 de la ley 26.122 es inconstitucional en cuanto exige el rechazo de ambas cámaras del Congreso para que tenga lugar la derogación de la norma, pues ello puede llevar al absurdo de reconocer validez a un tributo creado por el Poder Ejecutivo, aunque haya sido consentido por una sola cámara del cuerpo legislativo.
Por otra parte, los vocales González Palazzo y Licht convinieron en que la actora tenía derecho a repetir la suma abonada sin sustento legal pese a que no había acreditado la falta de traslación del tributo. El primero de ellos aludió, entre otras cuestiones, al rol de la recurrente como documentante de la operación y a la circunstancia de que esa cuestión había sido examinada de oficio por el vocal Garbarino; el segundo, al carácter no controvertido del pago y la jurisprudencia de la Corte federal en la causa A.2103.XLII.ORI “Asociación de Bancos de la Argentina y otros c/ Misiones, Provincia de y otro s/ acción de repetición y declarativa de inconstitucionalidad”, sentencia del 11/11/14.
2. Que, disconforme con la decisión, a fs. 66 interpuso apelación la parte actora, que se fundó a fs. 74/76vta., se concedió a fs. 78 y fue replicada a fs. 96/99.
Se agravió únicamente por la distribución de las costas. Planteó que el artículo 1163 del Código Aduanero, en la redacción vigente al momento de iniciarse la causa, no preveía la posibilidad de eximir de costas al litigante vencido. Agregó que, incluso en la hipótesis de considerar aplicable la Alta en sistema: 14/12/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 51372/2022 “BUNGE ARGENTINA SA-TF 36695-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
modificación legislativa que tuvo lugar con posterioridad, no se habían expuesto motivos suficientes para justificar la dispensa de pago. Finalmente, argumentó que la materia debatida no ofrecía ninguna dificultad, y que el precedente de la Corte con arreglo al cual se decidió la cuestión había sido expresamente invocado en la apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
3. Que, por otra parte, a fs. 102 dedujo apelación el Fisco Nacional, que se concedió a fs. 105, se fundó a fs. 120/133vta. y fue replicada a fs. 140/149.
En primer término, esgrimió que el tribunal administrativo se apartó de lo dispuesto por el artículo 1164 del Código Aduanero, en cuanto le impide pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes y sus reglamentaciones a menos que la Corte ya hubiese declarado su inconstitucionalidad; supuesto que, a su criterio, no se presentaba en la especie, dadas las diferencias entre este caso y el examinado por la Corte en “Camaronera Patagónica SA”.
En segundo término, sostuvo que se hizo una errónea interpretación de aquel precedente, en el que —a su entender— se había convalidado el artículo 755 del Código Aduanero, así como la delegación impropia de facultades reglamentarias para modificar las alícuotas del arancel aduanero. Sobre esa base, argumentó que el derecho de exportación establecido por la resolución MEyP 369/07 no requería ratificación del Congreso, por tratarse de una norma dictada en pleno ejercicio de la facultad reglamentaria contemplada en el artículo 99, inciso 2º, de la Constitución Nacional. Por otra parte, insistió en que, aun cuando cupiera calificar la resolución ministerial como una norma delegada, los artículos 17 y 24 de la ley 26.122 permitían considerar que aquella había tenido respaldo legal desde el momento mismo de su publicación.
En último término, cuestionó que se hubiera considerado innecesaria la prueba de la no traslación del tributo y citó jurisprudencia para sostener que se trataba de un presupuesto básico de procedencia de la acción de repetición.
4. Que, el 24/10/22, dictaminó la Fiscalía General sobre la competencia del tribunal, la procedencia formal de los recursos y el planteo de inconstitucionalidad deducido en la causa; con lo que quedaron las actuaciones en estado de resolver.
Alta en sistema: 14/12/2022 5º) Que los agravios de las partes exigen considerar estas cuestiones, y en el siguiente orden: 1) si la acción de repetición es formalmente admisible pese a que la actora no acreditó haber absorbido en su patrimonio la carga del tributo que pretendía repetir; 2) si el Tribunal Fiscal de la Nación pudo declarar la inconstitucionalidad en el caso, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1164 del Código Aduanero; 3) si la resolución MEyP 369/07 es constitucional, o si vulnera el principio de legalidad en materia tributaria; y 4) en su caso, si las costas de la anterior instancia pudieron distribuirse en el orden causado y si había mérito para ello.
6. Que, en lo que concierne a la prueba de la no traslación del tributo como presupuesto de procedencia de la acción de repetición, la apelación del Fisco es inadmisible por infracción al deber de buena fe procesal (arg. art. 34, ap. 5º, inc. d, del CPCCN) y al principio de preclusión. Esto en consideración a lo dispuesto por los artículos 1146 y 1149 del Código Aduanero, y a que la falta de legitimación no había sido opuesta en la contestación del recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. fs. 23/36).
Si bien ello exime a esta cámara de toda otra apreciación, puesto que no le corresponde involucrarse en cuestiones que no han sido propuestas en la anterior instancia (arg. art. 277 del CPCCN, aplicable en virtud de la remisión que efectúa el art. 1182 del CA), cabe dejar a salvo que el Código Aduanero no requiere acreditar dicho extremo como requisito para repetir los tributos abonados (v. arts. 1068 y ss.), como sí lo hace el artículo 81 de la ley 11.683 (doctr. esta sala, causa 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”, sent. del 31/5/22).
7. Que, con respecto a la facultad del Tribunal Fiscal de la Nación para pronunciarse sobre la validez constitucional de la resolución MEyP 369/07, debe repararse en que la prohibición contenida en el artículo 1164 del Código Aduanero resulta relativa, dado que la propia disposición autoriza al organismo jurisdiccional a declarar la inconstitucionalidad de las leyes y sus reglamentaciones cuando ello tenga apoyo en jurisprudencia de la Corte federal en el mismo sentido (doctr. esta Sala, causa “Comercial Montres SACIF”, sent. del 9/2/93; entre otras).
En el caso, el ejercicio de esa potestad era plenamente aplicable, toda vez que la Corte ya había declarado en la citada causa “Camaronera Patagónica SA” la invalidez constitucional —a la luz de lo previsto por el artículo 755 del Alta en sistema: 14/12/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 51372/2022 “BUNGE ARGENTINA SA-TF 36695-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Código Aduanero y el principio de legalidad en materia tributaria— de una resolución (la 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura) sustancialmente análoga a la que es objeto de examen en este pleito. En efecto, la semejanza entre las causas radica en que la resolución MEyP 369/07 fijó derechos de exportación con sustento en la facultad otorgada por el artículo 755 del Código Aduanero, así como en lo dispuesto por otras normas. Sin embargo, tal como acontecía con los derechos que fijó la resolución 11/02, en este caso se discute si a la fecha en que se registró la exportación era posible identificar alguna ley del Congreso –complementaria del Código Aduanero– que hubiese establecido previamente, de manera cierta e indubitable, la forma de cuantificar el tributo de que se trata; o, en su defecto, que hubiese otorgado rango legal al nivel de imposición establecido por el Poder Ejecutivo. Esto en la inteligencia –claramente señalada por el fallo mencionado– de que la alícuota es un elemento esencial del tributo en cuestión, alcanzada en tal carácter por el principio de legalidad en materia tributaria y con respecto a la cual el Código Aduanero no establece mínimos recaudos, ya que, en concreto, guarda silencio sobre el porcentaje máximo que puede establecerse.
En suma, lo que proporciona esa sentencia es un estándar de validez para las normas del Poder Ejecutivo Nacional que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 755 del Código Aduanero, establezcan, quiten o modifiquen derechos de exportación ya establecidos. Pauta que no puede ser soslayada por los tribunales inferiores dada su autoridad institucional (Fallos: 342:1903; entre otros), y en virtud de la cual el tribunal administrativo pudo examinar la validez de la resolución MEyP 369/07. Sobre todo, cuando dicha doctrina había sido invocada por la actora en el inicio mismo de las actuaciones. A todo evento, resta referir al dictamen del Fiscal General ante la Cámara, quien coincide en señalar que el asunto debe resolverse sobre la base de ese antecedente de la Corte federal (v. punto 4 del dictamen del 24/10/22).
8. Que, previo a examinar la siguiente cuestión, resulta relevante precisar que la resolución MEyP 369/07 (BO 9/11/07) sustituyó, con relación a determinados productos individualizados en su anexo, el derecho de exportación establecido en el anexo XIV del decreto 509/07 (BO 23/5/07). Así, para la posición arancelaria involucrada en este pleito (1001.90.90.110B) el derecho de exportación pasó a ser del 28% (v. art. 1º y anexo de la res. MEyP Alta en sistema: 14/12/2022 367/07); mientras que, con arreglo a la norma sustituida, le hubiese correspondido una alícuota del 20%.
En el caso, la actora consintió expresamente la suma de $266.311,94, equivalente a una alícuota del 20% (v. formulario F.4 a fs. 1), aunque sin sostener la validez del decreto 509/07. Lo hizo en la inteligencia de que ese nivel de derechos era el vigente a la fecha de dictado de la ley 26.135 (BO 24/8/06) y, por consiguiente, había tenido ratificación y/o aprobación del Congreso en los términos del criterio de la Corte que se viene comentando (v. esp. puntos 7 y 8 del escrito de inicio, a fs. 11/vta); manifestación que no fue desconocida por la contraria (v. fs. 23/36).
En esos términos, lo único que corresponde dirimir en esta instancia es si la suma de $106.524,77, correspondiente al incremento de 8 puntos porcentuales dispuesto por la referida resolución ministerial, se abonó con sustento en una norma constitucionalmente válida.
9. Que, para elevar el derecho de exportación vigente, la citada resolución MEyP 369/07 hizo mérito del aumento registrado en los precios internacionales de los granos y la necesidad de reducir los precios del mercado interno.
La norma se dictó en función de “lo previsto en la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero), en la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nros. 2752 de fecha 26 de diciembre de 1991 y 2275 de fecha 23 de diciembre de 1994 y sus modificatorios”.
En lo que ahora interesa señalar, el artículo 755 del Código Aduanero dispone que “en las condiciones previstas en este Código y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo podrá: a) Gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) Desgravar…; c) Modificar el derecho de exportación establecido…”.
Por su parte, la Ley 22.520, de Ministerios (t.o. dto. 438/92) faculta al Poder Ejecutivo Nacional para “delegar en los Ministros y en los Secretarios de la Presidencia de la Nación facultades relacionadas con las materias que les competen, de acuerdo con lo que determine expresa y taxativamente por decreto” (art. 13).
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En tanto que, mediante el decreto 2752/91 (BO 13/1/92), se delegaron en el Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos las facultades conferidas, entre otros, por el artículo 755 del Código Aduanero.
Se sigue de esta reseña normativa que la medida bajo examen se adoptó con invocación de facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo, que este último, a su vez, habría subdelegado en el ministerio emisor.
10. Que, la doctrina establecida por la Corte en los autos “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388) puede sintetizarse en los siguientes postulados:
(i) El principio de legalidad o reserva de ley, aplicable a los derechos de exportación dada su naturaleza tributaria, “abarca tanto la creación de impuestos, tasas y contribuciones como las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones” (consid. 8º del voto de la mayoría; énfasis añadido).
(ii) Ese principio no cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el art. 76 de la Constitución Nacional.
En este sentido la Corte ratifica, con remisión a anteriores precedentes, que “los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias respecto de las cuales la Constitución Nacional (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas condiciones, la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo (Fallos: 326:4251)” (consid. 9° del voto de la mayoría). (iii) Aun cuando se soslayase lo sostenido en el punto ii, no resultaría admisible sostener que la ley 22.415 ni mucho menos la ley de emergencia 25.561 ―y sus sucesivas prórrogas― han otorgado una delegación suficiente al Poder Ejecutivo para establecer el tributo cuestionado, toda vez que no establecen “siquiera con mínimos recaudos” sus elementos esenciales (consid.
9. del voto de la mayoría).
En particular, el Código Aduanero “prevé la existencia de derechos de exportación y regula aspectos atinentes a tal tipo de gravámenes, los arts. 733 y ss. establecen que el derecho de exportación puede ser ad valorem (es decir, de base imponible variable en función del valor de la mercadería) o bien específico (una cantidad determinada, fija o variable en función de la cantidad de mercadería que se exporte), pero para el caso en concreto aquí discutido, Alta en sistema: 14/12/2022 como puede observarse, no es el legislador quien ha determinado, de manera cierta e indudable, cuál es la forma de cuantificar la prestación…En efecto, el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación. Al guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados” (consid. 9° del voto de la mayoría; énfasis añadido).
(iv) En el ámbito de los derechos aduaneros cobra relevancia la doctrina según la cual "tratándose de materias que presentan contornos o aspectos tan peculiares, distintos y variables que al legislador no le sea posible prever anticipadamente la manifestación concreta que tendrán en los hechos, no puede juzgarse inválido, en principio, el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida (Fallos: 246:345 y 328:940). En el contexto detallado, resulta admisible que el Congreso atribuya al Poder Ejecutivo ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, es decir, autoriza elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución, se fijen pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa….Sin embargo, tal como se expuso en el considerando anterior, la resolución cuestionada no se ajusta a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación queda aquí completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo” (consid.10 del voto de la mayoría; énfasis añadido).
(v) El Congreso Nacional puede sanear, hacia el futuro, cualquier nulidad de las normas dictadas por el Poder Ejecutivo en ejercicio de tales atribuciones.
En este sentido, la Corte afirma que, aunque no sea posible “convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable”, no existe razón alguna para privarla de efectos desde la entrada en vigencia de aquella ley que “otorga a su contenido rango legal”; siendo para ello necesario que se identifique la norma aprobada, o bien, que el universo de normas Alta en sistema: 14/12/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 51372/2022 “BUNGE ARGENTINA SA-TF 36695-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
aprobadas resulte, por lo menos, determinable (v. consid. 11 del voto de la mayoría).
11. Que, tal como se adelantó, esa jurisprudencia proporciona un estándar de validez y no una solución definitiva para todos los casos en que se discuta la constitucionalidad de un derecho de exportación.
Siguiendo sus términos, el aumento o disminución de alícuotas de derechos de exportación por parte del Poder Ejecutivo, dentro de un margen claramente delimitado por una ley del Congreso, podría hallar fundamento válido tanto en el ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el artículo 99, inciso 2º, de la Constitución Nacional (doctr. esta sala, causa 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”, sent. del 31/5/22), como en la técnica de la delegación legislativa y bajo los lineamientos del artículo 76 de la Constitución.
Sin embargo, cualquiera sea el marco escogido por el Ejecutivo para implementar la medida, el Congreso debe haber preestablecido pautas y límites precisos en lo relativo al aspecto cuantitativo del tributo o, por lo menos, la alícuota máxima aplicable, a fin de proporcionar una “clara política legislativa” o una “base de delegación suficiente”, y así dar plena satisfacción al principio de reserva de ley en materia tributaria.
12. Que en función de las observaciones efectuadas no puede pasar inadvertido que, el derecho de exportación que estableció la resolución MEyP 369/07 pretendiendo ejercer facultades legislativas delegadas, no cumplió los presupuestos que fijó la Corte en el tantas veces citado precedente “Camaronera Patagónica SA”, toda vez que el aspecto cuantitativo del tributo había quedado completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo.
Como se ha visto, la resolución ministerial invocó las facultades otorgadas por el artículo 755 del Código Aduanero que, si bien es constitucionalmente válido, resulta insuficiente, por sí solo, para otorgar una delegación suficiente al Poder Ejecutivo, en la medida en que guarda silencio con respecto a la alícuota máxima aplicable (v. esp. consids. 9º y 10 del voto mayoritario del fallo).
Las restantes normas que cita la resolución tampoco permiten tener por cumplido ese parámetro, en tanto no se identifica ninguna ley formal que haya Alta en sistema: 14/12/2022 establecido un nivel máximo de imposición para las ventas al exterior de la mercadería de que se trata.
Esto coloca a la resolución bajo examen a extramuros de la Constitución Nacional, del modo en que lo entendió la Corte en “Camaronera Patagónica SA”, y exime al tribunal de evaluar el cumplimiento de la exigencia relativa al plazo para el ejercicio, prevista en el artículo 76 de la Constitución Nacional, así como de los requisitos para que la subdelegación de facultades tenga lugar válidamente.
13. Que, en el caso, existe controversia sobre la incidencia que pudo haber tenido la ley 26.122 con relación a la validez del derecho de exportación cuestionado, toda vez que el Fisco argumenta que, en virtud de lo que establecen sus artículos 17 y 24, el Congreso habría convalidado todos los elementos del tributo desde el momento mismo en que se publicó la resolución MEyP 369/07.
Sobre este punto, es dable aclarar que la ley 26.122 tiene por objeto regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos “de necesidad y urgencia”, “por delegación legislativa”, y “de promulgación parcial de leyes” que dicta el Poder Ejecutivo (art. 1°). Establece, asimismo, que la Comisión Bicameral Permanente prevista en los arts. 99, inciso 3° y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional, debe expedirse acerca de la “validez o invalidez” de los decretos mencionados y, ulteriormente, elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento (arts. 10 a 14). A su vez, con respecto a los decretos por delegación legislativa, prescribe que el dictamen debe pronunciarse expresamente “sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación, y al plazo fijado para su ejercicio” (art. 13).
También prevé que los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en base a las atribuciones conferidas por los artículos 76, 99, inciso 3° y 80 de la CN, tienen plena “vigencia” de conformidad a lo establecido en el artículo 2° del Código Civil —actual artículo 5° del CCyC— (art. 17). Por último, expresa que el rechazo por ambas Cámaras del Congreso de los decretos de que se trate implica su “derogación”; es decir, que el referido rechazo sólo es operativo si lo efectúan por ambas Cámaras (art. 24).
En ese contexto, el planteo de la accionada debe ser rechazado porque, con prescindencia de si el régimen invocado se aplica a disposiciones que no Alta en sistema: 14/12/2022 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 51372/2022 “BUNGE ARGENTINA SA-TF 36695-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
son propiamente decretos del Poder Ejecutivo, y aun en la hipótesis de considerar comprendida en sus términos a la resolución MEyP 369/07 como producto del ejercicio de una delegación legislativa, lo cierto es que la eventual validación del Congreso solo podría tener lugar mediante resoluciones de ambas cámaras; sin que ello resulte equiparable a la aprobación expresa y específica por parte del Congreso mediante la sanción de una ley formal, como la que contempló la Corte en “Camaronera Patagónica SA” en orden a salvaguardar el principio de legalidad en materia tributaria.
Con mayor razón, entonces, cabe descartar que haya adquirido rango legal una resolución que, como la que es materia de examen, no fue sometida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, ni cuenta con aprobación alguna del órgano legislativo. En efecto, conforme a la literalidad de los artículos 17 y 24 de la ley, la falta de rechazo expreso por ambas cámaras del Congreso solo pudo haber implicado que la resolución MEyP 369/07 se mantuvo “vigente” desde su publicación (9/11/07) y hasta el momento de registro de la operación (30/12/08). Pero la situación de una norma delegada que no ha sido expresamente validada no es asimilable, siguiendo el texto expreso de la ley, a la de aquella que cuenta con tal pronunciamiento sobre su validez o invalidez; es decir, sobre su procedencia formal y adecuación a la materia y a las bases de la delegación, así como al plazo fijado para su ejercicio.
Por lo demás, la eventual intervención aprobatoria de ambas cámaras – que, cabe reiterar, no ha mediado con relación a la resolución MEyP 369/07–, tampoco podría neutralizar el control judicial de la compatibilidad de la norma con el programa constitucional; control al que está sujeta cualquier ley y, más aun, una norma comprendida en el régimen de la ley 26.122.
Concretamente, en el marco de esta controversia judicial ya se examinó la validez de la resolución MEyP 369/07 y se puso de manifiesto que no se cumplieron las condiciones previstas por el artículo 76 de la Constitución Nacional, en la medida en que el elemento cuantitativo del derecho de exportación había quedado plenamente al arbitrio de la Administración.
14. Que, en razón de lo expuesto, no caben dudas de la invalidez constitucional de la resolución MEyP 369/07, toda vez que por su intermedio se creó una carga tributaria y se fijó una alícuota de derechos de exportación sin que existiese una clara política legislativa o base de delegación suficiente; Alta en sistema: 14/12/2022 incursionando de esta manera el Poder Ejecutivo Nacional en una materia reservada exclusivamente al Congreso de la Nación. Además, porque –de conformidad con la señalada doctrina del Máximo Tribunal– tampoco es posible identificar una ley formal que, a la fecha en que se registró la exportación involucrada en el caso, hubiese otorgado rango legal al porcentaje de imposición establecido por la resolución ministerial, en la porción que aquí se discute.
Por ese motivo, se confirma lo resuelto por el Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto declara la invalidez de la norma y admite la devolución de la suma solicitada por la parte actora.
15. Que, en lo que respecta a las costas de la anterior instancia, a fin de evitar reiteraciones, se remite a lo dicho en las causas 62336/18 “JBS Argentina SA” y 3424/20 “Sancor Cul”, sentencias del 20/9/18 y 5/3/20, con respecto a la aplicación inmediata de la modificación introducida por el artículo 273 de la ley 27.430 (BO 29/12/17) y a la posibilidad de que, con sustento en ella, el Tribunal Fiscal de la Nación exima de costas al litigante vencido, siempre que exprese motivos para hacerlo.
Más allá de lo expuesto, y de cuanto invocó el tribunal de origen para justificar su decisión, lo cierto es que en el caso: (i) la actora resultó vencedora en su planteo de inconstitucionalidad y consecuente solicitud de devolución de los importes abonados y controvertidos; (ii) a la fecha de dictado del pronunciamiento apelado (7/2/22) la cuestión ya no podía calificarse como compleja y novedosa, pues el pronunciamiento del Máximo Tribunal que le sirvió de fundamento data del 15/4/14; y (iii) ese precedente había sido expresamente invocado al inicio de las actuaciones.
En esas condiciones, no se advierten motivos que justificaren eximir al demandado de los gastos del pleito (en sentido concordante, cfr. esta sala, causas 62336/18 “JBS Argentina SA”, 3424/20 “Sancor Cul” y 20415/21 “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”, ya citadas).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional, admitir el de la parte actora, confirmar la resolución apelada en lo sustancial que decide y revocarla en lo que respecta a las costas, que se imponen a la demandada vencida.
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2. Imponer las costas de alzada al Fisco Nacional, al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa de pago (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Alta en sistema: 14/12/2022
Fin de la sentencia