Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 37427-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución MEyP nº 369/07 y; consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque nros. 08 059 EC01 002892W, 08 059 EC01 003281P y 08 059 EC01 000130F, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos VI y VII; 2) 2) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco, de conformidad con lo expresado en el considerando VIII; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); y 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
Expte. Nº 337/2024 BUNGE ARGENTINA SA (TF 37427-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de noviembre de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que el 27 de marzo de 2023 la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación rechazó el recurso interpuesto por la firma actora y confirmó las Resoluciones Nros. 160/2016, 161/2016 y 165/2016, dictadas por el Subdirector General de Operaciones Aduaneras del Interior, en los expedientes SIGEA Nros. 12629-12-2014, 12629-18-2014 y 12629-7-2014 (v. fs. 93/5 del expediente en soporte papel). En ese acto se había rechazado el reclamo de repetición de la suma total de $2.816 .819,30 en concepto de derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, correspondientes a los permisos de embarque Nros. 08 059 EC01 002892W, 08 059 EC01 003281P y 08 059 EC01 000130F. El Tribunal impuso las costas por su orden dada la complejidad del asunto.
Para decidir como lo hizo el a quo efectuó un relevamiento de las normas involucradas en autos y; en orden a la pretendida aplicación del precedente de Fallos 337:388 (“Camaronera Patagónica”), recordó que las decisiones de ese Tribunal se circunscriben a los procesos concretos que le son sometidos a su conocimiento.
De la reseña normativa efectuada derivó que las cuestiones planteadas en la causa resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo plenario del 26/04/2022 dictado por ese tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), a cuyos fundamentos y conclusiones remitió.
Puso de resalto que a Corte Suprema a través de una línea jurisprudencial uniforme, ha concluido que en el ámbito de los derechos aduaneros no puede juzgarse inválido el reconocimiento legal de atribuciones que queden libradas al arbitrio razonable del órgano ejecutivo, ello es así siempre que la política legislativa haya sido claramente establecida.
Sin embargo, indicó finalmente que la resolución cuestionada es un reglamento dictado en el ejercicio de una delegación Alta en sistema: 06/11/2024 impropia de facultades legislativas, la que se encuentra permitida en la específica materia aduanera. Y destacó que los reglamentos administrativos como el de la especie, se dictan en ejercicio de facultades que, por imperativo constitucional son de iure proprio y, por consiguiente, no tratándose de reglamentos delegados en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional, no requieren set sometidos a consideración del Congreso pan su aprobación o rechazo.
II. Que, la parte demandada apeló y expresó agravios a fs. 102/4, que fueron replicados por la parte contraria a fs. 131/5. La demandada cuestiona la distribución de costas.
III. Que también la actora recurrió la resolución reseñada en el primer considerando (v. fs. 105/6) y expresó sus agravios a fs. 107/26, que no fueron replicados por la demandada.
La accionante afirma en su crítica que el derecho de exportación cuya restitución pretende fue ilegítimamente establecido por la Administración mediante la Resolución MEyP nº 369/09, en contraposición con el principio de reserva de ley en materia tributaria. Señala que la norma delegante contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, no cumple los recaudos constitucionales exigidos para ser considerada una norma delegante válida (arg. art. 76, CN). Explica, además, que en cualquier caso la fijación de tributos mediante actos del Poder Ejecutivo –aún mediante reglamentos delegados- comporta una violación del principio de reserva de ley, inquebrantable en materia tributaria (arg. arts. 4, 17, 52, 75, inc. 1, CN) y, en consecuencia, una transgresión del orden de prelación normativo consagrado por el constituyente.
A pesar de ello –explica-, el Ministerio de Economía dictó la Resol. 35/02 mediante la cual incrementó el derecho de exportación ad valorem, fijando una alícuota del 20%. A su entender, esa norma resultó inválida hasta el 23/8/2006, fecha en que se publicó la Ley 26.135 que expresamente la ratificó.
El 9/11/2007 –continúa-, el Ministerio de Economía y Producción dictó la Resolución 369/07 por la que estableció una nueva alícuota del 28% ad valorem, afectando a la mercadería aquí involucrada. Esta norma también resultó inválida y solo podía ser ratificada por una ley formal del Congreso –que nunca fue dictada- con efectos prospectivos. Concluye por eso que la exigencia tributaria basada en ese último reglamento resultó ilegítima, dado que, en ese entonces, el Poder Ejecutivo sólo estaba facultado para exigirle a la compañía el pago Alta en sistema: 06/11/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V de los derechos de exportación por la alícuota establecida por la Resolución MEyP 35/02.
Por eso, asegura que la decisión recurrida se contrapone a la doctrina sentada por la Corte federal en el caso “Camaronera Patagónica”. Y solicita que se ordene la devolución de los importes equivalentes a la diferencia entre los derechos exigidos por la Aduana con apoyo en la Resolución Nº 369/07 y los que correspondía pagar, según la alícuota establecida por la Resolución Nº 35/02.
IV. Que a fs. 140/4 tomó intervención el Sr. Fiscal General.
En lo relativo a los agravios de la actora indicó que –a su parecer- el caso debía resolverse con arreglo a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388.
V. Que –en cuanto aquí interesa- la Resolución n° 35/2002 del Ministerio de Economía fijó para la posición arancelaria involucrada (N.C.M. 1001.90.90p) una alícuota del 20% en concepto de derechos de exportación. A su vez, el Decreto nº 509/2007 –que modificó la alícuota para ciertas posiciones- mantuvo para la posición involucrada una alícuota del 20%. El decreto 509/2007 fue dictado “en ejercicio de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por los incisos 1 y 2 del Artículo 99 de la CONSTITUCION NACIONAL, por los Artículos 11, apartado 2 y 12 de la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero) y por el art. 6º de la Ley de Emergencia Nº 25.561 modificada por la Ley Nº 26.217”. A su turno, la Resolución MEyP nº 369/2007 -dictada con fundamento en el artículo 755 del Código Aduanero, la Ley de Ministerios, el Decreto 2752/1991 y el Decreto 2275/1994- sustituyó en el Anexo XIV del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007, para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C .M.) enumeradas en la planilla anexa, el derecho de exportación por el que en cada caso se indicaba allí (art. 1). En particular, para la posición involucrada, se fijó una alícuota del 28%.
Finalmente, cabe señalar que no es posible identificar una ley formal que, a la fecha en que fueron cerradas las ventas de las exportaciones aquí involucradas, haya otorgado un rango legal al incremento del 8% establecido por el decreto 369/2007 (Sala IV, causa “Bunge Argentina SA-TF 36695-A c/ DGA s/ recurso directo de Alta en sistema: 06/11/2024 organismo externo”, del 13/12/2022; Sala I, causa nº 30.436/2023 “Bunge Argentina SA (TF 37994-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 21/12/2023).
VI. Que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa n° 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento (que ha adquirido firmeza a partir de la decisión de la Corte Suprema del 10/10/2023) puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que aun si aquellos eran “convalidados” por una ley formal del Congreso –lo que no ocurre en el caso-, esta sólo podía tener el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc. Lo mismo cabe predicar respecto de la fijación de esos derechos por una resolución ministerial cuyo contenido no recibió nunca aquella “ratificación” congresual.
Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582). En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución MEyP nº 369/07 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque Nros. 08 059 EC01 002892W, 08 059 EC01 003281P y 08 059 EC01 000130F (conf. páginas 18 y 22 de los exptes. admin. nros. 12629-12-2014, 12629-18-2014 y 12629-7 -2014), cuyo pago –por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada (v. en igual sentido, Sala I causas nº 30.436/2023 “Bunge” ya citada, y nº 42.766/2023 “LDC Argentina SA (TF 52066126-A) c/ DGA Alta en sistema: 06/11/2024 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V S/recurso directo de organismo externo”, del 04/04/2024; Sala III, causa nº 36.840/2023/CA1 “Bunge Argentina SA (TF 33394-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 07/03/2024; y Sala IV, causa nº 312/2024 “Bunge Argentina SA (TF 37435-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 05/03/2024).
VII. Que el reintegro al que da derecho esta decisión deberá ser comprensivo de los accesorios devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina -expresamente prevista para estos casos desde el dictado de la Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (cfr. artículo 4º) [conf. esta Sala, causa nº 55842/2019 “Sancor Cul c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” sentencia del 17 de junio de 2021; y sus citas].
VIII. Que la conclusión alcanzada torna inoficioso el tratamiento de la apelación del Fisco Nacional.
Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1) Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución MEyP nº 369/07 y; consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque nros. 08 059 EC01 002892W, 08 059 EC01 003281P y 08 059 EC01 000130F, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos VI y VII; 2) 2) Declarar inoficioso el tratamiento del recurso de apelación interpuesto por el Fisco, de conformidad con lo expresado en el considerando VIII; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); y 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Jorge Federico ALEMANY Alta en sistema: 06/11/2024 Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 06/11/2024
Fin de la sentencia