Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 37435-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
312/2024 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 37435-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, marzo de 2024.
1. Que, a fs. 64/66, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones 19/16, 18/16, 24/16, 21/16, 22/16, 419/16, 25/16 y 26/16, recaídas en las actuaciones administrativas SIGEA 12509-1578-2014, 12509-1589-2014, 12509- 1555-2014, 12509-1553-2014, 12509-1598-2014, 12509-1515-2014, 12509-1602- 2014 y 12509-1568-2014, en cuanto habían denegado las repeticiones iniciadas con respecto a los derechos de exportación abonados por los permisos de embarque 09 057 EC01 4867C, 09 057 EC01 3036M, 08 057 EC01 860N, 08 057 EC01 7197A, 09 057 EC01 11414L, 09 057 EC01 242X, 09 057 EC01 8859H y 08 057 EC01 11917S. Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina de su plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
Sobre esa base, rechazó pronunciarse sobre la validez constitucional de la resolución 369/07 del Ministerio de Economía y Producción, involucrada en el caso, y denegó la pretensión de la empresa actora.
Distribuyó las costas por su orden dado que la cuestión se decidía en virtud de una doctrina legal posterior al inicio de las actuaciones, lo que pudo hacer creer a las partes que tenían derecho a litigar.
2. Que, disconforme con la decisión, a fs. 71 interpuso apelación la parte actora, que se concedió a fs. 73, se fundó a fs. 74/92 y no fue replicada. Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de legalidad en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Narró que el 8/4/02 se había publicado en el Boletín Oficial la resolución 35/02 del Ministerio de Economía y Producción, que estableció en el 20% la alícuota del derecho de exportación aplicable a las mercaderías del caso; disposición, ésta, que fue aprobada legislativamente a través del artículo 3º la ley 26.135 (BO 24/8/06). Agregó que, con posterioridad, la resolución MEyP 369/07 había fijado las alícuotas en el 23%, 28% o 32%, según el caso, pero nunca fue aprobada por una ley formal del Congreso; motivo por el cual solicitaba la devolución de “la porción ilegítima que excede la alícuota de derechos del 20% ad valorem establecida por la Resol. Nro. 35/02” (fs. 78).
Planteó que tampoco se habían respetado las condiciones para subdelegar la facultad que otorga el artículo 755 del Código Aduanero en el Ministerio de Economía y Producción, por lo cual la resolución 369/07 también resultaba nula al haber sido dictada por un órgano incompetente.
Por otra parte, cuestionó la doctrina plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación toda vez que, a su entender, aquél pudo haber examinado la constitucionalidad del reglamento impugnado con arreglo a los términos del artículo 1164 del Código Aduanero y la invocada doctrina del Máximo Tribunal.
Finalmente, citó jurisprudencia de esta Cámara en sustento de su interpretación.
3. Que, el 28/2/24, dictaminó la Fiscalía General sobre la competencia del tribunal, la procedencia formal de los recursos y el planteo de inconstitucionalidad deducido en la causa; con lo que quedaron las actuaciones en estado de resolver.
4. Que, previo a todo, es relevante precisar que, mediante las destinaciones involucradas en el caso, registradas al amparo del régimen de la ley 21.453, la actora exportó partidas de trigo y de aceite de soja de las posiciones arancelarias 1001.90.90.110B y 1507.10.00100Q, y pagó derechos de exportación del 23%, 28% y 32% ad valorem –v. carpetas contenedoras de los respectivos permisos de embarque en las actuaicones administrativas–.
Debe ponderarse que las partes no controvierten que ese porcentaje de derechos se abonó en los términos de la resolución MEyP 369/07 (BO 9/11/07), cuya declaración de inconstitucionalidad pretende la actora (v. memorial de fs. 74/92, que no fue replicado por la contraria).
A su vez, se ha visto que la recurrente consintió el importe equivalente a una alícuota del 20% ($2.058.069,19, v. formulario F.4 a fs. 1), en el entendimiento de que ese nivel de derechos era el vigente a la fecha de dictado de la ley 26.135 (BO 24/8/06) y, por consiguiente, que había sido legítimamente percibido por el Fisco. Por consiguiente, lo único que corresponde determinar en esta instancia es si la suma cuestionada –que las partes son contestes en que corresponde al incremento de alícuotas dispuesto por la referida resolución MEyP 369/07–, fue abonada con sustento en una norma constitucionalmente inválida, en cuyo caso debería admitirse la repetición.
5. Que los argumentos de la parte actora ya fueron examinados por este Tribunal en la causa 51372/22 “Bunge Argentina SA (TF 36695-A) c/ DGA”, sentencia del 13/12/22; a la cual se remite por razones de brevedad.
Por las consideraciones que allí se efectúan, corresponde revocar la resolución de fs. 64/66, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido por la resolución MEyP 369/07 y hacer lugar a la devolución del importe en pesos pretendido ($619.091,39, v. fs. 1), más los intereses del artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
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312/2024 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 37435-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
6. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN). ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y pasen los autos al Representante del Fisco para que se expida sobre la liquidación y el pago de la tasa de justicia efectuados por la parte actora (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia