Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 37540-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la Nación y reconocer el derecho de la firma Bunge Argentina SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos X y XI. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –dictadas en los expedientespor hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala–dictadas en los expedientes suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
CAUSA N° 36971/2023 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 37540-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de Septiembre de 2024. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La empresa Bunge Argentina SA, compañía dedicada a la actividad agrícola, realizó exportación de mercaderías, por lo que abonó los derechos de exportación establecidos por la Resolución MEyP N° 369/2007, resolución que no había sido ratificada legislativamente. Ello así, solicitó la devolución de la porción de derechos de exportación abonados en virtud de lo dispuesto en la mencionada resolución, lo cual fue rechazado mediante diversos actos administrativos por el Director de la Dirección Aduanera Hidrovía. En consecuencia, la empresa interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el cual desestimó su pretensión, por aplicación de un fallo plenario del Tribunal Fiscal de la Nación.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 26/12/2022, confirmó las Resoluciones Nº 28/2016, 47/2016, 49/2016, 50/2016, 51/2016, 167/2016, 172/2016, 181/2016, 182/2016 у 184/2016 (SDG OAI) –dictadas en los expedientesdictadas en los expedientes administrativos SIGEA Nº 12509-1960-2012/74, 12509-1960-2012/52, 12509-1960-2012/97, 12509-196-2012/100, 12509- 1561-2013. 12509- 1567-2013, 12509-1574-2013, 12509-1560-2013, 12509-1960-2012/71 y 12509-1558-2013, respectivamente–dictadas en los expedientes, mediante las cuales se rechazó el pedido de devolución de derechos de exportación formulados por la firma Bunge Argentina SA. Asimismo, impuso las costas por su orden. Para así decidir, el Tribunal Fiscal de la Nación, luego de efectuar una reseña de las normas involucradas en la causa, señaló que, las cuestiones planteadas en la causa bajo análisis resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/4/2022, dictado en la causa EX-2020-24600163- -APN- SGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en la cual el Tribunal Fiscal por mayoría había acordado: “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2 °.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”.
Así las cosas, puntualizó que, la resolución cuestionada es un reglamento dictado en ejercicio de una delegación impropia de facultades legislativas, la que se encuentra permitida en la específica materia aduanera, en tanto el principio de legalidad en lo fiscal debe optimizarse a la luz de las singularidades que presenta todo lo relativo al comercio exterior.
Ello así, concluyó que debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación en relación a los PE Nº 07 057 EC01 11005 F, 07 057 EC01 12026 J, 07 057 EC01 11335 L, 07 057 EC01 1108 X, 08 057 EC01 7198 B, 08 057 EC01 744 Y, 08 057 EC01 8401 M, 07 057 EC01 11334 K, y 08 057 EC01 29 K, abonados en virtud de lo dispuesto en la Resolución MEyP N° 369/2007.
III. Agravios de la parte actora Contra aquel pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación el 9/3/2023 (confr. fs. 127), y expresó agravios el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 36971/2023 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 37540-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
9/3/2023 (confr. fs. 129/148), los cuales fueron contestados por el fisco nacional el 29/5/2023 (confr. fs. 166/170).
En primer lugar, la firma exportadora aduce que los derechos de exportación fueron aumentados por la Resolución del Ministerio de Economía N° 369/2007, del 20% al 28%, por lo que violentan el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, lo cual así fue definido por la Corte Suprema en la doctrina del caso “Camaronera Patagónica”.
En este sentido, sostiene que de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema, la ratificación de una norma constitucionalmente inválida, sólo puede operar para el futuro. Así las cosas, puntualiza que si bien el precedente “Camaronera Patagónica” se refería a la Resolución ME N° 11/02, lo cierto es que, no obstante que las decisiones de la Corte se circunscriben a los procesos concretos que son sometidos a su conocimiento, la autoridad institucional de sus precedentes, fundada en la condición de Tribunal intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia, da lugar a que, en oportunidad de fallar casos sustancialmente análogos, sus conclusiones sean debidamente consideradas y consecuentemente, seguidas, tanto por la misma Corte como por sus tribunales inferiores. En concordancia, expresa que en el citado precedente el Máximo Tribunal, por unanimidad, sostuvo la prohibición de crear y modificar los elementos esenciales del tributo por parte del Poder Ejecutivo, haciendo expresa mención a la alícuota, como elemento esencial.
En esta línea, manifiesta que la Resolución MEyP N° 369/2007 no resiste el test de constitucionalidad, en tanto se impone un derecho de exportación –dictadas en los expedientescon una alícuota del 28%–dictadas en los expedientes sin que la Ley N° 22.415 previera ningún parámetro o vara que le permita tal decisión. Al respecto, indica que la Ley N° 22.415 no establece los elementos esenciales del tributo, por lo que no podría haber sido considerada como una “clara política legislativa”, susceptible de otorgar validez constitucional al tributo cuestionado.
De este modo, expresa que la conclusión del Tribunal Fiscal es errónea, y que se opone a la doctrina y a la jurisprudencia generalizada en materia de constitucionalidad de tributos y a lo expresamente decidido por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica”.
En este orden de ideas, entiende que la sentencia recurrida se aparta de lo que el Máximo Tribunal expresamente menciona en la causa “Camaronera Patagónica” y en otros precedentes, cuando señaló que los elementos sustanciales del tributo deben ser definidos por el Congreso, entre los que mencionó la alícuota. Así, destaca que la modificación de alícuota fue mencionada como una facultad del Poder Ejecutivo para el caso en que se establezcan mínimos y máximos, pero no sin ninguna directriz.
A continuación, aduce que los derechos de exportación exigidos y cobrados en el caso bajo estudio, son ilegítimos, en tanto su imposición no respetó el principio de reserva legal en materia tributaria y tampoco fueron ratificados por ley alguna del Congreso. En concordancia, puntualiza que en materia de exportación de trigo, la exigencia a la alícuota del 28% resulta ilegítima, en tanto la norma que dispuso dicha alícuota, es decir la Resolución MEyP N° 369/2007, no se encuentra ratificada por ley del Congreso.
Finalmente, señala que los derechos de exportación de trigo dispuestos por la Resolución MEyP N° 35/2002, a la alícuota del 20% son los que debieron ser exigidos en el caso (por encontrarse aprobada/ratificada por el Congreso mediante Ley N° 26.135 con vigencia desde el 23/8/2006) y no los derechos resultantes de la aplicación de la Resolución MEyP N° 369/2007. En consecuencia, solicita que la diferencia entre la alícuota efectivamente exigida (28%) y el 20% que debió exigirse (por tratarse de derechos que si bien fueron CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 36971/2023 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 37540-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
creados por una Resolución inválida, fueron luego ratificados legislativamente), le sea restituida a Bunge Argentina SA, con más los intereses del artículo 811 del Código Aduanero.
IV. Agravios de la parte demandada Contra la sentencia, la parte demandada interpuso recurso de apelación y expresó agravios el 16/3/2023 (confr. fs. 151/156), los cuales fueron contestado por la contraria el 8/5/2023 (confr. fs. 162/164vta.).
Se agravia únicamente respecto de la imposición de las costas por su orden.
Al respecto, sostiene que, las costas deben ser impuestas en su totalidad a la parte actora, en tanto de acuerdo al principio objetivo de la derrota, las costas deben ser cargadas íntegramente por la parte vencida.
Ello así, puntualiza que conforme surge de las constancias administrativas, la resolución apelada por la parte actora y que motivó la acción judicial, fue confirmada por el Tribunal Fiscal en su totalidad, por lo cual resulta injustificada la falta de imposición de costas a la vencida en la sentencia recurrida, debido a que la misma agravia a quien en todo momento se ajustó al derecho aplicable.
V. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir a los apelantes en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que proponen a consideración de la Alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/2020; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022, entre otros).
VI. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho En este orden de ideas, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1.180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (confr. CSJN, Fallos: 300:985 y; esta Sala, in rebus: “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/2006; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/2020, entre otras).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1.180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (confr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 36971/2023 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 37540-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos).
VII. Delimitación de la cuestión a resolver y circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso Ello así, la materia sobre la cual debe expedirse esta Alzada –dictadas en los expedientes egún la lectura de las piezas que conforman esta litis–dictadas en los expedientes es si los derechos de exportación abonados por la firma “Bunge Argentina SA”, en ocasión de documentar los permisos de embarque Nros. PE 07 057 EC01 11005 F, 07 057 EC01 12026 J, 07 057 EC01 11335 L, 07 057 EC01 1108 X, 08 057 EC01 7198 B, 08 057 EC01 744 Y, 08 057 EC01 8401 M, 07 057 EC01 11334 K, y 08 057 EC01 29 K, conforme a las disposiciones de la Resolución N° 369/2007, resultan o no ajustados a derecho.
En este sentido, con el propósito de lograr una mejor comprensión de la problemática involucrada en autos, me parece conveniente reseñar las circunstancias fácticas del caso según surge de las actuaciones administrativas. Bajo esta perspectiva, de las constancias acompañadas a la causa, conforme fueran reseñadas adecuadamente por el Tribunal Fiscal, surge que:
(i) La actuación SIGEA Nº 12509-1960-2012/74 se inicia (fs. 1/9) con el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a la destinación PE 07 057 EC01 011005 F, oficializada el 14/11/2007. A fs. 16 obra el comprobante de pago. El 4/11/2016 se dicta la Resolución Nº 28/16 (DI RAHI).
(ii) La actuación SIGEA Nº 12509-1960-2012/52 se inicia (fs. 1/7) con el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a la destinación PE 07 057 EC01 012026 J, oficializada el 12/12/2007. A fs. 14 obra certificado correspondiente a los importes de los tributos abonados. El 22/11/2016 se dicta la Resolución Nº 47/16 (DI RAHI).
(iii)La actuación SIGEA Nº 12509-1960-2012/97 se inicia (fs. 1/9) con el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a la destinación PE 07 057 EC01 011335 L, oficializada el 21/11/2007. A fs. 16 obra certificado correspondiente a los importes de los tributos abonados. El 22/11/2016 se dicta la Resolución Nº 49/16 (DI RAHI).
(iv) La actuación SIGEA Nº 12509-196-2012/100 se inicia (fs. 1/10) con el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a la destinación PE 07 057 EC01 011008 X, oficializada el 14/11/2007. A fs. 17 obra el comprobante de pago. El 22/11/2016 se dicta la Resolución Nº 50/16 (DI RAHI).
(v) La actuación SIGEA Nº 12509-1561-2013 se inicia (fs. 1/8) con el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a la destinación PE 08 057 EC01 008903 T, oficializada el 25/9/2008. A fs. 15 obra comprobante de pago. El 22/11/2016 se dicta la Resolución Nº 51/16 (DI RAHI).
(vi) La actuación SIGEA Nº 12509-1567-2013 se inicia (fs. 1/9) con el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a la destinación PE 08 057 EC01 007198 B, oficializada el 5/8/2008. A fs. 17 obra comprobante de pago. El 9/11/2016 se dicta la Resolución Nº 167/16 (SDG OAI).
(vii) La actuación SIGEA Nº 12509-1574-2013 se inicia (fs. 1/10) con el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a la destinación PE 08 057 EC01 000744 Y, oficializada el 22/1/2008. A fs. 17 obra certificado de los importes de los tributos abonados. El 9/11/2016 se dicta la Resolución Nº 172/16 (SDG OAI).
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(viii) La actuación SIGEA Nº 12509-1560-2013 se inicia (fs. 1/9) con el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a la destinación PE 08 057 EC01 008401 M, oficializada el 11/9/2008. A fs. 16 obra certificado de los importes de los tributos abonados. El 9/11/2016 se dicta la Resolución Nº 181/16 (SDG OAI).
(ix) La actuación SIGEA Nº 12509-1960-2012/71 se inicia (fs. 1/9) con el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a la destinación PE 07 057 EC01 011334 K, oficializada el 21/11/2007. A fs. 16 obra certificado de los importes de los tributos abonados. El 9/11/2016 se dicta la Resolución Nº 182/16 (SDG OAI).
(x) La actuación SIGEA Nº 12509-1558-2013 se inicia (fs. 1/9) con el pedido de devolución de los derechos de exportación abonados con relación a la destinación PE 08 057 EC01 000029 K, oficializada el 2/1/2008. A fs. 16 obra certificado correspondiente a los importes de los tributos abonados. El 9/11/2016 se dicta la Resolución Nº 184/16 (SDG OAI).
VIII. Reseña de las normas aplicables al caso Sentado lo expuesto, resulta conveniente describir el plexo normativo aplicable. En este orden de ideas, cabe señalar que la Constitución Nacional dispone que: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…” (artículo 76, primer párrafo).
Por otro lado, en su artículo 99 prevé que el Presidente de la Nación posee diversas atribuciones, entre las que se encuentran –dictadas en los expedientes n lo que aquí interesa–dictadas en los expedientes las siguientes: (i) expedirá las instrucciones y reglamentos que sean necesarias para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias (inciso 2º); (ii) es quien participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar, pero no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo (inciso 3º).
Asimismo, en el mismo inciso se dispone que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. A tal fin, “El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” (art. 99 inciso 3º).
A su vez el artículo 100 establece que tanto el jefe de gabinete de ministros como los demás ministros secretarios no solo tienen a su cargo el despacho de los negocios de la Nación, sino que también a ellos les corresponde refrendar y legalizar los actos del presidente por medio de su firma, los cuales sin dicho requisito, carecen de eficacia. Además, el mencionado artículo determina que el jefe de gabinete de ministros es a quien le corresponde refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los cuales también estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente (inciso 12).
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Por su parte, el Código Aduanero establece que el Poder Ejecutivo podrá “a) gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y c) modificar el derecho de exportación establecido” (inciso 1º, artículo 755).
Por otro lado, corresponde señalar que la Resolución MEP Nº 35/2002, la cual fue ratificada por Ley Nº 26.135, y no se encuentra controvertida en la causa, fijó una alícuota de derecho de exportación del 20% ad valorem, que fue posteriormente elevada al 28% mediante la Resolución MEyP Nº 369/2007, que textualmente dispuso: “Artículo 1º- Sustitúyese en el Anexo XIV del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 sus modificaciones, para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que se enumeran en la planilla que, como Anexo, forma parte integrante de la presente resolución, el derecho de exportación por el que en cada caso se indica (…) ANEXO N.C.M. D.E. (%) 1001.10.90 D.E. (%)28; N.C.M.
1001.90.90 D.E. (%) 28 (…)”.
Además, de los considerandos de la Resolución MEyP Nº 369/2007 se desprende que la misma se dictó en función de lo previsto en la Ley Nº 22.415 (Código Aduanero), en la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto Nº 438/92) y sus modificaciones, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 2752, del 26/12/1991, y Nº 2275, del 23/12/1994, y sus modificatorios. También, se dispuso que la resolución individualizada entraría en vigencia desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial (confr. artículo 3), lo cual tuvo lugar el día 9/11/2007.
IX. Precedente análogo dictado por esta Sala Así las cosas, corresponde señalar que la cuestión referida a la invalidez de la Resolución MEyP N° 369/2007 ya ha sido examinada por esta Sala en la causa “LCD Argentina SA (TF 36454-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 65461/2022, del 7/11/2023. En igual sentido, se han expedido otras Salas de esta Cámara (confr. Sala II, in re: “Bunge Argentina SA (TF 37364-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, causa n° 1914/2024, del 13/8/2024; y Sala IV, in re: “Bunge Argentina TF 36695-A c/ DGA”, causa n° 51372/2022, del 13/12/2022).
Ello así, cabe destacar que en el mencionado precedente “LCD Argentina SA” se puntualizó que las cuestiones planteadas por las partes resultaban sustancialmente análogas a las examinadas y resueltas por esta Sala en las causas “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, Causa N° 377/2021, del 18/10/2022, y “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 26.963/2022, del 29/12/2022.
Al respecto, en cuanto al fondo del asunto, en los precedentes individualizados, se puso de resalto la naturaleza “delegada” del reglamento cuestionado –dictadas en los expedientes n el caso el Decreto N° 793/18–dictadas en los expedientes en tanto fija los derechos de exportación, señalando que al dictarlo el Poder Ejecutivo había ejercido potestades materialmente legislativas, sin que se hubieran encontrado reunidos los recaudos exigidos por el artículo 76 de la Constitución Nacional para considerar que hubiera mediado una delegación legislativa válida. A su vez, declaró la aplicación de la doctrina emanada del precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 337:388), y puntualizó que la ratificación legislativa, como regla general, carece de efectos retroactivos respecto de decretos que adolecen de insanable inconstitucionalidad original, como en el caso bajo estudio.
Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la Ley N° 26.122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica SA”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo.
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Por último, se pronunció en sentido negativo respecto a la necesidad de probar que el tributo no había sido trasladado al precio de la mercadería. En consecuencia, admitió la repetición por el período comprendido entre el dictado del Decreto N° 793/18 y su ratificación legislativa.
X. Aplicación de los precedentes de la Sala al caso bajo análisis En este orden de ideas, cabe señalar que los fundamentos y las conclusiones del precedente mencionado resultan aplicables al presente caso.
En efecto, la Resolución MEyP N° 369/2007 (BO 9/11/2007) sustituyó el anexo XIV del Decreto N° 509/2007 estableciendo, para la posición arancelaria involucrada en esta causa, un derecho de exportación del 28%.
Sin embargo, el incremento de la alícuota no ha sido objeto de ratificación legislativa a la fecha en que fueron oficializadas las operaciones de exportación ya mencionadas; por ello, de conformidad con la doctrina emanada del precedente “Camaronera Patagónica” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya citado, corresponde admitir los agravios presentados por la firma actora y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia apelada.
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la acción de repetición intentada por la empresa actora por la diferencia de tributos entre la aplicación de las previsiones de la Resolución MEyP N° 369/2007 y el régimen que hubiera regido la operatoria, esto es, la Resolución MEP N° 35/2002; importando en los hechos un porcentual diferencial de 8% (en similar sentido, esta Sala, in re: “LCD Argentina SA (TF 36454-A)”, ya citado).
XI. Intereses En cuanto a los intereses que habrán de adicionarse a las sumas a reintegrar (artículo 811 del Código Aduanero), debido a que los reclamos de repetición –dictadas en los expedientesSIGEA Nros. 12509-1960-2012/52, 12509- 1960-2012/71, 12509-1960-2012/74, 12509-1960-2012/97, 12509-196- 2012/100, 12509-1558-2013, 12509-1567-2013, 12509-1560-2013, 12509- 1561-2013, y 12509-1574-2013–dictadas en los expedientes fueron presentados el 11/11/2013, el 12/11/2013, el 14/11/2013, y el 19/12/2013 respectivamente, deberán liquidarse de la siguiente manera:
(i) desde el momento de formularse el reclamo y hasta que comenzó a surtir efectos la Resolución Nº 598/19, según la tasa prevista en la Resolución MEyP Nº 314/2004, en la medida en que no fuera cuestionada su aplicación;
(ii) a partir de este último momento y hasta el 31/8/2022, aplicando la tasa efectiva mensual que publicaba la AFIP (Resolución Nº 598/19);
(iii) con posterioridad, deberán aplicarse los intereses establecidos en la Resolución N° 559/22 del Ministerio de Economía (desde el día 1/9/2022 –dictadas en los expedientesconfr. artículo 9–dictadas en los expedientes hasta el día 31/1/2024) y; (iv) finalmente, corresponderá aplicar los intereses previstos en la Resolución N° 3/2024 (desde el día 1/2/2024 –dictadas en los expedientesconfr. artículo 10–dictadas en los expedientes) o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del pago.
XII. Costas Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia y, que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas –dictadas en los expedientes n ambas instancias–dictadas en los expedientes a la parte demandada vencida (artículos 68, primera parte, y 279 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En concordancia, resulta inoficioso expedirse respecto del agravio deducido por la parte demandada.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
CAUSA N° 36971/2023 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 37540-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE: hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, y en consecuencia, revocar la sentencia apelada del Tribunal Fiscal de la Nación y reconocer el derecho de la firma Bunge Argentina SA a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa con más los intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos X y XI. Costas de ambas instancias a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –dictadas en los expedientespor hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala–dictadas en los expedientes suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara. Regístrese, notifíquese a las partes y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia