Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 37543-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
1473/2025 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 37543-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, agosto de 2025.
1. Que, a fs. 94/96, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, confirmó las resoluciones DI RAHI 37/16, 38/16, 29/16, 46/16, 36/16, 34/16, 43/16, 35/16, y SDO OAI 146/16, recaídas en las actuaciones administrativas SIGEA 12509-1588-2013, 12509- 1533-2013, 12509-1960-2012/28, 12509-1960-2012/80, 12509-1960-2012/79, 12509- 1960-2012/94, 12509-1960-2012/95, 12509-1960-2012/81 y 12509-1578-2013, en cuanto habían denegado las repeticiones iniciadas con respecto a los derechos de exportación abonados en los términos de la resolución MEyP 369/07 y con relación a los permisos de embarque 08057EC01008463U, 08057EC0111911M, 07057EC0111073K, 07057EC0112016X, 07057EC0112652Y, 07057EC0112095P, 07057EC0112024H, 07057EC0112018K y 08057EC01008938E.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina de su plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN).
Sobre esa base, rechazó pronunciarse sobre la validez constitucional de la citada resolución MEyP 369/07, y denegó la pretensión de la empresa actora.
La mayoría distribuyó las costas por su orden en virtud de la complejidad de la cuestión.
2. Que, disconforme con la decisión, a fs. 100 interpuso apelación la parte actora, que se fundó a fs. 102/120vta., se concedió a fs. 132y no fue replicada.
Principalmente, sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Explicó que el Ministerio de Economía dictó la resolución 35/02, que estableció en el 20% la alícuota del derecho de exportación aplicable a la mercadería del caso; disposición, ésta, que fue aprobada legislativamente a través de la ley 26.135. Agregó que, con posterioridad, la resolución MEyP 369/07 fijó la alícuota en el 28%, pero, al momento imponible de las exportaciones del caso, no se encontraba aprobada por una ley formal del Congreso; motivo por el cual solicitaba la devolución de “la porción ilegítima que excede la alícuota de derechos del 20% ad valorem establecida por la Resol. Nro. 35/02” (fs. 106).
Planteó que tampoco se habían respetado las condiciones para subdelegar en el Ministerio de Economía y Producción la facultad de fijar alícuotas que el artículo 755 del Código Aduanero otorga al Poder Ejecutivo, por lo cual la resolución 369/07 también resultaba nula al haber sido dictada por un órgano incompetente.
Por otra parte, cuestionó la doctrina plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación toda vez que, a su entender, aquél pudo haber examinado la constitucionalidad del reglamento impugnado con arreglo a los términos del artículo 1164 del Código Aduanero y la invocada doctrina del Máximo Tribunal.
Finalmente, citó jurisprudencia de esta Cámara en sustento de su interpretación.
3. Que, por su parte, a fs. 126/128vta. el Fisco Nacional interpuso y fundó apelación agraviándose por la distribución de las costas, la cual se concedió a fs. 132 y fue replicada a fs. 135/137vta.
En sustancia, argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
4. Que, el 21/3/25, dictaminó la Fiscalía General sobre la competencia del tribunal, la procedencia formal de los recursos y el planteo de inconstitucionalidad deducido en la causa; con lo que quedaron las actuaciones en estado de resolver.
5. Que, previo a todo, es relevante precisar que, mediante las destinaciones involucradas en el caso, registradas al amparo del régimen de la ley 21.453, la actora exportó partidas de trigo de la posición arancelarias 1001.90.90.110B y pagó derechos de exportación del 28% –v. carpetas contenedoras de los respectivos permisos de embarque en las actuaciones administrativas–.
Debe ponderarse que las partes no controvierten que ese porcentaje de derechos se abonó en los términos de la resolución MEyP 369/07 (BO 9/11/07), cuya declaración de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 1473/2025 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 37543-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
inconstitucionalidad pretende la actora (v. memorial de fs. 102/120vta., que no fue replicado por la contraria).
A su vez, se ha visto que la recurrente consintió el importe equivalente a una alícuota del 20% ($4.627.917,46, v. formulario F.4 a fs. 1), en el entendimiento de que ese nivel de derechos era el vigente a la fecha de dictado de la ley 26.135 (BO 24/8/06) y, por consiguiente, que había sido legítimamente percibido por el Fisco.
Por consiguiente, lo único que corresponde determinar en esta instancia es si la suma cuestionada –que las partes son contestes en que corresponde al incremento de alícuotas dispuesto por la referida resolución MEyP 369/07–, fue abonada con sustento en una norma constitucionalmente inválida, en cuyo caso debería admitirse la repetición, con el alcance pretendido.
6. Que los argumentos de la parte actora ya fueron examinados por este Tribunal en la causa 51372/22 “Bunge Argentina SA (TF 36695-A) c/ DGA”, sentencia del 13/12/22; a la cual se remite por razones de brevedad.
Se deja constancia que, en sentido concordante, se pronunció la Sala III de la Cámara en las 65461/2022 “LDC Argentina SA (TF 36454-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, sentencia del 7/11/2023 y 36971/2023 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 37540-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 3/09/2024, entre muchas otras.
Por las consideraciones que allí se efectúan, corresponde revocar la resolución de fs. 94/96, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido por la resolución MEyP 369/07 y hacer lugar a la devolución del importe en pesos pretendido ($1.851.166,98, v. fs. 1), más los intereses del artículo 811 del Código Aduanero. ASÍ SE RESUELVE.
7. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen al demandado vencido (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
8. Que resta tratar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado el 27/2/25.
Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de $2.350 (v. proveído del 18/2/25, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
El Sr. Juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente conforme a lo dispuesto en la resolución J.S. 8/25.
Regístrese, notifíquese ––a las partes y a la Fiscalía General–– y siga la causa con el Deox del 27/2/25.
JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI SERGIO G. FERNÁNDEZ
Fin de la sentencia