Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 38335-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la invalidez de la Resolución Conjunta n° 26/2008 y 28/2008 del Ministerio de Producción y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados, al oficializar el despacho de exportación n° 09059EC01002105K y 09059EC01002104J, de conformidad con lo establecido en los considerandos X y XI, y
2Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN y 1163 CA).
Buenos Aires, 5 de agosto de 2025.-
VISTA esta causa n° 1.469/2025, caratulada: “Bunge Argentina SA (TF 38335-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”; y,
I.-) Que, con fecha 11/08/2017, la Sra. Directora –interina– de la Dirección Regional Aduanera Pampeana, dictó las RESOLUCIONES 2017- 15-APN-DIRAPA#AFIP Y 2017-13-APN-DIRAPA#AFIP, mediante las cuales rechazó la devolución de pesos un millón doscientos ochenta y seis mil ochocientos dos con 24/100 ($1.286.802,24), en concepto de derechos de exportación que le fueran liquidados conforme lo normado por la Resol. Nº 11/02, respecto de los permisos de embarques números 09059EC01002105K –$ 587.351,83– y 09059EC01002104J –$ 699.450,41–, presentada por la empresa BUNGE ARGENTINA S.A., con fecha 6/11/2014, en el entendimiento de que habrían sido cobrados indebidamente (ver fs. 14/18 del expediente administrativo identificado como “antecedentes de la causa”, incorporado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 por este Tribunal con fecha 17/02/2025), puesto que su exigencia no fue legítima sino hasta la vigencia de la Ley n° 27.467.
II.-) Que, contra lo así decidido, la parte actora solicitó la revisión de las RESOLUCIONES 2017-15-APN-DIRAPA#AFIP Y 2017-13- APN-DIRAPA#AFIP dictadas por la Sra. Directora –interina– de la Dirección Regional Aduanera Pampeana (ver fs. 19/27 del expediente administrativo, supra mencionado), ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN. En función de lo expuesto llegaron las actuaciones a la Sala “G”, la cual con fecha 1/08/2024, confirmó la resolución aduanera en cuanto rechazó la acción de repetición intentada por BUNGE ARGENTINA, con costas por su orden (ver esp. fs. 86/9 del expediente administrativo identificado como “antecedentes de la causa”, incorporado al Sistema de Gestión Judicial Lex100 por este Tribunal con fecha 17/02/2025).
Para dar fundamento a su rechazo, el mencionado Tribunal sostuvo que las cuestiones planteadas en el sub examine eran sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario, de fecha 26/04/2022, dictada en la causa “PETROQUÍMICA COMODORO RIVADAVIA S.A C/ DGA S/ RECURSO DE APELACIÓN”, en virtud del cual, por mayoría, se había acordado que no podían declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente.
Asimismo, se convino que el Poder Ejecutivo Nacional podía establecer derechos de exportación, debido a lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero.
Finalmente, se dispuso que, no correspondía declarar la invalidez del Decreto n° 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal debía expedirse respecto de resoluciones emanadas de la DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS que denegaran la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto n° 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 4/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido decreto, y hasta el día 4/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la Ley n° 27.467. En función de lo expuesto, se distribuyeron las costas en el orden causado, atento a la aplicación del Fallo Plenario y a la complejidad de la cuestión debatida.
III.-) Que, disconforme con lo resuelto, la parte actora interpuso recurso de apelación (ver 95). Dicho recurso fue fundado a fs. 99/135 del expediente administrativo, ya mencionado.
Corrido el pertinente traslado, a fs. 147/56 el Fisco Nacional formuló sus réplicas.
Con fecha 25/04/2025 emitió su dictamen el Sr. Fiscal de Cámara.
i) Agravios de BUNGE ARGENTINA S.A.:
Sostiene la recurrente que los derechos aduaneros son impuestos y, como tales, deben estar sujetos al principio de reserva legal. En consecuencia, deben ser impuestos por ley o por una ley previa que delimite una clara política legislativa.
Entiende que, por sus argumentos, la profusa doctrina y la jurisprudencia citada, el art. 755 del CA de la Ley n° 22.415 no contiene una clara política legislativa y, por lo tanto, no puede ser aceptada como norma delegante válida.
Agrega que el Poder Ejecutivo (y menos aún un Ministerio), no se encontraba facultado, ni siquiera por la amplia delegación que efectúa el art. 755 del Código Aduanero, para imponer un derecho de exportación para la mercadería aquí involucrada.
A pesar de ello, señala que el Ministerio de Economía dictó la Resol. 35/02 mediante la cual incrementó el derecho de exportación ad valorem, fijándolo en la alícuota del 20%. Postula que esa norma resultó inválida, hasta el 23/8/2006; fecha en quen se publicó la Ley 26.135 que expresamente la ratificó.
Luego, indica que el 9/11/2007, el Ministerio de Economía y Producción dictó la Resol. 369/07 y la Resolución Conjunta N° 26/2008 y 28/2008 por la que estableció nuevas alícuotas, afectando a la mercadería aquí involucrada.
De ese modo, esgrime que la norma también resultó inválida y solo podía ser ratificada por una ley formal del Congreso con efectos prospectivos; cosa que no ocurrió. La norma, entonces, al no haber contado con expresa ratificación legislativa, resultó inválida.
Tiene en cuenta que en el caso bajo examen su mandante se vio obligada al pago de los derechos de exportación determinados por el SIM al amparo de la Resol. 369/07, sin que haya mediado ratificación alguna por parte del Congreso, considera que dicha exigencia resultó inconstitucional. En ese entonces, el Poder Ejecutivo sólo estaba facultado para exigirle a la compañía el pago de los derechos de exportación por la alícuota establecida por la Resolución MEyP 35/02.
Como consecuencia de ello, alega que es indudable, que, en el caso, corresponderá ordenar la devolución de los importes antes detallados; equivalente a la diferencia entre los derechos exigidos por la Aduana con apoyo en la Resolución Conjunta n° 26/2008 y 28/2008 y los que corresponda pagar, según la alícuota establecida por la Resolución n° 35/02. En ese sentido, precisa que, con los conceptos antes vertidos y detalladamente expuestos por la Corte Suprema, puede afirmar que los derechos de exportación exigidos y cobrados en el caso, son ilegítimos e inconstitucionales. Ello así, pues manifiesta que su imposición no ha respetado el principio de reserva legal, ni contó con expresa ratificación legislativa.
En concreto, es el derecho de exportación del 20% ad valorem establecido por la Resol. MEP n° 35/02 el que debió ser exigido (por encontrarse ratificados por la ley 26.135 desde el 23/8/06) y no el derecho de exportación establecido en la Resolución Conjunta n° 26/2008 y 28/2008, a la alícuota del 23% ad valorem. De allí que solo deberá restituirse a la compañía la diferencia entre aquellas.
IV.-) Que, sentado ello, cuadra advertir que no se encuentra controvertida la operación de exportación en trato, ni los elementos resultantes de su declaración aduanera, las características de la mercadería involucrada, su posición arancelaria, etcétera; limitándose la controversia suscitada, atento los términos del reclamo seguido, a determinar si se ajusta a derecho el pago de derechos de exportación al 23% ad valorem según lo normado por la Resolución conjunta n° 26/2008 y 28/2008 del Ministerio de Producción, o bien si se pagó, con sustento en una norma constitucionalmente inválida, en cuyo caso debería admitirse la repetición. Al punto, resulta atinado destacar que, en el caso, Bunge Argentina SA, no pretende la devolución del 100% de los derechos de exportación pagados mediante las destinaciones de exportación n° 09059EC01002105K y 09059EC01002104J oficializadas con fecha 5/06/2009, correspondiente a exportaciones de trigo, sino la porción que tacha de ilegítima, que excedería la alícuota de derechos del 20 % ad valorem establecida en la Resolución n° 35/02 (B.O. 5/04/2002). V.-) Que, para examinar la validez de la Resolución Conjunta n° 26/2008 y 28/2008 del Ministerio de Producción, se deben tener en cuenta sus términos y el marco normativo con arreglo al cual se justificó su dictado. En concreto, y en lo que al caso interesa, no se encuentra controvertido que la Resolución MEP n° 35/02, ratificada por Ley n° 26.135 (B.O. 23/08/2006) había fijado una alícuota de derecho de exportación del 20% ad valorem, que fue posteriormente elevada al 23% mediante la Resolución Conjunta 26/2008 y 28/2008, que textualmente dispuso: “Artículo 1º- Anexo XIV del Decreto Nº 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones, para las posiciones arancelarias de la NOMENCLATURA COMUN DEL MERCOSUR (N.C.M.) que se enumeran en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución, el derecho de exportación que en cada caso se indica (…) ANEXO N.C.M. D.E. (%)
1001.10.90 D.E. (%)23; N.C.M. 1001.90.90 D.E. (%) 23 (…)”.
De los considerandos de la resolución citada se desprende que se dictó en función de lo previsto en la Ley nº 22.415 (Código Aduanero), en la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto nº 438/92) y sus modificaciones, y en el artículo 22 del Decreto nº 509/07.
El acto, de fecha 22/12/2008, indicó que entraría en vigencia desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial, lo cual tuvo lugar el día 23/12/2008 (art. 2°).
VI.-) Que, la Corte Suprema de Justicia en la causa “Camaronera Patagónica SA c/ Ministerio de Economía y otros s/ amparo” (Fallos: 337:338), del 15 de abril del 2014, analizó la validez de la Resolución n° 11/02 por la que se fijaron ciertos “derechos a la exportación” para consumo, a determinadas mercaderías, identificadas éstas según la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).
El Máximo Tribunal destacó que “el principio de reserva de ley en materia tributaria [n]o cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el art. 76 de la Constitución”.
Asimismo, expuso que, si bien resulta admisible que el Congreso de la Nación atribuya ciertas facultades circunscriptas al aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, “la resolución cuestionada no se ajusta a los parámetros señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación queda aquí completamente librado al arbitrio del Poder Ejecutivo”.
Sostuvo que el Poder Legislativo “dictó las leyes 25.148, 25.645, 25.918, 26.135 y 26.519, normas que tienen incidencia en la solución de esta controversia. Cabe destacar que -con excepción de la ley 26.519- las restantes leyes contienen una estructura similar ya que, por una parte, ratifican la totalidad de la delegación legislativa, por los plazos y en las condiciones que allí se establecen (art. 1°) y, en lo que al caso interesa, aprueban la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994”. Expuso que “[s]i bien la decisión de ratificar en forma general un amplio y variado número de normas que abarcan diversas materias puede ser objetable desde el ángulo de la técnica legislativa, ello no resulta suficiente para privar de validez a la ley 25.645 y a aquellas que, con el mismo objetivo, la precedieron o sucedieron”. Y, concluyó que “la ley 25.645 carece de eficacia para convalidar retroactivamente una norma que adolece de nulidad absoluta e insanable -como la resolución 11/02 del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura-, pero no existe razón alguna para privarla de efectos en relación con los hechos acaecidos después de su entrada en vigencia”.
A partir de ello, determinó que “la invalidez de la mencionada resolución 11/02 se circunscribe al período comprendido entre el 5 de marzo de 2002 (fecha en que entró en vigor) hasta el 24 de agosto de 2002, momento a partir del cual rige la ley 25.645, disposición que le otorga a su contenido rango legal”.
VII.-) Que, en el sub examine, resulta de toda claridad que las consideraciones del Máximo Tribunal en el precedente citado en el considerando anterior, resuelven la cuestión bajo estudio y obligan a acoger la apelación de la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la invalidez de la Resolución Conjunta del Ministerio de Producción n° 26/2008 y 28/2008 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa, al oficializar con fecha 5/06/2009, los despachos de exportación n° 09059EC01002105K y n° 09059EC01002104J, objeto de autos, cuyo pago –por lo demás– no fue desconocido en autos por la demandada.
VIII.-) Que, como regla, la doctrina de los fallos de la Corte Federal tiene carácter obligatorio para los tribunales inferiores, cuando - como en autos- la parte interesada no ha invocado nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta (Fallos 212:51, 307:1094, 315: 2386, 325:2723, 332:1488, entre otros). IX.-) Que, a todo evento, cuadra precisar que, en la especie, no concurren los presupuestos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó en “Camaronera Patagónica SA” (cit.) para permitir eventualmente, por las particulares necesidades que la reglamentación del comercio exterior impone, la regulación por la Administración de ciertos pormenores y detalles concernientes a los derechos aduaneros previamente fijados por el Congreso Nacional (conf. arg. artículo 99, inciso 2°, de la Constitución Nacional). En efecto, tal como resulta de los lineamientos referidos al tiempo de reseñar la decisión adoptada en el fallo en cuestión, a criterio del Alto Tribunal, resultaría admisible que el Congreso Nacional atribuyera al Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades circunscriptas, exclusivamente, a la determinación del aspecto cuantitativo de la obligación tributaria, autorizando así a elevar o disminuir las alícuotas aplicables, siempre y cuando, para el ejercicio de dicha atribución se fijaran pautas y límites precisos mediante una clara política legislativa.
En el caso, se advierte que la atacada Resolución Conjunta n° 26/2008 y 28/2008 del Ministerio de Producción, no cumple con los presupuestos legales y constitucionales requeridos en la materia impositiva, careciendo de sustento legal al crear una carga tributaria y fijar una alícuota de derechos de exportación; materia que se encuentra materia reservada, exclusiva y excluyentemente, al Congreso de la Nación.
Es que, tal como la Corte Suprema de Justicia de la Nación expresara en “Camaronera Patagónica SA” (cit.), el principio de reserva legal en materia tributaria no cede en caso que se actúe por medio del mecanismo de la delegación legislativa previsto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, pues éste refiere exclusivamente a determinadas materias de administración o de emergencia económica, con plazo fijo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Al margen de ello, la delegación legislativa se encuentra prohibida, en particular por el propio artículo 76, primer párrafo, así como por el artículo 99, ambos de la Constitución Nacional.
Por tanto, la delegación contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, en cuanto dispone que el Poder Ejecutivo Nacional podrá gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviera gravada con este tributo; desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este tributo; y modificar el derecho de exportación establecido, en modo alguno alcanza para dar validez a la impugnada resolución ministerial.
En este sentido, cuadra advertir que la resolución aludida no se ajustó a los parámetros antes señalados, pues el aspecto cuantitativo del derecho de exportación quedó (a tenor del texto contenido en la norma delegante) librado exclusivamente al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional, careciendo –por tanto– de sustento legal el ejercicio de tal facultad delegada; ello así, en tanto el precepto cuestionado fijó unilateralmente y sin contar con el imprescindible respaldo de una “clara política legislativa”, la totalidad de los aspectos cuantitativos del impuesto, materia reservada, exclusiva y excluyentemente al Congreso de la Nación, el cual por cierto omitió toda indicación sobre el particular al disponer la delegación.
En consecuencia, corresponde hacer lugar a la acción de repetición intentada por la actora por la diferencia de tributos entre la aplicación de las previsiones de la Resolución n° 26/2008 y 28/2008 del Ministerio de Producción, y el régimen que hubiera regido la operatoria, esto es, la Resolución MEP n° 35/2002; importando en los hechos un porcentual diferencial de 3%.
X.-) Que, sentado lo anterior, en lo atinente a la moneda en que habrá de cancelarse la obligación, en atención a los claros y precisos términos del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Cencosud SA - TF 29.535-A c/ DGA”, sentencia de fecha 15/05/2014), y toda vez que conforme surge de las actuaciones administrativas, los tributos cuya restitución se admitió fueron abonados en pesos, producto de haberse convertido el importe de los dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente al día anterior al del efectivo pago, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley n° 23.905, la devolución debe efectuarse en la misma moneda nacional en que fue hecho el pago (esta Sala in re: “SANCOR CUL (TF 26219-A) y otro c/ D.G.A.”, sentencia de fecha 2/12/2014, entre muchos otros).
A mayor abundamiento, cabe señalar que el artículo 809 del Código Aduanero –que regula la devolución de los tributos que el Fisco ha cobrado indebidamente– establece expresamente que la Aduana “devolverá directamente los importes que hubiere percibido indebidamente en concepto de tributos”.
En consecuencia, si percibió un importe en pesos, no hay razón para que se considere que, si procede su devolución, se origina para el Fisco una deuda en dólares (considerando 8º del pronunciamiento “Cencosud”). XI.-) Que, definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, se dispone que el reintegro deberá ser comprensivo de los intereses devengados desde que fueran formuladas las peticiones de repetición en sede administrativa y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular:
-desde los reclamos a la autoridad aduanera y hasta el día 31/8/2022, según lo normado por la Resolución del ex Ministerio de Hacienda n° 598/2019; y -a partir del día 1°/9/2022, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la Resolución del Ministerio de Economía n° 559/2022; y - a partir del día 1°/02/2024, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la Resolución del Ministerio de Economía n° 3/2024 y, en su caso, según la tasa ulterior que la haya reemplazado y/o la reemplace en el futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios. XII.-) Que en atención al modo en que se deciden las cuestiones traídas a conocimiento de esta Alzada y el resultado final del pleito, al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones –tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación así como por ante esta instancia judicial–, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN, y artículo 1163 del Código Aduanero).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1°) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la invalidez de la Resolución Conjunta n° 26/2008 y 28/2008 del Ministerio de Producción y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados, al oficializar el despacho de exportación n° 09059EC01002105K y 09059EC01002104J, de conformidad con lo establecido en los considerandos X y XI, y 2°) imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN y 1163 CA).
Regístrese, notifíquese a las partes y al Sr. Fiscal General y, oportunamente, devuélvase.
MARÍA CLAUDIA CAPUTI JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia