Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 40039798-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la resolución apelada en cuanto hizo lugar a la repetición intentada por la parte actora;
2Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y disponer la adición de intereses sobre las sumas reconocidas en restitución, de conformidad con lo establecido en el considerando VIII ;
3Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada por resultar sustancialmente vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
4Diferir la regulación de honorarios de los letrados de la parte actora, hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
37448/2025 BUNGE ARGENTINA SA (TF 40039798-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de diciembre de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a través de la resolución de fecha 11/02/25 la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación -por mayoría- revocó las Resoluciones N° 219/2023, 228/2023, 230/2023, 231/2023, 232/2023 y 233/2023 (AD SALO) dictadas en marco de las actuaciones administrativas SIGEA N° 17134-1650-2017, 17134-1651-2017, 17134 -1653-2017, 17134-1646-2017, 17134-1649-2017 y 17134-1652-2017. En consecuencia, hizo lugar a la repetición intentada por la parte actora por la suma de $8.514.522,03, con más intereses devengados de conformidad con lo establecido en los artículos 811 y 812 del Código Aduanero, desde la fecha de cada uno de los reclamos y hasta la de su efectivo pago. Impuso las costas a cargo de la parte demandada.
Para así decidir, puso de resalto que Decreto nº 1339/2012 -a partir del cual la actora había abonado la alícuota del 32% sobre la mercadería objeto de autos, en relación a los P.E. 12 057 EC03 001703 H, 12 057 EC03 001760 K, 12 057 EC03 001763 N, 12 057 EC03 001579 S, 12 057 EC03 001702 G y 12 057 EC03 001706 K- no se había dictado “[…] con base en una delegación constitucionalmente válida de facultades legislativas tributarias, conforme la jurisprudencia de Fallos: 337:388 (‘Camaronera Patagónica’).” Por ello, y en tanto no había sido objeto de ratificación posterior por parte del Poder Legislativo, las alícuotas fijadas por dicha norma padecían del vicio de nulidad absoluta e insanable (cfr. páginas 1503/1509 del DEO 20272352 incorporado digitalmente a la causa el 15/10/25).
II. Que la parte demandada apeló y expresó agravios el 06/05/25 (conf. páginas 1554/1559 del archivo que contiene las actuaciones del TFN) los que fueron replicados por la parte actora el 29/05/25 (ver páginas 1571/1582 de ese documento).
En su escrito recursivo cuestionó que el Tribunal Fiscal hubiera declarado la invalidez del Decreto nº 1339/12 dado que, a su entender, se hallaba impedido de resolver en tal sentido como consecuencia de la limitación establecida en el artículo 1164 del Código Aduanero.
A su vez, indicó que resultaba inaplicable al caso la doctrina fijada por la CSJN en el precedente “Camaronera Patagónica”. En ese punto, señaló que “...dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes, difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso.
III. Que, la parte actora apeló y expresó sus agravios el 25/04/25 (cfr. páginas 1527/1542 del DEO), los que fueron replicados por el Fisco el 22/05/25 (cfr. páginas 1563/1569 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN).
Sostiene que la aplicación de la tasa prevista en la resolución MEyP n° 314/04, conduce a un resultado irrazonable ya que denota una evidente desproporción con la tasa de interés resarcitorio que percibía el Fisco. Además, cuestiona la limitación de la tasa que tuvo lugar a partir del dictado de la Resolución ME n° 559/22 pues, al fijarla en el 3 ,84% mensual, volvió a causar un atraso significativo respecto de la inflación registrada en el país. De igual modo, considera que la fijada con posterioridad por el Ministerio de Economía, mediante la Resolución nº 199/25 tampoco conduce a un resultado que se advierta razonable. Por ello, solicita que se disponga la adición de la tasa pasiva promedio que publica el BCRA, la que considera que cumple con su función resarcitoria.
IV. Que a fojas 8/17 de la presente causa tomó intervención el Sr. Fiscal General. En lo relativo a los agravios de la demandada indicó que -a su parecer- el Tribunal Fiscal de la Nación se hallaba impedido de declarar la inconstitucionalidad del Decreto N° 1339/2012, por no contar dicho órgano con atribuciones a tal fin. Además, expresó que el caso debía resolverse con arreglo a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388.
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Por lo demás, recordó las decisiones de las distintas Salas de esta Cámara que reconocieron la inconstitucionalidad de la Resolución MEyP n° 314/04, y la validez de las tasas fijadas a partir del dictado de la Resolución ME n° 559/22.
V. Que, en primer término, corresponde rechazar el planteo efectuado por el Fisco relativo a que la sentencia del Tribunal Fiscal se apartó de lo dispuesto en el artículo 1.164 del Código Aduanero al examinar la constitucionalidad del Decreto Nº 1339/12. Al respecto, cabe destacar que esa decisión se motivó en la aplicación de la doctrina que resultó del precedente de Fallos 337:388, de modo que se ajusta a la posibilidad prevista en la segunda parte de ese artículo en tanto establece que “[l]a sentencia no podrá contener pronunciamiento respecto de la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones, a no ser que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas, en cuyo caso podrá seguirse la interpretación efectuada por ese tribunal” (cfr. esta Sala V en la causa nº 8408/2025, caratulada “Viterra Argentina SA (TF 25137520-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 11/09/2025).
VI. Que, por lo demás, la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa N° 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022, N° 12512/2024 “Viterra Argentina SA (TF 22777062-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 06/02/2025, y N° 3444/2025 “Viterra Argentina SA (TF 23060023-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, del 13/05/2025, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
En efecto, el Decreto nº 1339/12, aquí cuestionado, pretendió modificar la alícuota del derecho de exportación sobre las mercaderías en trato usando como fundamento el Código Aduanero. Sin embargo, no se advierte que las previsiones de aquella norma contuvieran las bases suficientes para constituir una delegación válida, en los términos descriptos por la Corte Suprema en el precedente de Fallos: 337:388. Allí la Corte recordó que "el principio de legalidad o de reserva de la ley no es sólo una expresión jurídico formal de la tributación, sino que constituye una garantía substancial en este campo, en la medida en que su esencia viene dada por la representatividad de los contribuyentes” y destacó que “[e]n tal sentido, este principio de raigambre constitucional abarca tanto a la creación de impuestos, tasas o contribuciones especiales como a las modificaciones de los elementos esenciales que componen el tributo, es decir, el hecho imponible, la alícuota, los sujetos alcanzados y las exenciones”.
Además, el Alto Tribunal subrayó que “[…] ese valladar inconmovible que supone el principio de reserva de ley en materia tributaria tampoco cede en caso de que se actúe mediante el mecanismo de la delegación legislativa previsto por el artículo 76 de la Constitución”. Aún más, la Corte subrayó que “[…] ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”. En esas condiciones, no se advierte que el caso de los productos involucrados en autos pueda correr una suerte distinta solamente por la previsión contenida en el artículo 6º de la Ley nº 25.561. Y es que, tanto vale para el caso antes citado como en este la afirmación del tribunal cimero de que “[…] el Congreso Nacional no ha previsto cuál es la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación”, y que, “[a]l guardar silencio el citado cuerpo legal respecto de la alícuota máxima que puede establecerse en materia de derechos de exportación, coloca a la resolución impugnada a extramuros de las normas y principios constitucionales antes reseñados”.
VII. Que al igual que en aquellos casos, de lo que se trata en la especie, precisamente, es de determinar la compatibilidad con el plexo constitucional de los derechos de exportación fijados por medio del Decreto nº 1339/12 (que no recibió ratificación legislativa expresa posterior).
Adviértase que la actora reclama el reintegro de la diferencia entre derechos de exportación fijados por el Decreto N° 509/07 (alícuota del 5%) y los liquidados y abonados al oficializar los permisos de embarque en trato, con arreglo a lo dispuesto en el Decreto nº 1339/12. Este último, al elevar al 32% la alícuota de los derechos de exportación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V respecto de la fijada en el Decreto N° 509/07- estableció un estableció tributo inexigible, por haber sido instituido mediante un acto administrativo inválido (arg. art. 14, inc. b), Ley Nº 19.549). Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582).
Así, las consideraciones del tribunal cimero en el precedente citado en el considerando anterior resuelven la cuestión bajo estudio. Por ello, correspondería rechazar el recurso de apelación de la demandada y confirmar la resolución del Tribunal a quo.
VIII. Que, en diferente orden de ideas, y con relación al recurso interpuesto por la parte actora, cabe señalar que el reintegro al que da derecho esta decisión deberá ser comprensivo de los accesorios devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados inicialmente a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (esta Sala, causas “Osram Argentina SACI c/EN -AFIP-DGI Resol. 30/11 s/Dirección General de Aduanas”, expte. n° 15.885/2011, del 17 de agosto de 2017; n° 29.472/2014 “Driollet Laspiur, Rogelio c/EN-AFIP s/Dirección General Impositiva”, del 13 de diciembre de 2017; entre muchas otras; y Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (artículo 4º); y esta Sala, causa nº 55842/2019 “Sancor Cul c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” sentencia del 17 de junio de 2021; y sus citas).
Finalmente, y a partir del 1 de septiembre de 2022, de conformidad con la tasa de interés establecida en la Resolución n° 559/2022 del Ministerio de Economía. Luego, a partir del 1º de febrero de 2024, según la prevista en la Resolución nº 3/2024 del Ministerio de Economía; desde el 1° de marzo de 2025 según la fijada en la Resolución del Ministerio de Economía n° 199/25 y; a partir del 1° de julio de 2025, de conformidad con la establecida en la Resolución del Ministerio de Economía n° 823/25.
En lo que a estas últimas respecta, corresponde señalar que, tal como fue expresado por el Fiscal General en su dictamen, la apelante formuló consideraciones genéricas que no evidencian la lesión que su aplicación le provocaría de manera concreta, ni tampoco demostró que la misma se advierta irrazonable en comparación con la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, de modo que aquellas deben ser aplicadas a partir del momento de sus respectivas entradas en vigencia.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: 1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la resolución apelada en cuanto hizo lugar a la repetición intentada por la parte actora; 2) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y disponer la adición de intereses sobre las sumas reconocidas en restitución, de conformidad con lo establecido en el considerando VIII ; 3) Imponer las costas de ambas instancias a cargo de la demandada por resultar sustancialmente vencida (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN). 4) Diferir la regulación de honorarios de los letrados de la parte actora, hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente. Se deja constancia de que la Vocalía n° 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del RJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Pablo GALLEGOS FEDRIANI Guillermo F. TREACY
Fin de la sentencia