Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 40055240-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión del 28/5/24, con costas.
2Modificar los honorarios regulados y fijar los correspondientes a la actuación ante la Cámara del modo en que surge del considerando 5°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
1165/2026 BUNGE ARGENTINA SA (TF 40055240-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 10 de marzo de 2026.
VISTA:
La elevación del expediente TF 40055240-A (v. DEOX del 10/2/26) a fin de considerar “el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 22/07/2024 (v. IF-2024-76554806-APN-DTD#JGM), concedido el 12/08/2024 (v. INLEG-2024-
85310820-APN-VOCXIX#TFN Punto 2) contra la sentencia dictada el 28/05/2024”, como así también “los recursos de apelación interpuestos por el letrado de la actora y el fisco nacional el 23/08/2024 y 21/10/2024 (v. IF-2024-90616773-APN-DTD#JGM, IF- 2024-90696012-APNDTD#JGM e IF-2024-114967849-APN-DTD#JGM), concedidos el 09/10/2024 y 29/11/2024 (v. INLEG2024-110452440-APN-VOCXIX#TFN Punto 2 y PV- 2024-131230540-APN-VOCXIX#TFN) contra las sentencias de regulación de honorarios dictadas el 12/08/2024 y 09/10/2024 (v. INLEG-2024-85310820- APN- VOCXIX#TFN e INLEG-2024-110452440-APN-VOCXIX#TFN)” (v. nota en pág. 608 del expediente citado); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación (i) revocó la resolución AD SALO 216/23, dictada en las actuaciones 17134-214-2016, y, por consiguiente, admitió la repetición de la suma de $3.297.254,25 que había abonado Bunge Argentina SA en concepto de diferencia de derechos de exportación con respecto a la destinación 08057EC01005830P, y con sustento en lo informado por la resolución ONCCA 1898/08; (ii) dispuso que los intereses de los artículos 811 y 812 del Código Aduanero debían computarse desde la fecha de la solicitud de repetición (19/02/16); (iii) e impuso las costas al Fisco Nacional.
Para resolver como lo hizo, esgrimió los siguientes argumentos:
a) El pago de la diferencia pretendida por el Fisco con sustento en la ley 26.351 no se ajusta a derecho, porque involucra una aplicación retroactiva de sus disposiciones y una consiguiente modificación de los efectos tributarios de la venta involucrada en el caso, que se concertó y registró ante la autoridad de aplicación con antelación a su entrada en vigencia, en los términos establecidos por la ley 21.453.
En efecto, la recurrente registró la Declaración Jurada de Venta al Exterior 66044 el 25/10/07 –cuando se encontraba vigente la ley 21.453- con relación a la operación de exportación documentada bajo el permiso de embarque 08 057 EC01 005830 P, oficializado el 02/07/08.
La ley 26.351 no puede ser entendida como una norma interpretativa o aclaratoria, desde que incorpora una condición no prevista en la ley precedente, al exigir al operador que acredite de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de los productos con anterioridad al incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios. En vez de aclarar el fin tenido en cuenta por la ley 21.453, lo desvirtúa, volviendo sobre una relación jurídica constituida antes de su vigencia (nacida con el registro de la DJVE) y privándola de una de sus principales ventajas: la aplicación de la alícuota de los derechos de exportación vigentes al momento de cierre de la venta, por no cumplir con un nuevo requisito -que no estaba previsto en la ley anterior-.
Por consiguiente, el caso debe regirse por la ley 21.453, toda vez que la aplicación de la ley 26.351 importaría una afectación a la sustancia de los derechos constitucionales que amparan la situación del obligado frente al ejercicio de la potestad tributaria.
b) Por otra parte, como consecuencia de las demandas interpuestas por una serie de empresas cerealeras con relación a las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008 de la ONCCA, hoy existe una jurisprudencia consolidada -de esta Cámara y otros tribunales de país- que echa por tierra la presunción de legitimidad de tales disposiciones, lo que deja sin fundamento normativo al cargo tributario involucrado en esta repetición.
Sobre tales bases, el organismo jurisdiccional estimó procedente la devolución del importe en pesos reclamado.
2. Que, disconforme, interpuso y fundó apelación el Fisco Nacional, que fue concedida y contestada por la contraria.
Destacó que la actora no acreditó haber impugnado las resoluciones de la ONCCA por medio de un recurso de alzada, ni tampoco haber requerido la inconstitucionalidad de la ley 26.351. De tal manera, el Tribunal Fiscal de la Nación habría resuelto de manera infundada y en exceso de sus facultades.
Precisó que, en concreto, el tribunal administrativo había desplazado la aplicación de la ley 26.351 por considerarla violatoria de un derecho adquirido por la actora al amparo de la ley 21.453. Sostuvo que, al proceder de tal modo, vulneró lo dispuesto por el artículo 1164 del Código Aduanero; norma, ésta, que le prohíbe declarar la inconstitucionalidad de las normas, salvo frente a un supuesto particular que no se configura en la especie, en la medida en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no se expidió sobre la compatibilidad de la citada ley 26.351 con la Constitución Nacional.
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1165/2026 BUNGE ARGENTINA SA (TF 40055240-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En cuanto al fondo del asunto, insistió en que la ley 26.351 había tenido como finalidad aclarar el alcance de la 21.453 ante un incremento de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios, a los efectos de evitar el aprovechamiento de los particulares del conocimiento previo a las reformas. Explicó que, en general, ante la expectativa de un inminente incremento de las alícuotas de derechos, se producía un sustancial aumento en el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior por parte de los exportadores. En línea con lo expuesto, argumentó que, si bien era necesario que los exportadores contaran con previsibilidad en sus costos para poder cumplir con los compromisos asumidos sin afectar su ecuación económica, también era indispensable y coherente exigirles que, al momento de registro de cada venta amparada por lo dispuesto en la ley 21.453, tuviesen verdaderamente la tenencia de la mercadería o, al menos, que pudiesen acreditar su adquisición con anterioridad al incremento de las alícuotas. En esos términos, descartó que la norma pudiese provocar un agravio constitucional a la actora, del modo en que lo interpretó la decisión apelada.
3. Que el artículo 265 del CPCCN —aplicable en la especie en virtud de la remisión que establece el artículo 1182 del CA— establece que “…el escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anteriores…”.
Es decir, que el contenido del memorial debe consistir en una crítica precisa de los supuestos errores que contiene la sentencia, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho, y no puede constituir únicamente una simple discrepancia con lo resuelto por el juzgador.
Por otra parte, si bien la valoración de la expresión de agravios a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación, no se debe llevar a cabo con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio, es preciso que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia respecto de los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la sentencia apelada (cfr. esta Sala, causa “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN-M° Economía y P – Resols. 296/06 298/06 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 14/8/12, entre muchas otras). Asimismo, es dable recordar que la Corte federal ha señalado que la mera reedición de los argumentos vertidos en las instancias anteriores o la remisión a aquéllos no constituye una crítica concreta y razonada del fallo (Fallos: 307:2216), como así también, que los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre muchos otros).
4. Que el memorial del Fisco Nacional no satisface tales pautas, en tanto no se hace cargo ni logra rebatir el segundo argumento del Tribunal Fiscal de la Nación, consistente en que el pago devino incausado con arreglo a una pauta jurisprudencial asentada que entiende que la resolución ONCCA 1898/08 es nula por no explicitar la motivación ni los antecedentes de hecho relativos a la situación particular de los exportadores referidos en sus anexos. Criterio, éste, que fue necesario aplicar a fin de no arribar a sentencias encontradas acerca de la validez de aquellos actos que sirvieron de causa al pago que aquí se pretende repetir.
Más allá de si esa interpretación resulta consistente o no con la adoptada por el Tribunal (cfr. causa 21.835/21 “Banderitas SA (TF 31087-A) c/ DGA”, sent. del 27/10/22), lo cierto es que se trata de un argumento no controvertido y con autonomía suficiente para sostener la decisión apelada. Esto así, pues esta Cámara ha considerado inoficioso analizar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.351 en casos análogos y después de declarar la nulidad de la resolución 1898/08 (cfr. Sala I, causa “1672/15 “Molino Chacabuco c/ EN-M Agricultura Ganadería y Pesca s/proceso de conocimiento”, sent. del 12/7/22; Sala III, causas 59415/12 “Cargill SACI c/ EN-Mº Agricultura GyP RESOL 928/12 -ONCCA- RESOL 1413/11 y otro s/ proceso de conocimiento”, sent. del 26/04/22, y 27638/13 “Cargill SAC e I (TF 28754-A) c/ DGA”, sent. del 26/4/22; y esta Sala, causas 25716/11 “Oleaginosa Moreno Hnos. SACFI y A c/ EN – Mº Economía – ONCCA – Resol 1898/08 y 5431/10 s/ proceso de conocimiento”, sent. del 18/8/16, y 13621/15 “LDC Argentina SA c/ EN-M Agricultura Ganaderia y Pesca y otro s/proceso de conocimiento”, sent. del 27/11/18; entre otras). Sólo a mayor abundamiento cabe aclarar que, contrariamente a lo que sostiene el recurrente, en el caso la actora sí había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.351 (p. 13, expte. cit.). Además, acreditó haber impugnado administra y judicialmente la resolución ONCCA 1898/08 (v. pp. 402, 419 y 529, expte. cit.). Por todo lo expuesto, se desestima el recurso del Fisco Nacional y se confirma la decisión apelada, con costas (art. 68, primer párr., del CPCCN).
5. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra las regulaciones de honorarios.
Teniendo en cuenta la naturaleza de la cuestión en debate, el resultado obtenido y el monto del asunto; y atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada por Juan Marcos Rougès en carácter de patrocinante de la actora, durante la única etapa del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde ELEVAR sus honorarios a suma de $1.418.227,5 ⸻equivalentes a 15,78 UMA⸻ (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 235/26).
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1165/2026 BUNGE ARGENTINA SA (TF 40055240-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Siguiendo idénticas pautas, corresponde CONFIRMAR ⸻toda vez que solo fueron apelados por altos⸻ los honorarios de José Fernando Castelli, por su actuación en carácter de apoderado de la actora, durante la única etapa del proceso. A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios de Juan Marcos Rougès y Javier Cannigia Bengolea por su actuación en esta instancia en el respectivo carácter de patrocinante y apoderado de la actora (cfr. contestación de agravios) en las sumas de $422.412,5 y $123.128,75 ⸻equivalentes a 4,7 y 1,37 UMA ⸻.
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que ⸻en su caso⸻ deberá ser adicionado conforme a la situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo. Además, deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423.
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar la decisión del 28/5/24, con costas.
2. Modificar los honorarios regulados y fijar los correspondientes a la actuación ante la Cámara del modo en que surge del considerando 5°.
Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 24/2/26.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORAN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia