Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 40055543-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 12/12/2024, en cuanto al fondo de la cuestión;
2Hacer lugar al recurso de apelación de la actora en cuanto es materia de agravio, declarando la inconstitucionalidad de la tasa establecida en el art. 3º de la resolución M.E. nº 314/2004 -actualizada por la resol. ME nº 841/2010-, y disponer que el crédito reconocido devengará intereses que se calcularán conforme lo dispuesto en el último párrafo del Considerando XIII y
3Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (conf. primera parte del artículo 68 del CPCCN).
36.224/2025 Bunge SA (TF 40055543-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo Buenos Aires, 28 de abril de 2026.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 12/12/2024 la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución N° 219/2023 (AD SALO), recaída en el expediente SIGEA n° 17134-218-2016 y, en consecuencia, hizo lugar a la devolución de los derechos de exportación abonados en demasía. Con costas al Fisco Nacional (fs. 911/914 del DEO).
Para así decidir, en primer lugar, precisó que, el reclamo tributario formulado por el servicio aduanero tenía como únicos antecedentes a las Resoluciones de la Oficina Control Comercial Agropecuario (ONCCA) nros. 1487/2008 y 1898/2008, que enmarcaron las destinaciones de exportación amparadas por las declaraciones juradas de venta al exterior realizadas por la recurrente.
Refirió que, el servicio aduanero entendió que, en función de lo dispuesto por la Ley 26.351, correspondía formular reclamos suplementarios de tributos a la firma actora respecto de las operaciones de exportaciones referidas. La Aduana liquidó el tributo utilizando una alícuota de 35% cuando debió ser de un 27,5 %. Indicó que, el servicio aduanero, se basó en la Resolución n° 1898/08 de la Oficina Nacional de Control Comercio Agropecuario por la cual se incluyó a la firma Bunge Argentina S.A. y a la DJVE n° 55.295 dentro del listado de las empresas que no habrían acreditado en forma fehaciente la tenencia o adquisición de los productos a exportar con fecha anterior al incremento de la alícuota según lo exigía el art. 1 de la Ley n° 26.351.
Señaló que, en ese sentido, el Administrador entendió que debía aplicarse la mayor alícuota entre las vigentes a la fecha del registro de la DJVE de conformidad con lo establecido en el art. 2 de la norma, el cual rezaba que: “quienes no satisfagan los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación para el cumplimiento del artículo 1°, deberán tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación entre las vigentes a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación”.
En tales condiciones, destacó que esa Sala “F” había fijado posición uniforme en casos análogos, donde la cuestión visceral consistía en analizar cargos -suplementarios o no- y resoluciones aduaneras, donde el único sustento que los motivaba tenía como piedra basal la norma de referencia, madre de las Resoluciones ONCCA 1487 y 1898.
Alegó que, dicho razonamiento tuvo como eje de motivación la pacífica jurisprudencia sobreviniente en sendas repeticiones judiciales que tuvieron como objeto la validez de las resoluciones ONCCA dictadas al amparo de la también cuestionada Ley 26.351 y su Decreto reglamentario 764/2008 (Cámara Federal de la Plata –Exptes. T.F.N. nros. 31.068-A y 30.969-A “Molino Cañuelas S.A.C.I.F.I.A.”-Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Sala IV -Exptes. T.F.N. nros. 36.646-A, 30.808-A y 33.201-A “Oleaginosa Moreno Hnos S.A.”-).
En todos ellos se declaró la nulidad de sendas resoluciones ONCCA y la inconstitucionalidad de la Ley n° 26351 y su Decreto reglamentario n° 764/2008 solicitada por las exportadoras, y los pronunciamientos dictados a tales efectos consolidaron la convicción de que lo justo encontraba marco en los criterios sentados en tales procesos, en tanto no se podía mantener la presunción de legitimidad de las Resoluciones ONCCA nros. 1487/08 y 1898/08, en tanto no se hallaban adecuadamente motivadas ni sustentadas en los antecedentes de hecho referidos a la situación de las exportadoras, limitándose como eje central, de modo general y abstracto, a la falta de acreditación, por parte de los exportadores incluidos en el Anexo I, de la adquisición o tenencia de la mercadería registrada para exportación.
Adujo que, en síntesis, se analizaron operaciones de exportación documentadas mediante distintos permisos de embarque, realizadas al amparo de las declaraciones juradas de venta al exterior incluidas en el Anexo I de la Resolución ONCCA 1487/2008, resolución que mediante decisiones judiciales del fuero fue declarada a la postre inválida, al igual que los artículos 4 y 5 de la Ley 26.351 que la sustentaron.
En ese orden de ideas, y para dar respuesta a la cuestión sometida a estudio, recordó que, el objeto del recurso interpuesto por ante ese Tribunal fue el de revocar la resolución aduanera en tanto rechazó el procedimiento de repetición formulado por Bunge Argentina S.A. donde el único sustento fáctico y legal de la instancia administrativa fueron aquellas normas que judicialmente fueron reputadas nulas e inconstitucionales.
Apuntó que, ello así, en base a un razonamiento central: el primero y ventral, que radicaba en la justa apreciación que, en los múltiples pronunciamientos ya descriptos supra, motivaron la decisión de los magistrados actuantes. El segundo estaba centrado en la consecuencia del primero, y consistía en la estoicidad del principio que implicaba no arribar a sentencias encontradas y evitar así el escándalo jurídico (Fallos: 323:368; 328:3903; 333:1857, entre muchos otros) que podría generarse en el hipotético caso en el que ese Tribunal dicte un decisorio convalidante de aquellas normas en base a las cuales el servicio aduanero construyó el cargo formulado y que judicialmente fueron declaradas nulas e inconstitucionales, sentencias cuya solidez y fundamentación compartía. Postuló que, eran razones de economía procesal, certeza, celeridad y seguridad jurídica y en consecuencia de justicia, las que aconsejaban la conveniencia de sostener y mantener la uniformidad de la jurisprudencia, en el entendimiento que de ese modo se contribuía a “afianzar la justicia”, siendo repugnante a derecho convalidar la existencia de pronunciamientos disímiles, ante el planteo de casos similares, sólo por las diferentes interpretaciones que de la Ley pudieran llevar a cabo jueces de distintas jurisdicciones (cf. Fallos CNE 3100/03 y 4387/2010).
Por ello, consideró que, correspondía revocar la Resolución AD SALO n° 219 del año 2023 recaída en el expte. SIGEA n° 17134-218-2016 y hacer lugar a la solicitud de devolución.
II. Que, contra dicho pronunciamiento, interpusieron sendos recursos de apelación, la actora y el Fisco Nacional el 27/02/2025 y 06/03/2025, respectivamente.
La actora y el fisco nacional expresaron agravios el 25/03/2025 y 28/03/2025, los que fueron replicados con fechas 08/04/2025 y 08/05/2025. Con fecha 22/10/2025, el señor Fiscal de Cámara emitió su dictamen.
III. Apelación de la actora:
Sostiene la recurrente que la sentencia se ha limitado únicamente a indicar, en lo que refiere a la devolución de los derechos de exportación abonados, sin mencionar cuál es la tasa de interés aplicable, por lo que en orden a dicha cuestión, se está en presencia de una sentencia arbitraria, y por lo tanto, corresponde su revocación en lo que es materia de agravios.
Aduce que, en este sentido, la sentencia recurrida no realiza un análisis de los argumentos y la jurisprudencia establecida. Tal omisión de considerar jurisprudencia relevante y la desactualización de la normativa aplicable vulnera los derechos constitucionales de su parte, en particular el derecho de propiedad y el principio de razonabilidad.
En tales condiciones, solicita que se declare la arbitrariedad de la sentencia del TFN, en lo que es materia de agravios en el recurso, y en consecuencia, se ordene la aplicación de la tasa pasiva promedio del Banco Central de la República Argentina, conforme a la jurisprudencia relevante y al contexto económico actual. Indica que además, en la sentencia recurrida, se omitió decisión acerca del planteo formulado por su parte en el punto V de la demanda interpuesta respecto a la inconstitucionalidad de la resolución MEyP 314/2004.
Apunta que, conforme la consolidada jurisprudencia existente sobre esta temática, a los fines de calcular los intereses resarcitorios previstos en el artículo 811, 812 y concordantes del Código Aduanero, se reconozca una tasa de interés que no sea inferior a la tasa pasiva promedio publicado por el Banco Central de la República Argentina. En este sentido, solicita que se declare inconstitucional o inaplicable la tasa de interés mensual de 0,5% prevista en el art. 4 de la Resol. N° 314/2004 del Ministerio de Economía y Producción, vigente hasta el 31/07/2019. Ello, en el entendimiento de que ésta no constituye un razonable resarcimiento por la privación del uso del capital en el tiempo que estuvo bajo el poder del organismo fiscal.
Alega que, en esa línea, el art. 4 de la Resolución 314 resulta inconstitucional ya que su aplicación lleva a lesionar gravemente el derecho de propiedad y el principio de razonabilidad, puesto que el resarcimiento económico que se percibiría no lograría compensar la pérdida del poder adquisitivo del capital que le fue ilegítimamente extraído a su parte, en un contexto altamente inflacionario como el padecido en Argentina durante la última década. En este punto, debe valorarse concretamente el contexto macroeconómico vigente en el año 2004, en que fue fijada dicha tasa a través de la Resolución 314. En ese momento, la tasa de inflación era irrelevante, ascendiendo la acumulada a 3,7% en el 2003 y 6,1% en el 2004; mientras que, con posterioridad, comenzó a registrar un alza constante y progresiva. Esas modificaciones de la situación macroeconómica llevaron a modificar las tasas de interés previstas en los arts. 794, 797, 845 y 924 del Código Aduanero, pero no los establecidos por el art. 812 de dicho plexo.
Manifiesta que, eso es justamente lo irrazonable, que esas modificaciones únicamente hayan tenido virtualidad para incrementar las tasas de los intereses que la AFIP-DGA percibe de los contribuyentes, pero no la tasa de interés que estos tienen derecho a percibir del organismo cuando éste es el deudor de tributos percibidos indebidamente, y sin causa válida.
Destaca que, en concreto, el cuestionamiento que realiza se refiere a la insignificancia de la tasa del 0,5% mensual, a partir del cambio de la coyuntura que sirvió de base para elevar las tasas de los intereses resarcitorios y punitorios a favor del fisco.
Por tales motivos, considera que, corresponde declarar la inconstitucionalidad de la tasa prevista en el artículo 4 de la Resolución 314 y declarar aplicable la tasa de interés prevista en la Comunicación 14.290 del Banco Central de la República Argentina que, como regla, es la aplicable a los supuestos en los que el Estado Nacional incurre en mora, en función del criterio unificado adoptado por las cinco salas de la CNACAF.
En función de todo lo expuesto, solicita que se aplique, desde la fecha de presentación del escrito mediante el cual se solicitó la primera repetición en sede administrativa, hasta el día 31/07/2019 la tasa pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina. Luego, la aplicación de la tasa prevista en la Resolución Nº 598/2019 y los consecuentes reemplazos de esta última, para la devolución de los intereses resarcitorios.
IV. Apelación de la demandada:
En su presentación, la demanda, se agravia de la sentencia del Tribunal Fiscal por considerar que ella implica una lectura errónea de los argumentos y de la cuestión debatida en autos.
Puntualmente, indica que, el decisorio no tuvo en cuenta que los cargos objetos de autos tenían fundamento en las Resoluciones ONCCA N° 1487/2008 y 1898/2008, por lo cual, sin pronunciarse al respecto, resolvió haciendo un somero análisis sobre la ley 26.351, pero no realmente respecto al fondo de la cuestión. En ese orden, destaca que, la actora no acredita haber impugnado las Resoluciones ONCCA por medio de recurso de alzada ni tampoco abona haber requerido la inconstitucionalidad de la Ley que da fundamento a dichas Resoluciones.
Expone que, así, lo resuelto por el Tribunal resulta carente de todo fundamento jurídico, atendiendo a las limitaciones propias que tiene ese órgano jurisdiccional para el pronunciamiento del análisis constitucional, lo cual excede el alcance de esa jurisdicción conforme la disposición del art. 1164 del C.A. En cuanto al fondo del asunto, arguye que el comercio exterior requiere previsibilidad, por lo cual fue necesario permitir a los exportadores cumplir con sus compromisos tal como fueron pactados sin que ello afectara su legítimo negocio. Puntualmente, sostiene que el exportador debe poder prever sus costos para cumplir sus contratos conforme los previos convenidos sin que se afecte su ecuación económica, lo cual explica el funcionamiento del régimen legal aplicable. No obstante, manifiesta que ese fin (previsibilidad y estabilidad del régimen legal) “desautoriza la idea de una carta abierta que brinde la posibilidad de hacer un negocio en desmedro del Estado, desvirtuando el régimen legal ([…] la posibilidad de sustituir unilateralmente alícuotas), dado que ello obviamente no fue lo que tuvo en miras el legislador”.
Pondera que, la Ley 26.351 tuvo por finalidad aclarar el alcance y aplicación de la Ley 21.453 ante el incremento de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios. Resulta evidente que la aclaración que efectuaba la Ley 26.351 sólo tendía a evitar el aprovechamiento de los particulares del conocimiento previo a las reformas.
Señala que, para la elaboración de la citada ley se tuvo en cuenta que, generalmente, ante la expectativa de un inminente cambio normativo que incremente las alícuotas de derechos de exportación, se producía un sustancial aumento en el número de Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior por parte de los exportadores. Ello así, es en ese contexto normativo que la ONCCA en cumplimiento de las funciones que le fueran encomendadas, dictó las Resoluciones N° 1487/2008 y 1898/2008 que establecía el listado de la Declaraciones Juradas de Venta al Exterior correspondientes a las empresas exportadoras que no habían acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería, requisito indispensable para tributar por la alícuota menor.
Observa que, el sistema era coherente al exigir al exportador que al momento de la venta “verdaderamente” pueda acreditar que tenía en su poder la mercadería o al menos pueda acreditar que la adquisición de tales productos había sido con anterioridad al incremento de las alícuotas.
Por lo tanto, advierte que, los exportadores que acreditaban de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de los productos agropecuarios con anterioridad al incremento en la alícuota, se verían beneficiados con la alícuota menor; no así aquellos que no lo acrediten.
En tales condiciones, entiende que, carece de todo sustento legal lo resuelto por el Tribunal Fiscal, pues no hay duda que quien haya usufructuado del régimen conforme su fin, -seguramente- no tendría motivo para sentirse agraviado por los Artículos 4 y 5 de la Ley 26.351, la cual, vino a aclarar la Ley Nº 21.453 - pero- sin quitar beneficio alguno, tan solo aclarando “un requisito necesario” para ser alcanzado, que además resulta ser armonioso con el sistema constitucional vigente en materia tributaria.
Puntualiza que, en esta línea, las Resoluciones ONCCA N° 1487/2008 y 1898/2008 gozaban de presunción de legitimidad.
Por lo tanto, a su parte, le correspondía ajustarse a su contenido y ejecutoriar de conformidad a ello.
Pone de relieve que, en un caso de circunstancias análogas a las debatidas en el presente, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal – Sala IV, en autos “Banderitas SA c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N°: 31.087-A, sentencia del 27/10/2022, resolvió hacer lugar al recurso de la DGA y revocar la sentencia de la instancia anterior, confirmando la resolución 87/12 (AD CAMP), disponiendo que, si la actora no acreditó la nulidad de las Resoluciones ONCCA N° 1487/2008 y 1898/2008, correspondía confirmar el cargo generado en consecuencia de dichas resoluciones.
Añade que, hubo un pronunciamiento con un criterio superador por parte del Tribunal Fiscal, conforme el fallo dictado en autos “Grupo Transpatagónica SRL c/ D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 31.533-A.
Apunta que, en dicho pronunciamiento, en relación al planteo de inconstitucionalidad de la Ley 26.351, los Vocales citaron lo dispuesto en el artículo 1164 del CA en cuanto la sentencia que dicte el Tribunal Fiscal en grado de apelación, y respecto de la esfera de su competencia, no podrá contener pronunciamiento acerca de la validez constitucional de las leyes aduaneras y tributarias y sus reglamentos, a excepción de la existencia de un precedente de la CSJN en la materia. En este sentido, reseñaron que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la fecha, no se había pronunciado respecto a la inconstitucionalidad de la Ley 26.351 arts. 1 y 2. En consecuencia, consideraron que, toda vez que no surgía en tales autos ni de las actuaciones administrativas que la actora haya probado en sede aduanera o en instancia judicial la adquisición o tenencia de la mercadería registrada en los términos de la Ley 26.351, arts. 1 y 2, los Vocales resolvieron que le correspondía a la recurrente estarse a lo resuelto por la autoridad de aplicación en las Resoluciones ONCCA Nº 1487/08 y 1898/08, y tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación vigente a la fecha del registro de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación. Por lo expuesto, solicita se dicte sentencia revocando el decisorio del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto fue materia de agravios, con expresa imposición de costas a la contraria en ambas instancias.
V. Que, en primer término, corresponde señalar que, contrariamente a lo alegado por el recurrente, la resolución ONCCA 1898/2008, fue expresamente impugnada por la exportadora, tanto en sede administrativa, como al apelar por ante el Tribunal Fiscal de la Nación (ver Capítulo IV.2., fs. 5/62 DEO), habiendo sido descalificada por el pronunciamiento apelado (ver considerandos V y VI), por medio del cual fue revocada la resolución AD SALO 219/2023.
Al respecto, cabe señalar que, la firma exportadora, en el escrito recursivo ante el TFN, refirió a: “III.2 ANTECEDENTES RELATIVOS A LA IMPUGNACIÓN DE LA NORMATIVA APLICABLE Y LOS ACTOS EMITIDOS PARA SU APLICACIÓN. A raíz de la emisión de las Resoluciones 1898, la cual incluía operaciones de Bunge que, según la Autoridad de Aplicación, no contaban con la adquisición o tenencia de mercadería, el 29.08.2008 Bunge interpuso un recurso de reconsideración contra dicho acto, en los términos del artículo 84 del Decreto Reglamentario de la Ley 19.549 (en adelante, el “Recurso de Reconsideración”; el cual se acompaña como Anexo V)” (ver fs. 5/62 y fs. 109/136 del DEO). Dicho recurso de reconsideración tenía como objeto que la Autoridad de Aplicación revocara por contrario imperio la Resolución 1898, en tanto se trataba de un acto nulo, de nulidad absoluta, en función de que padecía de serios vicios en sus elementos esenciales; lo que no fue controvertido por la demandada. Por otra parte, el escrito de inicio del procedimiento de repetición (expediente administrativo n° 17134-218-2016) en el punto 3, refirió a la impugnación en sede administrativa de la resolución ONCCA 1898 y cuestionó su validez y legitimidad (ver fs. 256 y sgtes. DEO).
VI. Que, sentado ello, y a fin de resolver la cuestión traída a conocimiento del Tribunal, corresponde precisar que, en el sub examine, de las actuaciones administrativas n° 17134-218-2016, surge que, con fecha 19/02/2016, Bunge Argentina, promovió procedimiento de repetición por el importe abonado por su parte el 30/09/2011, en concepto de diferencias de derechos de exportación, por la suma de $346.155,60 (U$S 82.320), resultante de la operación de exportación documentada mediante el Permiso de Embarque N° 08057EC01001606M, realizada al amparo de la Declaración Jurada de Venta al Exterior N° 55.295, registrada con fecha 04/05/2007.
Dicho procedimiento, culminó con el dictado de la Resolución (AD SALO) n° 219/2023, mediante la cual, la AFIP-DGA que rechazó el reclamo de repetición promovido por la actora a los fines de solicitar la devolución de la suma de $ 346.155,60.
VII. Que, en el caso en examen, la suma reclamada en concepto de diferencias de derechos de exportación, fue consecuencia de la inclusión de la actora en la nómina de la resolución ONCAA nº 1898/08.
VIII. Que dicho ello, a efectos de una mejor compresión de la cuestión antes delimitada, cuadra referir que, en lo que hace a los derechos de exportación, el Código Aduanero prevé -como principio general- que ha de aplicarse el establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo (conf. artículos 724 y 726 del Código Aduanero).
Sin perjuicio de ello, por ley 21.453 (publicada en el BORA el 11/11/1976), se estableció un régimen especial para la venta al exterior de los productos de origen agrícola indicados en su planilla anexa (entre los cuales figuraba la mercadería producida y exportada por la firma actora), según el cual, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaran o beneficiaran la operación, serían de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta (conf. su artículo 6º).
Las previsiones de la ley 21.453 se mantuvieron inalteradas hasta que se sancionó la ley 26.351 (publicada en el BORA el 16/01/2008), por medio de la cual se estableció que, cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la ley 21.453, en el período comprendido entre el registro de la DJVE y la oficialización de la correspondiente destinación de exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento (conf. su artículo 1°); de lo contrario, deberían tributar la mayor alícuota por tal concepto, entre las vigentes a la fecha del registro de las DJVE o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación (conf. su artículo 2°).
La Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos (SAGPyA) fue designada como la autoridad de aplicación, otorgándole facultades para dictar la correspondiente norma reglamentaria al fin de establecer los requisitos para acreditar los extremos a que alude el artículo 1º, e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en las disposiciones del artículo anterior (conf. su artículo 3°). En lo que hace al alcance temporal del régimen reseñado, se dispuso que quedaban alcanzadas por las disposiciones del artículo 1º, aún aquellas DJVE registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley referenciada (conf. su artículo 4°).
Cabe tener presente que la norma fue catalogada como de orden público y aclaratoria de la ley 21.453, entrando en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial (conf. su artículo 5º), y se previó además que derogaba toda otra disposición que se opusiera a sus previsiones (conf. su artículo 6º). Dicha norma fue reglamentada por decreto 764/2008 (publicado en el BORA el 13/5/2008).
En esa oportunidad, se dispuso que:
-por “incremento en las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la ley 21.453 en los términos del artículo 1º de la ley 26.351”, debía entenderse aquellos que fueran consecuencia de una modificación en la normativa aplicable (conf. su artículo 1°);
-las disposiciones de la ley 26.351 serían aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación fuera posterior al 9/11/2007 (conf. su artículo 2°);
-la ONCCA llevaría el registro de las declaraciones juradas de ventas al exterior a que se refiere la ley 21.453, debiendo dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acreditar los extremos a que alude el artículo 1º de la ley 26.351 y para informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el artículo 2º de esta última norma (conf. su artículo 3°). De tal modo y hasta tanto fuesen determinados tales estándares, todos los pagos por derechos de exportación correspondientes a esas presentaciones, serían considerados a cuenta de la liquidación que -en definitiva- correspondiera, debiendo darse estricto cumplimiento a las previsiones contempladas en los artículos 8º y 9º de la ley 21.453 y sus modificatorias (conf. su artículo 4°); y -a los fines de lo previsto en el artículo 1º de la ley 26.351, no se consideraría la tenencia que se ejerciera por cuenta ajena, sin facultad de usar o disponer del producto (conf. su artículo 5°).
A ello, cabe añadir que de los Considerandos que anteceden a su parte resolutiva se desprende que para su dictado se tuvo en miras que por medio de la ley 26.351 se perseguía evitar que ante un inminente cambio normativo que aumentase los derechos de exportación, se registraran operaciones con el fin de tributar con la alícuota menor.
Al amparo de lo hasta aquí reseñado, la ONCCA dictó la resolución 1487/2008, por medio de la cual, en cuanto aquí importa, informó a la AFIP las DJVE de productos derivados de la soja respecto de las cuales no se habrían acreditado la tenencia o la adquisición de las mercaderías registradas, debiendo las empresas mencionadas en el Anexo I de la mentada resolución tributar el saldo por diferencia de las alícuotas, correspondientes a la fecha de la oficialización de la destinación de exportación.
Según resulta de los Considerandos que anteceden su parte resolutiva, el Área de Coordinación de Comercio Exterior, con los datos obtenidos de la base que llevaba la Coordinación de Gestión Estratégica de la Información, habría determinado los extremos a los que aludía el artículo 1º de la ley 26.351 (adquisición o tenencia), en los términos del artículo 5º del decreto 764/2008; que el informe involucraba 243 declaraciones juradas, por un total de 8.654.150 toneladas de soja a granel (SIM 12.01.00.90.19.0N) y soja desactivada a granel (SIM 12.01.00.90.11.0N) con relación a la cosecha 2007/2008; y que la Coordinación del Área Legal y Técnica de esa Oficina Nacional había tomado la intervención que le competía.
Luego, en análogos términos, por resolución 1898/2008 (publicada en el BORA el 24/7/2008), en cuanto aquí interesa, la ONCCA informó a la AFIP que del total de las DJVE analizadas en esta oportunidad, no habrían acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada, en los términos de la ley 26.351 y su decreto reglamentario 764/2008, las detalladas en su Anexo I, debiendo tributar las alícuotas correspondientes a la fecha de oficialización de la destinación de exportación (conf. su artículo 1°).
IX. Que precisados los antecedentes normativos y fácticos involucrados en autos, cuadra señalar que la cuestión suscitada encuentra respuesta suficiente en la solución adoptada por esta Sala al resolver la causa 15.294/2011 “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN - Mº Economía - ONCCA - Resol. 1487/08 y 5581/10 y otros s/proceso de conocimiento”, sent. del 6/5/2014, actuaciones en las cuales, ante la denegatoria del recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible la correspondiente presentación directa intentada por el Estado Nacional - ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (conf. expediente L.427.L.RHE; resol. del 4/11/2014), habiendo quedado en consecuencia firme el referido decisorio.
En esa oportunidad, este Tribunal confirmó la sentencia dictada en primera instancia por la que se declaró la nulidad de la resolución ONCCA 1487/2008 por no haber sido explicitados los motivos concretos que permitían a la autoridad de aplicación concluir en la falta de acreditación de la tenencia o adquisición de la mercadería que la allí accionante (otra empresa exportadora) declarara en forma previa al 9/11/2007 y por el hecho que la prueba colectada permitía tener por corroborado que en forma previa a verificarse el aumento de alícuotas, la compañía involucrada contaba con granos suficientes como para respaldar las cantidades comprometidas en las DJVE registradas.
Para así decidir, al margen de la valoración de la prueba rendida en dicha causa y de ciertas deficiencias recursivas puestas de manifiesto en los Considerandos IX, X y XI, se sostuvo que:
*) era la ONCCA el organismo competente para establecer los requisitos tendientes a verificar la adquisición y tenencia de la mercadería objeto de exportación con anterioridad al incremento de las alícuotas y resolver si el exportador había acreditado la tenencia de la mercadería objeto de las DJVE incluidas en el Anexo I de la resolución 1487/2008;
*) era evidente la contradicción en que incurría la Administración al alegar, por un lado, que la resolución 1487/2008 gozaba -como todo acto administrativo de la presunción de legitimidad y por ende resultaba obligatoria y exigible (pudiendo la autoridad administrativa hacerlo cumplir coercitivamente por sí o por terceros) y, por otro, que el mentado precepto era un acto meramente preparatorio y no vinculante, que se limitaba a asesorar a otro organismo, por lo que resultaba irrecurrible tanto en sede administrativa como judicial;
*) el artículo 1º, inciso f), apartado 3º, de la ley 19.549 reconoce y garantiza al particular el derecho a una decisión fundada, con expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas y que el artículo 7º, inciso e) de la misma norma no abre camino al arbitrio administrativo, puesto que exige que todo acto se encuentre motivado;
*) toda decisión administrativa que afecte derechos de los particulares debe responder a una motivación suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes de hecho y derecho, de modo tal que se encuentren cabalmente a resguardo las garantías constitucionales en juego, como son -entre otras- las tuteladas por los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional, puesto que se trata de una exigencia que por imperio legal es establecida como elemento condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos;
*) las normas que reglamentan la aplicación de la ley 26.351 establecen que el controlador considerará toda la documentación que estime necesaria para la constatación efectiva de la tenencia o adquisición de los granos, por lo que el procedimiento no podría agotarse en el examen de la información derivada de los formularios “C18” de compra de mercadería para exportación;
*) corresponde a la Administración verificar el incumplimiento del régimen legal, dando cuenta al respecto de los extremos de hecho y de derecho que configuran el tipo infraccional involucrado; y *) conforme lo establece el artículo 377 del código de rito, la carga de la prueba incumbe a aquella parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, la cual recae sobre el Estado Nacional en el supuesto aquí analizado, en tanto y cuanto pretende sustentar un cargo basado en extremos fácticos que invoca en contra del particular y que, por ende, ha de probar de manera objetiva y suficiente.
A todo evento, cuadra advertir que las restantes Salas que integran esta Cámara de Apelaciones se han expedido en igual sentido, pronunciándose por la nulidad de las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008, y, consecuentemente, respecto de los cargos formulados por el servicio aduanero con fundamento en aquellas (conf. -a título ejemplificativo- Sala I, en autos 1672/2015 “Molino Chacabuco c/EN - M° Agricultura Ganadería y Pesca s/proceso de conocimiento”, sent. del 12/7/2022; Sala III, en autos 59.415/2012 “Cargill SACI c/EN - Mº Agricultura GyP - Resol. 928/12 - ONCCA - Resol. 1413/11 y otro s/proceso de conocimiento”, sent. del 26/4/2022; y 36.840/2023 “Bunge Argentina SA (TF 33394-a) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 7/3/2024; Sala IV, en autos 25.716/2011 “Oleaginosa Moreno Hnos. SACFI y A c/EN - Mº Economía - ONCCA - Resol. 1898/08 y 5431/10 s/proceso de conocimiento”, sent. del 18/8/2016; y 2705/2024 “Molinos Río de la Plata SA (TF 31167-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 19/3/2024; y Sala V, en autos 41.802/2023 “Grupo Transpatagonia SRL (TF 31534-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 27/6/2024).
Dicho precedente resulta aplicable mutatis mutandi a la presente causa, pues a través de las Resoluciones (ONCCA) Nros. 1487/08 y 1898/08 la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario comunicó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior que no habían acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, en los términos de la Ley Nº 26.351 y su Decreto Reglamentario Nº 764/08, sólo que esta última se refirió a determinada mercadería.
X. Que lo hasta aquí señalado sella la suerte del recurso intentado por el Fisco Nacional, el cual resultó insuficiente para enervar los fundamentos expuestos por el Tribunal Fiscal de la Nación para decidir del modo en que lo hizo, en particular para considerar arbitrarias e ilegítimas las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008 por falta de fundamentación suficiente, así como para revocar la resolución AD SALO 219/2023.
En consecuencia y como natural corolario de los desarrollos que anteceden, corresponde desestimar los agravios del Fisco Nacional, y en su consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado, en cuanto al fondo del asunto.
XI. Que en igual sentido se ha pronunciado esta Sala, en autos 25.247/2023 “Gear SAAICFI (TF 31.637-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 10/11/2023; y 25.224/2023 “Servicios Integrados para la Exportación de Agroalimentos SA (TF 31.165-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 12/12/2023.
XII. Que resta aclarar que, del modo en que se decide, se torna innecesario analizar el planteo de inconstitucionalidad esbozado por la accionante respecto de la ley 26.351; en relación al cual esta Sala, producto de un encuadre distinto de la cuestión aquí suscitada, se pronunció en autos 35.048/2009 “Agro Uranga SA c/Organismo Nacional de Control Comercial Agrop. (ONCCA) y otros s/proceso de conocimiento”, sent. del 22/10/2015, al “declarar la inconstitucionalidad de los artículos 4º y 5º de la ley 26.351 y el artículo 2º del decreto Nº 764/2008 -en tanto dispusieron la aplicación retroactiva de sus directivas- y su correspondiente inaplicabilidad a las D.J.V.E. registradas por Agro Uranga S.A. que fueron incluidas en el Anexo I de la resolución O.N.C.C.A. Nº 1.487/2008, cuya invalidez en lo que a ella le compete -con sustento en lo antedicho- aquí también se decide”.
XIII. Que, finalmente, respecto de la apelación de la actora, en lo que respecta a la tasa de interés, cuadra señalar que la cuestión ha sido examinada y decidida por esta Sala al pronunciarse en causas sustancialmente análogas a la presente, a cuyos fundamentos, términos y conclusiones corresponde remitirse (conf. autos 6079/2022 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 33.438-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, 25.216/2023 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 36.646-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y 27.496/2023 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 33.201-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resols. del 25/11/2022, 14/7/2023 y 23/8/2023,respectivamente).
En tales pronunciamientos, el Tribunal, en sustancial síntesis, declaró la inconstitucionalidad de la tasa de interés establecida en el artículo 3° de la resolución ME 314/2004, actualizada por la resolución ME 841/2010, aplicable en los casos de devolución, reintegro o compensación de tributos; disponiendo -en su lugar- la aplicación, durante el período en que rigiera dicho precepto, de la tasa pasiva promedio que publica el BCRA, según lo dispuesto en la Comunicación 14.290.
Así las cosas, la liquidación a practicar de la condena de autos, deberá ser comprensiva de los intereses devengados desde la petición administrativa de repetición y hasta el efectivo pago (conf. artículo 811 del Código Aduanero), a calcular: -desde el reclamo a la autoridad aduanera y hasta que comenzó a surtir efectos la resolución ex MH 598/2019 (el 1/8/2019; conf. su artículo 10), según la tasa pasiva promedio mensual que publica la autoridad monetaria, según lo dispuesto en la Comunicación BCRA 14.290; -a partir del 1/8/2019 y hasta el 31/8/2022, según lo normado por la resolución del ex MH 598/2019; -a partir del 1/9/2022, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del ME 559/2022; a partir del 1/02/2024, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 3/2024 y, a partir del 1/07/2025, conforme la tasa prevista en el artículo 3° de la resolución del Ministerio de Economía 823/2025 y, en su caso, por las normas que la reemplacen en lo futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios.
XIV. Que las costas de esta instancia se imponen a la demandada, sustancialmente vencida, de conformidad con el principio objetivo de la derrota (conf. primera parte del artículo 68 del CPCCN).
Por lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1°) rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del TFN de fecha 12/12/2024, en cuanto al fondo de la cuestión;
2. hacer lugar al recurso de apelación de la actora en cuanto es materia de agravio, declarando la inconstitucionalidad de la tasa establecida en el art. 3º de la resolución M.E. nº 314/2004 -actualizada por la resol. ME nº 841/2010-, y disponer que el crédito reconocido devengará intereses que se calcularán conforme lo dispuesto en el último párrafo del Considerando XIII y 3°) imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (conf. primera parte del artículo 68 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese -al señor Fiscal mediante cédula electrónica- y, oportunamente devuélvase.
JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia