Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 40055808-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 25/9/2024, dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, que revocó la resolución 218/2023; y
2Tratar las apelaciones intentadas contra la regulación de honorarios practicada a favor de los profesionales intervinientes en defensa de Bunge Argentina SA y regular los emolumentos correspondientes a la actividad desplegada ante esta instancia judicial (Considerando XV).
Buenos Aires, 1 de abril de 2026.-
VISTOS estos autos 17.507/2025 caratulados “BUNGE ARGENTINA SA (TF 40055808-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” y
I. Por resolución AD SALO 218/2023, la Aduana de San Lorenzo (Provincia de Santa Fe) no hizo lugar al recurso de repetición incoado por la firma exportadora Bunge Argentina SA. Allí indicó que no resultaba de su competencia resolver los planteos interpuestos por la actora en cuanto a la inconstitucionalidad del carácter retroactivo de la Ley 26351, como tampoco del decreto 764/2008, ni la resolución 125/2008, como así tampoco de la validez de las resoluciones 543/2008, 1487/2008 y 1898/2008. Puntualmente señaló que de la copia SIM se observaba que la fecha de oficialización en cuestión es 19/12/2007, siendo posterior al 9/11/2007, fecha a partir de la cual se estableció que serían aplicables las disposiciones de la Ley 26351, en los términos de la Ley 21453 (conf. esp. fs. 65/68 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
II. Bunge Argentina SA solicitó la revisión del acto aduanero por parte del Tribunal Fiscal de la Nación y, a fin de cuentas, la devolución de la suma de $2.073.569,60, que manifiesta haber abonado en exceso y sin causa, a raíz del cargo administrativo formulado por la AFIP-DGA a fines de reclamar una presunta diferencia de tributos a la exportación resultantes de operaciones de exportación documentada mediante el Permiso de Embarque N° 07057EC01012356P -el que fue consignado como 08057EC01002356P, pero cuya identificación se desprende de las actuaciones administrativas agregadas-, realizada al amparo de la Declaración Jurada de Venta al Exterior N° 65.958, registrada con fecha 24.10.2007 y que había sido incluida en el Anexo I de la Resolución (ONCCA) N° 1898/2008, con más intereses.
A esos fines, resumidamente, planteó la inconstitucionalidad de la ley 26.351 y su decreto reglamentario, por afectar derechos adquiridos al disponer la aplicación retroactiva de sus lineamientos.
III. Por resolución del 25/9/2024, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, revocó la resolución 218/2023 de la Aduana de San Lorenzo y, en definitiva, hizo lugar a la devolución de la suma de pesos dos millones setenta y tres mil quinientos sesenta y nueve con 60/00 ($ 2.073.569,60.-), a la que deberán adicionarse los intereses, que deberán computarse desde el 18/02/2016 -fecha de solicitud de repetición- hasta la fecha de efectivo pago y de conformidad con lo dispuesto en el considerando IX de la sentencia. Finalmente, impuso las costas a la vencida (ver fs. 442/449 de las actuaciones digitalizadas).
Para así decidir, luego de reseñar las posiciones de las partes, las constancias obrantes en las actuaciones y la normativa involucrada, consideró aplicable al caso de autos lo resuelto por esa Sala G en el Expediente N° EX -2023-40055240-APN-SGASAD#TFN, de igual carátula que el presente, donde el Dr. Licht, vocal preopinante, sentenció: “… la reforma introducida por la ley 26.351 resulta violatoria del principio de retroactividad, por cuanto al disponer el aumento de la alícuota aplicable, ninguna duda cabe de que modificó los efectos jurídicos de negocios concertados y consolidados al amparo de la legislación vigente. En ese sentido, es elocuente que la exigencia incorporada por la reforma legislativa es sobreviniente e imprevisible para los responsables que declararon su posición impositiva al amparo de la ley 21.453, lesionando así derechos adquiridos y afectando la seguridad jurídica”; y que existen numerosos tratados internacionales que establecen como uno de los principios esenciales la irretroactividad de los derechos de Aduana, de igual forma que se encuentra regulado en el CA.
Así como que “una lectura discreta y razonable de la ley 21.453 no permite inferir que era conditio sine qua non para consolidar los efectos tributarios de la operación que los exportadores acreditasen fehacientemente la tenencia o la adquisición de los productos a ser exportados”, por lo que en “ese marco conceptual es ostensible que la ley 26.351 implicó una modificación de los efectos tributarios hacia el pasado en detrimento de los principios de legalidad, retroactividad y seguridad jurídica, toda vez que si la responsable de la obligación tributaria decidió cerrar las ventas para exportación y registrarlas, no lo hizo siquiera en abuso de derecho, sino al amparo de un marco legal que se los permitía y reconocía las particularidades del sector involucrado. Téngase presente que quien realizó un acto lícito al amparo de un beneficio legal y teniéndolo probablemente en cuenta en el cálculo de sus legítimas ganancias, no puede ser privado del mismo por una ley posterior, sin afectar el derecho de propiedad que la Constitución garantiza. En tales circunstancias, el derecho no puede ser suprimido por una ley posterior sin agravio al derecho constitucional de propiedad. Nuestro Máximo Tribunal, ha reconocido que las leyes no pueden afectar derechos constitucionales que se encuentran incorporados al patrimonio de los administrados, adquiridos al amparo de una legislación anterior”. A lo que añadió que existía abundante jurisprudencia de este fuero donde las distintas firmas exportadoras de productos agropecuarios, que habían sido listadas en las Resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008, interpusieron sendas demandas solicitando la nulidad de las referidas resoluciones, habiéndose obtenido numerosos pronunciamientos en los cuales se echa por tierra la presunción de legitimidad de las Resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008.
En definitiva, decidió revocar la resolución aduanera apelada y hacer lugar a la repetición intentada por la firma BUNGE ARGENTINA S.A., con más los intereses.
Respecto de ese último punto, previo aclarar que la moneda en que debe llevarse a cabo la devolución de lo abonado indebidamente por la actora es en pesos, conforme ha sentenciado el Máximo Tribunal en los autos caratulados “Cencosud SA (TF 29.535-A) c/DGA”, puso de relieve en relación con la tasa de interés lo regulado por los arts. 811 y 812 del CA.
Así las cosas, manifestó que no podía desconocerse que la tasa de interés fijada por el art. 811 del C.A, era insuficiente para mantener el valor del capital abonado en demasía desde el inicio del reclamo (en el año 2016) hasta la fecha de su efectivo pago por el Fisco. Aclaró que la tasa de interés del 0,5% mensual establecida por las mencionadas resoluciones se mantuvo hasta la entrada en vigencia de la resolución ex MH 598/2019 (01/08/2019), y posteriormente modificada por las resoluciones ME 559/22 y 3/24 (de acuerdo con la vigencia temporal de esas normas -art. 9 de la res. ME 559/22 y art. 10 de la res. ME 3/24).
Por lo cual, estimó que la aplicación de la tasa de interés del art. 811 del C.A implicaba un perjuicio económico injustificado para la actora, ya que recibiría los importes adeudados con una tasa de interés inferior a las variaciones del índice de precios al consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina, lo cual resulta irrazonable y desproporcionado, ya que tales intereses no compensan la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, aniquilando los derechos del acreedor a la restitución integral de los importes pagados sin causa.
Citó jurisprudencia y concluyó que en el caso correspondía aplicar la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina desde la fecha de reclamo a la DGA (el 18/02/2016 fecha del pedido de repetición) hasta la puesta en vigencia de la resolución ex MH 598/2019 (01/08/2019 hasta el 31.08.2022), y a partir del 01/09/2022 aplicar la tasa de interés prevista en los artículos 4 y 6 de la resolución del ME 559/2022; y, en su caso, por las normas que la reemplacen en lo futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios.
IV. Disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 455/456 y 468/473 del hipervínculo incluido en el presente párrafo). Sostuvo que la decisión adoptada se habría sustentado en una errónea apreciación de los hechos y de la cuestión debatida en autos.
En particular, alegó que habría sido omitido que los cargos tendrían fundamento en las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008, resolviendo sin pronunciarse al respecto; limitándose a efectuar un somero análisis de la ley 26.351, sin adentrarse en el fondo de la cuestión debatida.
Postuló que la exportadora no habría acreditado haber impugnado las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008, ni requerido la inconstitucionalidad de la ley 26.351 que les diera fundamento; de modo que lo resuelto por el pronunciamiento apelado carecía de todo fundamento jurídico, máxime atendiendo a las limitaciones propias que tiene el Tribunal Fiscal de la Nación para expedirse en torno a la constitucionalidad de las normas, conforme lo previsto en el artículo 1164 del Código Aduanero.
Luego, explicó que si bien las características propias del comercio exterior exigían su previsibilidad, permitiendo a los exportadores cumplir con sus compromisos, tal como fueron pactados, sin que ello afectara su legítimo negocio, a cuyos efectos resultaba necesario que pudieran vaticinar sus costos para cumplir sus contratos conforme los precios convenidos sin que ello afectase su ecuación económica, lo cual explicaba el funcionamiento del régimen legal aplicable; ello no importaba posibilitar la realización de un negocio en desmedro del Estado, desvirtuando el régimen legal, con la sustitución unilateral de alícuotas, tal como habría acontecido en la especie, dado que ello no fue lo que tuvo en miras el legislador al dictar las normas involucradas en autos. Recordó que la ley 26.351 tuvo por finalidad aclarar el alcance y aplicación de la ley 21.453 ante el incremento de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios, al fin de evitar el aprovechamiento de los particulares del conocimiento previo a las reformas.
Al punto, resaltó que, con su dictado, se tuvo en cuenta que, generalmente, ante la expectativa de un inminente cambio normativo que incrementara las alícuotas de derechos de exportación, se producía un sustancial aumento en el número de registro de DJVE por parte de los exportadores.
Manifestó que el sistema resultaba coherente al exigir al exportador que al momento de la venta efectivamente pudiera acreditar que la tenencia de la mercadería o, al menos, pudiera demostrar que la adquisición de tales productos fuera anterior al incremento de las alícuotas.
Tildó de razonable el criterio plasmado en la ley 26.351 en orden a que los exportadores que acreditaran de modo fehaciente la tenencia o, en su caso, la adquisición de los productos agropecuarios con anterioridad al incremento en las alícuotas, se verían beneficiados con el pago de la menor; no así aquellos que no lo acreditasen.
Destacó que las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008 gozaban de la presunción de legitimidad, debiendo su parte ajustarse a sus lineamientos, así como también el Tribunal Fiscal de la Nación, quien se encontraba imposibilitado de declarar su inconstitucionalidad.
Citó jurisprudencia que, en su entendimiento, avalaría su postura.
Finalmente, cuestionó una supuesta disparidad de criterio entre Sala del Tribunal Fiscal de la Nación en la materia; que afectaría “la debida interpretación del ordenamiento jurídico en general” (sic).
Por lo expuesto, el Fisco Nacional solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, se confirmara la resolución aduanera. Dicha presentación mereció réplica de la exportadora (conf. esp. fs. 492/548 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
V. A pedido de parte, por resolución del 10/12/2024, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación reguló los emolumentos del profesional interviniente en defensa de la exportadora, siendo apelados por bajos y por altos (conf. esp. fs. 474/475, 478/484 y 485/489 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
VI. En primer término, corresponde señalar que, contrariamente a lo alegado por el recurrente, las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008, entre otros preceptos, fueron impugnadas por la exportadora, tanto en sede administrativa como al apelar por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, habiendo sido descalificada por el pronunciamiento apelado, por medio del cual fue revocada la resolución AD SALO 218/2023.
VII. Dicho ello, a efectos de una mejor comprensión de la cuestión antes delimitada, cuadra referir que, en lo que hace a los derechos de exportación, el Código Aduanero prevé -como principio general- que ha de aplicarse el establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo (conf. artículos 724 y 726 del Código Aduanero).
Sin perjuicio de ello, por ley 21.453 (publicada en el BORA el 11/11/1976), se estableció un régimen especial para la venta al exterior de los productos de origen agrícola indicados en su planilla anexa (entre los cuales figuraba la mercadería producida y exportada por la firma actora), según el cual, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaran o beneficiaran la operación, serían de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta (conf. su artículo 6º). Las previsiones de la ley 21.453 se mantuvieron inalteradas hasta que se sancionó la ley 26.351 (publicada en el BORA el 16/1/2008), por medio de la cual se estableció que, cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la ley 21.453, en el período comprendido entre el registro de la DJVE y la oficialización de la correspondiente destinación de exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento (conf. su artículo 1°); de lo contrario, deberían tributar la mayor alícuota por tal concepto, entre las vigentes a la fecha del registro de las DJVE o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación (conf. su artículo 2°).
La Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos (SAGPyA) fue designada como la autoridad de aplicación, otorgándole facultades para dictar la correspondiente norma reglamentaria al fin de establecer los requisitos para acreditar los extremos a que alude el artículo 1º, e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en las disposiciones del artículo anterior (conf. su artículo 3°).
En lo que hace al alcance temporal del régimen reseñado, se dispuso que quedaban alcanzadas por las disposiciones del artículo 1º, aún aquellas DJVE registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley referenciada (conf. su artículo 4°).
Cabe tener presente que la norma fue catalogada como de orden público y aclaratoria de la ley 21.453, entrando en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial (conf. su artículo 5º), y se previó además que derogaba toda otra disposición que se opusiera a sus previsiones (conf. su artículo 6º).
Dicha norma fue reglamentada por decreto 764/2008 (publicado en el BORA el 13/5/2008).
En esa oportunidad, se dispuso que:
-por “incremento en las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la ley 21.453 en los términos del artículo 1º de la ley 26.351”, debía entenderse aquellos que fueran consecuencia de una modificación en la normativa aplicable (conf. su artículo 1°); -las disposiciones de la ley 26.351 serían aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación fuera posterior al 9/11/2007 (conf. su artículo 2°);
-la ONCCA llevaría el registro de las declaraciones juradas de ventas al exterior a que se refiere la ley 21.453, debiendo dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acreditar los extremos a que alude el artículo 1º de la ley 26.351 y para informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el artículo 2º de esta última norma (conf. su artículo 3°).
De tal modo y hasta tanto fuesen determinados tales estándares, todos los pagos por derechos de exportación correspondientes a esas presentaciones, serían considerados a cuenta de la liquidación que -en definitiva- correspondiera, debiendo darse estricto cumplimiento a las previsiones contempladas en los artículos 8º y 9º de la ley 21.453 y sus modificatorias (conf. su artículo 4°); y -a los fines de lo previsto en el artículo 1º de la ley 26.351, no se consideraría la tenencia que se ejerciera por cuenta ajena, sin facultad de usar o disponer del producto (conf. su artículo 5°). A ello, cabe añadir que de los Considerandos que anteceden a su parte resolutiva se desprende que para su dictado se tuvo en miras que por medio de la ley 26.351 se perseguía evitar que ante un inminente cambio normativo que aumentase los derechos de exportación, se registraran operaciones con el fin de tributar con la alícuota menor. Al amparo de lo hasta aquí reseñado, la ONCCA dictó la resolución 1487/2008, por medio de la cual, en cuanto aquí importa, informó a la AFIP las DJVE de productos derivados de la soja respecto de las cuales no se habrían acreditado la tenencia o la adquisición de las mercaderías registradas, debiendo las empresas mencionadas en el Anexo I de la mentada resolución -entre las cuales figuraba la actora respecto de las dos DJVE por las que inició la presente contienda- tributar el saldo por diferencia de las alícuotas, correspondientes a la fecha de la oficialización de la destinación de exportación.
Según resulta de los Considerandos que anteceden su parte resolutiva, el Área de Coordinación de Comercio Exterior, con los datos obtenidos de la base que llevaba la Coordinación de Gestión Estratégica de la Información, habría determinado los extremos a los que aludía el artículo 1º de la ley 26.351 (adquisición o tenencia), en los términos del artículo 5º del decreto 764/2008; que el informe involucraba 243 declaraciones juradas, por un total de 8.654.150 toneladas de soja a granel (SIM 12.01.00.90.19.0N) y soja desactivada a granel (SIM 12.01.00.90.11.0N) con relación a la cosecha 2007/2008; y que la Coordinación del Área Legal y Técnica de esa Oficina Nacional había tomado la intervención que le competía.
Luego, en análogos términos, por resolución 1898/2008 (publicada en el BORA el 24/7/2008), en cuanto aquí interesa, la ONCCA informó a la AFIP que del total de las DJVE analizadas en esta oportunidad, no habrían acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada, en los términos de la ley 26.351 y su decreto reglamentario 764/2008, las detalladas en su Anexo I, debiendo tributar las alícuotas correspondientes a la fecha de oficialización de la destinación de exportación (conf. su artículo 1°).
Resta agregar que, mediante nota externa DGA 47/2008 (publicada en el BORA el 10/7/2008), la AFIP - DGA estableció el procedimiento a seguir por sus dependencias para recalcular las bases imponibles y las alícuotas declaradas en las DJVE en función de lo informado por la ONCCA mediante resolución 1487/2008.
Por dicho procedimiento, en síntesis, se dispuso que respecto de aquéllas exportaciones para consumo que se registraran a partir de su entrada en vigencia, al momento de la presentación de la destinación aduanera de exportación para consumo, el servicio aduanero debería controlar si la DJVE que se hubiera invocado, se encontraba detallada en la resolución ONCCA 1487/2008, en cuyo caso, se compararían las alícuotas en concepto de derecho de exportación, informadas tanto en la DJVE como en la destinación sujeta a su control, debiendo figurar la mayor en la autoliquidación a analizar.
Asimismo, se acordó que se exigiría la documentación fehaciente que acreditase la fecha en que se perfeccionó el contrato de compraventa; correspondiendo, en el caso en que el exportador no pudiera demostrar tal situación, tomar como base imponible el precio FOB oficial vigente a la fecha de registro de destinación de exportación para consumo, sujeta a control.
Finalizado el control, en caso de haberse detectado diferencia de alícuotas y/o bases imponibles, el servicio aduanero procedería a confeccionar una liquidación manual, de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, por ambos conceptos.
VIII. En el caso, según resulta de la documentación obrante en las actuaciones administrativas SIGEA N° 17134-212-2016, y no fuera motivo de controversia entre las partes, Bunge Argentina SA registró el permiso de embarque 07057EC01012356P, oficializado el 19/12/2007, asociado a la DJVE 65.958, registrada en fecha 24/10/2007, la cual fuera luego incluida en el Anexo I de la Res. ONCCA N° 1898/2008 (B.O. 24/07/08).
Asimismo, no se encuentra discutido que la firma actora procedió a abonar -bajo protesto- la suma de $ 2.073.569,60 (equivalente a USD 493.120 convertidos al tipo de cambio de la fecha: $ 4,2050), cuestionando desde dicha oportunidad la legitimidad de la normativa en base a la cual la DGA fundaba su reclamo tributario y la validez de la Resolución ONCCA1898/08 y demás normativa involucrada.
IX. Precisados los antecedentes normativos y fácticos involucrados en autos, cuadra señalar que la cuestión suscitada encuentra respuesta suficiente en la solución adoptada por esta Sala al resolver la causa 15.294/2011 “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN - Mº Economía - ONCCA - Resol. 1487/08 y 5581/10 y otros s/proceso de conocimiento”, sent. del 6/5/2014; actuaciones en las que, ante la denegatoria del recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible la correspondiente presentación directa intentada por el Estado Nacional - ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (conf. expediente L.427.L.RHE; resol. del 4/11/2014), habiendo quedado en consecuencia firme el referido decisorio. En esa oportunidad, este Tribunal confirmó la sentencia dictada en primera instancia por la que se declaró la nulidad de la resolución ONCCA 1487/2008 por no haber sido explicitados los motivos concretos que permitían a la autoridad de aplicación concluir en la falta de acreditación de la tenencia o adquisición de la mercadería que la allí accionante (otra empresa exportadora) declarara en forma previa al 9/11/2007 y por el hecho que la prueba colectada permitía tener por corroborado que en forma previa a verificarse el aumento de alícuotas, la compañía involucrada contaba con granos suficientes como para respaldar las cantidades comprometidas en las DJVE registradas. Para así decidir, al margen de la valoración de la prueba rendida en dicha causa y de ciertas deficiencias recursivas puestas de manifiesto en los Considerandos IX, X y XI, se sostuvo que: *) era la ONCCA el organismo competente para establecer los requisitos tendientes a verificar la adquisición y tenencia de la mercadería objeto de exportación con anterioridad al incremento de las alícuotas y resolver si el exportador había acreditado la tenencia de la mercadería objeto de las DJVE incluidas en el Anexo I de la resolución 1487/2008;
*) era evidente la contradicción en que incurría la Administración al alegar, por un lado, que la resolución 1487/2008 gozaba -como todo acto administrativo de la presunción de legitimidad y por ende resultaba obligatoria y exigible (pudiendo la autoridad administrativa hacerlo cumplir coercitivamente por sí o por terceros) y, por otro, que el mentado precepto era un acto meramente preparatorio y no vinculante, que se limitaba a asesorar a otro organismo, por lo que resultaba irrecurrible tanto en sede administrativa como judicial;
*) el artículo 1º, inciso f), apartado 3º, de la ley 19.549 reconoce y garantiza al particular el derecho a una decisión fundada, con expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas y que el artículo 7º, inciso e) de la misma norma no abre camino al arbitrio administrativo, puesto que exige que todo acto se encuentre motivado;
*) toda decisión administrativa que afecte derechos de los particulares debe responder a una motivación suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes de hecho y derecho, de modo tal que se encuentren cabalmente a resguardo las garantías constitucionales en juego, como son -entre otras- las tuteladas por los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional, puesto que se trata de una exigencia que por imperio legal es establecida como elemento condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos;
*) las normas que reglamentan la aplicación de la ley 26.351 establecen que el controlador considerará toda la documentación que estime necesaria para la constatación efectiva de la tenencia o adquisición de los granos, por lo que el procedimiento no podría agotarse en el examen de la información derivada de los formularios “C18” de compra de mercadería para exportación;
*) corresponde a la Administración verificar el incumplimiento del régimen legal, dando cuenta al respecto de los extremos de hecho y de derecho que configuran el tipo infraccional involucrado; y *) conforme lo establece el artículo 377 del código de rito, la carga de la prueba incumbe a aquella parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, la cual recae sobre el Estado Nacional en el supuesto aquí analizado, en tanto y cuanto pretende sustentar un cargo basado en extremos fácticos que invoca en contra del particular y que, por ende, ha de probar de manera objetiva y suficiente. A todo evento, cuadra advertir que las restantes Salas que integran esta Cámara de Apelaciones se han expedido en igual sentido, pronunciándose por la nulidad de las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008, y, consecuentemente, respecto de los cargos formulados por el servicio aduanero con fundamento en aquellas (conf. -a título ejemplificativo- Sala I, en autos 1672/2015 “Molino Chacabuco c/EN - M° Agricultura Ganadería y Pesca s/proceso de conocimiento”, sent. del 12/7/2022; Sala III, en autos 59.415/2012 “Cargill SACI c/EN - Mº Agricultura GyP - Resol. 928/12 - ONCCA - Resol. 1413/11 y otro s/proceso de conocimiento”, sent. del 26/4/2022; y 36.840/2023 “Bunge Argentina SA (TF 33394-a) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 7/3/2024; Sala IV, en autos 25.716/2011 “Oleaginosa Moreno Hnos. SACFI y A c/EN - Mº Economía - ONCCA - Resol. 1898/08 y 5431/10 s/proceso de conocimiento”, sent. del 18/8/2016; y 2705/2024 “Molinos Río de la Plata SA (TF 31167-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 19/3/2024; y Sala V, en autos 41.802/2023 “Grupo Transpatagonia SRL (TF 31534-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 27/6/2024).
X. A todo evento, en igual sentido se ha pronunciado esta Sala, en autos 25.247/2023 “Gear SAAICFI (TF 31.637-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 10/11/2023; y 25.224/2023 “Servicios Integrados para la Exportación de Agroalimentos SA (TF 31.165-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 12/12/2023.
XI. Lo hasta aquí señalado sella la suerte del recurso intentado por el Fisco Nacional, el cual resultó insuficiente para enervar los fundamentos expuestos por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación para decidir del modo en que lo hizo, en particular para considerar arbitrarias e ilegítimas las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008 por falta de fundamentación suficiente, conforme el criterio sentado en la materia por las Salas que integran esta Cámara, así como para revocar la resolución AD SALO 218/2023, al limitarse la autoridad aduanera a aplicar lo informado por la ONCCA.
En consecuencia y como natural corolario de los desarrollos que anteceden, corresponde desestimar los agravios del Fisco Nacional, y en su consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado.
XII. Atento al modo en que se decide, se torna innecesario analizar el planteo de inconstitucionalidad esbozado por la accionante respecto de la ley 26.351; con relación al cual esta Sala, producto de un encuadre distinto de la cuestión aquí suscitada, se pronunció en autos 35.048/2009 “Agro Uranga SA c/Organismo Nacional de Control Comercial Agrop. (ONCCA) y otros s/proceso de conocimiento”, sent. del 22/10/2015, oportunidad en la que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 4º y 5º de la ley 26.351 y el artículo 2º del decreto 764/2008, en tanto dispusieron la aplicación retroactiva de sus directivas, y su correspondiente inaplicabilidad a las DJVE registradas por la allí accionante, que fueron incluidas en el Anexo I de la resolución ONCCA 1487/2008, cuya invalidez -en lo que a ella le compete, con sustento en lo antedicho- aquí también se decide.
XIII. Por lo expuesto, corresponde desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 25/9/2024, dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, por medio de la cual se revocó la resolución 218/2023; sin resultar necesario considerar las demás cuestiones planteadas, ya que quienes suscriben no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970; entre otros).
XIV. Al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas relativas a esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
XV. Decidido ello, al fin de tratar los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación el 10/12/2024, cabe recordar que mediante dicha tarea se busca compensar de modo adecuado la actividad desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa; a cuyos efectos ha de ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Para lograr una retribución equitativa y justa, no resulta conveniente la aplicación automática de los porcentajes previstos en la ley de arancel, en la medida en que las cifras que se alcancen mantengan una evidente e injustificada desproporción con la labor desplegada. Tal proceder, limita la misión del juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etcétera (conf. esta Sala, en autos 29.975/2013 “Securitas Argentina SA c/PNA - Disp. 647/12 (Expte. S02: 38.567/12)”, resol. del 18/3/2014 y su cita; entre otros); razón por la cual se impone la adecuada y prudente ponderación de la totalidad de los factores que conducen a la ajustada valoración de la tarea profesional.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (conf. CSJN, Fallos, 270:388; 296:124, entre otros).
Que sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, resultado y montos involucrados -conf. Resol. 218/2023 (F4), lo resuelto con fecha 25/09/2024 y precedentemente-; atento al valor, motivo, extensión y calidad jurídica de la labor desarrollada en el marco del pleito durante la primera etapa del pleito y posteriores (C.S., Fallos: 306:1265 y 308:848) toda vez que la causa fue declarada como de puro derecho, corresponde confirmar los honorarios regulados en los puntos 1°) y 2°) de la regulación de fecha 10/12/2024; en favor de los DRES. JUAN MARCOS ROUGES y JOSE FERNANDO CASTELLI, patrocinante y apoderado, respectivamente, actuantes en la defensa de la actora (arts. 14, 16, 21, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 –Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS ($92.482) – equivalente a 1 UMA– y PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTITRES ($138.723) – equivalente a 1,50 UMA–, los emolumentos de los DRES. JUAN MARCOS ROUGES y JAVIER CANIGGIA BENGOLEA, patrocinante y letrado apoderado, respectivamente, actuantes en la defensa de la actora (arts. 14, 16, 20, 21, 24, 29 , 30, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del Impuesto al valor agregado (IVA) integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala, en autos “Beccar Varela, Emilio - Lobos, Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog.", resol. del 16/7/1996).
Para el caso en que el profesional no hubiera denunciado la calidad que invisten frente al IVA, el plazo para el pago del tributo sobre los honorarios regulados, correrá a partir de la fecha en que lo hiciera.
En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
1. desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 25/9/2024, dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, que revocó la resolución 218/2023; y 2°) tratar las apelaciones intentadas contra la regulación de honorarios practicada a favor de los profesionales intervinientes en defensa de Bunge Argentina SA y regular los emolumentos correspondientes a la actividad desplegada ante esta instancia judicial (Considerando XV).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia