Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 40056050-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la parte demandada y admitir los agravios de la parte actora, con el alcance del punto VIII;
2Imponer las costas a la parte demanda.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 1446/2025 BUNGE ARGENTINA SA (TF 40056050-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
1446/2025 BUNGE ARGENTINA SA (TF 40056050-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En Buenos Aires, a los 4 días del mes de septiembre de 2025, reunida en acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para dictar sentencia en estos autos “BUNGE ARGENTINA S.A. (TF 40056050-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, La jueza Clara María do Pico dijo:
I. El Tribunal Fiscal de la Nación revocó —con costas— la resolución n° 215/2023 (AD SALO), emitida en las actuaciones n° 17134 -217-2016 e hizo lugar a la acción de repetición por la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS CON SESENTA CENTAVOS ($991.202,60), a la que deberán adicionarse los intereses de los arts. 811 y 812 del CA, computados desde el 19/02/2016 hasta la fecha del efectivo pago.
II. Para así decidir sostuvo:
(i) La firma recurrente registró el 24/05/2007 la Declaración Jurada de Venta al Exterior n° 56300 —plazo en el que se encontraba vigente la ley 21.453— con relación a la operación de exportación documentada bajo el permiso de embarque n° 08 057 EC01 002244 L, oficializado el 26/03/2008.
(ii) Las ventas al exterior han sido concertadas y presentadas ante la autoridad de aplicación en los términos establecidos en la ley 21.453.
(iii) En la ley 26.351 se estableció la necesidad de acreditar de modo fehaciente la tenencia o en su caso la adquisición de los productos involucrados con anterioridad al cambio del incremento de la alícuota aplicable a los derechos de exportación. Asimismo, se dispuso que, inclusive, quedaran alcanzadas por los cambios introducidos en el ordenamiento impositivo las declaraciones juradas de ventas al exterior que, registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, no satisfagan los requisitos de tenencia y adquisición.
(iv) La ley 26.351 fue reglamentada por el decreto 764/2008 (B.O. 12/05/2008) que dispuso que las operaciones alcanzadas en el art. 1° de la ley, serían aquellas oficializadas con posterioridad al 9/11/2007. En su correlato, se dictó la resolución ONCCA n° 1898/2008, fundamento de la resolución impugnada.
(v) La situación ventilada en la causa se rige por la ley 21.453, toda vez que la aplicación de la ley 26.351 importaría una afectación a la sustancia de los derechos constitucionales que amparan la situación del obligado frente al ejercicio de la potestad tributaria. (vi) Existe una pacífica jurisprudencia de esta Cámara que declaró la nulidad de las resoluciones (ONCCA) nros. 1487 y 1898, en tanto no se hallaban adecuadamente motivadas ni sustentadas en los antecedentes de hecho referentes a la situación de las empresas exportadoras.
III. Disconformes, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación, los que fundados fueron respectivamente replicados.
IV. Los agravios de la parte demandada pueden sintetizarse en los siguientes puntos:
(i) El Tribunal Fiscal se apartó de manera arbitraria y sin fundamento de las normas aplicables a la cuestión que fue llamado a resolver.
(ii) El pronunciamiento apelado se sustentó en la supuesta invalidez de la resolución (ONCCA) n° 1898 y en la inconstitucionalidad de la ley 26.351, no obstante que las normas señaladas no fueron declaradas nulas por la justicia en lo que a la actora respecta y, tampoco contaba el Tribunal Fiscal, con facultades para su declaración de invalidez.
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1446/2025 BUNGE ARGENTINA SA (TF 40056050-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO No se encuentra acreditado en autos que la resolución n° 1898 fuera dejada sin efecto por el organismo administrativo que las emitió, ni que la misma fuera revocada en instancia judicial respecto a la aquí actora. Por lo tanto, rige la presunción de legitimidad de los actos administrativos y resultan de aplicación a las DJVE involucradas en autos. (iii) el Tribunal Fiscal se apartó de lo establecido en la ley 26.351, por considerarla “inconstitucional” —conforme se infiere de los considerandos de la sentencia recurrida—, ejerciendo el control constitucionalidad que le está expresamente vedado, según lo dispuesto en el art. 1164 del CA.
No tuvo en cuenta reiterada doctrina de la Corte Suprema que sostienen que no resulta admisible una interpretación que equivalga a prescindir de la normativa vigente si no media debate y declaración de inconstitucionalidad.
Se arrogó competencias que no le corresponden, ya que el CA excluye expresamente la facultad de sus Vocales de realizar un control de constitucionalidad, en este caso “encubierto”, al excluir la aplicación de una norma dictada por el Congreso Nacional.
(iv) El CA y la resolución n° 314/2004 (ME) no exigen mayor esfuerzo de interpretación, por lo que debe ser aplicada directamente, sin prescindir de su texto como lo hizo el Tribunal Fiscal “antojadizamente”.
V. La parte actora se quejó, únicamente, en cuanto dispuso la aplicación de la tasa de interés resarcitoria prevista en las resoluciones del Ministerio de Economía, conforme a las disposiciones contenidas en los arts. 811 y 812 del CA, en lugar de la tasa solicitada por esa parte en su escrito de inicio; esto es, la pasiva promedio publicada por el Banco Central de la República Argentina.
En tal sentido, insistió en que resulta inaplicable la tasa de intereses prevista en la resolución n° 314/04 (ME).
VI. El recurso de la parte demandada no puede prosperar.
Ciertamente, y en sentido contrario al propiciado en su memorial, no se infiere del pronunciamiento apelado que el Tribunal Fiscal haya realizado un control de constitucionalidad de la ley 26.351. Mucho menos fulminó esa norma con agravio en alguna cláusula constitucional. Simplemente examinó cual era la ley y, en consecuencia, el régimen aplicable al momento en que acontecieron los hechos acreditados en la causa, y revocó el acto impugnado por tener su fundamento en una resolución nula —n° 1898/08 (ONCCA)—, por carecer de causa y motivación.
Y en ese aspecto, central para la dilucidación de la causa, la parte demandada no cumple con la carga de criticar, concreta y razonadamente, las consideraciones expuestas por el Tribunal Fiscal y no exhibe un razonamiento que demuestre el desacierto de la solución que impugna.
En efecto, mediante los señalamientos efectuados no se rebatió idóneamente el fundamento expuesto por el Tribunal Fiscal, consistente en que la resolución en crisis carecía de sustento jurídico y debía ser revocada con arreglo a una pauta jurisprudencial asentada que entendía que las resoluciones (ONCCA) 1487/08 y 1898/08 eran nulas por no explicitar la motivación ni los antecedentes de hecho relativos a la situación particular de los exportadores referidos en sus anexos (esta sala, causa n° 2710/2024 “Bunge Argentina SA (33176-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 8 de agosto de 2024; en igual sentido, Sala IV, causa nº 5140/2023 “Multigranos SA (TF 27977 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 16 de mayo de 2023).
Máxime cuando esta Cámara ha considerado inoficioso analizar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.351 en casos análogos, después de declarar la nulidad de las resoluciones señaladas (esta CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 1446/2025 BUNGE ARGENTINA SA (TF 40056050-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO sala, causa nº 1672/2015 “Molino Chacabuco c/ EN-M Agricultura Ganadería y Pesca s /proceso de conocimiento”, pronunciamiento del 12 de julio de 2022, entre muchos otras; Sala III, causas nros. 59415/2012 “Cargill SACI c/ EN-Mº Agricultura GyP RESOL 928/12 -ONCCA- RESOL 1413/11 y otro s/ proceso de conocimiento” y 27638/2013 “Cargill SACI (TF 28754-A) c/ DGA”, pronunciamientos del 26 de abril de 2022; y Sala IV, causas nros. 25716/2011 “Oleaginosa Moreno Hnos. SACFI y A c/ EN – Mº Economía – ONCCA – Resol 1898/08 y 5431/10 s/ proceso de conocimiento”, pronunciamiento del 18 de agosto de 2016, y 13621/2015 “LDC Argentina SA c/ EN-M Agricultura Ganadería y Pesca y otro s/proceso de conocimiento”, pronunciamiento del 27 de noviembre de 2018).
VII. Por lo demás, resulta inoficioso examinar la queja formulada con relación a la tasa de interés, por carecer de agravios la parte demandada.
VIII. Por el contrario, las críticas de la parte actora, dirigidas contra la determinación de la tasa de interés contenida en la sentencia apelada deben ser acogidas.
En efecto, la ausencia de actualización de la tasa de interés correspondiente a las demandas de repetición, prevista en el art. 4º de la resolución 314/2004, implica consagrar una distinción en detrimento del patrimonio de los particulares (esta sala, causas “Linos, Gustavo Pedro (TF 45593-I) c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, “Chryse SA c/ EN – AFIP- DGI s/ dirección general impositiva”, “Endesa Costanera SA C/ EN- AFIP- DGI s/ Dirección General Impositiva” y “Lufkin Argentina SRL c/ EN – AFIP – DGI s/ Dirección General Impositiva, pronunciamientos del 20 de febrero de 2018, del 10 de mayo de 2019, del 18 de febrero de 2021 y del 15 de noviembre de 2022, respectivamente, entre otras; en igual sentido: Sala II, causa “American Express Argentina SA c/ EN-AFIP DGI- s/ Dirección General Impositiva”, pronunciamiento del 27 de abril de 2017, Sala V, causa “Osram Argentina SA c/EN-AFIP-Resol 30/11 s/Dirección General Impositiva”, pronunciamiento del 15 de agosto de 2017, Sala III, causa “Thomas de Sudamérica SA c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 12 de octubre de 2017, y Sala IV, causa “Maselis, Analía Edith”, pronunciamiento del 12 de marzo de 2019).
En consecuencia, a la suma cuya repetición se reconoció, corresponde aplicar la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina hasta el 31 de julio de 2019. A partir del 1º de agosto de 2019 deberá aplicarse la tasa efectiva mensual que publica el organismo recaudador, según la resolución nº 598/2019 (MH) y las resoluciones nros. 559/2022, 3/2024, 199/2025 y 823/2025 (ME), según la vigencia temporal de esas normas (art. 812 del CA).
IX. Las costas deben ser soportadas por la parte demandada vencida (conf. art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por lo expuesto VOTO por: desestimar los agravios de la parte demandada y admitir los de la parte actora, con el alcance dispuesto en el punto VIII. Costas al Fisco Nacional.
El juez Rodolfo Eduardo Facio adhiere al voto precedente.
La jueza Liliana M. Heiland no suscribe el presente pronunciamiento por hallarse en uso de licencia (art. 109 R.J.N.). En virtud del resultado que informa el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1. Desestimar los agravios de la parte demandada y admitir los agravios de la parte actora, con el alcance del punto VIII; 2. Imponer las costas a la parte demanda.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
1446/2025 BUNGE ARGENTINA SA (TF 40056050-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia