Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 40056270-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en consecuencia, confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto fue materia de agravios. Costas de alzada a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
CAUSA N° 39409/2025 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 40056270-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, de marzo de 2026. NAI Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Sumario de los hechos del caso La empresa Bunge Argentina SA, compañía dedicada a la actividad agrícola, abonó a la AFIP (actual ARCA), bajo protesto, una suma en concepto de diferencia de derechos de exportación. Con posterioridad, solicitó la devolución de dicha suma, lo que fue rechazado por el Jefe del Departamento de la Aduana de San Lorenzo. En consecuencia, Bunge Argentina SA interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, el cual fue admitido.
II. Sentencia del Tribunal Fiscal En este entendimiento, la Sala “E” del Tribunal Fiscal de la Nación, mediante sentencia del 19/8/2024, revocó la Resolución Nº 213/2023 (AD SALO) recaída en el expediente SIGEA Nº 17134-215-2016, y en consecuencia, hizo lugar a la solicitud de devolución de la suma de pesos setecientos cincuenta mil setecientos setenta y nueve con ochenta y siete centavos ($ 750.779,87) con más los intereses devengados desde el 19/2/2016 – fecha del pedido de devolución– hasta la fecha efectivo pago (artículos 811 y 812 del Código Aduanero). Asimismo, impuso las costas a la parte demandada vencida.
Para así decidir, el Tribunal Fiscal de la Nación, luego de efectuar un análisis de las actuaciones administrativas, señaló que la cuestión a resolver en la causa bajo estudio consistía en determinar si la Resolución N° 213/2023 (AD SALO) mediante la cual la Aduana de San Lorenzo había rechazado la repetición peticionada por la firma Bunge Argentina SA en concepto de derechos de exportación abonados en demasía con fecha 30/9/2011 en relación a la Destinación 08057EC01003562P vinculada a la DJVE Nº 57134, se ajustaba a derecho.
Así las cosas, puntualizó que mediante la Resolución ONCCA Nº 1898/2008 se había informado a la Aduana, en lo que aquí importa, que la firma recurrente no había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por las DJVE Ley Nº 21453.
Seguidamente, respecto del agravio de la actora referido a la ilegitimidad de la Resolución ONCCA N° 1898/08, expresó que, a la fecha, existe numerosa jurisprudencia en la que se consideró que la Resolución ONCCA N° 1898/08 (y su similar Nº 1487/07) constituyen verdaderos actos administrativos.
En este orden de ideas, indicó que la Resolución N° 1898/08 es un acto administrativo, dictado por la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) creada a través del Decreto Nº 1067/2005 como organismo descentralizado, con autarquía económico financiera y técnico administrativa y dotado de personería jurídica propia, en el ámbito del derecho público y privado, en jurisdicción de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción (artículo 1º Decreto N° 1067/2005).
En esta línea, refirió que debido a que la Resolución Nº 1898/2008 había sido dictada en ejercicio de las funciones encomendadas legal y reglamentariamente (artículo 3 de la Ley Nº 26.351, artículo 3 del Decreto Nº 764/08 y artículos 12 y 13 de la Resolución ONCCA Nº 543/08) a tal organismo, el efecto jurídico de ese acto alcanzaba directamente al particular, es decir a la aquí recurrente Bunge Argentina SA, ya que a través del mismo la ONCCA le había informado a la AFIP-DGA el cumplimiento o incumplimiento del requisito de la tenencia de la mercadería en los términos del artículo 1º de la Ley N° 26.351, lo que había habilitado a esta última a reclamar el importe correspondiente a la diferencia entre la alícuota más baja de derechos de exportación y la más alta en aquellos casos en los que se había considerado que no se había acreditado la tenencia de la mercadería amparada por las DJVE involucradas en la causa.
En este orden de ideas, destaca que la recurrente sostiene enfáticamente la ilegitimidad de la Resolución N° 1898/2008 de la ONCCA, invocando que para el dictado de la misma la ONCCA no había efectuado un análisis pormenorizado de la situación de hecho de cada exportador, violando de este modo elementales derechos de la firma.
También, manifiesta que esta Cámara se expidió en causas similares a la presente, declarando la nulidad de las Resoluciones ONCAA N° 1487/2008 y N° 1898/08 con relación a una serie de empresas cerealeras que, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 39409/2025 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 40056270-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
como la firma Bunge Argentina SA, se habían visto afectadas por lo informado por la ONCCA, echando por tierra la presunción de legitimidad de las resoluciones mencionadas.
A continuación, determinó que, de conformidad con los argumentos expuestos por las partes en la presente causa y a las constancias obrantes en la misma, correspondía hacer extensivo al caso el criterio pacífico expuesto por la jurisprudencia de la alzada, al considerar la nulidad y la ilegitimidad de la Resolución ONCCA Nº 1898/2008 por carecer de motivación. Asimismo, puntualizó que de los antecedentes del caso resultaba que la Aduana, para dictar la resolución apelada, por la que había rechazado la restitución de la suma abonada por la actora en virtud de la DJVE Nº 57134, se había limitado a considerar lo informado por la ONCCA en la cuestionada Resolución Nº 1898/2008, sin corroborar los argumentos vertidos por la apelante en su escrito al iniciar el procedimiento de repetición en sede aduanera, sobre la tenencia y/o adquisición de la mercadería involucrada. Ello así, concluyó que debido a que el Tribunal no contaba con los elementos necesarios para convalidar los fundamentos en que la Aduana había basado la resolución apelada, correspondía revocar la resolución recurrida.
Por último, respecto de los intereses, determinó que debía aplicarse el criterio sentado por esta Cámara, disponiendo la aplicación al caso de la siguiente tasa de interés: (i) desde el reclamo a la DGA hasta la puesta en vigencia de la Resolución ex MH Nº 598/2019, según la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina; (ii) a partir del 1/8/2019 y hasta el 31/8/2022, según lo normado por la Resolución del ex MH Nº 598/2019; y (iii) a partir del 1/9/2022, conforme la tasa prevista en los artículos 4 y 6 de la Resolución del ME Nº 559/2022; y, en su caso, por las normas que la reemplacen en lo futuro según el lapso de devengamiento de tales accesorios.
III. Agravios del fisco nacional Contra aquel pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de apelación el 1/10/2024 (v. IF-2024-107157933-APN-DTD#JGM), y expresó agravios el 22/10/2024 (v. IF-2024-115593597-APN-DTD#JGM), los que fueron contestados por la parte actora el 1/9/2025 (v. IF-2025-96723598-
APN-DTD#JGM).
En primer lugar, aduce que el Tribunal Fiscal arbitrariamente y de manera infundada se apartó de lo establecido en las Resoluciones ONCCA que motivaron los cargos, de la Ley Nº 26.351 y del artículo 1164 del Código Aduanero.
En este sentido, sostiene que la postura del tribunal resulta errada en tanto parte de la supuesta invalidez de las Resoluciones ONCCA en trato sustentadas en la Ley Nº 26.351, eludiendo el hecho de que, en realidad, dichas normas resultaron válidas para la parte actora y que no existió por parte de la misma impugnación judicial que declare lo contrario, motivo por el cual no puede solicitarlo en lo sucesivo atento la firmeza de dichos actos. Así las cosas, alega que las Resoluciones ONCCA N° 1487/2008 y Nº 1898/2008, que dieron sustento a los cargos, constituyen actos administrativos de alcance particular, por lo que se agravia en tanto en la sentencia recurrida se resolvió revocar la Resolución Aduanera sin que la actora hubiera acreditado la nulidad de dichas Resoluciones ONCCA a su respecto ni la invalidez de la Ley Nº 26.351, y sin que tampoco hubiera manifestado la existencia de una sentencia judicial que ameritase la revocación de la Resolución Aduanera.
Seguidamente, aduce que el Tribunal Fiscal invalidó una Ley emanada del Congreso –y su Decreto reglamentario–, y que omitió considerar que el mismo es un Tribunal de carácter administrativo, al que se le vedó expresamente tal facultad.
En este sentido, manifiesta que en la sentencia apelada el Tribunal Fiscal se arrogó competencias que no le corresponden y que se encuentran vedadas por el Código Aduanero, atento que dicho cuerpo normativo –en concordancia con la Ley N° 15.265 mediante la cual se creó el Tribunal Fiscal de la Nación– excluye expresamente la facultad de sus Vocales de realizar un control de constitucionalidad, en este caso “encubierto”, al excluir la aplicación de una norma dictada por el Congreso Nacional.
Finalmente, se agravia respecto de la tasa de interés aplicable.
Al respecto, expresa que la sentencia apelada ordenó la devolución de sumas de dinero a una tasa de interés que no es la prevista legalmente por el Código Aduanero.
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Así las cosas, entiende que los intereses que deben aplicarse son los previstos por el Código Aduanero, correspondiendo utilizar para el cálculo de los intereses las tasas dispuestas por el Ministerio de Economía en las Resoluciones que dicta al respecto, siendo la misma la Resolución Nº 314/2004 y a partir del 1/8/2019 la Resolución N° 598/2019 y sucesivas.
IV. Alcances del pronunciamiento De manera preliminar, es necesario advertir que este Tribunal no se encuentra obligado a seguir al apelante en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a consideración de la alzada, sino tan sólo aquéllas que son conducentes para decidir el caso y bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (confr. CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140; 301:970; esta Sala, in rebus: “CPACF- Inc Med (2-III-11) c/ BCRA Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/2011; “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/2014, “Laham, Alberto Elías c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/2015; “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN –M Interior OP y V-DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/2018; “Martínez, José Domingo y otros c/ EN-M° Seguridad -PSA- s/ personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 48697/2017, del 25/11/2020; “Cargill SACI c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, Causa N° 55388/2019, del 18/10/2022, entre otros).
V. Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho En este orden de ideas, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1.180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (confr. CSJN, Fallos: 300:985 y; esta Sala, in rebus: “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/2006; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/2020, entre otras).
Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1.180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (confr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in rebus: “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/2016; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/2018; “Novartis Argentina SA (TF 28664-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/2019; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/2021; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/2022 y, “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/2022, entre muchos).
VI. Circunstancias de hecho relevantes para la resolución del caso Sentado lo que antecede, corresponde mencionar que surge de las actuaciones administrativas SIGEA Nº 17134-215-2016 que las mismas se iniciaron con la solicitud de repetición presentada por Bunge Argentina SA ante la División Aduana de San Lorenzo, el 19/2/2016. Mediante dicha presentación la firma actora reclamó la repetición de la suma por ella abonada bajo protesto, en concepto de diferencia de derechos de exportación con respecto a la operación documentada mediante el PE08057EC01003562P, vinculada a la DJVE Nº 57134, la que había sido incluida en el Anexo I de la Resolución ONCCA Nº 1898/08.
Posteriormente, el Jefe del Departamento Aduana de San Lorenzo, dictó la Resolución Nº 213/2023 (AD SALO) por la que se rechazó el recurso de repetición intentado por Bunge Argentina SA.
Vale poner de resalto que el fundamento central del rechazo estribó en las previsiones de la Ley Nº 26.351 y en las Resoluciones ONCCA Nº 1487/08 y Nº 1898/08, dictadas en consecuencia.
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Por último, como se dijera anteriormente, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución Nº 213/2023 (AD SALO), en orden a los fundamentos descriptos en el Considerando II.
VII. Jurisprudencia aplicable Es del caso mencionar que esta Sala ya se ha pronunciado en asuntos que guardan semejanza con el presente (v. esta Sala, in re: “Cargill SACI c/EN-M§ Agricultura GyP-Resol 928/12- ONCCA-Resol 1413/11 y otro s/ proceso de conocimiento”, Causa N° 59415-2012, del 26/4/2022 y sus citas). Allí, luego de efectuar un narrativa del plexo normativo aplicable a la trama (Leyes Nº 21.453, Nº 26.351, Decreto Nº 764/08, Resolución del Ministerio de Economía Nº 369/07, Resoluciones ONCCA Nº 1487/08, Nº 1898/08 y Nº 1413/11 y Resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca Nº 928/12) y de los pronunciamientos de esta Sala sobre el singular, se hizo referencia a la nulidad que alcanzó a las Resoluciones ONCCA Nº 1487/08 y Nº 1898/08, destacando que no podía mantenerse a su respecto la presunción de legitimidad, toda vez que no se hallaba explicitada la motivación ni los antecedentes de hecho referidos a la situación particular del exportador. Asimismo, se declaró la nulidad de los artículos 1° de la Resolución Nº 1413/11 MAGyP y de los artículos 1° y 3° de la Resolución Nº 928/13, por carecer del elemento causa.
Por último, en el pronunciamiento que se reseña, se afirmó que se tornaba insustancial analizar el planteo de inconstitucionalidad de la Ley Nº 26.351, en el entendimiento de que, cuando existe la posibilidad de una solución adecuada al litigio por otras razones que las constitucionales comprendidas en la causa, corresponde prescindir de estas últimas para su resolución. Atento a las características que presenta el planteo de autos, el cual, como se señaló, guarda identidad con los examinados en el precedente reseñado y sus citas, corresponde mutatis mutandi estarse a lo allí resuelto (en igual sentido, esta Sala, in re: “Servicios Integrados para la Exportación de Agroalimentos SA (TF 31114-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 36973/2023, del 7/3/2024).
Ello equivale a decir que la Resolución Nº 213/2023 (AD SALO), por no ajustarse a derecho, debe ser revocada, con lo cual la sentencia apelada habrá de confirmarse.
VIII. Intereses Por otro lado, respecto del agravio deducido por la parte demandada en relación con la tasa de interés aplicable, conforme a lo decidido por esta Sala en las causas “Thomas de Sudamérica SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37.527/16, del 12/10/2017; y “Oleaginosa Moreno Hermanos SA c/ Administración Nacional de Aduanas s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 2267/18, del 30/8/2018; así como lo resuelto por la Sala IV de esta Cámara en las causas homónimas “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, Causas Nros. 49628/18 y 19255/21, sentencias del 26/3/2019 y 10/2/2022, respectivamente, corresponde declarar la inconstitucionalidad del artículo 3º de la resolución MEyP 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del reclamo de repetición y hasta la entrada en vigencia de la Resolución MH Nº 598/19.
Por lo tanto, los intereses deberán calcularse de la siguiente manera:
(i) desde el momento de presentación del reclamo y hasta el 31/7/2019, a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina;
(ii) entre el 1/8/2019 y el 31/8/2022, la tasa de interés fijada en el artículo 4° de la Resolución Nº 598/19 del Ministerio de Hacienda; (iii) desde el 1/9/2022 y hasta el 31/1/2024, la tasa del artículo 4° de la Resolución (MH) Nº 559/22;
(iv) a partir del 1/2/2024 y hasta el 28/2/2025, la tasa prevista en el artículo 4°, primer párrafo, de la Resolución Nº 3/24, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10° de esa norma;
(v) a partir del 1/3/2025 y hasta el 30/6/2025, según la tasa contemplada en la resolución 199/2025 del Ministerio de Economía (cfr. artículo 3º);
(vi) a partir del 1/7/2025, según la tasa fijada en la resolución del Ministerio de Economía 823/2025 (artículo 3°) o la que en el futuro pudiera regir, hasta el momento del efectivo pago.
IX. Costas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III CAUSA N° 39409/2025 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 40056270-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta la forma en que se resuelve, corresponde imponer las costas de alzada a la parte demandada vencida (artículos 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, SE RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en consecuencia, confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto fue materia de agravios. Costas de alzada a la parte demandada vencida.
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese a las partes y al Fiscal General y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia