Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 48359690-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia11) rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y, por consiguiente, confirmar la sentencia del 14 de julio de 2022 (IF-2022-72320282-APN-VOCXIII#TFN). Con costas, por no existir mérito para la dispensa (cfme. art. 1163 del CA y 68 del CPCCN).
22) En la consideración de los recursos de apelación deducidos y fundados por considerar “altos” y “bajos” los honorarios regulados el 18 de agosto de 2022 (v.
IF-2022-86244447-APN-VOCXIII#TFN), se impone recordar, por de pronto, que, tratándose de un supuesto de rechazo de la pretensión aduanera formulada en una serie de cargos por diferencia de tributos, expresados en dólares estadounidenses, la base regulatoria se encuentra conformada por el importe reclamado (cfr. CSJN, Fallos: 308:2123; causas E.285.XXII “Tambone y cia. Ingeniería SRL c/ Municipalidad de Pehuajó”, del 27 de diciembre de 1990; C.110.XXIV “Cañete, Leopoldo Ceferino y otros c/ Dirección Nacional de Vialidad”, del 6 de octubre de 1992; R.189.XXIV “Ramírez, Jorge Juan y otros c/ Gas del Estado”, del 6 de abril de 1993; Fallos: 317:50, voto de los señores Ministros Don Ricardo Levene (h) y Don Eduardo Moliné O´Connor; esta Cámara, Sala I, 17/7/1996, ED, 172-497; …
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
25505/2023 BUNGE ARGENTINA SA (TF 48359690-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 21 de diciembre de 2023.- SH
El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional el 12/09/2022 (v. IF-2022-95929891-APN-DTD#JGM), concedido el 21 /09/2022 (v. PV-2022-100273254-APN-VOCXIII#TFN) contra la sentencia dictada el 14/07/2022 (IF-2022-72320282-APN-VOCXIII#TFN), fundado por la expresión de agravios del 04/10/2022 (v. IF-2022-105617152-APN-DTD#JGM), cuyo traslado corrido en la PV-2022-110346817-APN- VOCXIII#TFN fuera contestado por la actora el 19/10/2022 (v.
IF-2022-111656385-APN-DTD#JGM).
Asimismo, a fin de considerar los recursos de apelación interpuestos y fundados por el letrado de la actora y el Fisco Nacional el 08/09/2022 y 11/09/2022 (v. IF-2022-94741624-APN-DTD#JGM e IF-2022-95631200-APNDTD#JGM), concedidos el 14/09/2022 (v.
PV-2022-97491114-APN-VOCXIII#TFN) contra la regulación de honorarios del 18/08/2022 (v.
IF-2022-86244447-APN-VOCXIII#TFN). El Fisco Nacional y el letrado de la actora contestaron los traslados corridos en la PV-2022-97491114-APNVOCXIII#TFN el 25/09/2022 y 26/09/2022 (v. IF-2022-101719555-APN-DTD#JGM e IF-2022-102053950-APN-DTD#JGM); y,
I. Que, por la sentencia del 14 de julio de 2022, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución RESOL-2021-44-E-AFIPDIVACD#SDGCAD dictada el 13/05/2021 por la directora de la Dirección Valoración y Comprobación Documental de la Dirección General de Aduanas (“DGA”), en las actuaciones SIGEA 13289-21192-2015 y, en consecuencia, revocó los cargos FE 145/2015,146/2015, 147/2015 148/2015, 149/2015, 150 /2015, 151/2015, 152/2015, 153/2015, 154/2015, 155/2015 y 156/2015 formulados por el servicio aduanero por la diferencia de tributos que gravan exportación de biodiesel Posición Arancelaria (“PA”) 3826.00.00,100L documentada en las destinaciones concretadas mediante los permisos de embarque (“PE”) 13057EC01006188S, 13057EC01007629T, 14057EC03000116G, 14057EC03000117H, 14057EC03000118X, 14057EC03000119J, 14057EC03000120B, 14057EC03000121C, 14057EC03000232F, 13057EC03001341G, 13057EC03001363K y 13057EC03001626M del registro de la Aduana de San Lorenzo. Impuso las costas a la demandada vencida.
Para así decidir, el tribunal circunscribió la cuestión a decidir a si, como lo sostiene la actora, deben aplicarse a dichas operaciones de exportación las alícuotas móviles que proveía el Sistema María para la Posición Arancelaria 3826.0000 (biodiesel) al momento de oficializarse las destinaciones, o, por el contrario, si le asiste razón a la Aduana en tanto opone que deben aplicarse las alícuotas más altas, publicadas por el Ministerio de Energía y Minería conforme las Actas de la UEIM, aun cuando no estuvieran publicadas ni incorporadas al Sistema María de la Aduana.
En seguida, el vocal preopinante, recordó algunos conceptos que involucran la determinación tributaria, la cual puede legislarse en relación a cada tributo como: a) un sistema de autodeterminación (ejemplo clásico es el impuesto a las ganancias); b) de determinación por el fisco (ejemplo clásico es el impuesto inmobiliario) o, c) como un sistema de determinación mixto, donde fisco y contribuyente, de modo conjunto, configuran la obligación tributaria. Ejemplo de este último supuesto son, precisamente, los derechos de exportación del presente caso. Recalcó que el elemento alícuota, esencial para determinar los derechos, resulta provisto por el fisco al contribuyente a través del Sistema María, así como, por oposición, otros elementos -precio base de la transacción- son aportados por el contribuyente para la determinación del derecho, pues responden a la realidad comercial propia de su esfera.
En el aspecto temporal de la determinación, destacó la instantaneidad del hecho imponible en los casos que involucran los derechos de exportación. Al respecto, explicó que “es en ese momento -y no en otro- en el que actúan los diversos sujetos que, legalmente calificados, concurren al acto determinativo; por lo general, únicamente el contribuyente y el fisco. En lo que resulta relevante para este caso, es en ese momento en que se aplica la alícuota que grava la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25505/2023 BUNGE ARGENTINA SA (TF 48359690-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO operación de exportación, alícuota que es, actualmente, la provista por la Aduana al exportador (mediante el SIM) para determinar los derechos aplicables”.
Ligado a lo anterior, expuso que en la distribución de las tareas determinativas entre cada sujeto de la relación -el fisco por un lado y el contribuyente por el otro-, cada uno de ellos debe cumplir con sus cargas propias, no pudiendo delegar -o hacer responsable- al otro por las tareas que le competen.
En el siguiente punto, abordó el tratamiento de los argumentos de la aduana. Rechazó que por conducto del art. 726 del CA como la nueva alícuota emergente del decreto 1719/12 -que sería la “norma vigente” a la que alude el art. 726 del CA- había sido fijada por la Unidad de Monitoreo al momento de la oficialización de la exportación (y pese a que el Sistema María no se había “actualizado”, ni la Aduana la proveía todavía al exportador en dicho momento) corresponde aplicar de todas formas la nueva alícuota a posteriori, mediante la liquidación suplementaria del art. 1053 inc. a) del CA, a fin de cumplir con el transcripto art. 726 del CA y el art. 2 del decreto 1719 /12.
En este orden de ideas, expuso que “El art. 726, en su correcta lectura jurídica, establece que los derechos de exportación se determinan (conjunción de todos sus elementos esenciales: hecho imponible, valor imponible, alícuota, lugar, etc.) en el momento imponible normativamente previsto (que es, en sí mismo, un elemento esencial, el temporal) conforme el sistema normativo integral que los regula, vigente al momento del registro de la solicitud de exportación. En ese mismo momento (que es el de la “fecha del registro de la (…) solicitud de destinación de exportación”) ocurre la intervención de los diferentes sujetos del proceso determinativo tributario quienes constituyen, también, en términos jurídicos, otro de los elementos esenciales del hecho imponible. Por tal razón, también tales sujetos, deben encontrarse legalmente calificados para actuar en esa precisa instancia temporal de la determinación tributaria. Tales sujetos son el fisco, el contribuyente e, incluso, pueden serlo también algunos terceros siempre que -como se dijo- se encuentren legal y expresamente habilitados para intervenir en tal momento de relevancia jurídica. Cuando el art. 726 usa la expresión “norma vigente” que establece el derecho de exportación, está empleando una expresión genérica que refiere a todo el sistema normativo que confluye, en el momento del hecho imponible, para la determinación del derecho de exportación y cuyo correcto alcance estamos aquí decidiendo”.
En adición a lo antedicho, explicó que “no hace falta aclarar que los derechos de exportación están regulados por más de una norma. El presente caso es un ejemplo. Solamente en lo que respecta al elemento alícuota, en el caso concreto que nos convoca, el sistema normativo que las regula se encuentra integrado por un conjunto de normas; el decreto 1719/12, las normas del Código Aduanero, las regulaciones del Sistema María, para mencionar a las más importantes. Dicho sistema normativo coloca en cabeza de la Aduana (y en ningún otro sujeto) establecer la alícuota que se aplicará en el momento imponible previsto por los arts. 726 y 728. El sistema asigna específicamente a la Aduana proveer la alícuota al contribuyente exportador, en el marco del Sistema María, al momento de la oficialización en el que se determina el derecho de exportación; el decreto 1719/12 resulta conteste con ello. En efecto, el propio decreto 1719/12 no asigna ninguna otra tarea a la Unidad de Monitoreo más que fijar la alícuota, dejando bien claro que debe informarla a la Aduana y, por ende, que es la Aduana -y solamente la Aduana- la que provee la alícuota al momento de la determinación tributaria de los derechos de exportación. El decreto dispone en su art. 2, de modo expreso, lo dicho. No dispone que la alícuota que establece la Unidad de Monitoreo resulta de aplicación inmediata a los derechos de exportación que se determinen, sino lo contrario: establece un proceso de comunicación con la Aduana, para que ella la aplique mediante el Sistema María respecto de los derechos de exportación una vez que fue fijada e informada por la Unidad de Monitoreo.
Puntualizó que el hecho de que, a la fecha de la oficialización, bajo el art. 2 del decreto 1719/12, la Unidad de Monitoreo haya establecido una alícuota, no significa que esa alícuota tenga vigencia en los términos de los arts. 726 y 728 del CA, toda vez que restaba todavía, bajo el sistema integral de normas que regulan la configuración del elemento alícuota, que la misma Unidad de Monitoreo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25505/2023 BUNGE ARGENTINA SA (TF 48359690-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO informe la nueva alícuota a la Aduana (art. 2 in fine del decreto 1719 /12) para que la Aduana, bajo las normas del Sistema María y las del Código Aduanero, le otorgue efectiva vigencia.
Además, sostuvo que el Acta de la Unidad de Monitorio es un acto meramente preparatorio dentro del sistema de fijación de alícuotas, las que cobrarán vigencia recién con su incorporación al Sistema María. Recién desde ese momento (el previsto por los arts. 726 y 728 del CA), de modo conjunto con el contribuyente respecto de los otros elementos que lo configuran, servirá la alícuota fijada por la Unidad de Monitoreo para determinar el derecho aplicable a una concreta operación de exportación.
Precisó que al momento del dictado del Acta de la Unidad de Monitorio que fija una nueva alícuota, la única alícuota conforme “la norma vigente” a la que alude el art. 726 del CA no es otra que la que el contribuyente aplica bajo el Sistema María de la Aduana, al confeccionar la declaración jurada aduanera y determinar el derecho de exportación, con todos sus elementos diferenciados y conforme el integral sistema normativo que cristaliza en ese preciso momento”. Desde otra perspectiva, declaró que no resulta admisible la posición de la Aduana en el sentido que el art. 792 del CA establece que hay pago del tributo “inferior a lo debido” sin efecto liberatorio -en los términos del art. 17 de la Constitución- en todos los casos en que la administración fiscal considerara que la determinación y el pago por el contribuyente fue incorrecto, impugnándolo bajo el procedimiento previsto en el art. 1053 inc. a) y concordantes del CA. Solamente hay pago “inferior a lo debido”, en los términos del art. 792 del CA, cuando ha concluido un proceso determinativo, en sentido integral, sobre la obligación tributaria cuestionada, quedando firme la determinación tributaria del fisco, divergente de la originaria del contribuyente.
Además, señaló que en la contestación del recurso de apelación la DGA reconoció que las alícuotas fijadas por la UEIM correspondientes a la fecha de oficialización de los PE de autos quedaron operativas en el Sistema María con posterioridad a tales oficializaciones. Tales alícuotas de la UEIM, de vigencia posterior en el Sistema María respecto de las fechas de las oficializaciones de autos resultan, pues, inoponibles al conocimiento del contribuyente, prevaleciendo las vigentes en el Sistema María a la fecha de las oficializaciones. En esa inteligencia, recordó que el Código Aduanero -en los artículos 787 inc. a) y 788- establece que “la obligación tributaria aduanera se extingue (…) por el pago de lo debido” -art. 787 inc. a)- que se efectuará “de los modos y en los lugares que determine el servicio aduanero” -art. 788-. Y concluyó que “en consonancia con todo lo hasta aquí expuesto, no resulta otro sujeto que el servicio aduanero el que tiene legalmente definida una potestad preponderante para definir el débito fiscal que debe honrar el contribuyente”. Y recalcó que “constituye un exceso pretender que sea el contribuyente quién deba hacerse cargo de los errores o ineficiencias de la administración, cuando se encuentra así sometido a la potestad legal del fisco respecto al pago de los tributos”. Por demás, individualiza las piezas agregadas a las actuaciones SIGEA 12123-20-2014 y 13289-21192-2015 en las que la propia DGA reconoce que la comunicación de la Secretaría de Energía de las alícuotas que fija la UEIM se realizó tardíamente.
Por último, sostuvo que la conducta asumida por la DGA en autos se encuentra vedada -con base constitucional- por el art. 793 inc. 1) del CA que, concordantemente con lo antes expuesto respecto al art. 792, impide que la determinación suplementaria pueda fundarse en una interpretación de la legislación tributaria adoptada con posterioridad al momento del pago originario y que modifica la interpretación general, hasta entonces vigente, de conformidad con la cual dicho pago fue efectuado. En este sentido, señaló que “el decreto 1719/12, aun tratándose de normativa dispositiva, sienta criterios generales sobre qué sujetos, de qué modo y desde qué momento, las alícuotas son establecidas y adquieren vigencia para los contribuyentes, no desempeñando ningún papel el contribuyente en tal normativa”. Bajo tales parámetros admitió los argumentos desarrollados por la parte actora en las páginas 4 a 14 de su recurso. Citó jurisprudencia en aval de su decisión (ver VII.4). En ese orden de ideas, invocó la doctrina del efecto liberatorio del pago sentada por el Alto Tribunal en el precedente “Armando Victorio Garibotti”, del 20/11/72 (Fallos, 284:232), según la cual el error “en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25505/2023 BUNGE ARGENTINA SA (TF 48359690-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave de éste (Fallos, 258:208; 259:382 y otros)”. Entre otras, recordó el voto emitido por la Dra. Catalina García Vizcaíno, como integrante de la Sala E, en los autos "Petrolera Río Alto S.A." al dictar sentencia el 6 de octubre de 2004, en el sentido que “si el Estado ha implementado el Sistema Informático María debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del Sistema”.
II. Que el Fisco Nacional, en sustento de su recurso, se agravia de la interpretación de los artículos 726, 728 y concordantes del Código Aduanero efectuada en la sentencia recurrida. Cuestiona que el a quo haya interpretado que la efectiva vigencia de la alícuota determinada por la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo (UEIM) estaría dada por la carga en el SIM, soslayando el procedimiento de fijación de alícuota establecido en el decreto 1719/2012, el cual en ningún momento establece como parte del proceso de determinación la carga en el sistema y mucho menos requiere de este paso para que la alícuota adquiera vigencia y sea exigible.
Asimismo, se queja que no se considere que la alícuota fijada según ese decreto resulte de aplicación inmediata y que, además, se categorice al acta confeccionada por la UEIM como un acto meramente preparatorio, desconociendo las facultades que surgen del art. 618/1997 y otorgando al SIM rango de normativa legal.
Luego de citar el texto de los arts. 726 y 728 del CA, plantea que el momento relevante para individualizar la norma que fija el derecho de exportación aplicable, en las exportaciones para consumo producidas en forma regular, es la fecha de registro de la correspondiente solicitud.
Refiere que de los fundamentos del decreto 1719 surge que “las Cámaras Empresarias del sector solicitaron formalmente mediante nota escrita la implementación de un esquema de alícuotas móviles de derechos de exportación al biodiesel que tenga en cuenta tanto la evolución de los precios internacionales del producto como los costos de producción locales”, motivo por el cual, a través de su artículo 1, se implementó un sistema de alícuota móvil para los Derechos de Exportación aplicables a la posición arancelaria NCM 3826.00.00, según una fórmula. Agrega que el art. 2 del decreto establece que la UEIM será la responsable de calcular cada quince días el precio de referencia del biodiesel y los costos que conforman esta fórmula y que también se encuentra a su cargo “informar a los organismos correspondientes la alícuota del Derecho de Exportación que queda así definida”. (El resultado pertenece al original)
A modo de recapitulación, argumenta que la norma vigente a la fecha de oficialización de las destinaciones era el decreto 1719/2012, donde se establece el régimen de alícuota móvil, la que queda definida por la UEIM y no por la carga de la misma en el SIM como interpreta el a quo. Por todo ello, sostiene que resulta aplicable al caso lo resuelto por la Sala II del fuero el 5/07/2011, en los autos “Pan American Energy LLC Suc. Argentina c/Dirección General de Aduanas s/apelación”, expte. nro. 15285/2011.
Resalta que el hecho de que el SIM no reflejara los derechos en forma correcta, se debió a razones de carácter operativo y demoras no imputables a la aduana, como lo refleja lo informado por la División Arancel Informático mediante la nota 125/2014.
Manifiesta que el ajuste tributario aduanero derivado de un control ex post tiene sustento en las facultades otorgadas por el art. 9, apartado 2, inciso d) del decreto 618/97. Alega que la aquí actora no podía desconocer la norma vigente a la fecha de la oficialización de las destinaciones, como así tampoco podía ignorar que al momento de destinar, lo podía estar haciendo con una alícuota desactualizada.
Invoca lo dictaminado el 14/10/2020 por la Procuración General de la Nación en el caso “Biocardales SA c/DGA s /recurso directo de organismo externo”, respecto del cual expone que (si bien se refiere a una modificación de alícuota por sucesión normativa), sus consideraciones referidas al efecto liberatorio del pago y a la herramienta SIM resultan aplicables al caso.
Denuncia que el pago de los derechos de exportación efectuados por la actora fue inferior al que efectivamente correspondía en tanto no se ajustó a lo dispuesto legalmente y que, por CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25505/2023 BUNGE ARGENTINA SA (TF 48359690-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ende, no canceló sus obligaciones, lo cual torna admisible la formulación de los cargos por las diferencias que adeuda.
Solicita que se revoque la sentencia apelada y que se confirmen los cargos aduaneros, con costas a la parte actora. Formula reserva de caso federal.
De su lado, la parte actora en el escrito del 19/10 /2022 solicita que se declare desierto el recurso del Fisco Nacional AFIP-DGA y, en subsidio, contesta los agravios, solicitando que se confirme la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de la Nación.
III. Que los agravios expresados por el Fisco Nacional AFIP-DGA encuentran adecuada respuesta, mutatis mutandis en lo decidido por esta Sala en la causa 41090/2013 “PAN AMERICAN ENERGY LLC SUC ARGENTINA c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, sentencia del 5 de junio de 2014, que se encuentra firme como consecuencia de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al dictar pronunciamiento el 11 de diciembre del mismo año (cfme art. 280 del CPCCN).
En esa oportunidad esta Sala expuso que:
(i) el hecho de que fuera el SIM el que aplicara la referida cotización indebida, conduce a estimar como razonable que, ante el pago realizado, el contribuyente se haya considerado liberado de su obligación tributaria, sin que pueda obstar a ello, el error en el que incurriera el Servicio Aduanero (cfr. esta Cámara, Sala I, Causa nº 19.372/2011, in re “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina (TF 26647-A) c/ DGA”, del 22 de mayo de 2012 y Sala II, Causa: 30178 /2011, in re “Pan American Energy LLC (Suc Argentina)(TF 27239-A) c /DGA”, del 23 de febrero de 2012).
(ii) cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha entendido que, aun mediando error en la percepción de un impuesto, éste no podría invocarse por el Estado para exigir un nuevo pago, ni siquiera en el supuesto de resultar de inmediata verificación por el contribuyente, por no ser función ni obligación de los particulares fiscalizar, controlar o apercibir al Estado por el descuido o ineficacia de la percepción de la renta (Fallos: 209:213; 258:208; entre otros). Pues, el error, en cuanto a la corrección del ejercicio de sus propias y exclusivas atribuciones por parte de las autoridades receptoras de impuestos, no perjudica al contribuyente, en tanto no haya mediado dolo o culpa grave (CSJN; Fallos: 284:232).
Máxime si se recuerda que si el Estado ha implementado el Sistema Informático María debe garantizar a los contribuyentes su efectividad, sin generarles cargas adicionales por deficiencias del Sistema, por lo que debe aplicarse al caso de autos la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto del efecto liberatorio del pago, salvo dolo o culpa grave del contribuyente (esta Sala, Causa: 23499/2011, in re “Pan American Energy LLC Sucursal Argentina (TF 19958-A) c/DGA”, sentencia del 23 de marzo de 2012).
IV. Que las precedentes conclusiones (que recayeron respecto de una diferencia radicada en la cotización del Precio Internacional de la mercadería documentada por la allí actora) resultan aplicables en la especie respecto de la alícuota que se debe aplicar según las disposiciones del decreto 1719/2012.
En efecto, en la nota que dio origen a los cargos aduaneros, se encuentra reconocido por el Jefe de la División Arancel Informática que “el Derecho de Exportación correspondiente a la NCM en trato fueron recepcionadas extemporáneamente a través de las Actas de la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo – BIODIESEL. Dado que en el SIM la NCM en cuestión estuvo cargada con un derecho de exportación distinto al informado por las Actas antes mencionadas, este Área propicia los cargos por las diferencias indicadas (cfr. Nota DV /ARIN nro. 125/2014 dirigida a la Dirección de Programas y Normas de Procedimientos Aduaneros, folio 8 de las actuaciones administrativas, página 512 y ss., del PDF agregado al DEO 9948407).
A lo antedicho, cabe anudar que el art. 2 del decreto 1719/2019 establece que “La “UNIDAD EJECUTIVA INTERDISCIPLINARIA DE MONITOREO” creada por la Resolución Conjunta Nº 438 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS, Nº 269 del MINISTERIO DE INDUSTRIA y Nº 1.001 del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS de fecha 7 de agosto de 2012 será la responsable de calcular con una periodicidad quincenal el precio de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25505/2023 BUNGE ARGENTINA SA (TF 48359690-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO referencia del biodiesel (PR) y los Costos totales más retorno sobre el capital total empleado (CRCTE) que conforman la fórmula de cálculo del artículo 1°, e informar a los organismos correspondientes la alícuota del Derecho de Exportación que queda así definida” (el resaltado no pertenece al original).
El aspecto temporal del término “queda así definida” referido a la alícuota del biodiesel sólo puede ser interpretado como que queda fijada y, por ende, resulta aplicable y exigible cuando se produce la conjunción de ambos extremos: (i) la práctica del cálculo según la fórmula que prevé la norma y, (ii) la información los organismos correspondientes.
Esto último es lo que el servicio aduanero reconoce que ha sido tardío, en la ya citada Nota 125/2014. Por ello, el tributo que ha sido abonado conforme la alícuota que surgía del Sistema Informático María (SIM) excluye la posibilidad de reclamarle la diferencia en la alícuota del biodiesel a la exportadora, pues en el caso se torna operativo el principio de unidad de acción estatal que rige a la organización administrativa nacional.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que “el Estado, al igual que todas las personas jurídicas, necesita de la actuación u omisión de personas físicas que tienen la función de hacer querer y actuar al ente ideal. De ahí que el primer problema a resolver es el modo en que dicha actuación se imputa al Estado, frente a lo cual el Derecho ha dado diferentes respuestas, algunas basadas en principios propios del Derecho Civil, como la teoría del mandato y de la representación legal, y otras basadas en la teoría del órgano (arg. doct. de Fallos: 327:5295). La teoría del órgano que rige esta materia supone la imputación de la actuación (u omisión) de las personas físicas a la persona ideal, y ello exige verificar y diferenciar cuidadosamente los entes y órganos involucrados y las atribuciones e incumbencias que cada uno de ellos despliegan” (cfr. CSJN Fallos 345 :1025 y sus citas).
Por ello, en mérito de precedentemente expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. 1) rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y, por consiguiente, confirmar la sentencia del 14 de julio de 2022 (IF-2022-72320282-APN-VOCXIII#TFN). Con costas, por no existir mérito para la dispensa (cfme. art. 1163 del CA y 68 del CPCCN).
2. 2) En la consideración de los recursos de apelación deducidos y fundados por considerar “altos” y “bajos” los honorarios regulados el 18 de agosto de 2022 (v.
IF-2022-86244447-APN-VOCXIII#TFN), se impone recordar, por de pronto, que, tratándose de un supuesto de rechazo de la pretensión aduanera formulada en una serie de cargos por diferencia de tributos, expresados en dólares estadounidenses, la base regulatoria se encuentra conformada por el importe reclamado (cfr. CSJN, Fallos: 308:2123; causas E.285.XXII “Tambone y cia. Ingeniería SRL c/ Municipalidad de Pehuajó”, del 27 de diciembre de 1990; C.110.XXIV “Cañete, Leopoldo Ceferino y otros c/ Dirección Nacional de Vialidad”, del 6 de octubre de 1992; R.189.XXIV “Ramírez, Jorge Juan y otros c/ Gas del Estado”, del 6 de abril de 1993; Fallos: 317:50, voto de los señores Ministros Don Ricardo Levene (h) y Don Eduardo Moliné O´Connor; esta Cámara, Sala I, 17/7/1996, ED, 172-497; Sala IV, 30/5/1989, “Ruiz, Raúl O. c/ Gobierno Nacional – Ministerio del Interior” y esta Sala, expte. nro. 10.603/97, “Asociación Técnico Constructora SA”, del 9/11/2009; nro. 9435/01, “Almiron”, del 4/6 /2010; nro. 29.211/06, “Flores Antonio”, del 6/9/2011; nro. 6380 /98, “Desaci SA”, del 29/12/2011; nro. 10802/08 “Albornoz”, del 19/4/2012; nro. 575/07, “Prodecom”, del 5/6/2012, entre otros; nro. 38564/1996, “ENTEL -en liquidación c/ Estructuras S.A.C.I.C.I.F.”, del 8/11/2016; nro. 60/1994, “Llabres, Juan Carlos”, del 13/3/2018, entre otros).
En el caso, concretamente, ese importe queda conformado por la cantidad de moneda extranjera requerida en la resolución RESOL-2021-44-E-AFIPDIVACD#SDGCAD, dictada el 13 de mayo de 2021, convertida a la paridad vigente al tiempo de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 25505/2023 BUNGE ARGENTINA SA (TF 48359690-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO practicarse la regulación, con más los intereses devengados desde la fecha de notificación del cargo hasta la de interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal (cfr., en igual sentido, esta Sala 39177/2017 “NIDERA SA TF 31325-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, del 13/12/2018)
Por consiguiente, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto (U$S 352.865,56, resolución 2021-44E-AFIPDIVACD#SDGCAD e intereses hasta la interposición del recurso el 31/05/2021), la calidad y eficacia de la tarea profesional y las dos etapas cumplidas, SE ESTABLECEN los honorarios del Dr. Enrique Benítez Cruz 1035 UMA, que al día de la fecha equivalen a $31.631.670 (cfme. arts. 15, 16, 20, 21, 22, 24 y 51 de la ley 27.423 y CSJN Ac. 12/2022 y resol 3369/2023).
Asimismo, por las tareas desempeñadas ante esta alzada SE FIJAN sus emolumentos en 310 UMA, que al día de la fecha equivalen a $9.474.220 (art. 30 del arancel citado y CSJN resol 3369 /2023).
Hágase saber que atento la acreditada condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNANDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia