Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 49935933-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto nº 793/2018 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VI y VII; y
2Rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
43489/2025.-
“BUNGE ARGENTINA SA (TF 49935933-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 20 de febrero de 2026.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 3/12/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación -por unanimidad- confirmó la Resolución nro. RESOL-2024-408-E- AFIP-ADSALO#SDGOAI dictada por el Sr. Jefe del Departamento de la Aduana de San Lorenzo, recaída en la actuación SIGEA Nº 13289-20083-2018, en relación al PE Nro. 18 057 EC01 007323 P, en cuanto dispuso denegar el pedido de devolución de derechos de exportación formulado por la firma Bunge Argentina S.A. Impuso las costas por su orden.
Para así resolver, sostuvo que, las cuestiones planteadas en el sub examine eran sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 dictado por ese Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- - APN-SGASAD#TFN), en la cual por mayoría los Vocales acordaron fijar la siguiente doctrina legal: “ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente. ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.”
En tales condiciones, consideró que, debía rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación a la destinación de exportación citada.
Por último, estimó que las costas debían imponerse por su orden, en virtud de la complejidad de la cuestión en trato (v. págs. 414/20 del DEO: 20930607 - Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 14/11/2025).
II. Que, disconforme con lo resuelto, ambas partes interpusieron recurso de apelación, la parte actora con fecha 25/02/2025, fundándolo el 20/03/2025 y el 26/02/2025 lo hizo el Fisco Nacional, quien lo fundó en ese acto.
Corridos los pertinentes traslados las partes replicaron los recursos de sus contrarias, el 10/09/2025 (v. nota de elevación pág. 523 de las actuaciones citadas).
Con fecha 26/12/2025 emitió su dictamen el señor Fiscal de Cámara.
III. Apelación de la actora:
En primer lugar, luego de referir los antecedentes del caso, la exportadora, cuestionó la aplicación de la solución plenaria adoptada por el Tribunal Fiscal de la Nación en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA”.
Luego, se refirió a la constitucional del Decreto 793 -y sus normas modificatorias-, en donde sostuvo que carece de ratificación legislativa desde el 04/09/2018 al 12/12/2018, ambas fechas inclusive, violando así el principio de legalidad en materia tributaria.
Asimismo, la accionante se agravió de la tasa de interés fijada en la sentencia apelada, toda vez que resolvió aplicar las tasas de interés establecidas por el Estado Nacional para la devolución del importe total reclamado. Manifestó que las tasas de interés fijada por el Art. 3 de la Resolución 314 y el Art. 4 de la Resolución 559, vulneran el derecho constitucional de propiedad toda vez que no satisfacen, no garantizan un resarcimiento económico adecuado por la privación del uso de las sumas abonadas indebidamente al Estado Nacional en razón del contexto inflacionario por el que atraviesa nuestro país. Requirió la aplicación de una tasa de interés que resguarde el capital y se adecué a la realidad inflacionaria del país.
Ello así, solicitó se reconozca la manifiesta improcedencia de las tasas fijas del 0,50% y del 3,84% mensuales establecidas por el Art. 3 de la Resolución 314 y del Art. 4 de la Resolución 559, respectivamente, y —en consecuencia— se disponga la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina para el plazo de vigencia de las normas aquí atacadas y de cualquier otra norma posterior que repita el mismo esquema. En función de lo expuesto, consideró que correspondía admitir su pedido de repetición, con más los intereses resarcitorios correspondientes y costas, por ende, solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal de la Nación.
IV. Apelación de la demandada:
La recurrente cuestionó, únicamente, el modo en que fueron distribuidas las costas.
Para dar fundamento a su postura, destacó que el fallo recurrido confirma en su totalidad la resolución aduanera, por lo tanto, correspondía estar a lo así previsto por el artículo 68 del CPCCN y en el artículo 1163 del Código Aduanero.
V. Que, en primer lugar, cuadra advertir que no se encuentra controvertido en autos que para concretar la exportación documentada el 14/09/2018 mediante la destinación objeto de recurso, la actora, efectuó el pago de la suma de $ 365.714,90 en concepto de derecho de exportación de conformidad con lo establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 793/2018 (B.O. 4/9/2018), por el cual estableció un derecho de exportación del doce por ciento (12%) a todas las exportaciones de consumo.
VI. Que puesto ello de relieve, en el sub examine la firma actora reclama el reintegro del derecho de exportación liquidado y abonado con posterioridad al dictado del Decreto Nº 793/18, pero previamente a la entrada en vigencia de la Ley Nº 27.467.
En tales condiciones, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa “Molfino Hermanos S.A. (TF 32275313-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, expte. N° 13.598/2025, sentencia del 4/07/2025 (ver específicamente Considerandos V a XI), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. El texto íntegro del pronunciamiento puede ser consultado en la página de la CSJN, en el link “Causas en Trámite - Consulta de Expedientes” (www.csjn.gov.ar).
En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que la norma posterior que había pretendido convalidarlos sólo pudo haber tenido el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc.
Por lo que, en definitiva, corresponde dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la nulidad del Decreto Nº 793/18 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro del derecho de exportación abonado sin causa, al oficializar el despacho de exportación denunciado (oficializado el 9/11/2018), cuyo pago -por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada (en el mismo sentido Sala V, in re, expte. 51.458/2019, “Gut Metal SRL c/EN -AFIP s/Dirección General de Aduanas”, sentencia del 6/05/2021).
VII. Que, definida la moneda de pago, en orden al alcance de la condena, la cuestión a resolver en estos actuados resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa 20.372/2024 caratulada “Viterra Argentina SA (TF 2299742-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30/12/2024 (considerando XVII), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
En esa inteligencia, corresponde desestimar el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora con respecto a la Resolución nro. 598/2019, puesto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad institucional, que debe considerarse como última ratio del orden jurídico (conf. CSJN, Fallos: 302:1149 y 303:241, entre muchos otros), por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o garantía constitucional invocados; supuesto que no se encuentra mínimamente acreditado en el sub examine.
Es que la declaración de inconstitucionalidad de una norma impone a quien la pretende, demostrar claramente de qué forma aquélla contraría la Constitución Nacional, causándole un gravamen y, para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente en el supuesto concreto el perjuicio que le genera la aplicación del dispositivo (conf. CSJN, Fallos: 316:687; 324:3345; 325:645; 327:1899; 328:4282; entre muchos otros).
En dicho contexto, lo cierto y determinante es que la actora se limitó a efectuar manifestaciones genéricas respecto a la lesividad de la normativa impugnada, sin intentar acreditar de qué modo la resolución del Ministerio de Economía, conculcaría sus derechos constitucionales.
Es decir, la firma demandante se limita a solicitar la inconstitucionalidad mencionada, refiere a un supuesto perjuicio a su derecho de propiedad, así como también a los principios de igualdad y razonabilidad.
Sin embargo, ninguno de estos extremos resultan acreditados por la actora, siendo entonces meros eufemismos jurídicos utilizados para tildar subrepticiamente de inconstitucional las distintas resoluciones que fueran dictadas por expresa delegación legal y respetando dicho marco.
De hecho, ni siquiera ofreció prueba alguna que permita concluir lo pretendido. Tal y como fuera expuesto el único argumento que expone refiere a la inflación experimentada en el período reclamado, sin embargo, ello no resulta ser un agravio suficiente ya que justamente la resolución 598/2019 aumentó la tasa de interés aplicable de manera considerable.
En definitiva, la recurrente, no efectuó un análisis riguroso que compruebe debidamente la lesión constitucional denunciada en el caso concreto; lo que determina el rechazo del planteo dirigido a cuestionar la validez de la resolución 598/2019, que -por tanto, según fuera previamente indicado- ha de ser aplicada a los efectos del cobro de los intereses adeudados por la condena de autos. Por otra parte, y con relación al planteo de inconstitucionalidad de la resolución n° 314/04, corresponde remitirse a lo resuelto por este Tribunal en la causa nro. 3.596/2025 caratulada “Viterra Argentina SA (TF 60904132-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo” del 20/05/2025, (considerando XIV), cuyos fundamentos resultan íntegramente aplicables al presente, en tanto se declaró la inconstitucionalidad de la resolución MECON nro. 314/04 por resultar irrazonable y lesiva para el patrimonio del contribuyente.
En dicho precedente –en lo sustancial– se estableció que, frente a la desproporción generada por la diferencia entre los intereses fijados a favor del Fisco y los previstos para los contribuyentes, correspondía aplicar la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (Comunicado N° 14.290) desde la fecha de la solicitud de repetición hasta el 1/08/2019 y, a partir de entonces, se aplicará hasta el efectivo pago, la tasa prevista en la Resolución Nº 598/2019.
De ese modo, se declara la inconstitucionalidad de la tasa establecida en el art. 3° de la resolución ME nº 314/2004 –actualizada por la resol. ME nº 841/2010– aplicable en los casos de devolución, reintegro o compensación de tributos, correspondiendo disponer en este caso, la aplicación de la tasa pasiva promedio publicada mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (Comunicado Nº 14.290), que regirá desde la fecha de la solicitud de repetición hasta el 1/08/2019 y, a partir de entonces, se aplicará hasta el efectivo pago, la tasa prevista en la Resolución Nº 598/2019 (ver esta Sala, in re, expte.: 25. 216/2023, “Oleaginosa Moreno Hermanos SA (TF 36646-A) c/ DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 14/07/2023 y expte. n° 44.036/2023, “Molinos Río de la Plata SA (TF 92681777-A) c/DGA s/Recurso Directo de Organismo Externo”, sent. del 5/04/2024, entre otros).
Asimismo, se deja aclarado que a partir del 1/9/2022, los intereses correrán conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 559/2022; a partir del 1/02/2024, conforme la tasa prevista en los artículos 4° y 6° de la resolución del Ministerio de Economía 3/2024; a partir del 1/03/2025 por el art. 3° de la resolución 199/2025; y a partir del 1/07/2025, por el art. 3° de la resolución 823/2025, todas del Ministerio de Economía; y en su caso, por las normas que los modifiquen.
VIII. Que, finalmente, en atención al modo en que se decide, y al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas vinculadas tanto a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículos 68, primera parte, y 279, ambos del CPCCN y artículo 1163 del Código Aduanero).
Estas mismas circunstancias determinan -de por sí- el rechazo de la apelación del Fisco Nacional.
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: 1º) hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora, dejar sin efecto la sentencia apelada, declarar la inconstitucionalidad del Decreto nº 793/2018 y, consecuentemente, admitir la acción de repetición seguida por la nombrada firma, en los términos y con los alcances resultantes de los Considerandos VI y VII; y 2º) rechazar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y disponer que la totalidad de las costas generadas por estas actuaciones, tanto en lo concerniente a la actividad desplegada por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, así como por ante esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional (arts. 68, 1º parte y 279 del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia