Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 50531908-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la decisión apelada; con costas al vencido.
2Modificar la regulación de honorarios y regular los correspondientes a la actuación ante la Cámara de conformidad con lo dispuesto en el considerando 5°.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
32813/2025 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 50531908-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ”
Buenos Aires, 10 de febrero de 2026.
VISTA: La elevación del expediente TF 50531908-A (v. DEOX del 27/8/25) para tratar “el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 31/03/2025 (v. IF- 2025-33130234-APN-DTD#JGM), concedido el 14/04/2025 (v. IF-2025-39110664- APN-VOCXVII#TFN Punto 5) contra la sentencia dictada el 11/02/2025, en cuanto revoca la Resolución N° 171/2020 dictada por la Aduana de San Lorenzo y en consecuencia los Cargos tributarios Nros. 3085 al 3127 del año 2012, formulados contra la firma Bunge Argentina S.A. en las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-30396-2012, con costas al fisco (v. IF-2025-14795655-APN-VOCXVII#TFN)”, como así también “los recursos de apelación interpuestos por los letrados de la actora y el fisco nacional el 22/04/2025 y 24/04/2025 (v. IF-2025-41678242-APN-DTD#JGM e IF-2025-42979510-APNDTD#JGM Capitulo III), concedidos el 25/04/2025 (v. IF-2025- 43445931-APN-VOCXVII#TFN Punto 2) contra los honorarios regulados en los Puntos 1 y 2 de la sentencia dictada el 14/04/2025 (v. IF-2025- 39110664-APN-VOCXVII#TFN y su rectificatoria IF-2025-43445931-APN-VOCXVII#TFN)” (v. nota en la pág. 2408 del expte. cit.); y
1. Que el Tribunal Fiscal de la Nación, en lo que ahora interesa señalar, revocó la resolución 171/20, dictada en las actuaciones administrativas SIGEA 13289- 30396-2012, y dejó sin efecto los cargos 3085 al 3127 del 2012, formulados en concepto de derechos de exportación con relación a los permisos de embarque 08057EC03001876A, 08057EC03002901N, 08057EC03001898E, 0805EC03001947W, 08057EC03001949B, 08057EC03001955V, 0805EC03001972U, 08057EC03002024J, 08057EC03002028N, 08057EC03002056Y, 08057EC03002102G, 08057EC03002170L, 08057EC03002566U, 08057EC03002194R, 08057EC03002196T, 08057EC03002197U, 08057EC03002262N, 08057EC03002391Z, 08057EC03002549V, 08057EC03002550N, 08057EC03002551Y, 08057EC03002613N, 08057EC03002653R, 08057EC03002687B, 08057EC03002688C, 08057EC03002722Y, 08057EC03002888E, 08057EC03002889F, 08057EC03002909V, 08057EC03002950R, 08057EC03002960S, 08057EC03003049R, 08057EC03003052L, 08057EC03003077S, 08057EC03001874V, 08057EC03001973V, 08057EC03002188U, 08057EC03002482R, 08057EC03002727T, 08057EC03003073Y, 08057EC03001994B, 08057EC03002469W y 08057EC03001897D.
Impuso las costas al Fisco vencido.
1 Para decidir como lo hizo, recordó que el reclamo tributario tenía origen en el informe técnico SE FVEX 31/12. Allí se analizó la exportación de subproductos derivados del procesamiento de porotos de soja, realizadas bajo el sub-régimen EC03 (exportación para consumo con DIT para transformación), al amparo del decreto 1330/04. El relevamiento de las operaciones alcanzadas por esa modalidad detectó la existencia de bases imponibles con valores negativos, fenómeno que ocurre cuando el valor de los insumos importados temporalmente supera el valor del producto final exportado, resultando, según el Fisco, en una falta de gravabilidad del valor agregado nacional.
La Aduana redeterminó el valor imponible amparándose en lo establecido en el anexo IV de la resolución general AFIP 2147/06 y en el procedimiento de rebaja de insumos importados temporariamente establecido por la resolución general AFIP 1796/04, es decir según la relación insumo/producto consignada en el Certificado de Tipificación y Clasificación/Certificado de Importación Temporaria (CTC/CTIT). El TFN explicó que dicho régimen prevé un factor de ponderación (PF) para obtener la base imponible, de acuerdo con la siguiente formula: FOB (EC03) – CIF (DIT) * FP * coeficiente (der. de exportación) = Base imponible. A su vez, el factor de ponderación se obtiene del siguiente cálculo: FOB de cada subproducto ÷ FOB de la totalidad de los subproductos obtenidos. Para realizar dicho cálculo se toman los valores FOB de los subproductos finales establecidos a la fecha de la solicitud de la destinación de importación temporaria (DIT) del insumo.
Relató que en las actuaciones administrativas constaban las liquidaciones practicadas por la Aduana y su notificación a la exportadora, así como diversos dictámenes y notas técnicas que discutieron la metodología de cálculo, la aplicación del art. 25 del decreto 1330/04 (modificado por el decreto 523/17) y la posibilidad de bases imponibles negativas. Alguna repartición advirtió que, al momento de su dictado, “el artículo 25 del Decreto 1.330 no contenía el alcance que se le pretende dar, ello es así, y lo confirma el Decreto 523/2017 al modificar entro otros el artículo 25…”. Sin embargo, en última instancia, la resolución aduanera apelada concluyó que correspondía recalcular la base imponible considerando el valor agregado nacional y sin deducir los derechos de exportación, dado que se trataba de mercadería con precios oficiales (ley 21.453).
Al resolver, comenzó por desestimar el planteo de nulidad del procedimiento, por falta de agregación de documentación. Argumentó que, en esa instancia, la demandada había acompañado toda la documentación administrativa en formato digital y papel, lo que permitió a la actora tomar vista y alegar sobre la prueba obrante en el expediente.
Por ello, el Tribunal entendió que el vicio alegado había quedado subsanado y rechazó el planteo.
En cuanto al fondo, destacó que la actora había explicado de modo sistemático y mediante ejemplos teóricos —técnicamente fundados— la metodología que empleó para CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 32813/2025 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 50531908-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ”
determinar —mediante la aplicación del anexo IV de la resolución general 2147/06— los valores FOB sobre los que se liquidaron y pagaron los derechos de exportación. Agregó que dicha metodología fue validada en su corrección por peritos expertos en tributación aduanera, por la prueba documental obrante a fs. 22-27 de las actuaciones SIGEA 13289-30396-2012 —fs. 38-42 del RE-2020- 50530903-APN-SGASAD#TFN— y el informe pericial producido por el contador Rubén José Lagger, obrante a fs. 40-46 de las actuaciones referidas —fs. 1-7 del RE-2020-50530903-APN-SGASAD#TFN—, en el cual se acompaña, asimismo, el informe de la Gerencia de Calidad de la actora — fs. 33-35 del RE2020-50530903-APN-SGASAD#TFN—. Asimismo, por el informe pericial del contador Miguel Galeano acompañado mediante RE-2021- 15813244-APN- DTD#JGM en el cual se efectúan, a modo de ejemplo los cálculos correspondientes a tres de los PE en análisis, a saber, PE 08057EC03001949B, 08057EC03003049R y PE 08057EC03001876A.
Reafirmó que la metodología invocada por la actora guardaba identidad con los informes de los peritos y, lo que resultaba más relevante, con el propio anexo IV de la resolución general AFIP 2147/06 en su texto original, así como con el Instructivo para el Procedimiento de Rebaja de Insumos Importados Temporariamente en Ocasión de la Exportación, obrante a fs. 22-27 de las actuaciones administrativas 13289-30396-2012 y fs. 37-42 del RE-2020-50530903-APN-SGASAD#TFN.
Hizo hincapié en que se había corrido traslado a la demandada de todos esos informes técnicos, quien había guardado silencio, aun habiendo designado un consultor técnico de parte. Agregó que el alegato del Fisco había sido escueto y tampoco había efectuado observación alguna al respecto. Destacó que el servicio aduanero se había limitado a explicar genéricamente el criterio aplicable para el tipo de operaciones sujetas al régimen de la resolución general AFIP 2147/06, pero sin aportar elementos concretos con relación a los PE aquí involucrados. Solo agregó, en cada sobre contenedor, un detalle de los ajustes realizados en cada caso, pero sin aclarar de qué manera había arribado a los resultados y montos allí expresados.
Remarcó que era la Aduana quien debía demostrar la procedencia de la recomposición de la base imponible y el error en los cálculos de la exportadora. Individualizó otros informes obrantes en las actuaciones que advirtieron sobre la precaria fundamentación de los cargos dispuestos.
En suma, concluyó que nunca se habían explicado de forma clara y transparente los cálculos que permitieron al Fisco reconstruir el valor FOB de la mercadería exportada, y que correspondía estar a la explicación de la actora.
3 Con respecto a si correspondía deducir los derechos de exportación del valor FOB para calcular la base imponible, señaló que la resolución apelada sostuvo que no debía hacerse tal detracción porque se trataba de mercaderías alcanzadas por la ley 21.453, con valores FOB oficiales, conforme al art. 734 del Código Aduanero. La actora, en cambio, argumentó que al aplicarse el procedimiento de rebaja de insumos previsto en el anexo IV de la resolución general AFIP 2147/06, el valor FOB se apartaba del oficial y debía regirse por las normas generales del Código Aduanero (arts. 735 a 737), que excluyen expresamente los derechos y tributos del valor imponible.
Al resolver, el tribunal sostuvo que la posición de la actora encontraba sustento en una interpretación razonable del decreto 1330/04 y demás normativa conexa, confirmada posteriormente por la resolución general AFIP 5389/23, que dispuso expresamente que el cálculo se realizase conforme a los arts. 735 a 737 del Código. Además, de las propias planillas de cálculo agregadas por la Aduana surgía que, al reliquidar los derechos, aplicó el coeficiente de detracción, lo que demostraba que el propio servicio aduanero consideraba que debían excluirse los derechos del valor imponible.
Por último, advirtió acerca de un error aritmético en la liquidación del cargo 3116/12: el monto originario era de USD 215.700,51, pero se consignó como USD 21.570.051, omitiendo la coma de los decimales. Dicho error se reprodujo en la cédula de notificación y nunca fue corregido en el procedimiento. Como consecuencia, la sumatoria de los 43 cargos (3085 al 3127) arrojó un total de USD 38.447.224,42, cuando en realidad correspondía USD 17.092.873,90, generando una diferencia de USD 21.354.350,50.
2. Que el Fisco Nacional sostuvo que lo resuelto fue fruto de una interpretación arbitraria, tanto de los hechos como del derecho. Consideró incongruente que se hubiese rechazado la nulidad del procedimiento al constatar que la documentación estaba debidamente incorporada al expediente, para luego concluir que la liquidación de los cargos carecía de fundamentación, y priorizar injustificadamente los elementos proporcionados por la contraria.
Argumentó que la Aduana de San Lorenzo aplicó de manera estricta la normativa vigente, utilizó factores de ponderación y valores CIF y FOB para determinar la base imponible, con sustento en informes técnicos y dictámenes especializados. Mientras que, la decisión apelada, convalidaba un cálculo incorrecto y contrario al régimen especial de la ley 21.453, sin efectuar un análisis riguroso, ni respaldar sus conclusiones en pruebas sólidas.
Por todo ello, solicitó que se revocara la sentencia recurrida y se confirmasen íntegramente los cargos y la resolución aduanera, con costas.
3. Que, ante todo, corresponde recordar que las conclusiones sobre los hechos probados se encuentran, en principio, excluidas del examen que compete a esta Cámara, conforme a la limitación prevista en el artículo 1180, apartado b, del Código Aduanero.
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Ello es así, salvo que del ejercicio por parte del Tribunal Fiscal de la Nación de su facultad para apreciar las cuestiones fácticas surja arbitrariedad o un error de magnitud suficiente que justifique apartarse de dicho principio (cfr. Fallos 300:985; Sala I, causa “Scioli”, sent. del 14/12/93; Sala III, causa “Schmid, Walter Edmundo”, sent. del 26/10/84; Sala V, causas “Aspitarte y Cía S.A.”, sent. del 14/8/95; “Seysu S.R.L.”, sent. del 25/3/96; “Zeneca S.A.”, sent. del 26/8/98; y “DGA (en autos Procter & Gamble Soc. Col TF 19609-A)”, sent. del 21/9/06, entre otras). Tales extremos, se adelanta, no han sido acreditados en el presente caso.
4. Que, del examen de las actuaciones, surge que el Tribunal Fiscal de la Nación realizó una valoración minuciosa y pormenorizada de los elementos técnicos producidos, lo que torna falaz la tacha de arbitrariedad esgrimida por el Fisco Nacional. Lejos de basarse en meras apreciaciones dogmáticas, el juzgador de la instancia anterior efectuó un punteo detallado de los informes técnicos que dan sustento a la postura de la actora y que no fueron debidamente rebatidos por la aduana en su oportunidad. En efecto, la decisión apelada analizó sistemáticamente: (i) el informe pericial del contador Rubén José Lagger (fs. 1-7 del RE-2020-50530903-APN-SGASAD#TFN), que validó la corrección de la metodología empleada por la firma exportadora; (ii) el informe pericial del contador Miguel Galeano (RE-2021-15813244-APN-DTD#JGM), donde se realizaron cálculos específicos sobre permisos de embarque concretos (v.g. PE 08057EC03001949B), demostrando la adecuación a la norma de valoración; (iii) el informe de la gerencia de calidad de la propia actora y el instructivo para el procedimiento de rebaja de insumos importados temporariamente obrante en el expediente administrativo.
Frente a este despliegue probatorio, destacó que el servicio aduanero guardó silencio pese a haber designado un consultor técnico, limitándose a explicaciones genéricas sin aportar elementos que demostraran el error en los cálculos de la empresa. Por tal motivo, la crítica del recurrente resulta insuficiente para conmover lo resuelto, pues no logra acreditar que el Tribunal haya prescindido de las pruebas o incurrido en un error de magnitud.
Más aún, la propia aduana —en los cálculos arrimados para redeterminar los derechos reclamados— aplicó la detracción del coeficiente de deducción de los derechos para determinar la base imponible; extremo sobre el cual el memorial de agravios guarda silencio y que confirma la razonabilidad de lo decidido en la instancia previa. 5 Por ende, la cuestión planteada involucra una especialidad técnica que excede la competencia revisora de esta cámara, al no haberse demostrado una arbitrariedad manifiesta en la apreciación de los hechos.
En atención a las consideraciones precedentes, corresponde desestimar la apelación del Fisco y confirmar la decisión recurrida en cuanto fue materia de agravios, con costas al vencido (art. 68, primer párrafo, CPCCN).
5. Que resta tratar las apelaciones deducidas contra las regulaciones de honorarios.
En atención a los planteos formulados por las partes, cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que, en casos de monto excepcional, los jueces pueden ponderar la índole y la extensión de la labor profesional desarrollada, a fin de arribar a una solución justa y mesurada (cfr. Fallos: 320:495; esta Sala, causa 52042/95 “Pronello Construcciones”, resolución del 5/9/01).
Asimismo, el Máximo Tribunal ha reiterado en numerosas oportunidades que, a los fines regulatorios, no puede dejar de considerarse prudencialmente el impacto económico del pleito. Una regulación equitativa exige valorar el intrínseco mérito de la labor cumplida en la causa, la responsabilidad asumida y las particularidades del juicio (cfr. Fallos: 258:64; 261:398, entre otros).
Finalmente, la Corte ha destacado que la ley de arancel establece un conjunto de pautas generales que trascienden el mero monto involucrado. Entre ellas se cuentan la naturaleza y complejidad del asunto, el resultado obtenido, el mérito de la labor, la calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado, todas ellas guías indispensables para arribar a una retribución justa y razonable (cfr. Fallos: 302:1452, entre otros). De acuerdo con las pautas indicadas, la naturaleza del asunto, el resultado obtenido y la trascendencia económica de la cuestión en debate; y en atención a la calidad y eficacia de las labores desarrolladas por Juan Patricio Cotter y Enrique Benítez Cruz, en el respectivo carácter de patrocinante y apoderado de la parte actora, durante las dos etapas del proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación, corresponde REDUCIR los honorarios regulados a su favor a las sumas de $1.248.956.100 y $498.732.810 ⸻equivalentes a las cantidades de 14.700 y 5.870 UMA⸻, respectivamente (arts. 16, 19, 20, 21, 29 inc. a, 51, 58 inc. a, y ccdtes. de la ley 27.423, y resol. CSJN SGA 3160/25).
A su vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 y concordantes de la ley 27.423, corresponde REGULAR los honorarios de los citados profesionales por su actuación en esta instancia (cfr. contestación de agravios) en las sumas de $374.686.830 y $149.534.880 ⸻equivalentes a las cantidades de 4410 y 1760 UMA⸻, respectivamente.
Se deja constancia que las regulaciones que anteceden no incluyen el Impuesto al Valor Agregado, monto que ⸻en su caso⸻ deberá ser adicionado conforme a la CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 32813/2025 “BUNGE ARGENTINA SA (TF 50531908-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ”
situación de los profesionales intervinientes frente al citado tributo. Además, deberán cancelarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 51 de la ley 27.423. Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Rechazar el recurso del Fisco Nacional y, en consecuencia, confirmar la decisión apelada; con costas al vencido.
2. Modificar la regulación de honorarios y regular los correspondientes a la actuación ante la Cámara de conformidad con lo dispuesto en el considerando 5°. Regístrese, notifíquese y siga la causa con el DEOX enviado el 3/9/25.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia