Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 87875798-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución MEyP nº 181/08, de la Resolución MEyP n° 182/08 y de la Resolución Conjunta MP nº 26/08 y MEyFP nº 28/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque nro. 12 059 EC01 003885 U, 12 059 EC01 003657 R, 12 059 EC01 002382 L, 12 059 EC01 003183 L y 12 059 EC01 001004 B, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos VI y VII; ;
2Declarar inoficioso el tratamiento de la apelación del Fisco;
3Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación);
4Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
45172/2025 BUNGE ARGENTINA SA (TF 87875798-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de marzo de 2026.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría, rechazó el recurso interpuesto por la firma actora y confirmó la Resolución RESOL-2022-57 -E-AFIP-SDGOAI-APN-DTD#JGM, dictada por el Subdirector General de Operaciones Aduaneras del Interior, en las actuaciones SIGEA nº 17211 -38-2017, 17211-37-2017/31, 17211-37-2017/22, 17211-36-2017/5 Y 17211-36-2017/25 (v. páginas 1430/1440 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO nº 21105199, agregado a la causa el 28/11/2025]). En ese acto se había rechazado el reclamo de repetición por la suma de $19.514.310,39 en concepto de derechos de exportación presuntamente abonados en demasía, correspondientes a los permisos de embarque nº 12 059 EC01 001004 B, 12 059 EC01 002382 L, 12 059 EC01 003183 L, 12 059 EC01 003885 U y 12 059 EC01 003657 R. Para decidir como lo hizo el a quo explicó que las cuestiones planteadas en la causa resultaban sustancialmente análogas a las consideradas en el acuerdo plenario del 26/04/2022 dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020-24600163- -APN-SGASAD#TFN), a cuyos fundamentos y conclusiones remitió.
Señaló que en el marco de aquél, la mayoría de los Vocales habían fijado la siguiente doctrina legal “ARTÍCULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente. ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero. ARTÍCULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto en el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir Alta en sistema: 06/03/2026 del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Concluyó, entonces, que debía rechazarse pedido de repetición de los derechos de exportación liquidados y pagados en relación con las destinaciones referidas en el primer párrafo, respecto de la mercadería involucrada en el caso.
II. Que, disconforme, la actora apeló el pronunciamiento reseñado y expresó agravios el 28/02/25, los que fueron replicados por la contraria el 10/09/25 (v. páginas 1468/1487 y 1498/1530 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO nº 21105199, agregado a la causa el 28/11/2025]).
La accionante afirma en su crítica que la decisión plenaria empleada como basamento de la sentencia recurrida no es aplicable en este caso, pues los actos que constituyeron los tributos cuestionados no fueron dictados ni siquiera por el Presidente. Además, afirma que la decisión adoptada en tal sentido se aparta de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388).
Señala que el 8 de abril de 2002 fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución del Ministerio de Economía y Producción n° 35/02 mediante la cual se estableció en un 20% la alícuota del derecho de exportación aplicable a las mercaderías del caso. Pone de manifiesto que aquélla fue aprobada legislativamente a través del artículo 3º de la ley 25.645 (B.O. 24/8/02).
Explica que con posterioridad fueron dictadas una serie de resoluciones ministeriales y decretos que modificaron la alícuota de los derechos de exportación, pero que nunca fueron aprobadas por una ley formal del Congreso (resolución MEyP n° 10/07; Decreto n° 509/07; Resoluciones MEyP n° 368/07, 369/07, 125/08, 64/08, 181/08, 182/08; y la conjunta con el Ministerio de Producción N° 26/08). En tales condiciones, expresa que oportunamente solicitó la devolución de la diferencia resultante entre el 20% pagado en concepto de derechos de exportación aprobado legalmente por la Ley 25.645 y la mayor alícuota que debió pagar en el año 2008 por aplicación de las cuestionadas resoluciones.
Señala que la norma delegante contenida en el artículo 755 del Código Aduanero, no cumple los recaudos Alta en sistema: 06/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V constitucionales exigidos para ser considerada una norma delegante válida (arg. art. 76, CN). Explica, además, que en cualquier caso la fijación de tributos mediante actos del Poder Ejecutivo –aún mediante reglamentos delegados- comporta una violación del principio de reserva de ley, inquebrantable en materia tributaria (arg. arts. 4, 17, 52, 75, inc. 1, CN) y, en consecuencia, una transgresión del orden de prelación normativo consagrado por el constituyente.
Plantea que tampoco fueron respetadas las condiciones para subdelegar la facultad que otorga el artículo 755 del Código Aduanero en el Ministerio de Economía y Producción, y que las resoluciones en cuestión fueron dictadas por un órgano incompetente, lo que también determinaba su nulidad.
Por eso, asegura que la decisión recurrida se contrapone a la doctrina sentada por la Corte federal en el caso “Camaronera Patagónica”. Y solicita que se ordene la devolución de los importes equivalentes a la diferencia entre los derechos exigidos por la Aduana y los que correspondía pagar, según la alícuota establecida por la Resolución Nº 35/02.
En último término, cuestiona la tasa de interés aplicable. Sostiene que la aplicación de la tasa prevista en la resolución MEyP n° 314/04, conduce a un resultado irrazonable ya que denota una evidente desproporción con la tasa de interés resarcitorio que percibía el Fisco. Además, cuestiona la limitación de la tasa que tuvo lugar a partir del dictado de la Resolución ME n° 559/22 pues, al fijarla en el 3,84% mensual, volvió a causar un atraso significativo respecto de la inflación que se registra en el país.
III. Que también el Fisco apeló la decisión reseñada en el primer considerando. Expresó sus agravios el 04/02/25, los cuales fueron replicados por la accionante el 16/09/25 (v. páginas 1468/1487 y 1498/1530 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO nº 21105199, agregado a la causa el 28/11/2025]).
Se queja de la distribución de costas de la instancia previa.
IV. Que a fs. 12/18 tomó intervención el Sr. Fiscal General. En lo relativo a los agravios de la actora indicó que –a su Alta en sistema: 06/03/2026 parecer- el caso debía resolverse con arreglo a los lineamientos fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos 337:388.
Además, recordó las decisiones de las distintas Salas de esta Cámara que reconocieron la inconstitucionalidad de la Resolución MEyP n° 314/04, y la validez de las tasas fijadas a partir del dictado de la Resolución ME n° 559/22.
V. Que –en cuanto aquí interesa- la Resolución MEyP n° 181/08 (BO 21/07/2008) sustituyó el anexo XIV del Decreto 509/07 y estableció para la posición arancelaria 2304.00.10.100 B involucrada en los PE nros. 12 059 EC01 003885 U y 12 059 EC01 003657 R un derecho de exportación del 32% (los permiso de embarque consignan los números de declaraciones juradas de venta al exterior realizadas por la empresa -12 001 DJVE 011428 R y 12 001 DJVE 009526 A-, e indican que las ventas fueron celebradas los días 07/08/2012 y 04/07/2012, tiempo en el cual regía el reglamento reseñado) (v. páginas 1047/1048, 1080/1082, 1171/1172 y 1204 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO nº 21105199, agregado a la causa el 28/11/2025]).
Asimismo, la Resolución MEyP n° 182/2008 (BO 21/07/2008) modificó el anexo XIV del Decreto 509/07 y estableció para la posición arancelaria 1507.10.00.100 Q, involucrada en los PE nros. 12 059 EC01 002382 L y 12 059 EC01 003183 L, un derecho de exportación del 32% (los permisos de embarque consignan el número de declaraciones juradas de venta al exterior realizadas por la empresa -12 001 DJVE 008140 Y y 12 002 DJVE 011507 P-, e indican que las ventas fueron celebradas los días 05/08/2012 y 08/08/2012, tiempo en el cual regía el reglamento reseñado) (v. páginas 682/683, 722/723 y 787/788 del archivo que contiene las actuaciones ante el TFN [DEO nº 21105199, agregado a la causa el 28/11/2025]).
Luego, por medio de la Resolución Conjunta MP nº 26/08 y MEyFP nº 28/08 (B.O. 23/12/2008) se sustituyó el anexo XIV del Decreto 509/07 y se estableció para la posición arancelaria 1001.99.00.110 W involucrada en el PE nro. 12 059 EC01 001004 B un derecho de exportación del 23% (el permiso de embarque consigna el número de declaración jurada de venta al exterior realizada por la empresa -11 001 DJVE 012347 R-, e indica que la venta fue celebrada el día 13/09/2011, tiempo en el cual regía el reglamento reseñado). Alta en sistema: 06/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Cabe señalar que no es posible identificar una ley formal que, a la fecha en que fueron cerradas las ventas de las exportaciones aquí involucradas, haya otorgado rango legal a las alícuotas fijadas en las referidas resoluciones (arg. Sala V, en la causa nº 1475/2025, caratulada “LDC Argentina SA (TF 39203-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 23 de septiembre de 2025 y su aclaratoria del 08 de octubre de 2025, causa n° 13.171/2024, caratulada “LDC Argentina SA (TF 53027068- A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 12 de agosto de 2025 y Sala IV, en la causa nº 42.533/2023, caratulada “Compañía Argentina de Granos SA (TF 78943355-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 25 de junio de 2024) y en la causa n°36.809/2023 caratulada “Molino Cañuelas SACIFIA (TF 56397479-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 30 de noviembre de 2023.
Finalmente, corresponde destacar que la actora realizó el pago de los derechos en sede administrativa tomando en consideración la alícuota del 32% y del 23% que el sistema liquidó al tiempo de documentar los aludidos permisos de embarque (por aplicación de lo establecido en las cuestionadas resoluciones), y que su pretensión se limita al reintegro de la suma representativa de la diferencia entre las mencionadas alícuotas y la del 20% fijada en la Resolución n° 35/02.
VI. Que la cuestión a resolver resulta sustancialmente análoga a la examinada por esta Sala en la causa n° 51.458/19, caratulada “Gut Metal SRL C/ EN-AFIP s/Dirección General de Aduanas”, del 5 de mayo de 2022, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad. Asimismo, dicha sentencia se encuentra firme en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó con fecha 10/10/2023 la queja y el recurso extraordinario allí interpuestos. En esa oportunidad, este tribunal, por aplicación del precedente "Camaronera Patagónica" de la CSJN decidió que resultaba incompatible con el texto constitucional la fijación de derechos de exportación por medio de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional y que aun si aquellos eran “convalidados” por una ley formal del Congreso –lo que no ocurre en el caso-, esta sólo podía tener el efecto de instituir los mencionados tributos ex nunc. Lo mismo cabe predicar respecto de la fijación de esos derechos por una resolución ministerial cuyo contenido no recibió nunca aquella “ratificación” congresual.
Alta en sistema: 06/03/2026 Razones de economía procesal hacen aconsejable seguir la doctrina de los fallos de la Corte Suprema cuando ella se refiere a asuntos análogos al que es materia de decisión, sin perjuicio de la posibilidad de que la parte interesada pueda invocar nuevos argumentos y razones que no hayan sido examinadas y justifiquen una solución distinta, situación que en el caso no se presenta (Fallos 212:51, considerandos 4° a 6°; 307:1094, considerando 2°, 315: 2386, considerando 7°, 325:2723, 332:1488, considerando 3° del dictamen del procurador al que se remitió la Corte en su totalidad, 334:582).
En consecuencia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución MEyP nº 181/08, de la Resolución MEyP n° 182/08 y de la Resolución Conjunta MP nº 26/08 y MEyFP nº 28/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque nros. 12 059 EC01 003885 U, 12 059 EC01 003657 R, 12 059 EC01 002382 L, 12 059 EC01 003183 L y 12 059 EC01 001004 B, cuyo pago –por lo demás- no fue desconocido en autos por la demandada (v. en igual sentido, Sala I causa n° 15.359/2024 "LDC Argentina SA (TF 38369-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo", del 7/03/2025; Sala II, causa n° 1904/2024 “LDC Argentina SA (TF 38.925-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6/12/2024; Sala IV, causa n° 48.061/2023 “LDC Argentina SA (TF 80575027-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 7/03/2024; entre otros).
VII. Que el reintegro al que da derecho esta decisión deberá ser comprensivo de los accesorios devengados a partir del momento establecido en el artículo 811 del Código Aduanero, calculados a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina -expresamente prevista para estos casos desde el dictado de la Resolución Nº 598/19 del entonces Ministerio de Hacienda de la Nación (cfr. artículo 4º) [conf. esta Sala, causa nº 55842/2019 “Sancor Cul c/ DGA s/recurso directo de organismo externo” sentencia del 17 de junio de 2021; y sus citas].
Posteriormente, deberán ser adicionados de conformidad con la tasa de interés prevista en la Resolución N° 559/2022 del Ministerio de Economía, vigente desde el 01/09/2022; a partir del 01/02/2024 a la tasa de interés prevista en la Resolución N° 3/2024 del Alta en sistema: 06/03/2026 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Ministerio de Economía (art. 4); desde el 1° de marzo de 2025 de conformidad con la tasa prevista en la Resolución del Ministerio de Economía n° 199/25 y; a partir del 1° de julio de 2025, según la tasa prevista en la Resolución del Ministerio de Economía n° 823/25. En lo que a estas últimas respecta, corresponde señalar que, tal como fue expresado por el Fiscal General en su dictamen, la apelante formuló consideraciones genéricas que no evidencian la lesión que su aplicación le provocaría de manera concreta, ni tampoco demostró que la misma se advierta irrazonable en comparación con la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, de modo que aquellas deben ser aplicadas a partir del momento de sus respectivas entradas en vigencia.
VIII. Que en virtud de la conclusión alcanzada resulta inoficioso el tratamiento del recurso del Fisco Nacional. Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia apelada, declarar la nulidad de la Resolución MEyP nº 181/08, de la Resolución MEyP n° 182/08 y de la Resolución Conjunta MP nº 26/08 y MEyFP nº 28/08 y, consecuentemente, reconocer el derecho de la actora a obtener el reintegro de los derechos de exportación abonados sin causa al oficializar los permisos de embarque nro. 12 059 EC01 003885 U, 12 059 EC01 003657 R, 12 059 EC01 002382 L, 12 059 EC01 003183 L y 12 059 EC01 001004 B, con más sus respectivos intereses, de conformidad con lo establecido en los considerandos VI y VII; ; 2) Declarar inoficioso el tratamiento de la apelación del Fisco; 3) Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación); 4) Diferir la regulación de honorarios por las actuaciones cumplidas en esta instancia hasta tanto sean regulados los de la instancia precedente.
Se deja constancia de que la Vocalía nº 15 de esta Sala se encuentra vacante (artículo 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y; oportunamente, devuélvase.
Guillermo F. TREACY Pablo GALLEGOS FEDRIANI Alta en sistema: 06/03/2026
Fin de la sentencia