Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2024-36288696-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de amparo interpuesto y ordenar a la DGA que, en el plazo de sesenta (60) días, contados a partir de que la presente quede firme, reconstruya las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289- 34456/2012 y disponga las medidas que sean pertinentes para dictar Resolución definitiva.
2Costas al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-67936523-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Junio de 2024 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Claudia Beatriz Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 16a. Nominación) y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “BUNTECH DEL LAGO SA (antes CASTIGLIONI PES Y CIA SA) c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de amparo”, expediente EX-2024-
36288696- -APN-SGASAD#TFN
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que mediante RE-2024-36287976-APN-SGASAD#TFN, en fecha 10-04-24, se presenta la firma BUNTECH DEL LAGO S.A. -antes denominada CASTIGLIONI PES Y CÍA S.A.- e interpone acción de amparo contra la Dirección General de Aduanas (“D.G.A.”), atento el tiempo transcurrido sin que el servicio aduanero resuelva la solicitud de devolución de derechos de exportación correspondiente al período comprendido entre el 01-07-2007 y el 27-11-2012, petición efectuada el 30-11-2012 y que tramita en el expediente SIGEA N° 13289-34456/2012. Cita normativa. Relata que la adquisición del estatus de “inversor minero” permitió la exclusión de la firma de la aplicación de los derechos de exportación establecidos por la Resolución N° 11/2002, toda vez que a la fecha de tal reconocimiento y la consecuente obtención del beneficio de la estabilidad fiscal, no existían derechos de exportación aplicables sobre las destinaciones de las empresas mineras.
Aclara que la actora no fue beneficiada por ninguna exención o desgravación impositiva que compensara la aplicación de tales derechos de exportación. Sin embargo, las Secretarías de Comercio Interior y de Minería emitieron las Notas N° 288/07 y 130/07, respectivamente, mediante las cuales instruyeron a la aduana para que aplique derechos “ad valorem” de exportación. Así, a fines del año 2007, al documentar los permisos de embarque, el “Sistema Informático María” (“SIM”) comenzó a liquidar derechos de exportación -10% del valor de la carga-, cuando hasta ese entonces dicho sistema no liquidaba estos derechos para las posiciones arancelarias involucradas -toda vez que se encontraba incluida en el régimen promocional establecido en la Ley N° 24.196-.
Relata que la actora se vio obligada a pagar los importes liquidados en concepto de derechos de exportación, a efectos de evitar la demora en sus embarques. Alega que la ley 24.196 de Inversiones Mineras estableció el beneficio de la estabilidad fiscal para las empresas que desarrollen actividades mineras, quienes no podrán ver incrementada su carga tributaria total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad. Sostiene que el pago de los importes liquidados en concepto de derechos de exportación se encuentra totalmente en contra del beneficio establecido en la referida ley; por lo que la actora inició el procedimiento de repetición correspondiente, el que tramitó en las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289- 34456/2012.
Aduce que el expediente nunca fue resuelto ni siquiera impulsado por la DGA. Alega que hay una demora “excesiva” en la tramitación de las actuaciones administrativas. Relata que el 16-03-2017 solicitó pronto despacho, el que fue reiterado el 25-08-23; y no obstante las actuaciones administrativas continuaron totalmente paralizadas, lo que le ocasiona un perjuicio económico. Detalla que si bien el expediente se inició cuando no existía una reglamentación específica, la AFIP-DGA no emitió respuesta alguna, a pesar de que ya transcurrió ampliamente el plazo genérico de 60 días establecido en el art. 10 de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo. Cita el principio de informalismo a favor del administrado.
Efectúa reserva de caso federal. Ofrece prueba. Finalmente, solicita se haga lugar al amparo y se ordene a la DGA que dicte Resolución en un plazo determinado, con costas.
II. Que mediante PV-2024-45548523-APN-VOCXVIII#TFN se le requiere a la aduana que informe a este Tribunal dentro del octavo día respecto de la presunta demora imputada por la recurrente en resolver las actuaciones 13289-34456- 2012; el modo de hacerla cesar; y para que acompañe las actuaciones referidas. En IF-2024-51941758-APN-DTD#JGM la aduana solicita se le conceda una prórroga, la que es concedida mediante PV-2024-53035243-APN-VOCXVIII#TFN por el plazo de cinco días. En IF-2024-56598386-APN-DTD#JGM el fisco solicita nuevamente prórroga, la que le es otorgada mediante PV-2024-56761960-APN-VOCXVIII#TFN por el plazo de cinco (5) días; bajo apercibimiento de resolver con las constancias de autos. Mediante IF-2024-60135268-APN-DTD#JGM la D.G.A. solicita prórroga nuevamente, la que es rechazada mediante PV-2024-61001900-APN-VOCXIII#TFN. En consecuencia, se resuelve hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en PV-2024-56761960-APN-VOCXVIII#TFN y que sigan los autos según su estado.
III. Con posterioridad, se elevan los autos a la Sala “F”.
IV. Que, en primer término, corresponde aclarar que teniendo en cuenta la naturaleza del recurso de amparo, y atento a la celeridad que caracteriza su trámite regulado por los arts. 1160 y 1161 del C.A., resulta procedente resolver sobre la base de las copias acompañadas por la amparista al interponer la presente acción de amparo, las que deben ser admitidas con aptitud suficiente para acreditar el inicio de las actuaciones administrativas referidas por la actora. Que, asimismo, dichas copias no han sido desvirtuadas por el fisco, quien se limitó a solicitar reiteradas prórrogas.
V. Que, sentado lo expuesto, corresponde analizar si en la causa se ha producido la demora “excesiva” prevista en el art. 1160 del C.A.; presupuesto necesario, junto con el perjuicio de un derecho y la interposición del pronto despacho en sede aduanera, para la procedencia del recurso de amparo.
Que de RE-2024-36288507-APN-SGASAD#TFN surge que las actuaciones administrativas 13289-34456-2012 se originaron el 30-11-12.
Que, conforme surge de RE-2024-36288332-APN-SGASAD#TFN, la actora el 25-08-23 solicitó pronto despacho. Que, con fecha 10 de abril de 2024 la actora inicia la presente acción de amparo por mora.
VI. Que, en consecuencia, cabe concluir que, en el caso de autos, se ha excedido toda pauta temporal razonable en el trámite del procedimiento de repetición, configurándose la demora “excesiva” exigida por el art. 1160 del Código Aduanero, modificado por ley 27.430. Notése que las actuaciones se iniciaron el 30-11-12, esto es hace once años y siete meses.
Que, por otro lado, corresponde destacar que no escapa a la vista del suscripto que la demandada no ha desarrollado en autos actividad alguna tendiente a obtener con la mayor celeridad posible la documentación pertinente a los efectos de resolver la cuestión aquí debatida conforme a derecho, ni siquiera ha intentado brindar las razones de su retraso en relación a la falta de presentación de las actuaciones administrativas.
Que, tampoco la aduana presentó el informe que le fuera requerido, limitándose a solicitar reiteradas prórrogas. Que no se desconoce la gran cantidad de actuaciones a cargo del servicio aduanero. Sin embargo, no puede considerarse razonable que la D.G.A. no pueda localizar las actuaciones administrativas, y que advierta ello como consecuencia del requerimiento que hace la actora ante este Tribunal.
Que, ello hace presumir que sin la interposición del presente recurso de amparo la tramitación de las actuaciones administrativas podría extenderse indefinidamente.
Que resulta incuestionable que la demora constatada ocasiona un perjuicio al normal ejercicio de los derechos de la actora, atento el estado de incertidumbre que genera la circunstancia de esperar "sine die" la decisión definitiva de la causa, en cuanto no se verifica que la demora en que incurre la aduana tenga fundamento en el cumplimiento de actos útiles y conducentes para la resolución del procedimiento de repetición.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "la garantía constitucional de la defensa en juicio incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable (Fallos 287:248; 289:181; 305:913), pues la dilación injustificada de la solución de los litigios implica que los derechos puedan quedar indefinidamente sin su debida aplicación, con grave e irreparable perjuicio de quienes los invocan (Fallos 308:694; 315:1940)" (14/6/2001, "Anderle, José C. v. Administración de Seguridad Social'', Fallos 324:1944; LexisNexis- Jurisprudencia Argentina, 8/5/2002, p. 78).
Que, a su vez, y como ya se dijo, la actora ha interpuesto pronto despacho en sede aduanera y no obstante, las actuaciones continuaron totalmente paralizadas.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso deducido y ordenar a la D.G.A. que reconstruya las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-34456/2012 y disponga las medidas que sean pertinentes para dictar Resolución definitiva.
Que, en virtud de la posición mayoritaria de la Sala “F” y por razones de economía procesal, corresponde otorgar a la DGA un plazo de sesenta (60) días, contados desde que quede firme la presente, para cumplir lo ordenado en el párrafo anterior.
Por ello, voto por:
1. Hacer lugar al recurso de amparo interpuesto y ordenar a la DGA que, en el plazo de sesenta (60) días, contados a partir de que la presente quede firme, reconstruya las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-34456/2012 y disponga las medidas que sean pertinentes para dictar Resolución definitiva.
2. Costas al fisco.
La Dra. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Soria.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Hacer lugar al recurso de amparo interpuesto y ordenar a la DGA que, en el plazo de sesenta (60) días, contados a partir de que la presente quede firme, reconstruya las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289- 34456/2012 y disponga las medidas que sean pertinentes para dictar Resolución definitiva.
2. Costas al fisco.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia, remítase a la guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 16. Nominación) y Christian M. González Palazzo. Date: 2024.06.26 17:27:24 -03:00 Date: 2024.06.28 15:22:34 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Subrogante Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.28 15:47:34 -03:00 Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.28 15:47:35 -03:00
Fin de la sentencia