Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 48526-I
CAF 11809/2024 — “BUREAU VERITAS ARGENTINA SA (TF 48526-I)
C/DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, mayo de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, conforme surge de autos, la ex AFIP-DGI determinó las obligaciones tributarias de la actora respecto del Impuesto a las Ganancias, períodos fiscales 2011 y 2012, estableciendo, como saldo resultante del impuesto a ingresar, las sumas de $445.925,90 y de $1.026.763,58, respectivamente.
Asimismo, se liquidaron intereses resarcitorios, calculados a la fecha de la resolución, por los montos totales de $2.587.079,66 y de $1.337.777,77, respectivamente; y de $3.080.290,74 en concepto de multas.
A fs. 342/351, el Tribunal Fiscal confirmó parcialmente el ajuste determinado en cabeza de Bureau Argentina SA y los responsables solidarios, con más intereses resarcitorios y costas en proporción a los respectivos vencimientos. Reencuadró la multa en el art. 45 de la ley 11.683, con costas por su orden, y ordenó al Fisco que procediera a la reliquidación de los montos adeudados en autos, en atención a lo resuelto por mayoría con relación a la tasa aplicable a los “intereses presuntos” (vgr., al fondo).
El Fisco presentó la correspondiente reliquidación a fs. 413 y vta., de la cual se corrió traslado a la actora y se aprobó a fs. 423.
De la referida liquidación surgió un total adeudado por la actora de $802.968,99 (correspondiente al período 2011) y de $1.099.329,61 (por el período 2012).
2. Que, contra dicha resolución, apeló la actora en lo concerniente a la parte que le resultó desfavorable (vgr., el fondo) y fundó su recurso a fs. 375/381 vta., contestado a fs. 456/468.
Por su parte, el Fisco también interpuso recurso a fs. 367, circunscribiendo sus agravios (expuestos a fs. 439/446 vta.) a lo referente a la tasa aplicable a los “intereses presuntos”, desistiendo en cuanto al reencuadre de las multas y a los correspondientes gastos causídicos. Corrido el pertinente traslado, no fue replicado por su contraria.
3. Que el 26/8/24 la actora informó que, el 15 de agosto, se había acogido al al régimen de regularización de la ley 27.743, y —en consecuencia — desistió de la presente acción por los conceptos y montos por los que había formulado su adhesión, asumiendo también los gastos causídicos.
El 16 de septiembre de 2024, en respuesta a la medida para mejor proveer dictada por este Tribunal, la actora informó que había procedido a la presentación digital de las declaraciones juradas rectificativas de Impuesto a las Ganancias de los períodos fiscales 2011 y 2012, incluyendo el ajuste que AFIP había determinado en la reliquidación presentada oportunamente en autos. Manifestó al respecto que, si bien con la presentación de los formularios 408 de Allanamiento y las DDJJ rectificativas su parte había cumplido íntegramente sus obligaciones, los saldos remanentes habían sido regularizados mediante el procedimiento de la ley 27.743 (Plan Nº T 561966), que fue presentado el 13/9/24 y cancelado de contado en la misma fecha, por lo que solicitó la condonación.
El 12/11/2024, el Fisco manifestó al respecto que, tal como surgía de la documental dada en traslado, la actora, el 13 de septiembre de 2024, había regularizado los montos de la obligación sustantiva que surgían de la reliquidación aprobada por la instancia anterior el 6 de febrero de 2024, pero sin incluir la pretensión fiscal completa, ya que dicho organismo había cuestionado la tasa aplicada por el TFN a la generación de los “intereses presuntos”, más allá de haber confeccionado la mentada reliquidación en los términos ordenados en la sentencia. Ante una nueva medida dictada por el Tribunal el 29/10/24, la actora especificó, el 21/11/24, que “El efecto que en el trámite procesal del expediente ha tenido el acogimiento al régimen de moratoria está dado por el desistimiento de la acción (ver escrito presentado el 26/8/24) y consecuente terminación del juicio bajo tal modalidad.
“Lo cierto es que el proceso ha finalizado por desistimiento, debido a la regularización informada, razón por la cual el tratamiento de los recursos interpuestos por ambas partes contra la decisión del Tribunal Fiscal, en este nuevo contexto y circunstancias sobrevenidas, ha devenido abstracto.
“No procede entonces sujetar a ninguna condición o acto procesal futuro, los efectos del acogimiento de mi mandate al régimen de regularización previsto en la ley 27.743 y RG 5525, puesto que tal regularización incuestionablemente comprende los conceptos impositivos objeto de autos y, además, mi representada no se encuentra alcanzada por las exclusiones previstas en el art. 4º de la precitada ley”.
4. Que, mediante la ley 27.743, se estableció un régimen de regularización de deudas correspondiente a obligaciones tributarias vencidas al 31 de marzo de 2024, y de condonación de intereses y multas, en los supuestos allí previstos. A tales fines, y en cuanto aquí interesa, el art. 3° de la referida ley dispone que quedan incluidas en el referido régimen las obligaciones que se encontraran en curso de discusión administrativa (incluidas las causas ante el Tribunal Fiscal de la Nación), o contencioso administrativa (incluso las causas en trámite ante el Poder Judicial), en tanto el contribuyente se allanase y/o desistiera incondicionalmente por las CAF 11809/2024 — “BUREAU VERITAS ARGENTINA SA (TF 48526-I)
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obligaciones regularizadas y renunciara a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.
“El allanamiento y/o desistimiento, según corresponda, podrá ser total o parcial. En ningún caso dicho allanamiento y/o desistimiento podrá ser interpretado como un reconocimiento de la exigibilidad de la obligación fiscal con relación a los períodos fiscales que no se hayan regularizado a través del presente régimen”.
5. Que, conforme surge del formulario F 408, la actora se allanó y desistió de toda acción y derecho, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que formuló el acogimiento. Es decir, por el Impuesto a las Ganancias, período 2011, en concepto de “intereses presuntos” por un monto de $802.968,99, y por el referido impuesto, período 2012, e idéntico concepto, por la suma de $1.099.329,61, de conformidad con lo que decidió el Tribunal Fiscal, que se encuentra en discusión en estos autos.
6. Que, en atención al contenido de las normas precitadas, corresponde tener por desistida a la actora con relación a los períodos y conceptos debatidos en la especie (Impuesto a las Ganancias, períodos 2011 y 2012), con costas a su cargo, en tanto se allanó y se acogió al régimen a través de la opción pago al contado por los montos que surgen de la documentación adjuntada a fs. 485/6 y 492/495, que fueron mencionados anteriormente.
Al respecto, cabe señalar que el allanamiento de la actora implicó la finalización del proceso y el reconocimiento y consecuente pago de la deuda liquidada por el Fisco de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Fiscal. En tal sentido, no puede soslayarse que el referido allanamiento se efectuó en los términos del artículo 3º de la ley 27.743 (que entró en vigencia el 8 de julio de 2024) y por las “obligaciones regularizadas”. Como consecuencia de ello, la apelación del Fisco (interpuesta el 29 de febrero de 2024), es decir, con anterioridad a la sanción del referido régimen, ha devenido abstracta.
7. Que, en este orden de ideas y en lo que aquí interesa, cabe recordar que el art. 6º inciso a, dispone que: “se establece con alcance general, para los sujetos que se acojan al presente régimen, los siguientes beneficios, según la fecha de adhesión y la forma de pago elegida: …Adhesión al presente régimen dentro de los treinta (30) días corridos desde la fecha de entrada en vigencia de la respectiva reglamentación que dicte la Administración Federal de Ingresos Públicos: condonación del setenta por ciento (70%) de los intereses resarcitorios y punitorios devengados a la fecha de adhesión al presente régimen en la medida que la totalidad de la deuda a regularizar se cancele por pago al contado o en un plan de pagos de hasta tres (3) cuotas mensuales bajo los términos que la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá a tal fin”. A su turno, el art. 7º reza “en los casos mencionados en los incisos a, b, c, d, y e, del primer párrafo del artículo 6º se condonará el cien por ciento (100%) de las multas aplicadas. Dicha condonación también aplicará al supuesto contemplado en el segundo párrafo del art. 6º de esta ley”.
8. Que, en atención a las normas precitadas, corresponde declarar la condonación de las multas discutidas en autos. Asimismo, corresponde declarar condonado el 70% de los intereses resarcitorios de conformidad con lo previsto en el art. 6º y 7º de la referida normativa, atento a que se acogió al régimen el 15 de agosto de 2024.
Las costas se imponen por su orden, dado que en este punto no hay vencedores ni vencidos (cfr. esta Sala in re: “Degenaro, Natalia c/ DGI s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 27/10/20 y “Distrans SRL c/DGI s/recurso directo de organismo externo”, sent. del 24/11/20, entre otros). ASI SE RESUELVE. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia