Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 27391-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso intentado por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar -en cuanto fue motivo de agravios- el pronunciamiento del 27/3/2023 dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación.
Buenos Aires, 25 de junio de 2024.-
VISTOS estos autos 44.325/2023 caratulados “Burgos, Ariel Gerónimo - TF 27.391-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Por resolución ADU SA 182/2009 (conf. esp. fs. 1/13 del hipervínculo incluido en el presente párrafo) la Aduana de Salta (Provincia de Salta) condenó a Texturar SA y al señor Ariel Gerónimo Burgos, en su carácter de despachante de aduana, al pago de una multa de $19.512,55 por considerarlos incursos en la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1, literal a), del Código Aduanero, con relación a la destinación de exportación “07 053 EC01 001040 W”, así como al pago de $19.512,55 en concepto de tributos adeudados (conf. su artículo 1°); e intimó a los sancionados al pago del reproche bajo apercibimiento de ejecución conforme lo normado en el artículos 1112, siguientes y concordantes del Código Aduanero (conf. su artículo 2°).
Al efecto, la autoridad aduanera consideró que la firma Texturar SA, a través de su despachante de aduana, el señor Burgos, al oficializar la destinación “07 053 EC01 001040 W”, declaró un valor que no se correspondía con la mercadería a exportar; esto es, poroto de soja molido y sometido a un proceso térmico (“exclusión”), habiendo correspondido asignar la posición arancelaria “1208.10.00”.
En este sentido, hizo hincapié en que por dictamen técnico 17/2008 (obrante a fs. 183/186 de las actuaciones administrativas AFIP “14375-41-2007” que se tienen a la vista en soporte papel), la División Clasificación Arancelaria había destacado que la mercadería fiscalizada resultaba ser “soja sin desgrasar, desactivada por medio de extrusión, con granulometría de sémola”, clasificable, al momento imponible, en la posición arancelaria de la NCM “1208.10.00”, SIM “1208.10.00.000”, correspondiéndole el pago de derechos de exportación en un 24% y reintegros del 2,05 %; ello conforme lo normado por el decreto 509/2007, habiendo la conducta desplegada por la exportadora ocasionado un perjuicio fiscal.
Sostuvo que el dictamen bajo referencia fue realizado con asiento en la extracción de muestra de aproximadamente un kilogramo respecto de la operatoria fiscalizada.
A ello, añadió que al margen de lo manifestado en torno al informe oportunamente emitido por el INTI, las harinas de soja podían ser utilizadas tanto para consumo animal o humano.
En este contexto, el funcionario administrativo decisor destacó que la conducta desplegada se subsumía en las previsiones del artículo 954, literal a), del Código Aduanero; que sancionaba a quien ante el servicio aduanero efectuara una declaración que difiriera del resultado de la comprobación, no resultando necesaria la efectiva producción de un daño, bastando que exista la posibilidad que ello acontezca.
Recordó, con referencia a precedentes del Alto Tribunal, que el bien jurídico tutelado por la norma resultaba ser el principio de veracidad y exactitud de la manifestación.
Advirtió que la conducta desplegada, en el caso, habría ocasionado un perjuicio fiscal.
Finalmente, en lo que respecta a la conducta del despachante de aduanas, quien manifestó que cumplió cabalmente con sus obligaciones, sostuvo que no correspondía declaración absolutoria, ello en tanto su función no se limitaba a cumplir con las órdenes de su cliente, sino también asesorarlo, sobre todo cuando se trataba de una declaración comprometida; lo que justificaba considerarlo responsable solidario con Texturar SA por lo acontecido.
II. Disconforme con lo resuelto, el señor Burgos solicitó su revisión ante el Tribunal Fiscal de la Nación (ver esp. fs. 45/54 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Al efecto, sostuvo haber actuado conforme las instrucciones y documentación brindada por Texturar SA.
Advirtió que, a efectos del “adecuado” encuadre arancelario de la mercadería involucrada en autos, el servicio aduanero habría realizado exhaustivos análisis.
En el aspecto impositivo, sostuvo que el acto aduanero no se ajustaba a derecho en tanto lo condenó al pago de tributos pese a no resultar responsable por el hecho imponible verificado producto de la operatoria realizada por Texturar SA.
Al punto, recordó que el artículo 779 del Código Aduanero reconocía tal responsabilidad tributaria en cabeza del despachante únicamente en caso de actuar sin acreditar su representación; lo que, en la especie, no habría acontecido.
Luego, en lo referente al reproche infraccional, tras destacar su naturaleza penal, sostuvo que la conducta seguida no era pasible de ser subsumida en ninguno de los tipos previstos en el artículo 954 del Código Aduanero.
En particular, explicó que la figura normada en el artículo 954, literal a), del Código Aduanero, exigía que simultáneamente se verificara la existencia de una declaración que difiriera con el resultado de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjera o hubiera podido producir un perjuicio fiscal.
Explicó que, en el caso, mal podía considerarse que lo declarado difiriera del resultado de la fiscalización, ello en tanto la cantidad, calidad y especie de mercadería exportada resultaba correcto, difiriendo únicamente la posición arancelaria a referir; tarea esta última que resultaba competencia del servicio aduanero.
Resaltó que el INTI habría corroborado la información que suministrara en lo concerniente a la identificación de la mercadería. En este sentido, postuló que la totalidad de los datos consignados en la declaración aduanera, que no fueron desacreditados, permitieron al servicio aduanero, tras numerosos análisis, determinar la posición arancelaria aplicable a la mercadería bajo trato.
Sostuvo que distinto sería si se hubiera declarado cantidades, calidades o fechas distintas de las del caso; supuesto en el que, lo informado efectivamente no coincidiría con lo fiscalizado, pudiendo producir un perjuicio fiscal.
Así las cosas, concluyó en este sentido, en la medida en que la mercadería fue declarada correctamente, no se verificaría la trasgresión achacada; mal pudiendo considerarse que la posición arancelaria propuesta, por entenderla el servicio aduanero inadecuada, pudiera ser tenida como un factor suficiente para tener por cumplida la conducta infraccional bajo examen.
Alegó que el criterio clasificatorio aplicado en lo concerniente a la mercadería exportada, recién fue consagrado en la resolución general AFIP 2473/2008.
Apuntó que la declaración fiscalizada, detallaba con claridad y precisión la mercadería, sin ocultar nada en lo relativo a su calidad, especie y cantidad, por manera que la sola discrepancia con la posición arancelaria aplicable no constituía supuesto que justificara el reproche infraccional aplicado.
Señaló haber obrado en forma diligente y prudente;
resultando razonable la clasificación propuesta, debiendo al efecto considerarse la necesidad de realizar distintos estudios al fin de obtener la “correcta” posición arancelaria.
Reiteró que el INTI habría ratificado la cantidad, calidad y especie de la mercadería declarada.
Entendió que lo acontecido resultaba subsumible en el supuesto exculpatorio previsto en el artículo 959, literal a), del Código Aduanero.
Subsidiariamente, solicitó la aplicación del beneficio de la duda consagrado en el artículo 898 del Código Aduanero.
III. Texturar SA también apeló la resolución aduanera por ante el ante el Tribunal Fiscal de la Nación (ver esp. fs. 15/28 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Explicó que, para la mercadería involucrada, sugirió la posición arancelaria “2308.0Q.00.000 K”, de conformidad con lo indicado por el INTI; para luego, el servicio aduanero, tras desarrollar “cuantiosos análisis” (sic), entendió que debía ser subsumida en la “1208.10.00.000”. Con referencia a ciertas consideraciones de eminente carácter técnico en torno al Capítulo 12 del sistema clasificatorio, resaltó que el laboratorio del INTI opinó que al producto bajo análisis durante el proceso de extrusión se le produjeron cambios irreversibles físicoquímicos en los componentes del mismo, estructurales en las proteínas, en las grasas y en los carbohidratos; que, por sus condiciones de elaboración, el producto en cuestión no estaba destinado al consumo humano; que su granulometría no correspondía a la definición de harina; y que las características de textura y organolépticas eran totalmente distintas al poroto de soja; y siendo que el producto en cuestión tenía características únicas.
Postuló que tales consideraciones se encontraban ratificadas por el informe de ensayo “86-17786”, del 23/9/2009 en respuesta al oficio ordenado por la Aduana de Salta en el marco del sumario infraccional, del que surgía que la soja extrusada y enfriada no podía ser usada como insumo de industrias aceiteras, la que sí podía ser utilizada como parte de la dieta animal; a cuyos fines se encontraba registrada.
Resaltó que, en función de las circunstancias expuestas, declaró la posición arancelaria SIM “2308.00.00.000 K”; lo que resultaba conteste con el informe producido por el INTI el 24/10/2007 y su posterior ratificación.
Así las cosas, concluyó parcialmente, no obstante la opinión clasificatoria de la AFIP - DGA, el producto en cuestión al momento de la exportación no debió enmarcarse en el Capítulo 12, dado que en ninguna parte del mismo figuraba el proceso tecnológico de la extrusión, que no es sinónimo de ningún otro proceso; menos aún de la “molienda” o “triturado”, como de ningún tipo de “tratamiento térmico moderado”.
Agregó que el producto exportado no estaba ni entero ni descortezado ni pelado; ni sometido a un “tratamiento térmico moderado”; perdiendo por completo su condición de “producto natural”, dejando de ser un producto de uso general y limitándose a la alimentación animal, en particular para peces, cerdos y aves (monogástricos), imposibilitándose su utilización como insumo en productos de consumo humano.
A continuación, hizo referencia a la resolución general AFIP 2473/2008, mediante la cual se estableció que, por el criterio clasificatorio 58/08, a las mercaderías como la de autos, denominadas “poroto de soja sin desgrasar desactivado por medio de extrusión, con granulometría de sémola, enriquecido con oligoelementos, con el agregado de antioxidantes y absorbente de micotoxinas, destinado a la formulación de alimentos balanceados para aves y cerdos en una proporción superior o igual al 35%”, le correspondía la posición arancelaria “1208.10.00”; lo que innegablemente daría cuenta de la falta de definición que imperaba respecto del criterio clasificatorio al respecto al momento de documentarse el permiso de embarque fiscalizado.
Consideró que los extremos hasta aquí referidos, daban cuenta de la existencia de una discrepancia clasificatoria, lo que en modo alguno podía llevar a considerar que, en el caso, se verificase una inexactitud en la declaración aduanera pasible de ser castigada. Recordó la naturaleza penal de la infracción por la que fuera castigada; encontrándose vedada la aplicación analógica de los tipos infraccionales.
Remarcó la atipicidad de la conducta fiscalizada en los términos del artículo 954 del Código Aduanero; a cuyos efectos se exigía no sólo la inexactitud en la declaración como la diferencia entre los datos aportados por el exportador y los datos comprobados por la Aduana, sino también que tal diferencia causara o pudiera causar, de pasar desapercibida algunos de los efectos allí descriptos.
Manifestó que la declaración aduanera resultó clara y precisa, sin ocultar nada relativo a su especie, calidad y cantidad, información que bastaba a la Aduana para clasificar la mercadería, en ejercicio de una función propia; mal pudiendo considerarse a la discrepancia verificada como un “fraude” (sic) que justificara la sanción recibida.
Hizo hincapié en que la función de clasificar la mercadería se encontraba a cargo de la Aduana, por lo que toda sanción por una incorrecta indicación de la posición arancelaria, sin analizar los extremos del caso, implicaba sancionar la impericia técnica.
Reiteró que la posición arancelaria propuesta, había sido ratificada por el INTI.
Postuló que, en el caso, no se verificó siquiera un mínimo de culpa de su parte; lo que impedía considerar viable la configuración del tipo infraccional achacado.
Afirmó haber dado acabado cumplimiento a sus obligaciones como exportadora, aportando los detalles y especificaciones de la mercadería que permitieran una correcta destinación; requiriendo, en consecuencia, estar a lo normado en el artículo 902 del Código Aduanero, según el cual, no se aplicará sanción a quien hubiera cumplido los deberes inherentes a la destinación en trato.
Apuntó que SIM no permitía la descripción acabada o con el grado de detalle que permitía la declaración manual, especialmente en su parte complementaria; limitándose la descripción del documentante al texto preestablecido por la posición arancelaria.
Pidió que se considerara la razonabilidad de la clasificación propuesta, bajo la partida “2308”, atento a las particulares condiciones de elaboración del producto en cuestión, no destinado al consumo humano; características destacadas por el informe producido por el INTI.
Postuló que no correspondía castigarla de manera automática por un supuesto error al sugerir la posición arancelaria del producto exportado; máxime cuando a la fecha de exportación no existía criterio clasificatorio alguno respecto de la posición arancelaria aplicable al respecto, lo que fue subsanado con posterioridad, mediante la resolución general AFIP 2473/2008.
Recordó, con referencia al artículo 893 del Código Aduanero, que, en caso de duda, debía estarse a lo que resultara más beneficioso al imputado.
Subsidiariamente, solicitó que se dispusiera una reducción de la pena, conforme lo normado en el artículo 916 del Código Aduanero.
IV. Por resolución del 27/3/2023, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, admitió la pretensión recursiva de Texturar SA y del señor Burgos y, en consecuencia, dejó sin efecto la resolución AD SA 182/2009, con costas a cargo de la AFIP - DGA (ver esp. fs. 13/16 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Para así decidir, en primer término, advirtió que no se encontraba bajo discusión que por la declaración fiscalizada habría sido indicada la posición arancelaria SIM “2308.00.00.000 K”, correspondiente a "materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en pellets, de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte", resultando la mercadería involucrada clasificable en la partida arancelaria “1208” correspondiente a "harina de semillas o de frutos oleaginosas, excepto la harina de mostaza".
En este sentido precisó que existía una diferencia entre la mercadería declarada en el permiso de embarque “07 053 EC01 001040 W”, en el que se refirió la partida “2308”, siendo que, como consecuencia de la verificación, se concluyó que debió ser clasificada en la posición arancelaria SIM “1208.10.00.000”; correspondiendo derechos de exportación del 24% con reintegros del 2,05%, conforme lo normado por el decreto 509/2007.
Sentado ello, hizo hincapié en que, para constatar las diferencias en los aspectos cualitativos declarados, el servicio aduanero dispuso la realización de un exhaustivo estudio técnico por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); por manera que, al requerirse para el correcto encuadre de la mercadería fue necesario realizar una actividad científica que excedía el ámbito de las incumbencias tanto de la exportadora como del auxiliar del servicio aduanero, no se encontraba justificado el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.
Al respecto, resaltó que no toda inexactitud que presente una declaración resulta susceptible de concitar la aplicación de una sanción; a cuyos efectos correspondía tener presente que la culpabilidad no resulta ser un elemento autónomo para acreditar la responsabilidad sancionatoria administrativa, desde el momento mismo que existen obligados que no tienen capacidad de acción y, por consiguiente, mucho menos puede entreverse la posibilidad de atribuir factores de atribución subjetivos.
Por tanto, continuó en su razonamiento, para el hipotético caso en que el o los enrostrados consideraran que la sanción resultaba irrazonable por ser desproporcionada su aplicación en atención a su comportamiento diligente, ha de hacerse un escrutinio de razonabilidad en cuanto a la posibilidad de cumplimiento en abstracto de la exigencia impuesta; que, en el caso, se circunscribía a que la exportadora y su despachante de aduana conociesen las propiedades materiales de la mercadería declarada.
A lo dicho, respecto del despachante de aduana interviniente, agregó que no todo acto de un mandatario o director le resultaba atribuible.
Reflexionó que si bien resultaba factible la aplicación de una sanción a los responsables a título objetivo, aunque las personas obligadas extremaran todos los cuidados para procurar que no se infringiere la normativa, ello siempre y cuando no se exigiera de su parte contar con herramientas científicas, que superasen con creces, las exigencias razonables de sus actividades profesionales.
Postuló que, en el caso, no correspondía imponer a los obligados un sacrificio especial, haciéndolos cargo de una inexactitud que razonablemente no podía precaverse o evitarse.
V. Disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 17/21 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Recordó que la infracción prevista en el artículo 954 del Código Aduanero se vincula con el deber de veracidad y se fundamenta en el principio de confianza que deposita el servicio aduanero en los operadores de comercio exterior; de modo que el factor de atribución no resultaba idéntico al de la responsabilidad en el ámbito penal. En este sentido, hizo alusión a lo resuelto por el Alto Tribunal en autos “Bunge y Born Comercial SA (TF 7584-A)
c/Administración Nacional de Aduanas”, en el sentido que el bien jurídico tutelado es el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería que es objeto de una operación o destinación de aduana; y que en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación, reposaba todo un sistema dirigido a evitar que al amparo del régimen de exportación o importación, en su caso, se perpetraran maniobras que lo desnaturalizaran y pervirtieran. Resaltó que, en el caso, el perjuicio fiscal consistió en una diferencia de diecinueve puntos porcentuales en los derechos de exportación; de modo que no se trataba de una exigencia “carente de sentido” sino que se requería la aplicación de la buena fe en la declaración.
Al punto, destacó que la posición declarada indicaba una fórmula residual: “no comprendidos ni expresados en otra parte”; lo que importaba una clasificación de excepción.
Tildó de incorrecto al razonamiento por el cual se consideró que para el correcto encuadre de la mercadería fue menester realizar una actividad científica, porque la actividad probatoria realizada mediante el dictamen técnico permitió demostrar que la denuncia del servicio aduanero había sido correcta, lo que en modo alguno impedía que los declarantes conocieran la mercadería que produjeron, comercializaron, declararon y exportaron.
Remarcó que tanto la firma exportadora, como el despachante de aduana eran profesionales del comercio exterior que ejercían de manera habitual las tareas indicadas, actuando incluso como colaboradores del servicio aduanero.
Hizo alusión al alcance de los artículos 36 y 908 del Código Aduanero.
Por lo expuesto, el Fisco Nacional solicitó que se revocara el pronunciamiento apelado, se desestimaran las apelaciones intentadas por la exportadora y por su despachante de aduanas y, a fin de cuentas, se confirmara la resolución ADU SA 182/2009, con costas. Dicha presentación mereció réplica tanto de la exportadora, como de su despachante de aduanas (conf. fs. 104/108 y 122/126 del expediente judicial en soporte papel, que se tiene a la vista).
VI. Así las cosas, según resulta de los Considerandos que anteceden, la cuestión debatida en autos radica en determinar si se ajusta a derecho la resolución AD SAL 182/2009, por medio de la cual la División Aduana de Salta (Provincia de Salta) consideró que Texturar SA habría incurrido en la infracción tipificada en el artículo 954, apartado 1, literal a), del Código Aduanero respecto de la destinación de exportación a consumo “07 053 EC01 001040 W”, oficializada el 9/10/2007, que amparaba el producto “TextuPro” (un alimento proteico de origen vegetal, cuya denominación comercial es extrusado de soja), aplicándole -en consecuencia- una multa de $19.512,55 y, asimismo, reclamando el pago de la diferencia de tributos resultante de la investigación seguida, que ascendía a igual monto ($19.512,55); haciendo solidariamente responsable, por ambos conceptos, al señor Burgos, en su condición de despachante de aduanas.
Al efecto, la autoridad aduanera consideró que la mercadería involucrada habría sido incorrectamente declarada, por haber indicado la posición arancelaria “2308.00.00.000 K”, concerniente a “materias vegetales y desperdicios vegetales, residuos y subproductos vegetales, incluso en pellets, de los tipos utilizados para la alimentación de los animales, no expresados ni comprendidos en otra parte”, gravada con un derecho de exportación del 5%; habiendo correspondido referir la “1208.10.00.000”, correspondiente a “harina de semillas o de frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza” y sujeta a un derecho de exportación del 24%.
Para así decidir, hizo alusión al dictamen técnico de la División Clasificación Arancelaria 17/2008, según el cual la mercadería fiscalizada era “soja sin desgrasar, desactivada por medio de extrusión, con granulometría de sémola”, clasificable, al momento imponible, en la posición arancelaria “1208.10.00” - SIM “1208.10.00.000”, ocasionando lo declarado un perjuicio fiscal de diecinueve puntos porcentuales en concepto de derecho de exportación; tarea que, vale destacar, fue desarrollada sobre la base de la extracción de muestra de aproximadamente un kilogramo de la destinación bajo trato.
En cambio, en el entendimiento de la exportadora y su despachante de aduanas, por un lado, la posición aduanera referida resultaba correcta, destacando al respecto distintas cuestiones de tinte eminentemente técnico, tales como el proceso tecnológico de extrusión al que fue sometida la materia prima (poroto de soja), que al tiempo de los hechos no se encontraría referida en el capítulo 12 de la nomenclatura del SIM al que la autoridad aduanera refiriera, la maquinaria utilizada, así como también que el TextuPro no se encontraría destinado al consumo humano sino sola y exclusivamente animal; y, por otro, aún cuando se considerase que no era la correcta, en tanto la tarea de clasificar la mercadería era propia de la Aduana, mal podía ser sancionado por indicar una inadecuada, máxime cuando la decidida resultaba conteste con la posición oportunamente sostenida por el INTI en el informe del 24/10/2007 y el ensayo técnico del 4/1/2008, sumado a que no se encontraba vigente la resolución general AFIP 2473/2008 al tiempo de la oficialización de la destinación, que habría clarificado la situación, así como por el hecho que el “debido” encuadre fue alcanzado por la Administración tras distintos exámenes.
Según se vio, la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación, admitió la pretensión recursiva de los sancionados y, consecuentemente, dejó sin efecto el acto aduanero, básicamente por considerar que la plataforma fáctica del caso no justificaba el ejercicio de la potestad punitiva del servicio aduanero.
A esos fines, en sustancial síntesis, hizo hincapié en que si bien existió una diferencia entre la partida arancelaria declarada en el permiso de embarque “07 053 EC01 001040 W” respecto de la correspondiente a la mercadería involucrada, verificándose un diferencial de 19 puntos en los derechos de exportación a abonar, tal conclusión habría sido alcanzada como consecuencia de la realización de un exhaustivo estudio técnico por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); de modo que fue necesario realizar una actividad científica que excedía el ámbito de las incumbencias tanto de la exportadora como del auxiliar del servicio aduanero.
VII. Precisado ello, recuérdese que el artículo 954, apartado 1, literal a), del Código Aduanero, ubicado en el capítulo destinado a regular las “declaraciones inexactas y otras diferencias injustificadas”, dispone que quien, para cumplir cualquiera de las operaciones de importación o de exportación, efectuara ante el servicio aduanero una declaración que difiriera con lo que resultara de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjera o hubiera podido producir un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de dicho perjuicio.
Ello es así, toda vez que, en el régimen del Código Aduanero, la declaración aduanera debe contener según la destinación de que se trate, la posición de la mercadería, la nomenclatura arancelaria, la naturaleza, especie, calidad, estado, peso, cantidad, precio, procedencia y toda otra circunstancia para permitir la correcta clasificación y valoración de la mercadería (conf. artículos 234 y 332, ambos del Código Aduanero). Los datos incorrectos que se aporten en tal sentido tipifican la infracción comentada.
Ha de recordarse que la declaración -como principioes inalterable de modo que, una vez registrada, compromete la responsabilidad de quien la presenta; por manera que, si bien la norma prevé distintas consecuencias, lo cierto es que el hecho tipificante de la infracción es uno y de naturaleza objetiva: la declaración inexacta. Al respecto, téngase presente que el bien jurídico tutelado es el principio de veracidad y exactitud de la manifestación o declaración de la mercadería objeto de una destinación en aduana, pues en la confiabilidad de lo declarado mediante la correspondiente documentación reposa todo un sistema dirigido a evitar que, al amparo del régimen de exportación e importación, en su caso, se perpetren maniobras que lo desnaturalicen o perviertan (conf. CSJN, Fallos 315:929 y 942; 325:786 y 830 y 333:300, entre otros).
Y, en cuanto al alcance de la responsabilidad de la exportadora, cuadra señalar que, con la reforma de la ley 25.986, la tarea de clasificación y valoración que originalmente incumbía al servicio aduanero pasó, en primer término, al declarante; lo que resulta de la eliminación de la posibilidad de declarar mediante la descripción de la mercadería y al establecerse la obligación del importador/exportador de individualizarla mediante la posición arancelaria en el SIM y los consecuentes sufijos de valor, opciones y ventajas (conf. resolución ex ANA 2433/1996).
De tal manera, la inexactitud de la declaración aduanera, actualmente también depende de que la posición de la nomenclatura difiera con la que la Administración considera que corresponde en el caso (conf. Alsina, Mario - Barreira, Enrique C. - Basaldúa, Ricardo Xavier - Cotter Moine, Ricardo - Vidal Albarracín, Héctor G., “Código Aduanero Comentado”, Completado y Actualizado, primera edición, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2011, tomo III, página 383).
VIII. Desde esta perspectiva y examinados los antecedentes del caso, esta Sala estima que las consideraciones y agravios formulados por el Fisco Nacional carecen de entidad y por lo mismo lucen insuficientes para justificar la revocación del pronunciamiento dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación. Es que, del cotejo de las actuaciones administrativas que se tienen a la vista en soporte papel, se advierte que la posición arancelaria declarada por la exportadora, por intermedio de su despachante de aduana, resulta conteste con la opinión del Centro de Cereales y Oleaginosas del INTI, puesta de manifiesto en el informe del 24/10/2007 (conf. fs. 102/105 del expediente administrativo); ello en consonancia con el informe de ensayo OT “86-17786”, del 23/9/2009 (fs. 227/230 de las actuaciones administrativas).
En el primero de los documentos, el INTI expuso, entre otras cuestiones que: el producto en cuestión no se encontraba destinado a consumo humano; que la granulometría del producto no correspondía a la definición de harina; que el producto no era obtenido por trituración de semillas o frutos oleaginosos sino por un proceso tecnológico radicalmente distinto, mediante el empleo de un extrusor, y conocido como "extrusión de poroto de soja"; que la diferencia fundamental respecto del poroto de soja consistiría en que la mercadería bajo referencia era un producto resultante de un proceso de extrusión en el cual se han producido cambios físico-químicos irreversibles, con textura y organolépticas (sabor y aroma) totalmente distintas; que para la alimentación animal se utilizaban principalmente granos partidos, productos texturizados y pellets, no la granulometría tipo harina, al menos en forma directa; que la soja texturizada resultaba ser un producto del proceso de extrusión, no pudiendo ser considerado ni un subproducto ni residuo ni desperdicio.
En especial, cuadra resaltar lo afirmado en el punto 3° del informe, según el cual, a la pregunta “¿Cuáles son los usos del producto?” la licenciada suscriptora explicó, en general, que si bien los texturizados de soja, de acuerdo a las condiciones de elaboración, tenían dos grandes mercados: alimentación humana y alimentación animal; en particular señaló que el producto fiscalizado no estaba destinado a consumo humano ya que las condiciones de elaboración del mismo no se encuadraban en el Capítulo II del Código Alimentario Argentino “Condiciones generales de las fábricas y comercios de alimentos”. A su vez, en el segundo de los informes bajo alusión, técnicos del INTI explicaron que la soja extrusada y enfriada no podía ser utilizada como insumo de industrias aceiteras; pero sí como parte de la dieta animal, o humana pero únicamente en el caso en que el establecimiento elaborador estuviera registrado para tales fines (situación en la que no encuadraría la firma involucrada en autos); no así el caso de la soja desactivada y/o partida, que sí podrían ser utilizadas como posible insumo en una aceitera.
Estos extremos, de claro componente técnico, respaldan la postura expuesta por la exportadora al tiempo de dar respuesta a la información complementaria requerida por el servicio aduanero (conf. fs. 15/36 del expediente administrativo) en pos de justificar la posición arancelaria declarada.
A su vez, téngase presente que Texturar SA se encontraba inscripta en el registro nacional como elaborador, importador y exportador de productos destinados a la alimentación animal, con habilitación para su establecimiento en el departamento de Metán (Provincia de Salta), para la confección de este tipo de bienes (conf. disposición SENASA 90/2007; fs. 26/28 de las actuaciones administrativas bajo referencia); y que el producto TextuPro, contaba con la correspondiente inscripción registral (conf. SENASA 07- 466/A; fs. 21/23 del expediente administrativo).
Cabe resaltar en este orden de razonamiento, que la posición arancelaria en la cual el servicio aduanero entendió que debió clasificarse la mercancía en cuestión (“1208.10.00”), no contemplaba -al momento de documentarse la exportación (el 9/10/2007)- a productos obtenidos mediante el proceso de extrusión, el cual fué recién incorporado mediante la resolución general 2473/2008 (del 18/7/2008), la cual en el Criterio de Clasificación 58/2008, identificó al producto allí comprendido como “poroto de soja sin desgrasar desactivado por medio de extrusión…”; circunstancia que da cuenta con total claridad, que ciertamente en oportunidad de llevarse a cabo la operación de exportación, no era razonablemente exigible que se debiera clasificar la mercadería en la posición arancelaria, que según entendió la Aduana, debió hacerlo la exportadora, radicando la eventual discrepancia en aspectos estricta y exclusivamente técnicos (si los productos obtenidos mediante “extrusión” debían o no debían considerarse comprendidos en la posición arancelaria “1208.10.00”), esclarecidos recién con posterioridad a la operación involucrada.
Tales circunstancias, razonablemente llevaron a la empresa y su despachante de aduana a considerar pertinente y adecuado a derecho declarar, para la exportación del TextuPro, la posición arancelaria “2308.00.00.000 K”; con la que, previa realización de distintos estudios técnicos, discrepó el servicio aduanero, entendiendo ajustada al sistema clasificatorio, su subsunción en la “1208.10.00.000”, bien que bajo las particulares circunstancias temporales y normativas antes reseñadas.
Así, en el caso, se concluye que, en tanto la posición arancelaria declarada por la exportadora y su despachante de aduanas no luce formalmente errónea o manifiestamente inadecuada, sino mas bien consecuente y coherente con informes técnicos del INTI en lo concerniente al bien involucrado (TextuPro), su proceso productivo (extrusión) y destino (exclusivo uso animal), y por cierto congruente con la descripción y criterios clasificatorios vigentes a la fecha de la exportación, la aplicación de un reproche infraccional resulta desmedido e improcedente.
En otras palabras, se verifican en el caso circunstancias suficientes para tener por razonable y científicamente sustentada la clasificación declarada por la exportadora respecto de la mercadería amparada por la destinación fiscalizada -bien que al momento de documentación del despacho-, luciendo improcedente la aplicación de un reproche infraccional por lo acontecido.
A todo evento, el hecho que entre ambas posiciones arancelarias existieran 19 puntos diferenciales en concepto de derecho de exportación, en modo alguno constituye autónomamente un motivo suficiente para entender inadecuada la indicada en la declaración aduanera, en tanto y cuanto el factor subjetivo precedentemente analizado permite excluir todo reproche en orden al proceder de tanto del exportador, como del despachante aduanero.
X. Lo expuesto, y a falta de mayores argumentos recursivos, basta para desestimar la apelación intentada por la AFIP - DGA contra el pronunciamiento dictado el 27/3/2023 por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación.
XI. En atención al modo en que se resuelve y al no advertirse motivos valederos para apartarse del principio general de la derrota, las costas de esta instancia judicial han de ser soportadas por la AFIP - DGA, vencida (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN). Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso intentado por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar -en cuanto fue motivo de agravios- el pronunciamiento del 27/3/2023 dictado por la Sala G del Tribunal Fiscal de la Nación.
Se deja constancia que la doctora María Claudia Caputi no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (artículo 109 del Reglamento para la Justicia Nacional).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia