Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2.023/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de queja articulado por la demandada a fs. 36/40 vta., de los presentes, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 196/197 vta., de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 190/194 vta., en dichos autos, todo ello con costas a la recurrente.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2.023/15-TSJ Interlocutorio N°: 3.189.-
Actor: BURGOS AUGUSTO GABRIEL Demandado: C.P.A.I.A Objeto: S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 27-04-16 Texto: TOMO XXVII – INTERLOCUTORIO – T.S.J.-
REGISTRO Nº 3189 FOLIO Nº 5245/5248 PROT. ELECT. TSS1 031 I.161.-
Río Gallegos, 27 de abril de 2016.-
Los presentes autos caratulados: “BURGOS AUGUSTO GABRIEL C/ C.P.A.I.A. S/ MEDIDA AUTOSATISFACTIVA S/ RECURSO DE QUEJA” Expte. Nº B-2023/15-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que, llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de queja articulado por el Dr. Facundo González Figueroa, en carácter de apoderado del Consejo Profesional de la Agrimensura, Ingeniería y Arquitectura de la Provincia de Santa Cruz, a fs. 36/40 vta., contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante -en copia- a fs. 33/34 vta., en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación agregado -en copia- a fs. 28/32 vta.-
II. Sintéticamente y en lo que interesa en esta instancia se observa que el Sr. Augusto Gabriel Burgos, solicita una medida autosafisfactiva con el objeto que el CPAIA le entregue certificados de matriculación anual (conf. fs. 82 de los autos principales). El demandado, por su parte se opone al pedido solicitando el rechazo de la acción con costas (conf. fs. 133 de los autos cit.).-
La Sentencia de Primera Instancia rechazó la medida autosatisfactiva y dictó una "medida cautelar innovativa", ordenando que el CPAIA le entregue al actor las constancias de matriculación necesarias para realizar los actos profesionales en su carácter de representante técnico o para inscribirse en los registros respectivos (conf. fs. 143 vta. de los autos cit.), luego de estimar que la situación del actor le genera incertidumbre sobre la posibilidad de ejercer plenamente su profesión de arquitecto por entender que lo que reclamaba el actor -y era objeto de conducta reticente de la demandada- era la constancia de matriculación anual que tiene una vigencia de treinta días y que se utiliza para realizar distintas actividades profesionales (conf. fs. 142 de los autos cit.).- La Excma. Cámara de Apelaciones rechazó el recurso interpuesto por la demandada y confirmó lo resuelto en primera instancia con costas a la recurrente (conf. fs. 185 vta./ 186 de los autos cit.).-
Contra dicho pronunciamiento la demandada interpone recurso de Casación por entender que la sentencia ha decidido aplicando erróneamente la normativa aplicable, violando la doctrina legal y prescindiendo de prueba esencial lo cual constituye un claro caso de arbitrariedad (conf. fs. 191 de los autos cit.).-
La Excma. Cámara deniega el recurso de Casación por estimar que en dicho recurso no existe “…una crítica razonada de los fundamentos esenciales de la sentencia que impliquen un apartamiento de la normativa vigente que demuestren una palpable y manifiesta violación de la ley y demuestren concretamente la arbitrariedad, habiéndose dictado sentencia en congruencia al trámite incoado...” (cfr. fs. 34 vta.).-
El quejoso ante el fundamento denegatorio de la casación por reiteración de argumentos afirma que en la apelación no había pedido la caducidad de la medida cautelar, lo que sí hizo en el recurso de casación (conf. fs. 37/vta.).- Añade que existe violación de la ley en atención a que no fue tratado el pedido de caducidad de la medida cautelar esgrimido en la casación (conf. fs. 38). Sostiene que la caducidad señalada se tendría que haber decretado de oficio (conf. fs. cit.). Sobre esta cuestión, aclara que jamás fue notificada del inicio de demanda alguna (conf. fs. 38/ vta.). Manifiesta que los principios de congruencia y la falta de apreciación de la prueba configuran otra violación a la ley y quebrantamiento de la forma (conf. fs. cit.), Afirma que lo que hizo el juzgado fue enderezar una solicitud defectuosa de la demanda advirtiéndose una diferencia sustancial entre lo pretendido por el actor: un certificado de matriculación anual; y lo determinado en la sentencia: constancia de matriculación que emite CPAIA con vigencia de treinta días (conf. fs. 38/ 39). Sostiene que se tuvieron en cuenta parcialmente las pruebas aportadas en autos en atención a que el actor jamás vio interrumpida su labor para la empresa para la que trabaja, ya que según constaría en las certificaciones emitidas por el IDUV las obras en las que el Arq. Burgos es representante técnico se encontrarían en ejecución (conf. fs. 39 vta.). Por este motivo, entiende que no se encuentra vulnerado el derecho del actor a ejercer su profesión (conf. fs. cit.). Finalmente en honor al principio de economía procesal remite a los recursos de apelación y de casación a los que considera como integrantes de la queja y formula reserva del caso federal (conf. fs. 40).-
III. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la ley 1687 y en oportunidad de efectuar este Tribunal el examen preliminar del recurso propuesto a los fines de decidir si ha sido mal denegado el recurso de casación, cabe señalar que el mismo no alcanza a superar las vallas formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria por lo que adelantamos que el recurso fue bien denegado.-
En efecto, la sentencia de primera instancia refiere que dicta "una medida puramente cautelar", que se resuelve en el "marco puramente cautelar" y que difiere el debate de fondo para "…un proceso de conocimiento en que se pueda discutir de manera plena los diversos aspectos jurídicos involucrados…" (cfr. fs. 7 vta.). Razón por la cual debemos atender a la naturaleza jurídica de esta última para determinar si la misma habilita la apertura de la instancia extraordinaria provincial.-
Del análisis de las constancias de autos se advierte que la sentencia de Cámara, obrante –en copia- a fs. 13/27, y atacada por el escrito de casación carece de la nota de definitividad, requisito exigido por ley para habilitar el recurso de casación (art. 1º Ley 1687).-
Sobre la exigencia mencionada, este Cimero Tribunal ha dicho, siguiendo la postura de Néstor Pedro Sagües, que: “… ‘...La idea de ‘sentencia definitiva’ es esencial para el recurso extraordinario. Las ‘sentencias definitivas’ propiamente dichas son aquellas que ponen fin al pleito tornando imposible su revisión. Las resoluciones ‘equiparadas a sentencia definitiva’, tienen tres subtipos principales; a) las que impiden la prosecución de la causa; b) las que causan un gravamen de imposible, tardía, difícil o insuficiente reparación ulterior y; c) las que conllevan gravedad institucional" (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2716, Folio 4170/4174).- El concepto de sentencia definitiva al que alude el artículo 1 de la Ley 1687 implica, como ya ha dicho este Alto Cuerpo, que: "...el caso expuesto esté ya acabadamente resuelto o fallado, es decir que no le queda al perdidoso ninguna oportunidad de juzgamiento (confr.
T.S.J., Santa Cruz, Tomo VIII, Sentencia, Reg. 283, Folio 1634/1539, ídem, Tomo III, Interlocutorio, Reg. 288, Folio 464/465; ídem, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 901, Folio 1063; ídem, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1311 Folios 1763/1765; ídem, Tomo XII, Interlocutorio, Reg. 1559, Folio 2220/2221; ídem, Tomo XIII, Interlocutorio, Reg. 1698, Folio 2470/2473)." (cfr. Tomo XV, Interlocutorio, Reg. 1911, Folio 2820/2822).- Por su lado, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido que: “…los recursos extraordinarios sólo son admisibles respecto de las sentencias definitivas, entendiéndose por tales aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, ponen fin al pleito condenando o absolviendo al demandado o, aun cuando recaigan sobre un artículo, produzcan el efecto de finalizar dicha litis, haciendo imposible su continuación.
Cuando la decisión que llegue a juicio del Tribunal no reviste esos caracteres, su jurisdicción no puede ejercitarse. (Acuerdos y Sentencias, serie 2º-VII-298 y ss.; causas Ac. 44.547, 20-III-90; Ac. 29.611, 25-XI-80; Ac. 33.621, 22-V-84; Ac. 34.307, 12-II-85; Ac. 34.913, 2-VII-85; y Ac. 53.982, 17-VIII-93” (cfr. HITTERS, Juan Carlos, Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación, Ed. LEP SRL, La Plata, 1998, 2da ed., pág. 512/513).- En coincidencia con lo expuesto, caracterizada doctrina ha sostenido: “…Alsina ha expresado con claridad que en materia de remedios extraordinarios el concepto de sentencia definitiva está referido a la irreparabilidad de perjuicio, de tal modo que si el agravio es superable por otro canal, el fallo carece de aquella condición.
Clariá Olmedo, en forma coincidente, apunta que la vía excepcional en estudio procede contra las sentencias definitivas, o contra las asimilables a las mismas. En esta última categoría entran ciertos autos pronunciados en un incidente o en un artículo del proceso, aun durante la ejecución, si de alguna manera se decide sobre el fondo […] En verdad, importa más a los fines de la determinación del concepto de definitividad, el efecto de la sentencia con relación al proceso, que su propio contenido. Lo que interesa saber es si al recurrente le queda -o no- otra vía jurídica para solucionar su agravio, pues si tiene la posibilidad de peticionar ante algún órgano de decisión, el carril extraordinario no queda habilitado…” (cfr. aut. y ob. cit., pág. 511/512).- Ante este cuadro de situación, volvemos a la reflexión inicial: la resolución impugnada se refiere a una medida cautelar que carece absolutamente de la nota de definitividad que se requiere para permitir el acceso a la instancia extraordinaria.-
Como ya ha sostenido este Alto Tribunal la característica específica de toda medida cautelar es su mutabilidad o variabilidad (conf. Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2716, Folio 4170/4174), por lo que las resoluciones sobre las mismas constituyen -por principio- "…una mera cuestión procesal reservada a la jurisdicción ordinaria que no importa definición sobre los puntos que son materia de litigio y que no impiden a la recurrente continuar con el trámite de la causa (confr. T.S.J. Santa Cruz Tomo VIII, Interlocutorio, Reg. 1179, Folio 1557/1558; ídem, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1236, Folios 1631/1632; ídem, Tomo XIII, Interlocutorio, Reg. 1775, Folio 2588/2590)" (cfr. Tomo XV, Interlocutorio, Reg. 1911, Folio 2820/2822).- En la línea argumental desarrollada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido que: “…las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria...” (cfr. Dictamen del Procurador General que la CSJN comparte y hace suyo en autos 326:25), y que: “Las resoluciones referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas... y son, como principio, insusceptibles del recurso extraordinario (cfr. fallos 313:316).- En síntesis, la medida cautelar que se ataca no es una sentencia definitiva, ni se la puede asimilar a ella, como decisión que “… ‘…de modo final, directa o indirectamente, resuelve sobre la existencia del derecho de fondo’…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Tomo XV, Interlocutorio, Reg. 1911, Folio 2820/2822).-
Queda claro en base a los antecedentes normativos y jurisprudenciales enunciados que la queja propuesta es inviable. Esto, en tanto y en cuanto los requisitos exigidos por la Ley 1687 no son solemnidades sacramentales que hubieren perdido su justificación procesal, sino que responden a la necesidad siempre actualizada de no quitar a los recursos ante este Tribunal Superior de Justicia su carácter de medios de impugnación verdaderamente extraordinarios, que supone por eso mismo, el cumplimiento de cargas inexcusables para evitar que, en la práctica, se concluya en desvirtuarlas (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo XIII, Interlocutorio, Reg. 1722, Folio 2502/2504). Más teniendo en cuenta que el recurrente no ha acreditado la existencia de un daño irreparable, lo que nos aleja irremediablemente de toda alternativa lógica de ingresar al limitado ámbito de admisibilidad de la vía extraordinaria, pues no se está conculcando el derecho del recurrente a ejercer su derecho nuevamente en las instancias ordinarias.- Sin perjuicio de lo expuesto, se observa en el escrito de casación que el recurrente solicitó la caducidad de la medida cautelar dispuesta por el Juez de Primera Instancia (conf. fs. 30), planteo que no fue sometido a consideración de la Cámara de Apelaciones en oportunidad de expresar agravios (conf. fs. 10/12 vta.).-
En este punto se debe afirmar que la potestad revisora del Tribunal Superior de Justicia está circunscripta al contenido del fallo impugnado y al recurso de apelación interpuesto en la instancia ordinaria, sin que pueda resolver sobre cuestiones no esgrimidas ante los jueces de grado.-
Vinculado con lo antedicho, este Alto Tribunal ha señalado que: “… ‘…El proceso tiene límites objetivos (objeto y causa) y subjetivos (partes), el tribunal debe fallar dentro de esos límites, los cuales, en el proceso dispositivo que nos rige, son los que derivan de las pretensiones de las partes. Es éste el principio de congruencia al que deberá ajustarse la sentencia. El objeto del proceso en la segunda instancia es el mismo de la primera… No existe en nuestro sistema el novum iudicium, por lo que debe enunciarse el siguiente principio negativo: el objeto del proceso de segunda instancia no puede ser distinto al de la primera; es decir, el tribunal a quem no puede conocer sobre cuestiones no propuestas a la decisión del juez a quo…’ (confr.
BACRE, Aldo, ‘Recursos ordinarios y extraordinarios’, Ed. La Rocca, Bs. As., 1999, págs. 262/263; TSJ Santa Cruz, Tomo XXI, Interlocutorio, Reg. 2673; Folio 4054/4058)” (cfr. Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2853, Folio 4494/4497).- Así las cosas, no corresponde que este Tribunal Superior conozca sobre aquellos tópicos que ni siquiera han sido planteados ante los jueces inferiores, supuesto que se presenta en autos, ya que el pedido de caducidad de la medida cautelar no se solicitó al Juez de Primera Instancia, ni a la Cámara. Por ello, es trasladable al caso sub examine lo dicho por la doctrina, a saber: “… Es obvio que 'el recurso' tiende a controlar providencias ya dictadas…, de ahí entonces que resulten ajenas tanto al carril del de inaplicabilidad de ley como al de nulidad aquéllas cuestiones que no han sido propuestas en las instancias ordinarias” (cfr.
“Hitters Juan Carlos, ob. cit. pág. 613). En este sentido este Alto Tribunal ha dicho que: "'… las cuestiones que no fueron sometidas a consideración de la Cámara de Apelaciones en oportunidad de interponerse el recurso ordinario de apelación, no pueden ser introducidas por vía del recurso extraordinario de casación…'. En forma análoga, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido al respecto, que no puede conocer de la aplicación de la ley en una cuestión que no ha podido ser tratada por la Cámara, en razón de que no ha sido materia de apelación (confr. SCBA, sent. 1977, v. III, p. 15 y 11; 1978, v. II, p. 125 y 204, entre otros). Por lo que, si una cuestión no fue considerada por la Alzada, en el caso por no habérsele sometido a ella en la expresión de agravios (como es el caso de autos), no puede ser llevada para conocimiento de la Suprema Corte por vía de inaplicabilidad de ley (confr.
SCBA, sent 1977, v. III, p. 32; 1978 v. I, p. 28; este TSJ, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 961, Folio 1157/1159)" (cfr. Tomo XVI, Interlocutorio, Reg. 2075, Folio 3042/3044); precedente aplicable al sub lite.- De lo antedicho se desprende claramente que el pedido de caducidad de la medida es inadmisible en esta instancia extraordinaria. Sin perjuicio de lo cual la quejosa se encuentra habilitada para formular el planteo en la instancia correspondiente.-
Por lo expuesto y de conformidad a lo establecido en el artículo 18 de la ley 1687, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la demandada a fs. 36/40 vta. de los presentes, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 196/197 vta. de los autos principales en cuanto declaró formalmente inadmisible el recurso de casación agregado a fs. 190/194 vta., de dichos autos todo ello con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del artículo 18 de la ley 1687 y teniendo presente la reserva del caso federal formulada a fs. 40 de los presentes.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Rechazar el recurso de queja articulado por la demandada a fs. 36/40 vta., de los presentes, en consecuencia, confirmar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 196/197 vta., de los autos principales, en cuanto declara formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 190/194 vta., en dichos autos, todo ello con costas a la recurrente.-
3. Regístrese y notifíquese. Agreguese copia de la presente resolución a los autos principales y oportunamente devuélvanse los mismos. Cumplido archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal; Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1031I.161 Tomo: XXVII Interlocutorio: 3.189.-
Folio N°: 5.245/5248.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia