Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 265/267 vta. por el Sr. Defensor oficial de los imputados CARLOS GUSTAVO BURGOS y IRINEO ENRIQUE MUÑOZ ANULANDO Parcialmente la sentencia dictada a fs. 259/262 vta. por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, debiéndose integrar un nuevo Tribunal a fin de dictar una nueva pena.
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA SENTENCIA Nº:024 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 28 de Mayo de 2015 AUTOS: "BURGOS CARLOS GUSTAVO S/ROBO DE GANADO MAYOR Y TENENCIA DE ARMA DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL AMBOS EN CONCURSO REAL Y MUÑOZ IRINEO ENRIQUE COMO COAUTOR DEL DELITO DE ROBO DE GANADO MAYOR" Expte. Nº B-823/13/TSJ.-
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, a los veintiocho días del mes de mayo de dos mil quince, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia integrado por los vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti y Paula Ernestina Ludueña Campos, bajo la presidencia a cargo del Dr. Mauricio Daniel Mariani, con la asistencia del Sr. Secretario Dr. Ricardo Javier Albornoz, pronuncia la presente sentencia dictada en los autos caratulados "BURGOS CARLOS GUSTAVO S/ROBO DE GANADO MAYOR Y TENENCIA DE ARMA DE USO CIVIL SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN LEGAL AMBOS EN CONCURSO REAL Y MUÑOZ IRINEO ENRIQUE COMO COAUTOR DEL DELITO DE ROBO DE GANADO MAYOR" Expte. Nº B-823/13/TSJ, en razón que la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 259/262 vta. resolvió condenar a Carlos Gustavo Burgos a la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento efectivo en orden al delito de Robo de ganado mayor en grado de tentativa (art. 167 quater inc. 1 y 42 C.P.) por los antecedentes penales que registra y condenar a Irineo Enrique Muñoz a la pena de tres (3) años de prisión de cumplimiento en suspenso en orden al delito de robo de ganado mayor en grado de tentativa (art. 167 quater inc. 1 7 42 C.P.).- Que en esta instancia han actuado en calidad de partes, el imputado Carlos Gustavo Burgos, quien se encuentra asistido por el Sr. Defensor General Dr. Domingo N. Fernández, y se desempeñó como Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia el Dr. Claudio Roberto Espinosa y,
I.-) Que, contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de la Primera Circunscripción Judicial que luce a fs. 259/262 vta., interpuso recurso de casación el Defensor oficial en representación de los imputados Burgos y Muñoz, fundándolo en los artículos 440 y 442 inc. 1º del CPP, manifestando que "...se ataca la presente sentencia por la determinante falta de fundamentación de la pena aplicable... esta defensa claramente concuerda en que dichas circunstancias mencionadas en nuestro Código Penal son pautas mensurativas, pero sostenemos que solo son pautas que indicativamente la ley le sugiere al juez para que evalúe la pena a individualizar, por lo que nunca la necesaria evaluación puede ser cubierta acudiendo a la mera enunciación de aquellos factores, seguida de un determinado monto sancionatorio, como se observa en la sentencia atacada... esta defensa solicita la nulidad de la sentencia atacada, por falta de fundamentación al individualizar el monto punitivo, con la simple referencia de los artículos 40 y 41 del Código Penal..." Hizo reserva del caso federal.- A fs. 269/270 se hace lugar al recurso impetrado y se emplaza a la parte quien mantuvo el recurso a fs. 298.-
El día 14 de agosto de 2014 por auto interlocutorio de este Alto Cuerpo, se tuvo por mantenido el recurso de casación articulado (fs. 300/301).-
Que, por auto de presidencia que luce a fs. 312, se citó a los interesados a la audiencia de debate que prescribe el art. 451 del C.P.P., cuya acta se encuentra agregada a fs. 319/320, exponiendo los asistentes los fundamentos de sus respectivas posturas.-
II.-) En la audiencia de debate el Defensor ratificó el recurso de casación presentado a fs. 265/267 vta. agregando que "...se encuentra fundamentado toda vez que la sentencia incurrió en inobservancia toda vez que no hay motivación de la pena. La falta de fundamentación radica que se ha inobservado las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hacen a la fijación de la pena. Se ha afectado el art. 18 de la Constitución Nacional. Se viola el principio contradictorio toda vez que la defensa no ha podido refutar las circunstancias por las cuales se ha impuesto la pena. Que el fiscal ha omitido también en el pedido de condena las circunstancias que motivan su pedido... se ha violado la defensa en juicio y debido proceso. Solicito se haga lugar a la casación, se nulifique la sentencia y la pieza acusatoria por haberse violado normas constitucionales...".- Para finalizar, el Dr. Claudio Roberto Espinosa, Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, expresó que "...coincido plenamente con la sentencia, toda vez que el hecho acreditado se encuentra plenamente probado, por las constancias de la causa. Que con respecto a la pena el doctor Cabral la impone de acuerdo a las circunstancias previstas en el art. 167 inc. 4 y el art. 29, tan es así que aplica dos penas diferentes. El Dr. Cabral diferencia correctamente...".-
Atento todo lo manifestado por las partes intervinientes corresponde resolver las cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 265/267 vta. por la defensa de los imputados BURGOS y MUÑOZ? SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal? TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.-
Dada la importancia y complejidad de la causa, el Tribunal resuelve pasar a deliberar a los fines de dictar la presente sentencia y,
I.-) PRIMERA CUESTIÓN: ¿Resulta admisible el recurso de casación interpuesto a fs. 265/267 vta. por la defensa de BURGOS y MUÑOZ?. A la primera cuestión planteada, este Tribunal Superior de Justicia, entiende que el recurso de casación en trato satisface los requisitos de tiempo y forma regulados en lo pertinente, por los artículos 446 y ccdtes. del C.P.P., a la vez que el impugnante se encuentra legitimado para recurrir, y teniendo en cuenta que la sentencia objeto del recurso se enmarca dentro de las resoluciones que el código de rito establece como susceptibles de ser impugnadas por esta vía (art. 440 C.P.P.), debe entonces admitirse el recurso de casación interpuesto.- Por todo lo expuesto, corresponde votar por la afirmativa.-
II.-) SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Se verifican las violaciones legales de orden procesal?.-
II.a. Tradicionalmente, las cuestiones relativas a la individualización judicial de la pena fueron excluidas de la impugnación que era posible realizar por medio del recurso de casación.-
Dentro de ese marco, se sostenía que la fijación del quantum de la pena, estaba reservado al poder discrecional del tribunal de mérito.-
Concretamente el fundamento doctrinario puede sintetizarse sosteniendo que "...Como presupuesto de la irrevisibilidad, de ordinario se mencionó la tarea de la individualización de la pena como discrecional, otorgándole al término un alcance de operación subjetiva consistente en escoger a puro arbitrio entre distintas alternativas, y por lo tanto, considerándosela como la práctica de una operación no susceptible de ningún control..." (Fleming-Viñals, "Las Penas", Rubinzal Culzoni editores. Pág. 455).-
A esta tradicional línea restrictiva, poco a poco se fue imponiendo el criterio, que en los casos de arbitrariedad se habilitaba la instancia casatoria, a los efectos de efectuar un control de razonabilidad de la sanción impuesta; es cierto que en la actualidad cabe ejercitar las atribuciones recursivas con total amplitud, conforme a la doctrina sentada por la CS en el caso "Casal", la cual abarca aspectos no necesariamente configurativos de arbitrariedad.-
En esta línea interpretativa, nuestro cimero tribunal, sostuvo que "...si bien el ejercicio de la facultad de los jueces de la causa, para graduar las sanciones dentro de los límites ofrecidos para ello por las leyes respectivas, no suscita en principio, cuestiones que quepan decidir en instancia del artículo 14 de la ley 48, cabe apartarse de dicha regla cuando se ha ocasionado un agravio a la garantía de la defensa en juicio y del debido proceso que, con sustento en la doctrina de la arbitrariedad, se tiende a resguardar, exigiendo que las sentencias sean fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa..." (CSJN. 6/03/07, "Garrone, Angel Bernardo s/causa 22355", G.1504.XLI).- Siguiendo con los precedentes de nuestro Cimero Tribunal, en "Viñas" (CSJN, Fallo: 315:1658), el Tribunal decidió una causa en la que, entre otras cosas, se cuestionaba el aumento de una pena de tres años en suspenso a tres años y seis meses de prisión realizado por la Cámara. En "Miara" (CSJN, Fallos: 320:1463) la mayoría entendió equivocado que la segunda instancia agravara la pena impuesta. En "Maldonado" (CSJN Fallos: 328:4343) la Corte sostuvo que la pena debe ser proporcional a la culpabilidad del autor. Finalmente entre otros precedentes como ser "Gramajo" (CSJN, 329:3680) el Supremo Tribunal estableció que es inconstitucional la reclusión por tiempo indeterminado con relación a multi-reincidentes.- En igual sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicó en el caso "Herrera Ulloa vs. Costa Rica", que del recurso que contempla el artículo 8º ap. 2º, inc. h) "...debe garantizar un examen integral de la decisión recurrida, de todas las cuestiones debatidas y analizadas en el tribunal inferior entre ellas, de la pena impuesta...". En el voto concurrente del presidente del Tribunal, el juez García Ramirez, sostuvo que "...el recurso garantizado debe permitir de modo efectivo que el tribunal superior revise 'la pena o medida impuestas en consideración de la gravedad del hecho, el bien jurídico afectado, la culpabilidad del agente y los otros datos que concurren al ejercicio de la individualización de aquellas'...".- La plenitud del mandato revisor, se torna explícito, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, (cuya jerarquía constitucional reconoce el art. 75 inc. 22 de nuestra Carta Magna) el cual en su artículo 14. 5 consagra el derecho a recurrir la pena.-
En síntesis, debe quedar claro, conforme a la doctrina y jurisprudencia mencionada, que el imputado puede hacer revisar en casación la especie y la intensidad de la pena que le fue impuesta por una sentencia condenatoria cuando la misma ha sido como consecuencia de una errada interpretación o por una arbitrariedad en la individualización del monto sancionatorio en concreto.-
II.b. En este apartado, corresponde efectuar algunas consideraciones generales en relación a los principios rectores de la fundamentación de los fallos judiciales, toda vez que precisamente la defensa, centra sus agravios en la carencia de fundamentos del pronunciamiento en crisis.-
En este sentido, la obligación legal que impone a los jueces la necesidad de fundamentar y motivar, las resoluciones judiciales, no sólo surge de la carta magna como una derivación del principio republicano de gobierno, sino que también del ordenamiento procesal (arts. 116 y 382 del Código Procesal Penal).-
A mayor abundamiento sobre el tema, cabe precisar que: la Constitución Nacional no exige expresamente la necesidad de motivar las sentencias, pero ella surge claramente del contexto de sus disposiciones. En efecto, la interpretación armónica de los preceptos constitucionales que vedan toda condena "sin juicio previo" -exigencia que implica un pronunciamiento jurisdiccional terminal y definitivo de un proceso regular y legal- "fundado en ley anterior al hecho del proceso", sí lleva tal conclusión. Esta garantía constitucional de justicia fundada en el régimen republicano de gobierno, impone la publicidad de las razones que tuvieron en cuenta los jueces para dictar sus sentencias y facilita el control de la actuación judicial por el pueblo, de quien en definitiva emana la autoridad.
Sin duda alguna, la exigencia de motivar responde al propósito de que la colectividad pueda controlar así la conducta de quienes administran justicia en su nombre. "...Se resguarda a los particulares y a la colectividad contra las decisiones arbitrarias de los jueces, que no podrán así dejarse arrastrar por impresiones puramente subjetivas ni decidir las causas a capricho, sino que están obligados a enunciar las pruebas que dan base a su juicio y a valorarlas racionalmente..." (conf. Gavier; Ernesto R., "La motivación de las sentencias", en Comercio y Justicia, 15 y 16 de octubre de 1961).- Suficientemente ilustrativo, resulta ser en tal aspecto, el distinguido procesalista Julio B.J. Maier quien sostiene "...existe, en nuestra doctrina jurídica y en nuestra jurisprudencia, la tendencia definida a afirmar categóricamente que la sentencia penal -en realidad: toda sentencia judicial- debe ser fundada para ser válida, y más aún que ello deriva de la interpretación sistemática del texto de la Constitución Nacional, en especial de la garantía del juicio previo fundado en ley anterior del hecho imputado (C.N. art. 18) o de la que dispone la inviolabilidad de la defensa del imputado (C.N. art. 18), y como exigencia de la forma republicana de gobierno (C.N. art. 1)..." (Conf.
Julio B.J.Maier, "Derecho Procesal Penal" T. 1, Fundamentos, Editores del Puerto, 2º ed. Bs. As. 2002, pág. 481 y ss.).- Concretamente con respecto a la motivación de la pena, señala Herbel, "...motivar la sentencia no representa un requisito más del debido proceso, sino el fundamento mismo de la aplicación de la pena, su fuente de legitimación (art. 18 CN). En la democracia constitucional no hay reproche penal válido sin justificar legalmente su imposición... la motivación configura una garantía de garantías; ella debe contener las razones de cada afirmación, atender a los planteos de las partes y explicar porqué la decisión es legalmente correcta..." (Gustavo A. Herbel, Derecho del imputado a revisar su condena.
Hammurabi, José Luis de Palma Editor, pág. 377).- En igual sentido, Abel Fleming-Pablo López Viñals, señalan que "...el deber de motivación exige que todas las razones que el juez pone en juego al estimar la sanción, sean claramente manifestadas..." más adelante agregan "...la motivación de la decisión judicial que impone una pena debe permitir conocer de manera concreta cuales son las razones por las que el Tribunal ha escogido la sanción que aplica y no otra. Ese conocimiento no debe ser logrado mediante un esfuerzo de intuición, sino que ha de quedar claramente a disposición de quien lea el fallo, de manera que no sólo se advierta el marco legal aplicable, sino el uso particular que se ha hecho de él.
Con esto indicamos categóricamente que son nulas por falta de fundamentación las sentencias que individualizan una pena asociándola a la simple referencia de un artículo de la parte especial del Código Penal y a la mención de los artículos 40 y 41 del Código Penal..." (Fleming-Viñals, "Las Penas", Rubinzal Culzoni editores. Pág. 440).- De idéntica manera, se expresó, "...no cabe duda de que la única herramienta disponible contra la arbitrariedad en la determinación judicial de la sanción es el preciso conocimiento y aplicación de las reglas dogmáticas que suministren pautas concretas y razonables para limitar y regular la reacción punitiva, la que a su vez resulta un recaudo indispensable para un adecuado control en el marco de un sistema republicano que exige que los actos de gobierno, entre ellos los judiciales, presenten una clara exposición de sus razones en orden a su posible controversia por el interesado, que se encuentra expresamente garantizada por los tratados internacionales sobre derechos humanos en lo que a pena se refiere..." (Ob.cit. pag 460).- Se recuerda asimismo, que no basta para tener por debidamente individualizada la pena, una referencia genérica a las pautas que marcan los artículos citados del ordenamiento sustantivo, sino que deben explicitarse cada uno de los parámetros allí precisados y su incidencia respectiva en la sanción finalmente impuesta.-
En tanto la jurisprudencia, se ha expresado sosteniendo "...La fijación de la sanción no constituye una discrecionalidad ilimitada del tribunal de juicio, toda vez que, la cuestión debatida está relacionada con el deber de motivar y fundar las decisiones jurisdiccionales. Por ello, entiendo que siempre es posible la revisión de las sentencias, en punto a la imposición de una pena, cuando se alegue falta de fundamentación; de manera que, no puede escapar al control casatorio, lo atinente a su individualización judicial. Este es el sentido que le ha dado la CSJN, respecto de este tema, a su doctrina de la arbitrariedad. Esta circunstancia se corresponde con la obligación del Estado de resguardar el derecho de defensa en juicio a la persona perseguida penalmente.
Toda vez que, si no se le permite al condenado impugnar la sentencia en general y en todos sus puntos se cercena el derecho al recurso, constitucionalmente protegido (art. 75 inc. 22 CN, 14.5 PIDCyP, y 8.2.h CADH). El decisorio recurrido omitió expresar cuáles eran las pautas mensurativas de los arts. 40 y 41 del C. P. que aplicaban en el presente caso, y únicamente se señala en forma genérica que se tuvieron en cuenta las mismas. En este caso, la carencia de motivación, ha derivado en una inadecuada aplicación de las normas sustanciales y se convierte por tanto en una hipótesis de casación material. Por ello, al encontrarnos en presencia de un vicio in iudicando, en armonía con lo dispuesto por el art. 470 del ritual, es en esta sede en la que corresponde dar corrección definitiva, es decir fijar el monto de pena a imponer al imputado.
(Dra. Ledesma en disidencia).(CNCP, Sala III, 20/12/2005, "Brossio, Gastón Dario s/recurso de casación", c. 5796. r 1146.05.3, Magistrados: Ledesma, Tragant, Riggi)... Por caso, resulta determinante y no es posible verificar en esta instancia por no estar asentado en la sentencia, establecer cómo fue valorado el contenido de injusto del hecho de marras, por lo que corresponde anular la sentencia en cuanto al monto de la pena impuesta..." (Galván, Mariano Luis s. Recurso de casación /// Cámara Nacional de Casación Penal Sala II (denominación anterior al art. 13, Ley 26371, B.O. 30/05/2008); 18-may-2007; Boletín Secretaría de Jurisprudencia de la CFCP; RC J 12746/10).- En síntesis, conforme a los lineamientos expuestos, le asiste razón a la defensa en su agravio casatorio, toda vez que el pronunciamiento en crisis, no fija pauta alguna en la mensuración de las penas, siendo el fallo desde este aspecto arbitrario por carecer de la debida fundamentación.-
En efecto, el fallo cuestionado sólo expresa "... Que para establecer la sanción justa aplicable, se debe tomar en cuenta la participación de los imputados y la calificación legal que fuera establecida, actuando de conformidad con las pautas establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal..." (fs. 262).-
Con respecto a lo solicitado por la defensa en la audiencia por ante éste Tribunal Superior de Justicia, en donde peticiona la nulidad de la sentencia, por carecer de fundamentos la solicitud de pena del Sr. Agente fiscal; la misma no ha sido objeto del recurso de casación, por lo tanto no corresponde su tratamiento.-
En este sentido la jurisprudencia sostiene "...Las partes pueden presentar escritos ampliando o desarrollando los fundamentos del recurso, pero no los motivos mismos, dado que éstos quedan limitados con el vencimiento del término para recurrir. Por lo tanto la introducción de un nuevo agravio en oportunidad del informe del art. 465 del CPP, resulta tardía y en consecuencia inoficiosa..." (TSJ, Sala Penal.,S.Nº 139, 26/05/2010, "Castro Marcos A y otros p.ss.aa. homicidio culposo, etc -Recurso de Casación-", (Tarditti, Blanc y Cafure).-
III-) TERCERA CUESTIÓN ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? De conformidad a lo establecido en los arts. 446 y 448, 454 C.P.P., corresponde HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 265/267 vta. por la defensa técnica, en favor de BURGOS y MUÑOZ, anulándose parcialmente la sentencia dictada a fs. 259/262 vta. por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, debiéndose integrar un nuevo tribunal a fin de dictar una nueva pena.-
Tener presente para el momento procesal oportuno la reserva del caso federal efectuada a fs. 267 vta.-
Por ello, normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
1. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 265/267 vta. por el Sr. Defensor oficial de los imputados CARLOS GUSTAVO BURGOS y IRINEO ENRIQUE MUÑOZ ANULANDO Parcialmente la sentencia dictada a fs. 259/262 vta. por la Excma. Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, debiéndose integrar un nuevo Tribunal a fin de dictar una nueva pena.
2. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariano-Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos- Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2017S.151 TOMO:VI– SENTENCIAS- T.S.J.
REGISTRO Nº:024 FOLIO Nº: 153/157 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia