Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 14309682-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la sentencia del 05/09/2024 (v. IF-2024-96429893-APNVOCXVIII#TFN). Con costas.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
9476/2025 BURKOOL SA (TF 14309682-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 30 de octubre de 2025.- SH
El recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional el 22/10/2024 (v. IF-2024-115321549-APN-DTD#JGM) concedido el 22/10/2024 (v. PV-2024-115562549-APN-VOCXVIII#TFN) contra la sentencia dictada el 05/09/2024 (v. IF-2024-96429893 -APNVOCXVIII#TFN), fundado por la expresión de agravios del 25/11/2024 (v. RE-2024-129112242-APN-DTD#JGM), cuyo traslado conferido en la PV-2024-129545485-APN-VOCXVIII#TFN fuera contestado por la parte actora el 03/12/2024 (v. IF-2024-132137350 -APN-DTD#JGM); y,
I. Sumario de los hechos que dieron origen al caso La firma importadora BURKOOL SA mediante la destinación 17073IC04016311Z el 30/01/2017 documentó la importación de mercadería originaria y procedente de China, clasificada en la PA 3919.10.00.999J “Los demás Los demás Los demás. De rollos de anchura inferior o igual a 20cm. Placas, láminas, hojas, cintas, tiras y demás formas planas, autoadhesivas, de plástico o incluso en rollos.”, declarando 289 unidades, con un valor FOB de U$S8.438 (cfr. p. 116 del DEO).
En el año 2018, la Aduana de Ezeiza consideró que el certificado de origen que amparaba dicha operación no resultaba de aplicación por no satisfacer los requisitos del art. 6, incisos b), e), g) y h) de la resolución (MEOySP) 736/96 al no coincidir la identificación de la mercadería facturada con la certificada, no coincidir la unidad de medida facturada con la certificada (rollos/kilogramos, la cual no es convertible), no contener los datos de la autoridad certificante interviniente y sello de quien identifica. (v. Nota SE OPRE 4994/18, p 124 del DEO).
Como consecuencia de ello, la Aduana formuló el cargo nro. 2093/18, registrado como liquidación 18073LMAN053048M, aplicando los derechos antidumping de conformidad con lo previsto en la resolución (MEOySP) 13/2013. Contra dicha exigencia tributaria (liquidada en folios 7 de las actuaciones administrativas), la importadora planteó una impugnación. Conforme surge de la constancia de digitalización (Transacción 535239411; v. p. 148 del DEO), en las actuaciones administrativas se encuentra agregado el Certificado de Origen C173305038900005 y la correspondiente consularización del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los términos del decreto 8714/1983. A su vez, han sido agregadas la Factura Comercial N° YGM1602074 y el B/L N° ASSHA750107 (pp. 152-156 y pp. 158-160 del DEO)
Dicha impugnación fue rechazada mediante la resolución RESOL 2021-9460-E-AFIP-DEPRLA#SDGTLA, del 16/12/2021 (pp 132-143 y 214-215 del DEO), frente a lo cual Burkool SA interpuso un recurso de apelación en los términos del art. 1132 del CA, dando origen al expte. 1409682-A, en el que planteó la nulidad del cargo y postuló la validez del certificado de origen.
II. La sentencia del Tribunal Fiscal Que, por la sentencia del 5 de septiembre de 2024, el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la RESOL-2021-9460-E-AFIP -DEPRLA#SDGTLA, dictada en la actuación SIGEA Nº 17124-6338 -2018.
Para así decidir, el Tribunal recordó que “el origen de las mercaderías importadas debe demostrarse cuando las mismas están favorecidas por tratamientos diferenciales, o sujetas al pago de derechos antidumping o compensatorios o específicos o cuando tuvieran vigencia distintos niveles de gravamen de importación para una misma mercadería de acuerdo al país de origen de la misma, particularmente si éste no tuviera derecho a recibir el trato de nación más favorecida por parte de nuestro país”.
En seguida, indicó que en la Resolución MEYOYSP 763/96 (BO: 13/06/96) se establecieron los alcances, el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 9476/2025 BURKOOL SA (TF 14309682-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO contenido y los procedimientos referidos a la presentación de un certificado en los términos del denominado control de origen no preferencial, para el trámite de las importaciones sujetas a tal requerimiento, de acuerdo a lo previsto en el Acuerdo sobre Normas de Origen del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, aprobados por la Ley 24.425. Mientras que en la Resolución MEYOYSP 381/96 (BO: 06/11/96) aclara algunos aspectos de la Resolución MEYOYSP n° 763/96.
Puntualizó que el artículo 6 de la Resolución MEYOYSP N° 763/96 establece que no se exigirá formulario o formato especial predeterminado para los certificados de origen, no obstante, resultará necesario se indique la siguiente información: “(...) b) Denominación de la mercadería cuyo origen se certifica (...) e) Cantidad y unidad de medida correspondiente (...) g) Organismo o entidad certificante (nombre, domicilio, país, teléfono y fax); si fuera una entidad pública, nombre del organismo público del que depende; si fuera una entidad privada, fecha en la que fue autorizada a extender certificaciones de origen y nombre del organismo público habilitante, h) Firma, aclaración y sello de quien certifica (...)”.
Agregó que, por otra parte, el artículo 5 de la Resolución MEYOYSP 381/96 dispone que el certificado de origen deberá contener el número de factura comercial correspondiente a las mercaderías cuyo origen se certifica y la descripción de las mismas. Bajo tales reglamentos, analizó si el certificado de origen C173305038900005 cumple con lo dispuesto en el artículo 6 incs. b), e), g) y h) de la Resolución MEYOYSP 763/96, poniendo de relieve que conforme surge de la documentación obrante en las actuaciones administrativas, el certificado de origen C173305038900005 indica el número de factura comercial YGM1602074 correspondiente a la mercadería cuyo origen se certifica y la descripción de la mismas (“REFLECTIVE SHEETING”, PA 3919). Observó que si bien es en el certificado de origen C173305038900005 se consignan “22 CTNS” y en la factura “289 Rolls”; no puede desconocerse que la cantidad coincide con la inserta en el B/L ASSHA750107 y con la cantidad de bultos declarada en el DI 17073IC04016311Z.
A su vez, expuso que el campo 12 del certificado en cuestión se encuentra completo toda vez que cuenta con sello de la entidad certificante y firma de quien certifica y que el certificado de origen C173305038900005 fue legalizado por el consulado argentino. Al respecto, aclaró que “dicha legalización no supone intervención ni autorización alguna de la importación sino una comparación de la firma e identificación que la entidad certificante ha colocado en la declaración de origen con el correspondiente registro que obra en la oficina consular, necesaria al efecto de otorgar validez al certificado de origen. Dicha legalización deberá estar fechada e identificará al Consulado Argentino que la practica. En la misma constará que este último certifica la similitud de la firma de la entidad certificante con la que obra en los registros de dicha representación consular (conf. art. 3 Res. MEYOYSP N° 381/96)”.
A mayor abundamiento sostuvo que “si la Dirección General de Aduanas tenía fundadas dudas sobre la validez de la certificación o sobre la veracidad de los datos consignados en el certificado de origen, podría haber realizado las consultas pertinentes y requerir la información complementaria que necesitara al exportador, a la entidad certificante o al consulado interviniente, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, siguiendo el procedimiento establecido en el art. 20 de la Res. MEYOYSP 763/96, lo cual no acaeció en sede aduanera”.
III. Los agravios del Fisco Nacional Que disconforme con lo así resuelto el Fisco Nacional - exAFIP – DGA, sostiene que la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación es errónea porque desconoció la aplicación obligatoria de la Resolución (MEOSP) 763/96, que regula los certificados de origen en operaciones sujetas a derechos antidumping.
Afirma que el certificado de origen presentado por la importadora era inválido, ya que no cumplía con varios requisitos del artículo 6 de la Resolución 763/96: (i) no coincidían las unidades de CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 9476/2025 BURKOOL SA (TF 14309682-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO medida entre la factura (289 rolls) y el certificado (22 CTNS / 405 kg), sin posibilidad de conversión; y (ii) faltaban datos esenciales: entidad certificante, aclaración y sello del firmante.
Cuestiona que, pese a ello, el sentenciante utilizó otros documentos (factura, conocimiento de embarque y declaración de importación) para validar el origen de la mercadería, lo que —según la recurrente— viola el art. 12 de la Resolución 763/96, que exige la coincidencia entre el certificado y la factura comercial y no permite recurrir a otros medios de prueba.
Alega que el TFN incurrió en una arbitraria valoración de la prueba, sustituyendo indebidamente la documentación exigida por el reglamento y restando valor al certificado de origen, que constituye el único medio idóneo para acreditar el origen de la mercadería.
Sostiene además que el régimen no es preferencial, sino de control de medidas antidumping, y que la falta de cumplimiento formal y material del certificado impide reconocer el origen declarado, debiendo aplicarse los tributos correspondientes.
Solicita que se revoque la sentencia del TFN por apartarse de la normativa aplicable y se confirme la resolución aduanera, con costas a la parte actora.
IV. Cuestiones liminares y alcance del recurso.
Carácter limitado de la revisión judicial sobre las cuestiones de hecho.
Que resulta adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (cfr. CSJN, Fallos: 300:985 y esta Sala, in re “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/06; “Baxter Argentina SA TF 34662 -A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/20, entre otras; y con la actual composición, expte. nro. 71743/2022 in re “Eastman Chemical Argentina -TF 35552-A c/ DGA”, del 6/08/2024). Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in re “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/16; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/18; “Novartis Argentina SA (TF 28664 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/19; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/21; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/22 y “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/22; más recientemente, expte. nro. 324/2024 “Luis A Ducret y Cía SA y otro (TF 32415-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3/09/2024 V.- La solución de caso En la expresión de agravios el Fisco Nacional alega que la decisión del Tribunal Fiscal resulta arbitraria ya que la resolución aduanera se basa en las deficiencias del certificado de origen para que no se apliquen los derechos antidumping.
Ahora bien, sin perjuicio de que ese planteo refiere a cuestiones de hecho y prueba, no se advierte que la valoración efectuada por el Tribunal Fiscal de la Nación haya sido arbitraria o irrazonable. Más allá de lo que alega la demandada, dicho Tribunal efectuó una descripción amplia del régimen aplicable y de los elementos probatorios de la causa.
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9476/2025 BURKOOL SA (TF 14309682-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Para definir la validez del certificado de origen C173305038900005 resulta conveniente exponer, una vez más, el marco normativo aplicable.
La resolución MEOySP 763/96, vigente al tiempo de la importación analizada en el caso, establece que, a los efectos del cumplimiento de las destinaciones definitivas de importación para consumo, la autoridad de aplicación podía disponer la presentación de un certificado de origen junto con el resto de la documentación aduanera exigible.
En el caso, el certificado se requirió con sustento en el artículo 2º, inciso b, de esa norma, por tratarse de mercadería “sujeta a la aplicación de derechos antidumping o compensatorios o específicos o medidas de salvaguardia, quedando también contempladas las importaciones sujetas a dichos tratamientos en razón de ser originarias de países a los que no se otorga el trato de Nación más favorecida”.
El artículo 4º dispone que los certificados de origen deben contener, esencialmente, una declaración del fabricante, productor final o exportador indicativa del país en que las mercaderías han sido obtenidas o producidas totalmente o en el que hubiesen sufrido la última transformación sustancial. Tal declaración debía efectuarse en el país de origen y certificarse por organismos oficiales.
El artículo 6º agrega que “no se exigirá formulario o formato especial predeterminado para los certificados de origen. Sin embargo, resultará necesario que además de la declaración a que se refiere el artículo precedente, se exprese en forma clara y ordenada la siguiente información: a) Fabricante, productor final o exportador (nombre, domicilio, país, teléfono y fax). b) Denominación de la mercadería cuyo origen se certifica. c) Puerto o lugar de embarque. d) Medios de transporte. e) Cantidad y unidad de medida correspondiente. f) Importador en la República Argentina. g) Organismo o entidad certificante (nombre, domicilio, país, teléfono y fax); si fuera una entidad pública, nombre del organismo público del que depende; si fuera una entidad privada, fecha en la que fue autorizada a extender certificaciones de origen y nombre del organismo público habilitante. h) Firma, aclaración y sello de quien certifica. i) Lugar y fecha de emisión y de la correspondiente certificación.”
Finalmente, el artículo 13 indica –entre otras cuestiones– lo atinente al plazo de validez de los documentos, la obligación de presentarlos en original y la imposibilidad de admitir ejemplares con “raspados, tachados, deterioros, manchas, enmiendas o datos faltantes, ni correcciones o agregados en letra o tipografía distinta de las utilizadas en su confección, en la correspondiente certificación o en la legalización consular”.
A su turno, se dictó la resolución MEOySP 381/96 con el objeto de aclarar algunos aspectos de la anterior. En sus considerandos, hizo mérito de la finalidad que cumple todo certificado de origen, como instrumento que permite “la correcta clasificación arancelaria y valoración en razón de que indica la naturaleza, cantidad, origen y otras circunstancias relacionadas con la mercadería que se tratare”.
Además, ponderó que “el correspondiente control de la información consignada mediante la comparación con la factura comercial se facilita al consignarse el número de la misma en el documento mencionado.”
Sobre esa base, el artículo 5º de la norma estableció que, a partir del 2/01/1997, los certificados de origen establecidos por la resolución MEOySP 763/96 deberían contener “el número de factura comercial correspondiente a las mercaderías cuyo origen se certifica y la descripción de las mismas”.
Según el art. 17° de la resolución MEOySP 763/96 “Ante la falta de presentación en forma del certificado de origen para los casos previstos en el Artículo 2º, inciso b), sólo procederá el libramiento de las mercaderías previa constitución de garantía de acuerdo con lo dispuesto en el inciso f) del Artículo 453 del Código Aduanero, fijándose un plazo de DIEZ (10) días para que el interesado presente la documentación faltante. Si vencido dicho plazo no se hubiera cumplido la obligación, dentro de los CINCO (5) días corridos CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 9476/2025 BURKOOL SA (TF 14309682-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO se iniciará el correspondiente sumario a los efectos de investigar la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 954, incisos a) o b) de mencionado Código. La apertura de dicho sumario tornará necesaria la suspensión preventiva del importador, en los términos del Artículo 97, apartado 1., inciso h) de la Ley N° 22.415, durante CUARENTA Y CINCO (45) días, prorrogables por otro plazo igual si persistieran los motivos que originaron la medida. En el marco de la sustanciación de dicho sumario se practicarán las investigaciones destinadas a verificar el origen de las mercaderías a través de las consultas previas en el segundo párrafo del Artículo 20 de la presente”. Finalmente, en cuanto aquí interesa este artículo 20 instituye un mecanismo con la finalidad de despejar fundadas dudas sobre la validez de la certificación o sobre la veracidad de los datos consignados en el certificado de origen, al facultar “a la Administración Nacional de Aduanas dependiente de la Secretaría de Hacienda a realizar consultas y requerir la información complementaria que estimare corresponder”. En este sentido, también establece que “cuando resultare necesario practicar consultas al fabricante, al productor final o al exportador, al organismo certificante o al consulado interviniente, ante las dudas mencionadas en el párrafo anterior o como parte de una investigación, las mismas se realizarán a través del Ministerio De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto”.
Fue bajo tales premisas, que el Tribunal Fiscal de la Nación cotejó el certificado de origen (presentado de modo posterior al libramiento, dentro del plazo de la resolución 2793/2010), con la factura comercial, el Bill of Lading oportunamente agregados a la carpeta del despacho de importación, para concluir que los requisitos del art. 6, incisos b) y e) se hallaban satisfechos.
En cuanto a los recaudos establecidos en los incisos g) y h) indicó que el campo 12 del certificado en cuestión se encuentra completo, dado que cuenta con sello de la entidad certificante y firma de quien certifica, mientras que la legalización del consulado argentino supone la comparación de la firma e identificación que la entidad certificante ha colocado en la declaración de origen con el correspondiente registro que obra en la oficina consular, necesaria al efecto de otorgar validez al certificado de origen.
En consecuencia y toda vez que la parte demandada no ha logrado acreditar la arbitrariedad de la decisión del Tribunal, corresponde desestimar los agravios del Fisco Nacional y confirmar la resolución apelada, que dejó sin efecto el cargo aduanero en concepto de derechos antidumping sobre la base de considerar válido el certificado de origen.
VI. Costas.
Que, las costas de ambas instancias se imponen al Fisco Nacional vencido al no advertirse motivos que justifiquen la dispensa (arts. 1163 y 1182 del CA, y 68, primer párrafo, del CPCCN).
Por ello, el Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional y confirmar la sentencia del 05/09/2024 (v. IF-2024-96429893-APNVOCXVIII#TFN). Con costas.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala– suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 3/25 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia