Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 44227-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68 primer párrafo, CPCCN).
En orden a la apelación interpuesta por la parte demandada a fs. 99 contra la regulación de honorarios practicada en el resolutivo Nº 2 de la sentencia de fs. 93/98 vta., teniendo en cuenta la CAF 17499/2021/CA1; BUSNELLI, ROBERTO ORESTE ANTONIO (TF 44227-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO naturaleza, resultado y monto del asunto debatido, asimismo el mérito, la calidad y eficacia de la gestión profesional y etapas cumplidas, se CONFIRMAN los honorarios regulados en la instancia anterior, desde que han sido apelados sólo por bajos (ley 21.839, arts. 6º, 7º, 9º, 37 y concordante).
Y, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y considerando, además, el resultado del recurso, SE FIJAN los emolumentos correspondientes a la dirección letrada y representación del fisco nacional, por las tareas cumplidas en la Alzada (fs. 119/126 vta.), en la suma de pesos dos mil quinientos –$ 2.500– (arts. 6º, 7º, 9º y 14 del arancel de abogados y procuradores).
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ANTONIO (TF 44227-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de septiembre de 2022.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 93/98 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación –en adelante TFN– resolvió confirmar la resolución apelada, con costas. Para así decidir, el Vocal preopinante –Dr. Martín–, luego de exponer las expresiones de las partes contendientes en sus respectivas presentaciones, sostuvo que a fs. 58 se hizo lugar a la oposición a la prueba ofrecida por el actor.
Señaló que de las actuaciones administrativas se extrae que el 3/11/14 se le inició al Sr. Busnelli la fiscalización electrónica Nº 2299349, bajo la campaña denominada “Personas físicas residentes en Argentina que operaron con cuentas bancarias, de inversión o similares en la Confederación Suiza”, derivando en la confección de papeles de trabajo y proyección de un ajuste en la declaración jurada –DDJJ– rectificativa Nº 3, correspondiente al impuesto sobre los bienes personales –ISBP– del período fiscal 2006, atento no surgir en el rubro “Bienes situados en el exterior” los saldos de la cuenta bancaria existente en el Banco HSBC- Suiza.
Con relación a la nulidad invocada por el actor, con base en la forma en que fue obtenida la información en la República Francesa, más la aptitud de la documentación en cuestión para ser utilizada por el fisco argentino, explicó que la administración judicial francesa obtuvo en su territorio, y en razón de un allanamiento al domicilio del Sr. Hervé Daniel Marcel Falciani, la información que se le atribuía haber obtenido ilegalmente en una entidad bancaria de la Confederación Suiza –HSBC Private Bank (Suisse)–, entre la que se hallaba un número importante de residentes argentinos. Esa información – continuó–, luego de recibir todos los controles internos por parte de la República Francesa, fue entregada al entonces titular de la AFIP, en el marco del Convenio Bilateral para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal celebrado entre nuestro ambos países.
Desatacó que tal circunstancia fue abordada y analizada en el “Incidente de nulidad sobre el origen de la prueba”, formado en la Causa Nº 1652/2014, caratulada “HSBC BANK ARGENTINA SA Y OTRO SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769”, por ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 11, en cuya resolución del 7/3/17 el magistrado interviniente sostuvo –en lo medular– que: “… del examen de las constancias agregadas a las actuaciones se advierte que los archivos en cuestión fueron secuestrados, en poder de un particular, por las autoridades de la República de Francia en el marco del registro domiciliario descripto en el considerando 9° y posteriormente entregados a la autoridad fiscal de nuestro país en el marco del art. 27 de la ley 22.357 que aprueba el `Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio ´. No se advierte la intervención o conexión entre los agentes estatales y la obtención por parte de Hervé FALCIANI de los datos cuestionados, tal como se consignó en el punto d) del considerando 9° y también en la sentencia de la Sala en lo Penal del Tribunal Supremo español, agregada a fs. 672/681. Los eventuales delitos que pudiera haber cometido el poseedor de tales documentos –Hervé FALCIANI-, tal como se indica en los diferentes planteos, no constituye una circunstancia que invalide "per se" la obtención de los documentos secuestrados regularmente por las autoridades estatales”.
Y, además: “… del examen de los archivos entregados por las autoridades francesas a la Administración Federal de Ingresos Públicos surge que se refieren a datos relativos a la tenencia de activos depositados en cuentas bancarias, a sus beneficiarios y titulares, el tipo de tenencias, movimientos y saldo al cierre del ejercicio, es decir, información que no integra al ámbito de reserva absoluto de los ciudadanos (artículo 19 de la CN). El secreto bancario no es oponible a la autoridad fiscal de nuestro país, más aún las tenencias de activos depositados en el circuito bancario local, según la legislación vigente deben ser informadas por tales entidades a la Administración Federal de Ingresos...”.
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ANTONIO (TF 44227-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Luego de ello, negando la existencia de ilegitimidad en la información base, destacó que perdió toda fuerza cualquier extensión que se pretendiera hacer sobre su utilización posterior.
Por otro lado, se remitió a un voto de su colega de Sala –Vocal Gómez– en una causa similar, en la cual, con relación a la invocación de la figura conocida como “el fruto del árbol envenenado”, la rechazó en virtud de lo expresado en la causa penal antes mencionada, en cuanto a que “… tampoco se ha demostrado que la prueba incorporada al proceso vulnere de manera directa y concreta algún derecho fundamental de los imputados” (sic).
En otro orden de consideraciones, en lo concerniente a la determinación del gravamen, destacó que la administración tributaria incorporó en la base imponible del ISBP-2006 el saldo en dólares de la cuenta bancaria en el exterior, convertida en pesos a la cotización correspondiente al último día hábil anterior al 31/12/06.
Expuso que el actor planteó que la cuenta bancaria estaba declarada, y que se componía de bonos austríacos que, por aplicación del Convenio para evitar la Doble Imposición Internacional celebrado entre nuestro país y la República de Austria, debían eliminarse de la base imponible del ISBP.
Sobre el particular, manifestó que: “… resulta imperioso ratificar que de la información extraída del CD que obra a fs. 10 del cuerpo `FISCALIZACION ELECTRONICA n° 2299349 CAMPAÑA N° 0438-2014…´ surge que el saldo de la cuenta bancaria que se le atribuye al Sr. Busnelli, corresponde al Número de Cliente 22310 AR y Código de Cliente 5091170163, tal como él mismo reconoce en su apelación ante esta instancia. Además en el informe luce la lista de IBAN a que se refiere, resultando inequívoca la referencia al saldo bancario de U$S 1.820.100 (dólares un millón ochocientos veinte mil cien) que se encuentra trabado en litis”.
Agregando que: “En la declaración jurada rectificativa N° 3 del Impuesto sobre los Bienes Personales presentada el 23/10/2009 en el Rubro 2. BIENES SITUADOS EN EL EXTERIOR figura el monto de $ 22.426.372,09 en el renglón Títulos, acc y demás participaciones sociales. Sin embargo cuando se dio respuesta al requerimiento electrónico con fecha 2/12/2014 informó saldos en cuentas de inversiones en bonos (fs 21 del cuerpo citado) por un monto equivalente $ 33.374.239 (JP Morgan, HSBC port folio, Sall Oppeinheim y Credit Suisse). Si bien la diferencia pudo haberse explicado con la tenencia de Bienes Exentos lo cierto es que a fs 106 del Cuerpo de Investigación en la declaración jurada original figuran sólo S 782.383,16 como bienes exentos, lo que no logra explicar que la cuenta bancaria cuestionada se encontraba declarada como bienes exentos”.
Luego de destacar que la cuenta en cuestión no estaba declarada en la DDJJ-ISBP-2006, expresó que de los elementos y la documentación que componen los antecedentes administrativos, no fue posible encontrar la correlación entre el saldo de la cuenta y la existencia de los bonos austríacos que menciona el actor, con lo cual no resulta posible extraerlos de la tributación.
Recordó que cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se encuentren respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad, incumbiendo a quienes las impugne la demostración irrefutable de los hechos. En este aspecto, no existiendo pruebas suficientes con relación a este punto, correspondía confirmar la resolución que determinó de oficio el gravamen.
En el voto de la Vocal Gómez, explicó que el Administrador Federal de Ingresos Públicos accedió al listado de los clientes de la entidad financiera radicada en Suiza, en virtud del Convenio para evitar la Doble Imposición suscripto entre nuestro país y la República Francesa –ley 22.357 y su protocolo modificatorio, ley 26.276–, que regula el intercambio de información entre ambos Estados, a partir del cual la Hacienda Francesa remitió al organismo recaudador de nuestro país la información en soporte magnético –CD ROM–, sobre las cuentas bancarias de residentes argentinos al 31/12/06, lo que motivó el inicio de CAF 17499/2021/CA1; BUSNELLI, ROBERTO ORESTE ANTONIO (TF 44227-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO la fiscalización a fin de establecer si los depósitos allí consignados habían sido declarados ante el fisco nacional en el impuesto a las ganancias y en el ISBP.
Efectuó transcripciones y exposiciones en torno de los artículos 2º y 27 del Convenio descripto, junto con el Modelo de Convenio para evitar la Doble Imposición de la OCDE, en particular su artículo 26, que prevé el recogimiento de información entre los Estados partes de los convenios.
En este aspecto, aseveró que el intercambio de información en debate se ajusta a las previsiones del tratado internacional vigente, en tanto la aprobación o intervención de las autoridades de la Confederación Suiza no puede plantearse como un requisito necesario para el intercambio, no advirtiéndose violación alguna a la regla pacta sunt servanda.
Con relación a la denominada “teoría del fruto del árbol envenenado”, invocada por el actor para restarle valor probatorio a la información recibida desde el exterior, negó que pudiera prosperar, destacando que, en el campo del derecho procesal tributario, cuyo fundamento último es la salvaguarda de los derechos constitucionales del individuo, se entiende que la “regla de la exclusión probatoria” debe ceder ante la existencia de una fuente independiente de convicción sobre los hechos. En otros términos, la nulidad del acto procesal comprende a la prueba que él contenga, pero sin extenderse a otras pruebas derivadas de él, en la medida que no sean consecuencia inmediata de aquella irregularidad, y de que exista la posibilidad de obtener la prueba cuestionada por otros medios.
En este sentido, citando jurisprudencia del Alto Tribunal, expuso que una aplicación errónea de la regla de exclusión podría desviar al proceso de la búsqueda de la verdad y torcer injustificadamente el principio de justicia que debe primar en todo pronunciamiento.
Con relación al allanamiento practicado en el domicilio del Sr. Falciani, destacó que los funcionarios fiscales franceses no tuvieron participación directa o indirecta en la obtención de tales datos, sin que surja de autos que el procedimiento llevado a cabo por la justicia de la República Francesa hubiera adolecido de vicio alguno.
A su vez, en lo tocante a la queja formulada en orden a que la documentación remitida por la autoridad francesa no había sido legalizada ni apostillada, rememoró que la Convención de La Haya del 5/10/61 contempla el intercambio de información entre Estados, exceptuando la exigencia de legalización diplomática o consular de documentos públicos obtenidos en el exterior, estableciendo para su validez un apostillado cuyo fin es dar fe de la autenticidad de la firma y el carácter o calidad en que actuó el firmante del documento.
Puntualizó que la información fue recibida directamente por el administrador federal de la AFIP, de parte de la Dirección General de Finanzas Públicas de la República Francesa, con basamento en un convenio bilateral que prevé el intercambio de información, por lo que concluyó que no era necesario exigir la apostilla. Por último, desechó que existiera alguna nulidad que invalidara el procedimiento, al no hallarse traducida la documentación proporcionada por la autoridad francesa, aduciendo que la información se limitó a especificar, respecto del recurrente, su nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, sexo, estado civil, domicilio, número de cuenta bancaria, y fecha de apertura y saldos; todo expresado en números, con lo cual –destacó– era de fácil comprensión.
En este sentido, afirmó que el actor pudo acompañar la traducción correspondiente –lo que no hizo–, si es que, a su entender, alguna de las referencias contenida en el instrumento pudiera dar lugar a un equívoco.
En cuanto al fondo del asunto, la Vocal Gómez adhirió al voto del vocal preopinante.
Finalmente, la Vocal O´ Donnell señaló que a la fecha existe jurisprudencia del fuero en lo Penal Económico que, frente a CAF 17499/2021/CA1; BUSNELLI, ROBERTO ORESTE ANTONIO (TF 44227-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO planteos similares a los presentes, han sido tratados luego de un profundo análisis acerca de la validez de la documentación en la que el fisco nacional sustentó el ajuste, que son las denominadas aquí y en otros países “Fichas BUF”, en las que bajo un “Código BUP” se describe la situación patrimonial de personas o grupos de personas asentadas en archivos informáticos de la entidad bancaria.
Informó que el incidente de nulidad sobre el origen de la prueba formado en la Causa N° CPE 1652/2014, con sentencia del 7/3/17, fue confirmada por la Cámara del fuero el 22/12/17, transcribiendo varios segmentos del pronunciamiento.
En particular, con relación a la “Falta de violación al principio de exclusión de la prueba”, reprodujo lo siguiente: “...la regla que invocan los distinguidos defensores en las múltiples presentaciones que dieron lugar a esta incidencia sólo se aplica para restringir las facultades persecutorias de los órganos públicos. A su vez no se ha indicado alguna razón por la que corresponda hacer excepción a ese principio general y tampoco se ha demostrado que la prueba incorporada al proceso vulnere de manera directa y concreta algún derecho fundamental de los imputados…”.
Con respecto a “La información obtenida a través del Convenio” –en referencia al instrumento suscripto entre nuestro país y la República Francesa–, copió lo siguiente: “...no integra el ámbito de reserva absoluto de los ciudadanos (artículo 19 de la CN). El secreto bancario no es oponible a la autoridad fiscal de nuestro país, más aún las tenencias de activos depositadas en el circuito bancario local, según la legislación vigente deben ser informadas por tales entidades a la Administración Federal de Ingresos Públicos…”.
En cuanto “al valor probatorio de los elementos”
recolectados, recalcó que “...la eventual verificación de las inobservancias alegadas por las defensas no comportan per se una causal de nulidad, sino que podrían eventualmente incidir en la fuerza probatoria con la que se valoren esos elementos ", criterio que comprende a los defectos formales que se acusan respecto a su traducción y legalización”. “Sobre la validez del procedimiento seguido en aplicación del Convenio aprobado por la ley 22.357 y sus modificatorias”, reprodujo que “...el intercambio de información cuestionado se ajustó a las pautas establecidas por dicho tratado, la intervención o aprobación de la Confederación Suiza no constituía un requisito necesario para su celebración ni tampoco se verifica una violación a la regla internacional ´pacta sunt servanda´, teniendo en consideración los derechos y obligaciones internacionales contraídas por Argentina y Francia”. Adicionó que la Cámara Nacional en lo Penal Económico expresó que: “... no se advierte, ni las partes recurrentes logran demostrar cuál habría sido el derecho subjetivo que las personas imputadas en la causa se vieron imposibilitadas de ejercer, al momento del trámite respectivo o con posterioridad, por el hecho de que las autoridades de la República Argentina y de la República Francesa hayan canalizado la transmisión de la información de la que se trata por la vía prevista por el convenio mencionado, en lugar de una distinta”. Para rematar, sostuvo la Vocal O´Donnell que el criterio seguido por la justicia argentina guarda concordancia con el adoptado por tribunales de otros países, frente situaciones y agravios prácticamente idénticos a los de autos; mencionó los casos de Francia y España.
En cuanto al fondo del asunto, adhirió a la decisión adoptada por el vocal Martín.
II. Que contra dicha sentencia se alza la parte actora, interponiendo su recurso de apelación a fs. 105 –concedido a fs. 106– y expresando sus agravios a fs. 108/115 vta., los que fueron contestados por la demandada a fs. 119/126 vta. En su memorial, luego de referir a los antecedentes del caso, niega que le resulten aplicables a su parte las conclusiones arribadas en la causa penal, ya que no fue parte de esas actuaciones.
CAF 17499/2021/CA1; BUSNELLI, ROBERTO ORESTE
ANTONIO (TF 44227-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Expresa que los funcionarios de la AFIP cometieron un error acerca de la identificación de la cuenta involucrada, lo cual tiene por causa el hecho de que la documentación incorporada a su legajo es parcial y redactada en otro idioma. Sostiene además que la información es de dudoso origen y existencia, no legalizada ni traducida, lo que atenta contra el debido proceso adjetivo y la defensa en juicio.
Destaca que la causa penal Nº 1652/2014 no forma parte del plexo probatorio de autos, lo que invalidaría el procedimiento actuado en el caso y la decisión a la que se arribó.
Sostiene que el pronunciamiento apelado es arbitrario, ya que cuenta con una fundamentación dogmática, no anclada en constancias de la causa.
Con relación a la “inexistencia de la cuenta involucrada” (sic), aduce que su parte alegó, sostuvo, explicó e intentó probar –sin que el TFN se lo permitiera– que la cuenta bancaria a tenor de la cual se formularon las imputaciones y cargos, no tiene existencia como tal, toda vez que se partió de un error de lectura de la documentación parcial y no traducida.
Critica que no se le hubiera hecho lugar a la prueba ofrecida, la cual –indica– potenció exponencialmente el yerro. Afirma que la cuestión estriba en determinar si la cuenta fue declarada por su parte, o no; para ello –precisa– un profesional contable idóneo e imparcial debería examinar la totalidad de los antecedentes documentales.
Señala que “la cuenta inexistente nunca se denunció, por que tal cuenta no existe” (sic).
Expresa que si se toma el número de IBAN –CH25 0868 9050 9108 0270 9– o el de cliente –22310AR–, o el Código de Cliente –5091170163–, siempre se refiere a la misma cuenta, destacando que la AFIP y el TFN adoptaron antojadizamente un número de cuenta que no surge de documento alguno obrante en autos. Destaca que el número adoptado –9050910802709– es inventado.
Menciona que en la primera fiscalización se identificó la cuenta bajo el número 1170163, la cual fue declarada oportunamente, sin formularse reparo alguno.
Acusa que la autoridad fiscal le inventó una cuenta a los fines de formularle cargos.
Tilda de irónico el hecho de que el TFN le achacara no haber aportado prueba suficiente y categórica sobre los puntos controvertidos, al tiempo que le denegó la ofrecida.
Por último, en orden a la “gravabilidad de los bonos de la cuenta involucrada”, expresa que da por reproducida las consideraciones expuestas en el punto precedente.
Solicita que se ordene la producción de la prueba pericial contable, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada.
III. Que previo a ingresar al tratamiento de la materia sometida a examen, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a la recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15, “Araujo Medina CAF 17499/2021/CA1; BUSNELLI, ROBERTO ORESTE ANTONIO (TF 44227-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Alexander Javier c/ EN M Interior OPyV DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18, entre otros).
IV. Que, asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. CSJN, Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. CNACAF, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/2012 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/2014 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/2016 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/2016, del 16/10/18; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/2018, del 7/5/19, entre otros).
V. Que, según se aprecia, la presente litis se enmarca dentro de los contornos que perfila la información que la AFIP obtuvo de parte de su par francesa –con sustento en el “Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio” (leyes nacionales 22.357 y 26.276)–, vinculada con las cuentas que algunos residentes argentinos poseerían en la entidad HSBC Private Bank Suisse de la Confederación Suiza, y que ha alcanzado gran repercusión pública.
La crónica acerca de la obtención de la información se encuentra descripta con suficiente detalle en la sentencia apelada, lo que amerita remitir su lectura a dicho documento, evitando aquí formular repeticiones innecesarias.
En lo que al caso de autos concierne, de acuerdo con la posición fiscal, el Sr. Busnelli sería uno de los residentes de nuestro país que contaría con una cuenta en aquélla entidad financiera –con un saldo de u$s 1.820.100 al 31/12/06–, no declarado como “Bienes situados en el exterior” en la DDJJ rectificativa Nº 3 del ISBP-2006. Ello derivó en el dictado de la Resolución Nº 22/2015 (DV DEOB) del 26/6/15 (fs. 5/11), que determinó de oficio el ISBP-2006 en la suma de $ 356.622,31 e intimó al contribuyente a que ingresara el importe de $ 41.252,57, con más los intereses resarcitorios correspondientes, decisión que fuera confirmada por el TFN.
VI. Que debe señalarse inicialmente que, en lo sustancial, los agravios del apelante representan una reiteración de los argumentos volcados en el recurso de apelación oportunamente interpuesto ante el TFN (ver especialmente fs. 20/25 y 112/114vta.). Ello, de suyo, importa una directa desatención a lo ordenado en el artículo 265 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual determina que el escrito de expresión de agravios debe contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se considere equivocadas. Quiere esto decir que debe traslucir una exposición técnica y jurídica, dotada de un análisis serio, razonado y crítico de la resolución apelada, idónea para conmoverla (v. esta Sala, in re “Fleitas, Juan Avelino y otros c/ EN-M. Seguridad-GN s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg.”, Causa Nº 45090/2015, del 14/5/19 y “Edesa SA c/ Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 62055/2019, del 3/83/21).
Es que, aun cuando corresponda observar un criterio amplio para juzgar la suficiencia de una expresión de agravios –por cuanto tal temperamento es el que mejor se adecua a un riguroso respeto del derecho de defensa–, ello no puede conducir a extremo tal que implique, en los hechos, derogar la norma que impone la carga específica concerniente a la suficiencia y aptitud de fundamentación que debe CAF 17499/2021/CA1; BUSNELLI, ROBERTO ORESTE ANTONIO (TF 44227-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO contener la expresión de agravios (v. esta Sala, in re “Compañía Argentina de Const. SAICFEI c/Ferrocarriles Argentinos s/Contrato de Obra Pública”, Causa Nº 28.298/95 del 7/8/09; “SIGLA SA c/ Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica (CONICET) s/ contrato administrativo”, Causa Nº 23.899/94 del 25/6/07; “González Domínguez Rubén Darío c/EN-PFA y otros”, Causa Nº 42.734/03 del 16/7/7; “Banco Río de la Plata SA c/EN-AFIP DGI, Sumario Nº 463/03 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, Causa Nº 490/05 del 23/10/07; “Primera Red Interactiva de Medios Arg. (Prima) SA c/DNCI Disp Nº 280/09 (Expte Nº S01:96667/08)”, Causa Nº 16.795/09 del 13/5/10; “DGA (Autos National Starch & Chemical SA - TF 22958-A)”, Causa Nº 7900/08 del 31/10/08; “Comercializadora Multiemprendimiento SA c/DNCI - Disp. Nº 285/04 (Expte Nº S01:0119320/02)”, Causa Nº 1676/07 del 30/09/10; “Corporación Río Luján SA c/DNCI – Disp. Nº 930/08 (Expte Nº S01:382434/06)”, Causa Nº 1897/09 del 23/3/10; “Etronix c/DNCI - Disp. Nº 61/07 (Expte S01:371065/07)”, Causa Nº 13340/09 del 23/3/10; “Servicios Buenos Aires SA (TF 33906-I) c/DGI”, Causa Nº 39303/2011 del 7/2/13; “Banbest SA c/Dirección General Impositiva”, Causa Nº 31.393/2014 del 21/04/15; “Mereta Miguel Ángel y otros c/ EN-M° Defensa-Armada - Dto 2769/93 751/09 s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg”, Causa N° 35809/10 del 11/10/18, entre otros).
Por caso, el recurrente cuestiona la convicción que pudiere alcanzar la información brindada por la autoridad francesa al administrador de la AFIP, aseverando que su origen es dudoso y que la documentación no se legalizó ni se tradujo al idioma español. Frente a ello, el TFN –con suficiente grado de fundamentación, centralmente el voto de la vocal Gómez– destacó que no ofrecía dificultad la lectura de los documentos, en orden a la identificación del actor y de los datos referidos a la cuenta bancaria en cuestión.
Por lo demás, y tal como también allí se lo remarcó, bien pudo el interesado promover los medios correspondientes para traducir el documento, si hubiere encontrado razones de mérito para ello, lo que no ocurrió. Corrobora tal circunstancia la lectura de los antecedentes administrativos –que se tienen a la vista–, en particular el cuerpo “Fiscalización electrónica Nº 2299349 campaña Nº 0438- 2014…” (fs. 10).
También objetó el actor la actuación de los funcionarios fiscales, formulando explicaciones acerca del “número de IBAN”, el “número de cliente” y el “código de cliente”, aseverando que la primera fiscalización que se llevó a cabo identificó la cuenta bajo el número 1170163, la cual había sido declarada por su parte, sin formularse ningún reparo.
Sobre el particular, el TFN recogió el planteo y lo desarrolló –ver Considerando I, en especial al referir al voto del Vocal Martín–, sin que la apelante exponga una crítica razonada al respecto. Por último, en lo referido a los bonos austríacos que el actor aduce poseer en la cuenta bancaria –y que deberían excluirse de la base imponible del impuesto, por aplicación del Convenio para evitar la Doble Imposición Internacional celebrado entre nuestro país y la República de Austria–, el actor dio por reproducidas las consideraciones anteriormente expuestas, sin hacerse cargo de los fundamentos expuestos por el a quo al tratar este tópico.
Esta circunstancia, al igual que las anteriores, sella la suerte del agravio. Es que, en lo que ha sido decisivo para la solución de la controversia por parte del a quo, el actor no ha expuesto argumentos de contundencia que logren conmover los sólidos fundamentos que emanan de los votos de los miembros de la Sala D del TFN.
VII. Que ahora bien, sin desmedro de lo anterior, y atento la trascendencia que revisten, corresponde detenerse en dos agravios particulares presentados por el Sr. Busnelli. El primero, relativo a la denegación de la producción de la prueba pericial contable ofrecida ante el TFN, y el segundo, concerniente a la causa penal ventilada en los autos “HSBC BANK ARGENTINA SA Y OTRO SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769.
CAF 17499/2021/CA1; BUSNELLI, ROBERTO ORESTE
ANTONIO (TF 44227-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Con relación al primero de los asuntos descriptos, se trata del cuestionamiento que efectúa el actor respecto del rechazo de la producción de la prueba pericial contable ofrecida ante el TFN. Incluso, el agraviado solicitó que se abriera a prueba en esta instancia de apelación (v. fs. 114 vta/115).
Con ese medio de prueba el actor pretende que un profesional contable dictamine acerca de lo siguiente: (i) que “Identifique la cuenta que nuestro mandante tenía habilitada ante el HSBC en Ginebra al 31/12/06, precisando sus datos identificatorios, composición, moneda y saldo”, y (ii) que “Determine si el Sr. Busnelli integró los impuestos correspondientes a dicha declaración” (v. fs. 25 vta).
Pues bien, cabe destacar que la prueba pericial contable no resulta ser un medio idóneo para probar tales extremos, fundamentalmente por dos razones: la primera, porque el proponente no especificó sobre qué documentación habría de dictaminar el experto, y la segunda –y fundamental– porque no se requieren de conocimientos especiales (arg. CPCCN, art. 457) para identificar una cuenta abierta en una entidad financiera. Más bien, el propósito perseguido por el actor hubiera aconsejado el ofrecimiento y producción de una prueba informativa vía exhorto al HSBC Private Bank Suisse, lo que no hizo. Por estos motivos, se rechaza el agravio en trato.
VIII. Que en lo referente al segundo de los asuntos en cuestión –la causa penal tramitada ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico–, el actor niega que le alcancen sus conclusiones, aduciendo que no fue parte en dicho proceso.
Se trata de la Causa Nº 1652/2014, correspondiente s los autos “HSBC BANK ARGENTINA SA Y OTRO SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769”.
En rigor, el tópico se enmarca dentro del planteo de nulidad articulado por el actor, al cuestionar el modo en que la AFIP accedió a la información que diera lugar al ajuste en debate, relativa a las cuentas abiertas en el HSBC Private Bank Suisse con sede en la Confederación Suiza, y a sus titulares.
Al respecto, y tal como se indicó en el segundo párrafo del Considerando V de este pronunciamiento, la descripción completa de la operatoria se halla desarrollada en la sentencia apelada, a la cual estos juzgadores se remiten brevitatis causae.
Ahora bien, a más de las referencias efectuadas por la Vocal O´Donnell en su voto, con relación al pronunciamiento recaído en el “Incidente de nulidad sobre el origen de la prueba” formado en la Causa Nº CPE 1652/2014 –que, dada su trascendencia, fueron reproducidos en el Considerando I de esta sentencia–, se debe recordar que este asunto ha sido tratado y resuelto por la Justicia en lo Penal Económico, tal como lo apuntaron los tres vocales del TFN (vide fs. 94 vta. y 97vta/98).
Ello así, la insistencia del actor en poner en duda la validez del procedimiento seguido a su respecto, con sustento en argumentos ya examinados, conduce directamente a su rechazo en esta instancia de revisión, por carecer de los debidos fundamentos. A todo evento, no puede dejar de repararse en la escasez argumental que reporta el recurso de inicio (v. fs. 20/25 vta.), particularmente al introducir el asunto aquí examinado.
IX. Que en orden a todo lo analizado, se concluye que el examen practicado por el a quo se presenta como una razonada derivación del derecho vigente, lo cual conduce a confirmar su sentencia, con costas de Alzada a la vencida, por no caber mérito alguno para la dispensa (CPCCN, art. 68 primer párrafo).
En mérito de lo expuesto SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68 primer párrafo, CPCCN).
En orden a la apelación interpuesta por la parte demandada a fs. 99 contra la regulación de honorarios practicada en el resolutivo Nº 2 de la sentencia de fs. 93/98 vta., teniendo en cuenta la CAF 17499/2021/CA1; BUSNELLI, ROBERTO ORESTE ANTONIO (TF 44227-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO naturaleza, resultado y monto del asunto debatido, asimismo el mérito, la calidad y eficacia de la gestión profesional y etapas cumplidas, se CONFIRMAN los honorarios regulados en la instancia anterior, desde que han sido apelados sólo por bajos (ley 21.839, arts. 6º, 7º, 9º, 37 y concordante).
Y, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y considerando, además, el resultado del recurso, SE FIJAN los emolumentos correspondientes a la dirección letrada y representación del fisco nacional, por las tareas cumplidas en la Alzada (fs. 119/126 vta.), en la suma de pesos dos mil quinientos –$ 2.500– (arts. 6º, 7º, 9º y 14 del arancel de abogados y procuradores).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite –en la instancia anterior– su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (C.S., Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros). Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia