Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa EX-2023-102847804-APN-TFN#MEC
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos peticionado, con costas.
2Intimar al incidentista para que el término de cinco (5) días, ingrese la suma de $1.857.776,09 con más los intereses resarcitorios correspondientes en concepto de tasa de actuación bajo apercibimiento de librarse la respectiva boleta de deuda (conf. arts. 2°, 3° y 7° de la ley N° 25.964).
3Regular en la suma de $326.968 (pesos trescientos veintiséis mil novecientos sesenta y ocho) los honorarios de la Dra. Marcela Victoria Caparrós Vázquez por su actuación como apoderada y en la suma de $817.421 (pesos ochocientos diecisiete mil cuatrocientos veintiuno) los honorarios de la Dra. María Gabriela Mosqueira por su labor como patrocinante del Fisco Nacional, teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, la etapa procesal cumplida, y demás pautas de la ley 21.839.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-83532766-APN-VOCIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Agosto de 2026 BERNARDO/BLSG”.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación), Claudio E. Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Subrogante de la 9° Nominación) para resolver el Expediente N° EX-2023-102847804-APN- TFN#MEC “BUSTAMANTE GONZALO BERNARDO s/incidente de beneficio de litigar sin gastos”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que mediante IF-2023-102851188-APN-DTD#JGM el Dr. Oscar Andrés Ramos Rivera se presenta en representación del Sr. Bustamante Gonzalo Bernardo y solicita se le conceda beneficio de litigar sin gastos manifestando que su representado se encuentra económica y financieramente imposibilitado de afrontar el pago de la tasa de actuación ya que su principal fuente de ingresos, la empresa Bustamante Publicidad y Marketing S.A. es una empresa sin actividad, que presenta deudas con calificación incobrables según los estándares del BCRA. Sostiene que el recurrente es monotributista de categoría D con un máximo de facturación de $ 3.656.604,33, su esposa es jubilada, que la casa donde habita con su familia es propiedad de su esposa y se encuentra bajo el régimen de protección de vivienda, y que dependen para subsistir del apoyo económico de sus hijos. Acompaña prueba documental y ofrece informativa y testimonial.
Que la dispensa que solicita se origina en el acto administrativo recurrido ante este Tribunal, por el que la Jefa (int) de la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Centro de la ex AFIP-DGI, le estableciera la responsabilidad personal y solidaria, en su carácter de presidente, representante legal y administrador de los fondos de la empresa citada, y mediante el cual se le reclama la suma de $ 12.060.847,17 y $ 9.364.201,18 en concepto de Impuesto a las Ganancias 2014, 2015 y 2016 y Salidas no documentadas 2015-2016, respectivamente, con más los accesorios por los importes de $ 26.441.309,06 y $ 22.426.758,22. A ello se adiciona una multa calificada como dolosa en el Impuesto a la renta por $ 4.017.928,92. Los ajustes realizados por el Fisco Nacional, entre otros, se sustentan en la utilización de facturas apócrifas, incremento patrimonial por pasivos e intereses presuntos. Al recurrir ante esta instancia implicó oportunamente la intimación de una Tasa de Actuación equivalente a $ 1.857.776,09, la que quedó en suspenso hasta tanto se resolviera la presente solicitud. (PV-2023-127274577-APN-VOCIX#TFN).
II. Que en IF-2023-118483814-APN-DTD#JGM se presenta el Fisco Nacional tomando conocimiento del recurso interpuesto por el incidentista. Manifiesta que la recurrente no ha aportado prueba idónea tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recursos para el pago de la tasa y solicita su rechazo in limine.
Destaca que el artículo 78 del C.P.C.C.N. acuerda el beneficio a aquellas personas que se encontraren en una situación de pobreza que los pusiera en la imposibilidad de litigar.
Que en tal sentido, manifiesta que el concepto de incapacidad económica no debe ser confundido con dificultades financieras o de liquidez, es decir la simple mención de falta de liquidez o situación de impotencia patrimonial que alega el recurrente.
III. Que mediante PV-2023-127275584-APN-VOCIX#TFN se le solicitó al recurrente como medida para mejor proveer que acompañe las declaraciones juradas de los Impuestos sobre los Bienes Personales y a las Ganancias, ambas por los períodos fiscales 2021 y 2022, como así también un informe de los ingresos desde el 01/01/2023 hasta la fecha. El incidentista no presentó lo solicitado argumentando que las últimas declaraciones juradas presentadas corresponden al periodo 1998 y respecto de los ingresos remite a la documental acompañada al solicitar el beneficio.
Que por PV-2024-38174043-APN-VOCIX#TFN se ordena como medida para mejor proveer librar oficio a la Dirección Nacional de Migraciones para que informe a este Tribunal si el señor Gonzalo Bernardo Bustamante ha salido del país entre el 1/1/2021 al 1/1/2024 y se consultó a la página web de ANSES a fin de obtener información sobre si cuenta con obra social. Que mediante NO-2024-47597375-APN-DAJ#DNM la Dirección Nacional de Migraciones informa que no se registraron movimientos migratorios por parte del incidentista en el periodo solicitado. De la página web de ANSES se extrajo información confirmando que el recurrente cuenta con cobertura de la empresa OSDE.
IV. Que oportunamente se elevaron los autos al conocimiento de la Sala “C”.
V. Que ello así, corresponde analizar la procedencia del beneficio de litigar sin gastos peticionado por el incidentista. Que en efecto la ley 25.964 en su art. 9° establece la exención de pago de la tasa de actuación a las “personas que actuaren con beneficio de litigar sin gastos” y que este instituto se ve plasmado en el art. 78 del C.P.C.C.N., donde se ampara a quienes “carecieren de recursos” esto es, los que se encuentran en una situación de pobreza tal que, de no poder afrontar el pago de la tasa, afectaría su derecho a estar en juicio.
Que la concesión del beneficio de litigar sin gastos queda librada a la prudente apreciación judicial, en tanto los medios probatorios incorporados al incidente reúnan los requisitos suficientes para llevar al ánimo del juzgador la verosimilitud de las condiciones de pobreza alegadas. En cada situación, el Tribunal deberá efectuar un examen particularizado a fin de determinar la carencia de recursos, o la imposibilidad de obtenerlos, de quien invoque el beneficio para afrontar las erogaciones que demande el proceso en cuestión (Fallos: 311:1372; considerando 1 ° y sus citas; 315:276 y 1025), y con tal propósito, corresponde analizar las probanzas arrimadas en estos actuados.
Que, en este orden de ideas, debe mencionarse que, si bien la Ley de Procedimiento Tributario prevé que “En la instancia ante el Tribunal Fiscal de la Nación los interesados podrán actuar personalmente, por medio de sus representantes legales, o por mandatario especial…” art. 160 Ley 11.683 (t.o. 1998 y mod.), el incidentista ha optado por actuar con apoderado, lo que es un argumento más a tener en cuenta al momento de valorar la “real carencia de fondos”, toda vez que deberá afrontar el pago de los honorarios correspondientes a la actuación del profesional interviniente. Que, así como corresponde prever los honorarios de los profesionales –patrocinante/apoderado- con motivo del recurso incoado, también debe considerarse el arancel correspondiente a la tasa de actuación que establece la Ley 25.964, puesto que ninguno de esos gastos surge de forma intempestiva, sino que son consecuencia de la decisión que adopta el propio apelante al momento de acudir ante esta instancia jurisdiccional.
Que cabe destacar que de la página web de ANSES surge que el incidentista tiene cobertura de medicina prepaga OSDE (Obra Social de Ejecutivos y del Personal de Dirección de Empresas), lo que evidencia una situación económica que dista de ser de pobreza.
Que, en este sentido, mediante consulta a la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central de la República Argentina se obtuvo la información de la Situación financiera del Sr. Bustamante, quien cuenta con calificación 1 normal dentro de la cartera comercial, no posee deuda y puede acceder a crédito bancario, lo que demuestra un alto grado de solvencia. Los datos allí vertidos contrastan con lo alegado por el incidentista respecto a que presenta deudas de calificación incobrables y que tiene su CUIT limitada. Por otro lado, menciona la existencia de planes de pago con periodos sin cancelar, esto tampoco es un indicador de imposibilidad de pago.
Que, de los testimonios ofrecidos como prueba, la Sra. María Guadalupe Fernández la esposa del incidentista, se limita a manifestar que la situación económica es mala, que los ingresos del Sr. Bustamante son escasos y que ella percibe una jubilación mínima y que reciben donaciones mensuales de sus hijos, su declaración es vaga y no aporta datos relevantes acerca de los ingresos familiares. Lo mismo respecto del Sr. Juan Ignacio Bustamante, su declaración no contiene precisión alguna acerca de los gastos e ingresos del grupo familiar ni del monto mensual que transfiere a su padre. En cuanto al testimonio de la Sra. Dolores Rivera, empleada primero de la empresa Bustamante Publicidad y Marketing S.A. y actualmente de Empower Marketing S.R.L. sostiene que el Sr. Juan Ignacio le solicita que realice retiros de la empresa y se los trasfiera al recurrente, tampoco especifica los montos, la testigo está infiriendo que son aportes, sin embargo, dichas transferencias bien podrían ser remuneraciones de trabajo.
Que en el período trabado en Litis, 2014 a 2016, el Sr. Bustamante ejerció la presidencia y representación legal de la empresa. A su vez dichas funciones las habría desarrollado según fs. 53 de los antecedentes administrativos desde el año 2009. Del mismo informe surge que posee acciones en la sociedad Bustamante Publicidad y Marketing S.A. A pesar de ello dice no presentar declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales desde el año 1998. Que además y a mayor abundamiento cabe señalar que la empresa de la que fuera presidente, y a la que califica "sin actividad" y con "deudas con calificación incobrables..." abonó el 13/09/2024 la suma correspondiente al Plan T561667, al contado por un total de $ 72.358.836,06 conforme lo acredita la actora en la causa principal -vide IF-2024-137223462-
APN-DTD#JGM-.
Que en consecuencia no habiendo el incidentista aportado evidencia que permita corroborar el supuesto estado de pobreza ni la falta de medios para afrontar el pago de la tasa de actuación, es decir, que se encuentre imposibilitada de obtener los recursos financieros suficientes a fin de poder afrontar dichos gastos, que es presupuesto inexcusable del beneficio de litigar sin gastos, corresponde rechazarlo, con costas e intimarlo para que en el término de cinco (5) días, ingrese la suma de $1.857.776,09 con más los intereses resarcitorios correspondientes en concepto de tasa de actuación, bajo apercibimiento de librarse la respectiva boleta de deuda (conf. arts. 2°, 3° y 7° de la ley N° 25.964).
VI. Regular los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional por su actuación en autos: en la suma de $416.880 (Pesos cuatrocientos dieciséis ochocientos ochenta) equivalente a 4 UMA- Unidad de Medida Arancelariapor el patrocinio letrado y de $ 208.440 (Pesos doscientos ocho mil cuatrocientos cuarenta) equivalente a 2 UMA- Unidad de Medida Arancelaria- por la representación procesal, los que quedan a cargo del Sr. Bustamante Gonzalo Bernardo teniendo en cuenta a tales fines el monto de la tasa, la actividad desarrollada en la etapa procesal y el resultado obtenido, conforme lo dispuesto por los artículos 15, 16, 20, 21, 29 y 51 de la Ley N° 27.423, la Resolución SGA 1930/2026. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen IVA.
La Dra. Marmillon dijo:
I. El beneficio de litigar sin gastos es un instituto excepcional, que tiene por finalidad permitir a aquéllos que carecieren de recursos o de la posibilidad de obtenerlos, acceder a la justicia u organismos con funciones jurisdiccionales en defensa de sus derechos.
El inc. 2° del art. 79 CPCCN, es categórico en cuanto dispone: “La solicitud contendrá:...2) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recurso.”. Es decir que, quien tiene la carga de probar fehacientemente la carencia de recursos y de crédito para obtenerlos, es de quien la invoca.
En atención a lo expuesto procede valorar la prueba documental allegada al presente incidente que consiste en: a) Comprobantes de transferencias bancarias realizadas por Juan Ignacio Bustamante y Gonzalo Bustamante, b) Informe Nosis Complianes respecto de Bustamante Publicidad y Marketing S.A., c) Notificación de deuda del Municipio de Tigre, d) Boleta de donde surge deuda respecto de la tasa municipal, e) Constancia de inscripción del monotributo, f)Deuda de autónomos y monotributistas del Sr. Bustamante, f) Constancia de deudas en planes de facilidades de pago de Bustamante Publicidad y Marketing S.A. y del incidentista, g) Constancia de las últimas declaraciones juradas del impuesto a las ganancias de Bustamante Publicidad y Marketing S.A., h) Consulta del Sistema Registral de Bustamante Publicidad y Marketing S.A. y del incidentista, finalmente, i) produce prueba testimonial que obra agregada en las presentes actuaciones.
Por su parte el incidentista ofreció además prueba informativa con el objetivo de solicitar al Registro de la Propiedad Inmueble Nacional, al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires y al Registro de la Propiedad Automotor, que acredite la existencia de bienes a su nombre. También propuso el libramiento de oficios al Banco Central de la República Argentina para que informe acerca de los movimientos bancarios de su titularidad como así también pidió oficios a la AFIP para que se pronuncien sobre la situación fiscal de Bustamante Publicidad y Marketing S.A. y del incidentista. Por último solicita se libre oficio al Banco Santander Argentina S.A. para que indique los montos que fueron transferidos por el señor Juan Ignacio Bustamante al incidentista.
De todas las pruebas señaladas en los párrafos anteriores la Vocalía instructora tuvo por agregada la prueba testimonial acompañada, rechazó por improcedente la prueba informativa dirigida a la AFIP y al Banco Santander. Consideró que la prueba ofrecida respecto de los registros ya se encontraba producida en las actuaciones administrativas y sustituyó la prueba pretendida respecto del Banco Central de la República Argentina por la información que surge de la página oficial de dicho organismo.
En primer lugar cabe destacar que corresponde analizar la prueba dirigida a reflejar estrictamente el estado patrimonial del incidentista, no así de su grupo familiar o de la empresa Bustamante Publicidad y Marketing S.A. por la cual se le endilga la responsabilidad solidaria en el expediente principal.
Los testimonios que brindan la señora Dolores Rivera, una ex empleada del incidentista, Juan Ignacio Bustamante (hijo del incidentista) y la señora María Guadalupe Fernández, esposa del señor Gonzalo Bernardo Bustamante, consisten en meras manifestaciones de una presunta mala situación económica que atravesaría el incidentista, coincidiendo todas las declaraciones que el señor Bustamante subsiste gracias a la ayuda económica de sus familiares, sin acompañar constancias que acrediten sus dichos.
Si bien existen comprobantes de depósitos en la cuenta del señor Bustamante por parte de sus hijos, no se infiere de los mismos el carácter o motivo con el que fueron realizados.
Tal como fuera señalado, la documental que indica que la señora Fernández tiene deuda con el municipio de Tigre por la propiedad inmueble que posee, no resulta relevante para reflejar la situación económica del aquí incidentista. Cabe destacar que la empresa Bustamante Publicidad y Marketing S.A., sobre la que se ofreció prueba pretendiendo demostrar la falta de capacidad económica, ha cancelado las obligaciones por las que se determina la responsabilidad solidaria del incidentista adhiriendo la deuda a la moratoria establecida por la ley 27.743, motivo por el cual esta Sala resolvió con fecha 16/6/2025 declarar abstracto el tratamiento del recurso interpuesto por el señor Gonzalo Bernardo Bustamante, con costas.
No se halla cuestionado en autos que el incidentista no posee bienes muebles o inmuebles registrados bajo su titularidad, sin embargo dicha situación no resulta prueba suficiente para demostrar la situación de pobreza alegada. Tiene dicho la Alzada que: “...el beneficio de litigar sin gastos es un privilegio restrictivo y excepcional, lo que determina que la ausencia de recursos económicos que imposibiliten el pago de costos causídicos deba ser demostrada en forma fehaciente, carga que le incumbe al peticionante” (C.A.C.F. Sala III “Simón, Enrique v. AFIP”, del 17/04/2012). Cabe agregar a lo dicho que el peticionante se presenta junto con el patrocinio letrado de un profesional del derecho y que no consta en autos un pacto de cuota litis o que haya renunciado a percibir sus honorarios, por lo que se presume que cuenta con dinero suficiente para hacerse cargo de los emolumentos del mismo, toda vez que su trabajo no se presume gratuito.
En consecuencia, la peticionante no ha logrado demostrar en autos la carencia de recursos para hacer frente a los gastos del proceso que invoca, y considerando que resulta imprescindible allegar al expediente elementos de convicción suficientes que permitan verificar de forma razonada la imposibilidad de pago alegada, procede la denegación del beneficio solicitado, con costas.
Cabe destacar que para arribar a la resolución que antecede no resultó concluyente tampoco la medida para mejor proveer solicitada por el Vocal preopinante en PV-2024-38174043-APN-VOCIX#TFN, ya que la misma no resulta determinante para los extremos que se pretenden probar.
II. En atención a la forma en que se decide, procede intimar a la recurrente para que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese las sumas de $ 928.888.04 (pesos novecientos veintiocho mil ochocientos ochenta y ocho con 04/100 centavos) en concepto de tasa de actuación, teniendo en cuenta la forma en la que se impusieron las costas en el expediente principal 16/6/2025, bajo apercibimiento de ordenar el libramiento de certificados de deuda (conf. arts. 1, 2, 7 y cc. de la ley 25.964 y modif.).
III. En relación con la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, debe señalarse que el art. 47 de la ley 27.423 se encuentra observado por el decreto N° 1077/2017 (B.O. 21/12/2017) en el cual se establecían las pautas a seguir en materia de incidentes. Valorando al carácter alimentario que reviste el presente instituto, se realiza la presente regulación aplicando las pautas de la ley 21.839 y su modificación.
Ello así, corresponde regular en la suma de $326.968 (pesos trescientos veintiséis mil novecientos sesenta y ocho) los honorarios de la Dra. Marcela Victoria Caparrós Vázquez por su actuación como apoderada y en la suma de $817.421 (pesos ochocientos diecisiete mil cuatrocientos veintiuno) los honorarios de la Dra. María Gabriela Mosqueira por su labor como patrocinante del Fisco Nacional, teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, la etapa procesal cumplida, y demás pautas de la ley 21.839.
Se deja constancia que la totalidad de los honorarios regulados se encuentran a cargo del Sr. Bustamante Gonzalo Bernardo y no incluyen el impuesto al valor agregado.
El Dr. Luis dijo:
I. Que adhiero a los considerandos I y III del voto de la Dra. Marmillon II.- Que adhiero a lo expuesto en el último párrafo del considerando V del voto del Dr. Martín.
Por ello, en razón de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos peticionado, con costas.
2. Intimar al incidentista para que el término de cinco (5) días, ingrese la suma de $1.857.776,09 con más los intereses resarcitorios correspondientes en concepto de tasa de actuación bajo apercibimiento de librarse la respectiva boleta de deuda (conf. arts. 2°, 3° y 7° de la ley N° 25.964).
3. Regular en la suma de $326.968 (pesos trescientos veintiséis mil novecientos sesenta y ocho) los honorarios de la Dra. Marcela Victoria Caparrós Vázquez por su actuación como apoderada y en la suma de $817.421 (pesos ochocientos diecisiete mil cuatrocientos veintiuno) los honorarios de la Dra. María Gabriela Mosqueira por su labor como patrocinante del Fisco Nacional, teniendo en consideración la labor profesional desarrollada, la etapa procesal cumplida, y demás pautas de la ley 21.839. Se deja constancia que la totalidad de los honorarios regulados se encuentran a cargo del Sr. Bustamante Gonzalo Bernardo y no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese y archívese.
Date: 2026.08.28 14:10:24 ART Date: 2026.08.28 14:32:13 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.28 18:08:30 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Daniel Alejandro Martín Vocal Subrogante Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.28 18:09:53 -03:00
Fin de la sentencia