Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 3819
Lo que resolvió el tribunal
I. Receptar parcialmente el recurso de apelación deducido por el demandado, y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada, dejando sin efecto las indemnizaciones fijadas por los rubros pérdida de chance y daño emergente (arts. 1739, 1744, 1749 CCyC; y 83 CPCC). Las costas de primera instancia por estos reclamos indemnizatorios desestimados se imponen en el orden causado, en virtud de que los accionantes pudieron creerse razonablemente con derecho a formularlos (art. 68 CPCC).
II. Receptar parcialmente el recurso de apelación deducido por los accionantes, y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada, fijando las indemnizaciones por el daño moral, en las sumas de $ 100.000 para cada uno de aquellos, a valores vigentes a la fecha de la sentencia en revisión (art. 1741 CCyC).
III. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (art. 71 CPCC); difiriéndose la regulación de honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los honorarios de primera instancia (art. 31 LH).
Expte. n°: JU-3819-2018 BUSTAMANTE KARINA MONICA Y OTRO/A C/ AGUSTINELLI MARCELO RUBEN S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores GASTON MARIO VOLTA, JUAN JOSE GUARDIOLA y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, en causa nº JU-3819-2018 caratulada: "BUSTAMANTE KARINA MONICA Y OTRO/A C/ AGUSTINELLI MARCELO RUBEN S/ DAÑOS Y PERJ.RESP.PROFESIONAL (EXCLUIDO ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán. Guardiola y Volta.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Sr. Juez Dr. Castro Durán dijo:
I. En fecha 21/5/2021, el juez titular del juzgado de primera instancia n°1, Dr. Fernando Horacio Castro Mitarotonda, dictó sentencia, por la que receptó las pretensiones deducidas por Karina Mónica Bustamante, Mario Alberto Peralta y Juan Mario Bustamante contra Marcelo Rubén Agustinelli, condenando a este último a abonar: a la primera de aquellos, la suma de $ 1.070.000 (comprensiva de la siguientes indemnizaciones: de $ 1.000.000 por pérdida de chance, de $ 40.000 por daño psicológico y de $ 30.000 por daño no patrimonial); al segundo, la suma de $ 660.000 (comprensiva de la siguientes indemnizaciones: de $ 600.000 por pérdida de chance, de $ 40.000 por daño psicológico y de $ 20.000 por daño no patrimonial); y al tercero de los accionantes mencionados, la suma de $ 455.000 (comprensiva de la siguientes indemnizaciones: de $ 400.000 por pérdida de chance, de $ 40.000 por daño psicológico y de $ 15.000 por daño no patrimonial; todas estas sumas con más intereses. También receptó el reclamo indemnizatorio por el rubro daño emergente, fijando la indemnización correspondiente en la suma $ 149.200, con más aportes e intereses, difiriendo su exigibilidad a la etapa de ejecución de sentencia, en la que la parte actora deberá acreditar previamente el desembolso de diha suma. Impuso las costas al demandado y difirió la regulación de honorarios profesionales.
De tal modo, el sentenciante de origen se expidió respecto de las pretensiones encaminadas a la indemnización de los daños que alegaron haber padecido los accionantes, a raíz de la caducidad de instancia decretada en la causa "Peralta, Mario Alberto y otros c/ Barreiro, Mario Orlando y otro s/ Daños y Perjuicios"; modo de terminación del proceso que atribuyen a la deficitaria actuación profesional del abogado demandado.
II. Contra este pronunciamiento, el demandado interpuso apelación en fecha 4/6/2021, e idéntica impugnación dedujeron los accionantes en fecha 8/6/2021; recursos que, concedidos libremente, motivaron la elevación de la causa a esta instancia revisora, en la que, previa radicación, se recibieron las correspondientes expresiones de agravios en fechas 23/9/2021 y 27/9/2021.
III. En la primera de dichas presentaciones, el demandado impugnó: el incumplimiento obligacional que le fue atribuido; las indemnizaciones por pérdida de chance, daño psicológico y daño moral; y los intereses aplicables a las sumas de condena.
IV. Paralelamente, los accionantes, en su expresión de agravios, cuestionaron las indemnizaciones por daño psicológico y daño moral, y los intereses aplicables a las sumas de condena.
V. Corrido traslado recíproco de tales expresiones de agravios, el demandado lo contestó en fecha 29/10/2021 solicitando la desestimación de la apelación de los accionantes; en tanto que éstos presentaron la contestación en fecha 1/11/2021 solicitando inicialmente que se declare la deserción de la apelación del demandado por insuficiencia en su fundamentación, y subsidiariamente, la desestimación de la misma; luego de lo cual, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a la presente causa en condiciones de resolver.
VI. En tal labor, paso a abordar los distintos agravios.
Antes de ocuparme del tratamiento de cada uno de ellos, dejo sentado que la expresión de agravios presentada por el demandado no adolece de la insuficiencia técnica que le achacan los accionantes; razón por la cual, independientemente de la suerte que en definitiva corra la apelación por aquel deducida, corresponde el rechazo de la declaración de deserción peticionada por estos últimos (arts. 260 y 261 CPCC).
A) Desestimada la deserción solicitada, paso al tratamiento del agravio dirigido por el demandado contra el incumplimiento obligacional que le fue atribuido.
a] A tal efecto, creo oportuno recordar:
i. Que el sentenciante de origen expuso que, de acuerdo a la regla establecida en el Código Civil y Comercial, el factor de atribución de la responsabilidad civil del abogado, es subjetivo.
Agregó que no basta con la demostración del obrar negligente del abogado para considerarlo responsable por el perjuicio sufrido por su cliente, sino que también debe acreditarse que el daño deriva de esa conducta. Mencionó que el 23/2/2008 murieron, a causa de un accidente de tránsito, Mario Higinio Bustamante y Elsa Gianolio, que eran los padres de Juan Bustamante y Karina Bustamante, y también fallecieron las niñas Antonella y Marion Peralta, que eran las hijas de esta última y de Mario Peralta; decesos a raíz de los cuales, se iniciaron las causas "Peralta, Mario Alberto y otros c/ Barreiro, Mario Orlando y otro s/ Daños y perjuicios", "Peralta, Mario Alberto y otros c/ Barreiro, Mario Orlando y otro s/ Beneficio de litigar sin gastos, y la IPP n° 04-00-001216-08 caratulada "Víctima Gianolio Elsa y otros s/ Homicidio y lesiones culposas", en las que los actores fueron asistidos por el demandado. Continuó señalando que los actores le otorgaron al demandado poder general para actuar en juicio, por medio de sendas escrituras de fecha 29/2/2008, y posteriormente, mediante cartas documento de fechas 30/11/2017, 7/12/2017 y 14/7/2017 le notificaron la revocación de tal poder; en tanto que el 10/2/2016 se decretó la caducidad de instancia en la causa "Peralta, Mario Alberto y otros c/ Barreiro, Mario Orlando y otro s/ Daños y perjuicios", encontrándose prescripta la acción.
Concluyó, en base a tal reseña, que el demandado incurrió en una conducta culpable al omitir las presentaciones necesarias para evitar la declaración de caducidad de instancia y la prescripción de la acción; ya que en su condición de profesional del derecho tenía la plena dirección jurídica del proceso, debiendo saber las consecuencias que podrían derivarse de su inactividad procesal.
Añadió que no se encuentra acreditado que los actores conocieran el estado de la causa penal, ni tampoco la incidencia que pudo haber tenido dicho conocimiento en la responsabilidad profesional.
Finalizó diciendo que ninguna trascendencia puede darse al argumento sustentado en la revocación del poder en el año 2014, ya que está acreditado que dicha revocación fue comunicada por los actores recién en el año 2017.
ii. Que el demandado se agravió por el incumplimiento obligacional que le fue atribuido.
Sostuvo que el sentenciante no valoró la revocación del poder realizada por los actores ante el escribano Ilharreborde, en fecha 12/5/2014; revocación que surge del informe de la escribana Gabriela Verna.
Manifestó el demandado que para la configuración de su responsabilidad profesional, los accionantes deben ser ajenos a la causa de su propio daño; lo que no ocurrió en autos, ya que quedó probado que ellos, prácticamente dos años antes de la fecha en se decretó la caducidad de instancia, revocaron el poder que le habían conferido, pero nuca le notificaron la revocación, ni tampoco se presentaron posteriormente en la causa civil.
Puntualizó que los actores, luego de transcurridos tres años de la revocación del poder y después de decretada la caducidad de instancia, le pidieron explicaciones sobre una cuestión de la que debieron haberse ocupado ellos mismos o, en todo caso, a través de otro letrado.
Dijo que los actores no tuvieron interés en instar la causa y arbitrar los mecanismos necesarios para sustituir su representación, porque conocían la realidad de los hechos que surgía de la IPP y, por lo tanto, de las escasísimas chances de tener éxito en su reclamo.
Expresó que condenarlo a la reparación de un daño eventual, cuya posibilidad de ser reparado en sede civil era nula, resulta absurdo e improcedente.
Agregó que si los actores hubieran creído que tenían chances de obtener un resultado favorable en la causa, debieron haber instado la misma con otro letrado, a partir de fecha en que le revocaron el poder.
Expresó el demandado que la revocación del poder no fue valorada correctamente por el sentenciante, quien se limitó a considerar que la misma le fue comunicada recién en el año 2017, pasando por alto que, pese a que él la desconocía, dicha revocación rompió el nexo causal.
Continuó diciendo los actores le revocaron el poder porque no confiaban en él; razón por la cual, debieron instar el procedimiento con otro letrado y no aguardar tres años para pedirle explicaciones luego de decretada la caducidad de instancia.
Concluyó argumentando que los actores no pueden sostener que no conocían el estado de la causa y que se sorprendieron en el año 2017 con su resultado, ya que en la IPP actuó solamente como patrocinante de Juan Mario Bustamante, quien firmaba los escritos, incluso el de interposición de recurso contra la resolución que ordenó el archivo de las actuaciones.
b] A fin de resolver este agravio, considero útil señalar que el mandato, entre otras causales, se extingue por la revocación del mandante (arts. 380, 1077, 1078 inc. a] y 1329 inc. c] CCyC).
La revocación constituye un acto jurídico unilateral y recepticio, por lo que la extinción del mandato recién se produce cuando el mandatario toma conocimiento de sus términos (conf. Luis F. P. Leiva Fernández, "Código Civil y Comercial Comentado. Tratado exegético. Director General: Jorge H. Alterini", Tomo VI, pág. 1106).
A la luz de estas pautas, es evidente que el agravio en tratamiento no puede prosperar, ya que, como el mismo demandado lo reconoció, la revocación de los mandatos celebrados con los accionantes le fue comunicada por éstos, por medio de sendas cartas documento de fechas 30/11/2017, 7/12/2017 y 14/7/2017.
Por tal razón, recién en tales fechas, en las que el demandado tomó conocimiento de la voluntad de los actores de revocar el mandato, se produjo la extinción de los efectos propios de este contrato.
En consecuencia, hasta esas fechas el demandado estaba obligado a seguir el trámite del juicio (arts. 50 CPCC; 1324 inc. a] y 1725 CCyC). Por lo tanto, habiéndose decretado en fecha 10/2/2016 la caducidad de instancia en la causa "Peralta, Mario Alberto y otros c/ Barreiro, Mario Orlando y otro s/ Daños y perjuicios" (ver fs. 273/274 del expediente unido por cuerda), es evidente que el letrado apoderado aquí demandado, por omisión de la diligencia que le era exigible en función de naturaleza de su actividad profesional, no cumplió con las obligaciones a su cargo; incumplimiento que sella la suerte negativa del agravio en tratamiento e impone su rechazo (arts. 380, 1077, 1078 inc. a], 1324 inc. a], 1329 inc. c], 1725 CCyC; y 50 CPCC).
En consecuencia, habiendo quedado probado el incumplimiento obligacional del demandado y, adelanto, algunos daños en relación causal adecuada con el mismo; es evidente que bien le ha sido atribuida a aquel la responsabilidad profesional (art. 1768 CCyC).
B) Sigo ahora por el tratamiento del agravio dirigido por el demandado contra la indemnización fijada por el rubro pérdida de chance. a] A tal efecto, creo oportuno recordar:
i. Que el sentenciante de origen fijó prudencialmente las indemnizaciones por la pérdida de chance, en las siguientes sumas: de $ 1.000.000 para Karina Mónica Bustamante, de $ 400.000 para Juan Mario Bustamante; y de $ 600.000 para Mario Alberto Peralta.
Hizo hincapié en que en la causa "Peralta Mario Alberto y otros c/ Barreiro Mario Orlando y otro s/ Daños y perjuicios", quedó probada la ocurrencia del hecho dañoso, por el que los accionantes reclamaron la indemnización de los rubros valor vida, daño moral, gastos funerarios, daño psicológico y pérdida de chance.
Expuso que, de la evaluación de los escritos postulatorios y de las pruebas ofrecidas en la causa "Peralta Mario Alberto y otros c/ Barreiro Mario Orlando y otro s/ Daños y perjuicios, conjuntamente con las declaraciones testimoniales y pericias accidentológicas producidas en la IPP nº 04-00-001216- 08, si bien surge una responsabilidad mayor de Mario Higinio Bustamante en la ocurrencia del hecho, no puede descartarse una atribución concausal al resto de los protagonistas.
ii. Que el demandado impugnó el otorgamiento de la indemnización por este rubro, solicitando la revocación de la misma.
Expuso que eran prácticamente nulas las posibilidades de los actores de obtener alguna indemnización en los autos principales, dado que de las dos pericias accidentológicas realizadas en la causa penal, surge que la invasión de la mano contraria realizada por Mario Higinio Bustamante, padre y yerno de los actores, se erigió en la única causa del accidente.
Continuó diciendo que de dichas conclusiones periciales, que no podrían haber sido enervadas por la declaración de testigos, se deduce forzosamente que las chances de los actores de obtener un resultado satisfactorio eran inexistentes.
Agregó que el hecho, tal como fue determinado en sede penal, no podría haber sido modificado en sede civil, en lo relativo a las circunstancias en que ocurrió.
Subsidiariamente, se agravió por el monto en que fue fijada la indemnización en revisión, sosteniendo que el sentenciante de origen no justificó adecuadamente los montos indemnizatorios otorgados, ni tampoco mencionó los parámetros adoptados para su determinación.
Añadió que, tal como surge de las contundentes probanzas de la IPP, la probabilidad de éxito del reclamo indemnizatorio canalizado en la causa "Peralta, Mario Alberto y otros c/ Barreiro, Mario Orlando y otro s/ Daños y perjuicios" era mínima; razón por la cual, las indemnizaciones reclamadas nunca hubieran alcanzado el total de los montos estimados en la demanda, ya que responsabilidad en la producción del siniestro le hubiera sido atribuida en su totalidad o, al menos, en un alto porcentaje a Mario Higinio Bustamante. b] A fin de resolver este agravio, considero útil señalar que con la expresión pérdida de chance se contemplan todos los supuestos en los cuales la víctima contaba con la oportunidad de acceder a un beneficio, ya sea obteniendo una ganancia o evitando una pérdida; oportunidad que en definitiva queda frustrada a raíz del hecho ilícito.
Pero para dar origen a la obligación de indemnizar, la posibilidad perdida tiene que tener una intensidad tal que permita reputarla como una contingencia probable; es decir, debe presentarse un contexto fáctico objetivo que permita inferir que la víctima contaba con circunstancias favorables para la consecución de los beneficios esperados (conf. Eduardo A. Zannoni, "El daño en la responsabilidad civil", págs. 76/78).
A la luz de estas pautas, adelanto que el agravio en tratamiento debe ser receptado.
Llego a esta conclusión, valorando detenidamente las pericias accidentológicas realizadas en la causa penal unida por cuerda.
En una de ellas, el perito en accidentología vial Sergio Torcigliani expuso, refiriéndose a Mario Higinio Bustamante, que "...al salir de una curva existente a metros del lugar, su vehículo despista levemente ingresando a su sector de banquina correspondiente (derecha) y efectúa una maniobra sobre el pasto del lugar (giro a la izquierda) tendiente a retomar la mano original de circulación, ingresando a ésta pero sin control y derrapando del lado derecho, poniéndose el Peugeot perpendicular al eje del camino, pasando el carril contrario y cerrándole el paso al Chevrolet Vectra, que lo colisiona frontalmente en la parte delantera y frente lado derecho, en el lateral derecho medio y trasero del Peugeot 206; en el primer impacto se desprende la rueda trasera derecha del Peugeot 206 sale de su anclaje natural proyectada cayendo sobre la cinta asfáltica carril Junín-Buenos Aires, siendo impactada y nuevamente proyectada por el paragolpes delantero lado derecho del Ford Escort BUL 033 que circulaba detrás del Peugeot 206, produciéndose además el contacto y raspado entre el lateral izquierdo trasero del Vectra que roza el lateral izquierdo trasero del Escort...El hecho se produce por falla humana en la conducción del Peugeot 206 interviniente, quien despista levemente a la salida de una curva y la maniobra efectuada tratando de retomar el camino, sumado a falta de adherencia en el sector de banquina, hace ingresar al mismo al carril contrario perpendicular a la marcha original, cerrándole el paso al Chevrolet Vectra que circulaba en sentido contrario con las consecuencias de figuración en autos. No se constataron huellas de frenada-bloqueo, ni maniobras evasivas o de escape, por lo que se estima lo repentino del hecho para los conductores intervinientes y la proyección de las víctimas del Peugeot 206 por no hallarse atadas (cinturón de seguridad)...” (ver fs. 108, el entrecomillado encierra copia textual salvo el resaltado que me pertenece).
En la restante pericia, el perito ingeniero mecánico de la Asesoría Pericial de la Plata Diego Juan Fasano, dictaminó que "...por causas que no se pueden determinar técnicamente, el Peugeot se desvía hacia la banquina derecha y luego vuelve a retomar la calzada, la cual atraviesa en dirección S-N, invadiendo la mano contraria hasta la banquina, donde es embestido por el Chevrolet Vectra...El Peugeot invade la mano de circulación contraria. Teniendo en cuenta el posible desplazamiento, la dirección y el sentido de circulación de cada vehículo, así como la ubicación de los daños que presentan y el sentido de las deformaciones, el Vectra reúne las condiciones para ser considerado un rodado embestidor mecánico, y el Peugeot 206, un rodado embestido mecánicamente..." (ver fs. 219/vta., el entrecomillado encierra copia textual). De estos coincidentes dictámenes periciales, que aparecen sólidamente fundados (arts. 384 y 474 CPCC), resulta con un alto grado de probabilidad que el trágico accidente aquí debatido reconozca su única causa adecuada en el hecho del conductor del automóvil Peugoet 206, quien invadió el carril contrario de circulación por donde transitaba el Chevrolet Vectra; desplazando de esa categoría al riesgo de este último automóvil y al del Ford Escort. Es cierto que en la causa "Peralta, Mario Alberto y otros c/ Barreiro, Mario Orlando y otro s/ Daños y perjuicios", debido a la caducidad de instancia decretada, no se practicó la pericia mecánica ofrecida por todas las partes; pero también lo es, que es poco probable que el dictamen que hubiera emanado de esa nonata pericia, hubiera sido divergente con los concordantes dictámenes presentados en la causa penal.
Por otra parte, en la demanda que dio origen a la mencionada causa "Peralta", los accionantes ofrecieron para acreditar la mecánica del accidente, las declaraciones testimoniales de Alberto Barreiro y Celso Alberto Algañaraz. Ambos habían declarado en la IPP.
Barreiro dijo que él "...circulaba como acompañante en el automóvil Chevrolet Vectra color verde junto a su padre Mario Barreiro...de repente, en un instante, observa que un automóvil se cruza delante del automóvil conducido por su padre y no pueden evitar impactarlo..." (ver fs. 19, el entrecomillado encierra copia textual).
Suponiendo lógicamente que este testigo hubiera ratificado sus dichos en el proceso caducado, esta declaración robustece la mecánica del accidente antes recreada.
Algañaraz, a su vez, dijo en sede penal que "…Por el espejo de su camión observa un automóvil de color verde que a una velocidad elevada, sin luces encendidas, venía sobrepasando los camiones que circulaban hacia Chacabuco, hasta que llegó el momento de pasar al dicente, observando que el rodado pasó a alta velocidad, con dos ocupantes y teniendo las luces apagadas, estableciéndose allí que se trataba de un Chevrolet Vectra. Que un tramo más adelante, no sabe si dos o tres kilómetros, cuando llega al lugar, observa que había un accidente de tránsito lo que obliga al dicente a detenerse, observando que entre los vehículos involucrados se encontraba un Vectra de iguales características al anteriormente mencionado…” (ver fs.63, el entrecomillado encierra copia textual).
De esta declaración, que también cabe suponer que hubiera sido mantenida en el proceso caducado, sólo surge que el Chevrolet Vectra guiado por Barreiro iba sin las luces encendidas (omisión intrascendente puesto que el accidente se produjo en el mes de febrero a las 8:30 horas de la mañana) y a "alta velocidad" mientras pasaba camiones (dato que tampoco resulta relevante porque no está determinada la velocidad empleada y además porque la misma era desplegada dos o tres kilómetros antes del lugar del accidente). En consecuencia, analizando detenidamente las constancias de la causa penal, entiendo que las posibilidades de éxito, siquiera parcial, de la pretensión canalizada en la causa "Peralta, Mario Alberto y otros c/ Barreiro, Mario Orlando y otro s/ Daños y perjuicios", no tienen la intensidad suficiente como para reputar como una contingencia probable la obtención de las indemnizaciones reclamadas por los accionantes.
Por ello, ante un daño puramente conjetural, no corresponde conceder la indemnización reclamada en concepto de pérdida de la chance de haber obtenido una sentencia que dispusiera la indemnización de los daños derivados del fallecimiento de los padres e hijas de los accionantes.
En conclusión, tal como lo adelanté, cabe receptar el agravio en tratamiento, y consiguientemente, modificar la sentencia apelada, dejando sin efecto las indemnizaciones fijadas por el rubro pérdida de chance (arts. 1744 y 1749 CCyC).
Las costas de primera instancia por este reclamo desestimado se imponen en el orden causado, en virtud de que los accionantes pudieron creerse razonablemente con derecho a formularlo (art. 68 CPCC).
C) Continúo con el tratamiento del agravio dirigido por el demandado contra la indemnización fijada por el rubro daño emergente. a] A tal efecto, creo oportuno recordar:
i. Que el sentenciante de origen fijó la indemnización por este rubro, en la suma de $ 149.000 con más los intereses y aportes correspondientes. Determinó tal importe, adicionando los honorarios regulados en las sentencias interlocutorias por las que se decretó la caducidad de instancia y se rechazó por extemporáneo el recurso de reposición con apelación subsidiaria interpuesto contra la primera.
Finalmente, haciendo hincapié en que no quedó acreditado que el pago de los honorarios regulados en el proceso caducado hubiera sido reclamado a los accionantes, difirió la exigibilidad de la indemnización para la etapa de ejecución de sentencia, en la que los mismos deberán acreditar el pago realizado.
ii. Que el demandado impugnó el otorgamiento de la indemnización por este rubro, solicitando la revocación de la misma.
Expuso que no obstante que se supeditó el cobro de la indemnización en cuestión, a la acreditación del desembolso efectuado por los actores para pagar los honorarios regulados en la causa caducada; le causa gravamen que el sentenciante no haya advertido que a la fecha del dictado de la sentencia apelada, dichos emolumentos estaban prescriptos.
También cuestionó que en el importe indemnizatorio del daño emergente se hayan incluido los honorarios regulados a él y a su letrado patrocinante. b] Adelanto que este agravio también resulta procedente.
En primer lugar, porque ante el probable rechazo de la pretensión canalizada en el proceso caducado, también se hubiera condenado en costas a los accionantes; circunstancia que excluye la configuración de un daño cierto derivado de la deficitaria tarea profesional.
En segundo lugar, dado que en virtud de lo establecido en el artículo 83 del Código Procesal, con el pedido de beneficio de litigar sin gastos coetáneo con la demanda, los actores se encuentran provisionalmente liberados del pago de los honorarios y gastos causídicos hasta tanto recaiga la resolución que decida el incidente, en el que no se decretó la caducidad de instancia. Esta franquicia provisional también excluye la certidumbre del daño emergente.
Por lo expuesto, se impone la recepción del agravio en tratamiento, y consiguientemente, la modificación de la sentencia apelada, dejando sin efecto las indemnizaciones fijadas por el rubro daño emergente (arts. 83 CPCC y 1739 CCyC).
Las costas de primera instancia por este reclamo también se imponen en el orden causado, en virtud de que los accionantes pudieron creerse razonablemente con derecho a formularlo (art. 68 CPCC).
D) Abordaré a continuación el tratamiento de los agravios dirigidos tanto por los actores como por el demandado contra la indemnización fijada por el rubro daño psicológico.
a] A tal efecto, creo oportuno recordar:
i. Que el sentenciante de origen, apoyándose en el dictamen presentado por la perito psicóloga Eleonora Chiesa, fijó en las sumas de $ 40.000, las indemnizaciones concedidas a cada uno de los actores por el gasto derivado de la realización de los respectivos tratamientos psicológicos.
ii. Que el demandado impugnó el otorgamiento de esta indemnización, solicitando la revocación de la misma.
Expuso que el sentenciante pasó por alto que la pérdida de los familiares es la causa generadora del daño psicológico de los actores; pérdida que no le es imputable.
Argumentó que si la causa "Peralta, Mario Alberto y otros c/ Barreiro, Mario Orlando y otro s/ Daños y perjuicios" no hubiera concluido por caducidad de instancia, los actores igualmente hubieran sufrido un daño psicológico al ver frustradas sus expectativas de obtener una reparación económica, debido a que la responsabilidad por el acaecimiento del siniestro es atribuible a Mario Higinio Bustamante.
iii. Que los accionantes impugnaron los montos indemnizatorios fijados por este rubro, solicitando la elevación de los mismos a las sumas reclamadas en la demanda.
Expusieron que del dictamen elaborado por la perito psicóloga surge que ellos presentan un duelo patológico permanente, que torna aconsejable un tratamiento terapéutico.
Continuaron diciendo que el sentenciante de origen se limitó a indemnizar el tratamiento psicológico, pero no tuvo en consideración el daño psicológico sufrido, que resulta un rubro independiente de los costos del tratamiento. Sostuvieron, cita jurisprudencial mediante, que no implica una doble indemnización la determinación de un monto por el daño psíquico experimentado por el damnificado y de otro monto para afrontar el tratamiento psicoterapéutico sugerido por la experta, pues el resultado que pudiera arrojar este último opera obviamente para el futuro pero no borra la incapacidad existente hasta entonces.
Concluyeron afirmando que la experta ha dictaminado que frente al devastador escenario de semejante pérdida familiar, se produjo un agravamiento debido a la falta de justicia en la que derivó la mala praxis profesional.
b] A fin de resolver estos agravios, comienzo por mencionar que el daño psicológico no constituye un tercer género entre los daños patrimonial y moral; sino que puede afectar tanto intereses patrimoniales como extrapatrimoniales. Partiendo de esta plataforma, cobra relevancia el dictamen presentado por la perito psicóloga Eleonora Chiesa, quien respondió afirmativamente cuando se le preguntó si la conducta del demandado le causó daños psicológicos a los accionantes, explicando que les "...Trajo aparejado un menoscabo en sus funciones psíquicas, por la constante tensión suscitada, modificando el equilibrio, que habían podido alcanzar. Considero que este hecho, los afectó, en la medida que agravó un estado psíquico anterior ya menoscabado por un hecho traumático, aunque compensado...Este hecho incide negativamente en la vida de los tres actores, no favoreciendo una elaboración normal del duelo, que por sus particularidades guarda connotaciones trágicas..." (ver dictamen de fecha 17/2/2020, resps. a los puntos 3 y 5, el entrecomillado encierra copia textual salvo el resaltado que me pertenece).
Posteriormente, cuando se le preguntó si la conducta del demandado opera como factor agravante del trauma sufrido por los actores por la muerte de sus familiares, la perito Chiesa también respondió afirmativamente, exponiendo que "...considero que este hecho narrado opera como re agravante de los traumas preexistentes, reanimando e incrementando los síntomas..." (ver resp. al punto 6, el entrecomillado encierra copia textual salvo el resaltado que me pertenece).
Por último, estimó conveniente la realización de un tratamiento psicológico por parte de los tres accionantes (ver resps. a los puntos 12 y 13). Valorando, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, este dictamen pericial sólidamente fundado, tengo por acreditado que la deficiente actuación profesional del demandado agravó un estado psíquico previamente menoscabado por el fallecimiento de padres e hijos, perjudicando la elaboración normal del duelo por tales pérdidas, incrementando los síntomas de angustia (arts. 384 y 474 CPCC).
Surge claramente de este dictamen pericial que la alteración patológica de la personalidad que padecen los accionantes, no ha sido causada por la mala praxis del demandado, sino por las dolorosas pérdidas que han sufrido. Pero también surge que este estado patológico previo resultó agravado por la deficitaria actuación profesional del demandado que, al dejar caducar la instancia, generó la lógica sensación de desamparo en sus clientes que confiaban en él.
Y en este aspecto no tiene relevancia el probable rechazo de las pretensiones canalizadas en el proceso caducado, ya que los accionantes tenían la lógica expectativa de que en el proceso se dictara una sentencia que resuelva categóricamente sus pretensiones, sin albergar ningún tipo de dudas al respecto.
Como lógico corolario de lo antes expuesto, emerge que corresponde el rechazo de los dos agravios en tratamiento.
El de los accionantes, porque la alteración patológica de la personalidad que los afecta, no tiene su causa en la mala praxis profesional del demandado; motivo por el cual, éste no resulta obligado a resarcir los perjuicios derivados de dicha alteración.
Y el del demandado, porque el estado patológico previo de los accionantes resultó agravado por su negligencia profesional; y ese agravamiento justifica la realización de una terapia psicológica, cuyo costo debe afrontar.
Por lo antes expuesto, se mantienen las indemnizaciones fijadas por el daño psicológico (art. 1746 CCyC; 384 y 474 CPCC).
E) Paso a ocuparme de los agravios dirigidos tanto por los actores como por el demandado contra la indemnización fijada por el rubro daño moral.
a] A tal efecto, creo oportuno recordar:
i. Que el sentenciante de origen, haciendo hincapié en estado anímico de los actores que resulta de la pericia psicológica, fijó las indemnizaciones por el daño moral, en las siguientes sumas: de $ 30.000 para Karina Mónica Bustamante, de $ 15.000 para Juan Mario Bustamante, y de $ 20.000 para Mario Alberto Peralta.
ii. Que el demandado impugnó el otorgamiento de estas indemnizaciones, argumentando que el sentenciante, al concederlas, desconoció la causa generadora del daño moral que aqueja a los actores, que es el fallecimiento de sus seres queridos; por lo que ese perjuicio hubiera tenido lugar cualquiera hubiera sido su actuación profesional.
iii. Que los accionantes impugnaron los montos indemnizatorios fijados por este rubro, solicitando la elevación de los mismos a las sumas reclamadas en la demanda.
Expusieron que quedó demostrada la lesión en los sentimientos por ellos padecida y ocasionada por el accionar negligente del letrado demandado, cuya entidad no se condice con las sumas indemnizatorias impugnadas.
Mencionaron que la relación contractual con el demandado se desarrolló en un momento de difícil superación, ante al fallecimiento de sus familiares; momento en el que depositaron su confianza en el letrado demandado para la interposición de la demanda y prosecución del juicio bajo su asesoramiento. Continuaron diciendo que estuvieron años esperando una respuesta acerca del estado de ambos juicios encargados al letrado demandado, los que fenecieron por caducidad de instancia, el proceso civil, y por prescripción, el proceso penal.
b] A fin de resolver estos agravios, cabe señalar que pese a que los accionantes reclaman la reparación del daño moral causado por la lesión a un bien jurídico patrimonial constituido por la pérdida de la posibilidad de obtener la indemnización de los daños sufridos a causa del fallecimiento de familiares muy cercanos, dicho daño moral puede presumirse.
Es que los accionantes, en un momento de honda perturbación espiritual, confiaron en el demandado, otorgándole sendos poderes; apoderamiento que denota una relación de confianza especial, basada en su condición de profesional del derecho.
Y en ese marco de desolación producida por el fallecimiento de los padres de Juan Mario Bustamante y de Karina Mónica Bustamante, y las hijas mellizas de esta última y de Mario Alberto Peralta; fallecimientos estos que constituyen la causa de un inmenso pesar espiritual ajeno a la responsabilidad del demandado; se suma la desilusión por la irregular pérdida de la posibilidad de obtener una indemnización por tales daños. Esta desilusión provocada por la mala praxis del demandado, constituye la causa de un daño moral complementario al previo, baladí en comparación con el mismo, pero sin duda alguna, resarcible.
Tampoco en este aspecto tiene relevancia el probable rechazo de las pretensiones canalizadas en el proceso caducado, ya que los accionantes no se vieron defraudados por no haber obtenido éxito en el mismo, sino por haberlo perdido anticipadamente por una notoria negligencia del profesional a quien consideraban experto, tal es así que le encomendaron tan trascendente labor. Por lo expuesto, se impone el rechazo del agravio vertido por el demandado.
Distinta suerte va a correr el agravio de los accionantes, ya que, dejando sentado que el daño moral a compensar está determinado por la perturbación anímica que a ellos les generó la deficiente actuación profesional del demandado, que los privó de lo mínimo que podían esperar, que era la tramitación del juicio hasta su normal finalización con el dictado de la sentencia; creo que sendas indemnizaciones de $ 100.000 para cada uno de ellos, a valores vigentes a la fecha de la sentencia en revisión, resultarían adecuadas para brindarles las satisfacciones sustitutivas aptas para mitigar su malestar espiritual.
Como corolario de lo precedentemente expuesto, emerge que corresponde la desestimación del agravio del demandado y la recepción con el alcance indicado del agravio de los accionantes (art. 1741 CCyC).
F) Por último, abordaré los agravios dirigidos por los actores y el demandado contra los intereses aplicables a las sumas de condena.
a] A tal efecto, creo oportuno recordar:
i. Que el sentenciante de origen dispuso que a las sumas de condena se le apliquen intereses a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a plazo fijo a treinta días, salvo en los períodos en que tenga vigencia y sea superior, que será de aplicación la tasa que dicha entidad disponga para los fondos captados a través del sistema Home Banking actualmente denominado "BIP" en su modalidad tradicional, desde el 10/2/2016 (fecha del dictado de la caducidad de instancia en los autos "Peralta Mario Alberto y otros c/ Barreiro, Mario Orlando y otro s/ Daños y perjuicios") y hasta el efectivo pago. Respecto de las indemnizaciones del daño psicológico, dispuso que se apliquen intereses a la misma tasa bancaria, a partir del vencimiento del plazo fijado para el cumplimiento de la sentencia y hasta el efectivo pago.
ii. Que el demandado impugnó esta decisión, sosteniendo que los intereses deben computarse desde la fecha de interposición de la demanda (11/12/2018) o, en su defecto, desde la intimación que le fue efectuada por carta documento en diciembre de 2017.
iii. Que los accionantes también cuestionaron el punto de partida del cómputo de los intereses, solicitando que los mismos sean aplicados desde el momento del accidente de tránsito ocurrido el 23/2/2008, ya que desde ese momento contrataron los servicios del letrado demandado.
b] Adelanto que ninguno de estos agravios puede prosperar.
Así lo entiendo, porque los intereses moratorios están destinados a resarcir el retardo del demandado en satisfacer la indemnización debida por el incumplimiento definitivo de la prestación asumida contractualmente. El incumplimiento definitivo de la prestación del demandado tuvo lugar a partir de la declaración de caducidad de instancia en la causa "Peralta, Mario Alberto y otros c/ Barreiro, Mario Orlando y otro s/ Daños y perjuicios"; por lo que a partir de entonces deben correr los intereses por el retardo en el pago de la indemnización debida por dicho incumplimiento (art. 1747 CCyC).
VII. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:
I. Receptar parcialmente el recurso de apelación deducido por el demandado, y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada, dejando sin efecto las indemnizaciones fijadas por los rubros pérdida de chance y daño emergente (arts. 1739, 1744, 1749 CCyC; y 83 CPCC). Las costas de primera instancia por estos reclamos indemnizatorios desestimados se imponen en el orden causado, en virtud de que los accionantes pudieron creerse razonablemente con derecho a formularlos (art. 68 CPCC).
II. Receptar parcialmente el recurso de apelación deducido por los accionantes, y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada, fijando las indemnizaciones por el daño moral, en las sumas de $ 100.000 para cada uno de aquellos, a valores vigentes a la fecha de la sentencia en revisión (art. 1741 CCyC).
III. Las costas de Alzada, atento al vencimiento parcial y mutuo, se imponen en el orden causado (art. 71 CPCC).
ASI LO VOTO.
Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE:
I. Receptar parcialmente el recurso de apelación deducido por el demandado, y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada, dejando sin efecto las indemnizaciones fijadas por los rubros pérdida de chance y daño emergente (arts. 1739, 1744, 1749 CCyC; y 83 CPCC). Las costas de primera instancia por estos reclamos indemnizatorios desestimados se imponen en el orden causado, en virtud de que los accionantes pudieron creerse razonablemente con derecho a formularlos (art. 68 CPCC).
II. Receptar parcialmente el recurso de apelación deducido por los accionantes, y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada, fijando las indemnizaciones por el daño moral, en las sumas de $ 100.000 para cada uno de aquellos, a valores vigentes a la fecha de la sentencia en revisión (art. 1741 CCyC).
III. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (art. 71 CPCC); difiriéndose la regulación de honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los honorarios de primera instancia (art.
31 LH).
ASI LO VOTO.
Los Señores Jueces Dres. Guardiola y Volta, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve:
I. Receptar parcialmente el recurso de apelación deducido por el demandado, y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada, dejando sin efecto las indemnizaciones fijadas por los rubros pérdida de chance y daño emergente (arts. 1739, 1744, 1749 CCyC; y 83 CPCC). Las costas de primera instancia por estos reclamos indemnizatorios desestimados se imponen en el orden causado, en virtud de que los accionantes pudieron creerse razonablemente con derecho a formularlos (art. 68 CPCC).
II. Receptar parcialmente el recurso de apelación deducido por los accionantes, y consiguientemente, modificar la sentencia impugnada, fijando las indemnizaciones por el daño moral, en las sumas de $ 100.000 para cada uno de aquellos, a valores vigentes a la fecha de la sentencia en revisión (art. 1741 CCyC).
III. Las costas de Alzada se imponen en el orden causado (art. 71 CPCC); difiriéndose la regulación de honorarios correspondiente para la oportunidad en que estén determinados los honorarios de primera instancia (art.
31 LH).
Regístrese, notifíquese automáticamente, conforme lo dispuesto por el art. 10 del Ac. 4013 SCBA y oportunamente remítanse al juzgado de origen.-
Fin de la sentencia