Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de San Nicolás · Causa 2538-2017
Lo que resolvió el tribunal
-
1Rechazar el pedido de deserción del recurso actoral formulado por la demandada; -
2Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la resolución de la instancia de grado de fecha 11/08/2026, debiendo procederse conforme a lo dispuesto en el voto que sustenta la presente; -
3Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (cfr. artículos 68 y 69 del CPCC; 51 inciso 1 -segunda parte- y 77/1 del CCA);-
4Tener presente la reserva del Caso Federal formulada por la parte demandada; -
5Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (artículo 51 de la Ley n° 14.967).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, conforme lo establece el Anexo Único, apartado II, artículo 5 y ss., del Acuerdo n° 3975/20, se reúne en Acuerdo ordinario con la integración de los Señores Jueces Marcelo José Schreginger y Damián Nicolás Cebey, para dictar sentencia interlocutoria en la fecha en que se suscribe el presente bajo la actual modalidad digital, en los autos "BUSTOS CELIA ALICIA C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES I.P.S. S/ PRETENSION DE RESTABLECIMIENTO O RECONOCIMIENTOS DE DERECHOS - PREVISIÓN - (317)", en trámite bajo el n° ZC-2538-2017, con arreglo al siguiente orden de votación: Schreginger y Cebey.
Resolución apelada (del 11/08/2026)
La iudex dictó la resolución que a continuación se transcribe: -
« Proveyendo la presentación de fecha 4/8/2026 efectuada por la actora, patrocinante: Dra. Alejandra Rojas :
Atento a lo peticionado, estese a lo que a continuación se dispone:
A fin de resolver la denuncia de incumplimiento de la sentencia recaída en autos formulada por la actora, he de considerar las circunstancias denunciadas a partir de la presentación del 3/6/2026, toda vez que las cuestiones controvertidas con antelación a tal fecha, ya han sido resueltas, consentidas y canceladas (cfr. resoluciones del 18/3/2025, parcialmente revocada por la CCASN el 26/8/2025 -la parcela concerniente a los intereses- y del 17/11/2025). }
En razón de lo expuesto, he de ingresar al planteo efectuado por la actora en tal fecha.
I. En tal contexto, denuncia la presentante que la demandada no está cumpliendo con el pago del haber mensual ajustado según el mejor cargo desempeñado en jurisdicción nacional. Dice acompañar recibo de cobro de haberes correspondientes al periodo mayo 2026, lo que no ha materializado.
II. Corrido el pertinente traslado a la demandada, el 11/6/2026 se presenta el Delegado Fiscal y procede a contestar, solicitando el rechazo, en base a los siguientes argumentos:
Que su representada dió cabal cumplimiento con la sentencia de autos, habiendo acreditado su cumplimiento en ocasión de acompañar la documentación de la que surgía la adecuación del cargo y el haber correspondiente a tal cambio de categoría, remitiéndose a su presentación del 4/4/2023.
El 22/6/2026 la actora adjunta sus recibos de haberes correspondientes a los periodos 11/2023 al 06/2026 (denunciados en su presentación del 3/6/2026).
III. El 3/7/2026, ante el planteo -y rechazo- formulados por ambas partes, esta judicante INTIMÓ al Organismo demandado (IPS) a que en el término de Diez (10) días informe el "código del cargo" asignado en los recibos de haberes emitidos a nombre de la actora, Sra. Celia Alicia Bustos -DNI N° 6.164.440 - CUIL 27-06164440-2- desde el mes de abril de 2023 a la fecha (cfr. documental adjuntada por la actora el 22/6/2026).
El 28/7/2026 el Organismo oficiado contestó la intimación cursada adjuntando una captura de pantalla: "planilla consulta de cambio de códigos de cargos".
IV. Como primer punto, cabe tener presente lo resuelto por esta judicante el 18/3/2025, Punto IV.2.C, 7°; 8° y 9° párrafo, donde se resolvió: "...En este contexto, resulta inviable la pretensión actoral de prolongar la obligación de nuevos y sucesivos reajustes (subordinados a una permanente consulta al INTA), en tanto que la referida recategorización implicó el reconocimiento de los haberes previsionales correspondientes a esta última, de conformidad -a partir de tal momento- de las condiciones y liquidaciones aplicables a la categoría provincial -ahora reconocida- por la caja otorgante en cuestión (IPS).
En otras palabras: no resulta de recibo la pretensión de la actora de reeditar la discusión en torno al haber previsional que le ha de corresponder más allá de marzo de 2023, supeditando cada liquidación a un "previo informe" al referido organismo nacional (INTA) sobre las variaciones de haberes de agentes en actividad .
Dicha pretensión configura una clara extralimitación de los términos y alcances de la sentencia, poniendo en vilo el instituto de la cosa juzgada, el debido proceso y configurando un eventual abuso del derecho..." (parcela confirmada por la CCASN el 26/8/2025).
V. Sin perjuicio de lo allí resuelto, lo que resulta suficiente para desestimar el planteo en los términos formulados, no se puede soslayar lo que surge de la documental adjuntada por la propia actora (presentación del 3/8/2026) donde surge que aquella, desde el periodo 11/2023, detentaba el cargo código: 00GRUPAPOYNIV170T, percibiendo en razón de ello, el importe líquido de $ 112.555,42, monto que varía -en más- en los meses sucesivos, hasta el periodo 01/2024 inclusive.
Ahora bien, a partir del periodo 02/2024 -lo que resulta trascendente- se advierte una variación del código de cargo, pasando a indentificarse como: 3CODNT0A107000099 , lo que también se ve reflejado en la variación de la suma a percibir (paso de $ 112.009,16 -código 00GRUPAPOYNIV170T- a $ 170.854,63), lo que se fue incrementando hasta el periodo 6/2026 inclusive ($ 334.703,30).
Dichas constancias, encuentran respaldo en las constancias adjuntadas por el Organismo demandado el 28/7/2026, de donde surge el cambio de código en cuestión.
Corolario : por todo lo expuesto, considero que el reclamo formulado por la actora en este estado no resulta de recibo. Ello así, por cuanto de todas las constancias, surge "la recategorización" prentendida por la actora, con la consecuente percepción de sus haberes en base a ello, los cuales se fueron incrementando en los meses sucesivos, todo lo cual me lleva a concluir que el Organismo demandado dió cabal cumplimiento de la sentencia recaída en autos, en todas su partes, por lo que nada cabe reclamar al respecto por el concepto aludido.
Por todo lo expuesto, recházase por improcedente el planteo en los términos formulados.
Notifíquese por Secretaría (cfr. art. 10 Anexo Único del Reglamento para las Presentaciones y las Notificaciones por Medios Electrónicos - Ac. SCBA N° 4039/21).» .
Recurso actoral de apelación (del 19/08/2026)
Como primer agravio postula que no existe consentimiento a que se la excluya de la garantía de movilidad jubilatoria. En tal sentido afirma que los recibos del haber del período 11/2023 a 6/2026 muestran que los importes percibidos carecen de ajuste conforme al mejor cargo.
Según interpreta, ello se acredita aun con la última información salarial obrante en autos -la respuesta del INTA del 30/10/2023- que informa un haber de actividad de $552.414,85 en el mensual 10/2023. Alega que -siendo de público conocimiento que el incremento promedio para los empleados del INTA entre octubre de 2023 y junio de 2026 fue de aproximadamente el 130% al 150%- resulta evidente que el IPS no está cumpliendo con el pago del haber ajustado conforme al mejor cargo.
Entiende que, con el criterio de la sentencia, el IPS tendría derecho a fijar a su arbitrio la movilidad jubilatoria, otorgando aumentos tan exiguos que implican prácticamente el congelamiento del haber, lo que incumple el decreto ley n° 9650/80, cuyos artículos 41 y 42 determinan el haber jubilatorio como un porcentaje (70%, 75% u 80%) de la remuneración asignada al cargo de mayor jerarquía.
En su segundo agravio alega la inexistencia de consentimiento de cuestiones controvertidas. Aquí cuestiona que la sentencia sólo considere las circunstancias denunciadas a partir del 03/06/2026, por entender que las anteriores "ya han sido resueltas, consentidas y canceladas" . Sostiene que la sentencia de esta Cámara del 26/08/2025 no ordenó en ningún párrafo excluirla de la movilidad jubilatoria sino que -por el contrario- se reconoce específicamente su derecho a que el haber previsional se ajuste en función del haber de actividad, ya que recibe el agravio sobre el congelamiento del haber posterior a febrero de 2023 y pondera la coincidencia interpartes respecto de la actualización de haberes.
Agrega que dicho pronunciamiento da relevancia a la teoría de los actos propios y a la cosa juzgada respecto de la tasa activa con que se aprobó la primera liquidación [confirmada el 06/09/2022]. Pondera que por eso, según el principio de congruencia, no puede cambiarse de criterio en la siguiente liquidación.
Afirma que lo mismo ocurre ahora al existir dos liquidaciones aprobadas que toman como base el haber de actividad informado por INTA y, sin embargo, se rechaza que INTA lo informe y que se liquiden las diferencias entre el haber jubilatorio y el 75% de la remuneración.
Refiere, como tercer agravio, la metodología de aprobación de las liquidaciones anteriores y a la cosa juzgada, agraviándose de que no se respeta la metodología con la que se aprobaron las dos liquidaciones anteriores. También objeta que se rechace el parámetro de remuneración del mejor cargo, que es precisamente lo que ordenó la sentencia definitiva. Asimismo hace referencia a la sentencia de esta Alzada de fecha 06/09/2022 en la que -dice- al confirmar la primera liquidación sostuvimos que "el mejor cargo resulta la base para el otorgamiento de lo que la actora reclamara" . Alega que esa sentencia se fundó en los derechos de la seguridad social y en el principio de progresividad (art. 26 CADH, art. 21 PIDESC, Ley 27.360 y causa "Mugica de Velasco María Amalia" , sentencia del 1/2/2007, n° 1190-2006). Invoca además el punto IV de la sentencia del 26/08/2025 en donde se que calificó de "tardío embate" el cuestionamiento del modo en que se aprobó la primera liquidación, y sostiene que eso es lo que ocurre ahora.
Pondera que -en la primera liquidación (del 15/03/2022, confirmada el 06/09/2022)- se aprobó sobre la pericia del 06/12/2021, tomando la diferencia entre la información salarial de INTA y los percibidos según los recibos de jubilación, y la segunda repitió la misma operatoria. Por lo que concluye que al desconocerse ese modo resulta contrario a derecho y a la cosa juzgada.
Dice que -frente a la denuncia del día 03/06/2026- correspondía solicitar informes salariales a INTA, confrontarlos con los recibos jubilatorios y practicar la liquidación del haber ajustado y de las diferencias adeudadas. Niega que se trate de un abuso del derecho y afirma que es el legítimo ejercicio de la garantía de movilidad del artículo 14 bis de la CN.
También tacha de arbitraria la sentencia por limitar el derecho al haber ajustado según el mejor cargo hasta el mensual 10/2023. A su juicio, ello viola la Constitución Nacional y los tratados del artículo 75 inciso 22 CN, reedita una cuestión ya resuelta el 26/08/2025 y genera prácticamente un congelamiento del haber; vulnerando también el principio de progresividad en materia de derechos humanos previsionales (Protocolo de San Salvador, Ley n° 24.658; Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, n° Ley 27.360).
Remarca que la demandada no cuestionó la incorporación de los informes salariales de INTA, incluso el día 16/09/2024 presentó su propia liquidación con la remuneración del mejor cargo de INTA en las columnas "Remuneración total" y "75% Beneficio" .
En su cuarto agravio sostiene que el cambio en la denominación del cargo no implica el cumplimiento del pago del haber ajustado.
Cuestiona que se desestime el incumplimiento porque en el recibo jubilatorio no figura un cargo docente sino un "cargo no codificado" .
Reitera la impugnación, como prueba de cumplimiento, de la documental acompañada en la respuesta de la Dirección Administrativa, Técnica y Legal del IPS del 28/07/26, que muestra un haber de $123.316,48 en marzo de 2023. Afirma que esa documental no prueba el pago del haber ajustado en el período 8/2026 ni de las diferencias adeudadas desde 11/2023 hasta 8/2026. Considera que nunca podría tenerse por cumplida la sentencia si la demandada no acompaña documental que acredite el salario de actividad del período reclamado, ya que no hay informe de INTA sobre la remuneración de 2026. Agrega que el cambio de denominación rige desde marzo de 2023 (recibos presentados el 15/09/2023). Sin embargo, ello no impidió que la segunda liquidación, aprobada el 17/11/25 y comprensiva del período octubre 2019 a octubre 2023, considerara los informes salariales del INTA. asevera que así quedó comprobado que dicho cambio no implicaba que se estuviera abonando el haber correspondiente.
En su quinto agravio, relativo a la inviabilidad de la pretensión actoral y al objeto no cumplido, cuestiona la afirmación de que "resulta inviable la pretensión actoral de prolongar la obligación de nuevos y sucesivos reajustes (subordinados a una permanente consulta al INTA)" . Sobre ello recuerda que la sentencia definitiva del 08/02/2021 condenó a la demandada a determinar el ajuste del haber en función del mejor cargo desempeñado en jurisdicción nacional, en base a la información brindada por INTA. Sostiene que la sentencia califica la pretensión de extralimitación, da por terminado el litigio y limita la obligación del IPS hasta octubre de 2023. Con ello habilita al IPS a congelar el haber y la obliga a aceptar pasivamente que su haber no tenga movilidad, lo que -entiende- violenta el artículo 14 bis CN y la ley vigente al acordarse el beneficio.
Afirma que resulta imprescindible que se presenten en autos las tablas salariales y que el haber se vaya ajustando conforme se incrementa el haber de actividad. Dice que esa obligación está a cargo del IPS conforme al decreto ley n° 9650/80; por ello, no es su parte quien pretende prolongar las actuaciones, sino la demandada, que se niega a solicitar informes al INTA y a abonar el haber con el ajuste del mejor cargo, de modo que el objeto de las actuaciones no se encuentra cumplido.
Señala que el pronunciamiento cercena todo debate posterior a octubre de 2023. Sostiene que por los efectos inflacionarios, el haber irá perdiendo poder adquisitivo hasta convertirse en una suma irrisoria, lo que implica un contrasentido ay que se ordenó ajustar conforme al mejor cargo para luego fijar un límite temporal a ese ajuste. Recuerda que el derecho a las jubilaciones y pensiones móviles se introdujo en la reforma constitucional de 1957 para compensar los efectos erosivos de la inflación. Dice que dada la estrecha relación entre el salario del activo y el haber de pasividad, resulta imprescindible contar con la información salarial del mejor cargo para que la prestación represente el porcentaje que establece la ley otorgante.
Contestación Fiscal de agravios (del 31/08/2026)
El apoderado fiscal actuante contesta el traslado del memorial sosteniendo que los agravios no cumplen la exigencia de contener la crítica con creta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas (cfr. artículo 260 CPCC y artículo 56 inciso 3 de la Ley 12.008). Por ello afirma que el recurso expone un mero desacuerdo con el pronunciamiento, sin una crítica jurídica y ajustada al decisorio dictado sino que se limita a la simple disconformidad en abstracto, de forma dogmática, y no hace referencia alguna al pronunciamiento atacado ni a la realidad del caso.
Señala que el yerro técnico se evidencia desde el inicio del escrito, pues sin fundamento de ningún tipo la actora sostiene que no existe actualización de sus haberes, cuando ello es falso. Según la demandada, está acreditado reiteradamente en autos que los haberes brutos de la actora se incrementaron un 215%, al pasar de $123.316,48 a $389.341,45 con aumentos periódicos, sin que se haya planteado disconformidad con dichos incrementos ni su insuficiencia.
Agrega que la ausencia de agravio serio se evidencia en que la actora pretende aplicar salarios brutos de actividad, cuando el beneficio que tiene otorgado alcanza al 70% y está sujeto a descuentos del IOMA. Dice que esto pone de resalto -a su juicio- el desapego a las circunstancias del caso, pues la actora pretende reeditar cuestiones ya resueltas.
Sostiene que la actora reitera afirmaciones sobre cuestiones ya resueltas y sobre períodos y peticiones pretéritas que se encuentran agotadas, cumplidas y concluidas y que nada dice sobre las circunstancias actuales.
Asevera el apoderado fiscal interviniente que la accionante insiste machaconamente en una absurda proposición que no surge de ningún resolutorio: que se le habría vedado o desconocido el derecho a la movilidad jubilatoria a partir de octubre de 2023. Ello evidencia, a su entender, un error mayúsculo en la comprensión del resolutorio, que se limitó a delimitar los alcances del presente proceso sin desconocer derecho alguno de la actora.
Alega que no se le desconoció el derecho a la actualización de haberes, sino que ella se realice en el marco de este proceso, especialmente porque el IPS cuenta con mecanismos claros y expresos a tales fines, además del mecanismo de actualización automática implementado a partir de esa fecha. Por ello considera absurdo el agravio, que cuestiona una decisión que no ha existido en el caso.
Deja planteada la reserva del Caso Federal.
Arribados los autos a esta Alzada, se establecieron las siguientes cuestiones a resolver: -
1ª ¿Corresponde declarar desierto el recurso de la parte actora?
2ª ¿Se ajusta a derecho la resolución apelada?
A la primera, el Juez Schreginger expresó: -
Comenzaré postulando que rechacemos el planteo de deserción formulado por la parte demandada ya que -de la lectura del escrito recursivo- surgen nítidas y fundadas las razones que brinda al actora para sostener los agravios que le ocasiona la resolución cuestionada.
Por ello, corresponde no admitir tal pedido de deserción, ello más allá del resultado al que se arribe respecto de cada uno de los puntos de reproche postulados.
ASÍ VOTO.
El Juez Cebey expresó : -
Por coincidir con el análisis del Juez Schreginger, en igual sentido VOTO.
En virtud del resultado de la votación que antecede, se prosiguió con la restante.
A la segunda cuestión, el Juez Schreginger dijo : -
I).- Ingresando en el estudio del recurso de apelación actoral, adelanto mi opinión en el sentido de que el mismo debe prosperar, con el alcance que expondré.
He de destacar liminarmente que -en la sentencia definitiva dictada en fecha 08/02/2021- se condenó al Instituto de Previsión Social a que "...proceda a determinar el ajuste correspondiente al haber jubilatorio que corresponde a la primera, teniendo en cuenta el 'mejor cargo' por ella exhibido en jurisdicción nacional y los haberes correspondientes a la categoría 'Grupo Apoyo Nivel 01 grado Escalafonario 12', todo ello en base a la información brindada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria a fs. 293/306 (cfr. arts. 41 y sgtes. Dto. Ley 9650/80) y con retroactividad al día 25/3/2010..." .
Dicho pronunciamiento fue consentido por la demandada en cuanto al fondo del asunto, ya que su recurso de apelación de fecha 22/02/2021 se limitó a la imposición de costas a su cargo, el que fue rechazado por esta Alzada en la sentencia del 01/06/2021.
Cabe ponderar sobre ello que la sentencia definitiva se fundó en el artículo 41 del decreto ley n° 9650/80, que define el haber jubilatorio como un porcentaje "...de la remuneración mensual asignada al cargo de que era titular el afiliado a la fecha de cesar en el servicio o en el cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado..." ; y, en el mismo sentido, el artículo 51 de dicha normativa prevé la fijación de coeficientes "...cada vez que se produzcan modificaciones en los sueldos del personal en actividad y en base al índice de variación de dichas remuneraciones" .
De ello surge que, en el régimen previsional provincial, el haber no es una suma fija que se determina una única vez, sino que su medida está dada, en todo tiempo, por la remuneración de actividad del cargo que le sirve de base.
Por ello, al ordenarse que el ajuste se efectuara teniendo en cuenta "los haberes correspondientes a la categoría 'Grupo Apoyo Nivel 01 grado Escalafonario 12'" (categoría del escalafón del INTA y no del provincial) y "en base a la información brindada por el INTA" , la sentencia fijó cuál es el cargo de referencia y cuál es la fuente para conocer su remuneración.
Así lo hemos entendido al confirmar la primera aprobación de liquidación [resolución del 06/09/2022] en la que expresamos: "La a-quo ordenó tener en cuenta para el reajuste del haber, el mejor cargo en extraña jurisdicción con indicación de la categoría correspondiente, único parámetro brindado, sin exclusión alguna de cualquier otro beneficio" ; y agregamos que el reajuste se basa en el mayor cargo "para sumar y no restar" , con fundamento en el principio de progresividad (art. 26 CADH; art. 21 PIDESC; Ley n° 27.360; esta Cámara, causa n° 1190-2006, "Mugica de Velasco" , sentencia del 01/02/2007) y en el artículo 39 inciso 3 de la CPBA.
A mayor abundamiento cabe tener presente que en la resolución apelada la judicante rechazó la denuncia actoral de incumplimiento de la sentencia con base, en primer término, en lo por ella resuelto el 18/03/2025 (Considerando IV.2.C), donde sostuvo que "...resulta inviable la pretensión actoral de prolongar la obligación de nuevos y sucesivos reajustes (subordinados a una permanente consulta al INTA)..." y añadió que esa parcela fue "confirmada por la CCASN el 26/8/2025" y que ello "...resulta suficiente para desestimar el planteo en los términos formulados" .
Sin embargo, tal premisa no se corresponde con lo realmente decidido por esta Alzada atento que tal temática ya fue analizada y resuelta en el punto " a. " de la segunda cuestión de nuestra resolución del 26/08/2025, en la cual, al tratar el primer y segundo agravio actoral, que versaban precisamente sobre ese párrafo dijimos: "...tal embate resulta ser de recibo" y que "...la parte pertinente de la decisión apelada [previamente transcripta] debe ser revocada en la medida en que la iudex no merituó la coincidencia interpartes respecto de la actualización de haberes" .
A su vez, en ese mismo punto descartamos la pretensión de la demandada de que las actualizaciones se tramitaran por vía administrativa ante el IPS, expresando al respecto «...teniendo en cuenta los derechos en juego y estado de las presentes actuaciones -las que se encuentran en etapa de cumplimiento de sentencia-, pondero que obligar a la actora a transitar un camino administrativo previo, equivale al exceso ritual que resultaría a la postre inútil» (cfr. art. 15 CPBA; SCBA, B. 64.553, "Gaineddu" , res. del 23/04/2003; B. 64.475, "Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca" , res. del 23/10/2003).
Así las cosas, el fundamento central de la resolución en crisis se sustentó sobre una parcela que esta Alzada revocó, lo que sella la suerte favorable del recurso y torna innecesario el tratamiento de los restantes agravios.
Me permito agregar que esta Cámara ya reprochó a la demandada -en la sentencia del 01/06/2021- que exigiera a la actora la certificación del INTA mientras se negaba a requerirla, cuando "...con un simple oficio hubiera podido facilitar la información que decía necesitar..." , ponderando también en esa oportunidad que "...el efecto que el transcurso del tiempo puede implicar en actores de edad avanzada" .
Por ello la información necesaria para verificar el cumplimiento debe ser la misma, a saber el INTA y requerirla en la instancia de grado no supone prolongar indebidamente el proceso ya que es la manera de dar efectiva respuesta en una materia en la que los principios de irrenunciabilidad, progresividad y de interpretación más favorable al beneficiario obligan a extremar la tutela (cfr. artículos 14 bis y 75 inciso 22 CN; 15 y 39 inciso 3 CPBA).
Por lo expuesto, propongo hacer lugar al recurso de apelación actoral y revocar la resolución del 11/08/2026 debiendo requerirse en la instancia de grado al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria [INTA] que informe la remuneración correspondiente a la categoría "Grupo Apoyo Nivel 01 grado Escalafonario 12" desde noviembre de 2023 hasta la fecha de su contestación para posteriormente confrontarse esa información con los haberes percibidos por la accionante en tales períodos al efecto de practicar la liquidación de las diferencias que eventualmente resulten de acuerdo a las pautas fijadas por esta Alzada en las resoluciones de fechas 06/09/2022 y 26/08/2025.
II).- En cuanto a las costas de esta instancia, considero que existe mérito suficiente para apartarse del principio objetivo de la derrota (artículo 51 inciso 1 -segunda parte- del CCA) e imponerlas en el orden causado; ello así por cuanto la revocación que propongo obedece a que la resolución apelada se sustentó en una errónea apreciación del alcance de lo decidido por esta Alzada en fecha 26/08/2025, circunstancia que no resulta imputable a la conducta procesal de la demandada (cfr. artículos 68 y 69 del CPCC; 51 inciso 1 -segunda parte- y 77/1 del CCA).
ASÍ VOTO.
El Juez Cebey sostuvo: -
Compartiendo los razonamientos expuestos, adhiero al voto del Juez Schreginger. ASÍ VOTO.
En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta Cámara RESUELVE: -
1. Rechazar el pedido de deserción del recurso actoral formulado por la demandada; -
2. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, revocar la resolución de la instancia de grado de fecha 11/08/2026, debiendo procederse conforme a lo dispuesto en el voto que sustenta la presente; -
3. Imponer las costas de esta instancia en el orden causado (cfr. artículos 68 y 69 del CPCC; 51 inciso 1 -segunda parte- y 77/1 del CCA);-
4. Tener presente la reserva del Caso Federal formulada por la parte demandada; -
5. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (artículo 51 de la Ley n° 14.967).
Regístrese, notifíquese vía electrónica y oportunamente, devuélvanse.
Marcelo José Schreginger Damián Nicolás Cebey
Suscripto por los Señores Jueces, y registrado por el Actuario firmante en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA n° 3975/20).
Firmas
Funcionario firmante: CEBEY Damian Nicolas - JUEZ
Funcionario firmante: SCHREGINGER Marcelo Jose - JUEZ
Funcionario firmante: PERMAN Guillermo Adrian - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 947-2026
Fin de la sentencia