Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de La Matanza, Sala I · Causa 13.936
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Modificar la sentencia apelada de la siguiente manera: a.-) hacer lugar al rubro privación de uso en el importe de pesos DIEZ MIL ($10.000,00); b.-) FIJAR que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 23/2/2015 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda - sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos.
2Confirmar el resto de la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravios;
3Imponer las costas generadas en esta instancia a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada- (arts. 68 del C.P.C.C.). (arts. 68 del C.P.C.C.).
4Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
BUSTOS HUMBERTO ANTONIO C/ LA CABAÑA SA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.
LM NRO.13936/2015 JUZ CIV. NRO. 4
En la ciudad de San Justo, en la fecha de firma digital del presente, los Sres. Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y de Familia del Departamento Judicial de la Matanza - Sala Primera- celebran Acuerdo Ordinario Telemático para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “BUSTOS HUMBERTO ANTONIO C/ LA CABAÑA SA Y OTRO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS” (LM NRO.13936/2015), habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: Dr. Taraborrelli - Dr. Pérez Catella- Dr. Posca- resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?
2. cuestión: ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
I. Antecedentes del caso Con fecha 09/04/2021 el sentenciante de grado resolvió: “Hacer lugar a la demanda instaurada, y en consecuencia, condenar a LA CABAÑA SA y a la aseguradora citada en garantía PROTECCIÓN MUTUAL DE SEGUROS DEL TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS, a abonar dentro del plazo de diez días de ejecutoriada la presente, a HUMBERTO ANTONIO BUSTOS la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES ($150.363.-), con más los intereses establecidos en el considerando IV), desde la fecha de su exigibilidad (23 de Febrero de 2015) y hasta su efectivo pago.2°) Imponer las costas del presente proceso a los demandados en virtud de la derrota obtenida (art. 68 del CPCC). Hágase saber que oportunamente deberá dar cumplimiento con el pago de la tasa y sobretasa de justicia (art. 337 del Código Fiscal y ley 8455), bajo apercibimiento de comunicar su incumplimiento a los organismos respectivos. 3º) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad”.
Contra dicha forma de resolver, con fecha 14/04/2021 apeló la citada en garantía, recurso que fuera concedido libremente en el mismo día. Por su parte, mediante presentación electrónica de fecha 19/04/2021 apeló la parte actora, recurso que también fuera concedido libremente en igual fecha.
Elevadas las presentes actuaciones y radicadas ante esta Sala Primera, con fecha 28/05/2021 se llamó a expresar agravios, habiendo cumplido con dicha carga procesal la citada en garantía el día 07/06/2021 y el actor mediante presentación de fecha 08/06/2021.
Corrido el pertinente traslado, solo recibió réplica por la parte actora – véase presentación de fecha 28/06/2021-, dándose por decaído el derecho al resto de los litigantes, pasando autos para sentencia el día 07/07/2021 y posterior orden de vocalía.
II. Fundamentación de la citada en garantía “Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros”.
De la atenta lectura de la expresión de agravios de la citada se observa que este se queja –en lo medular- por: la incorrecta valoración de la prueba que determina la ocurrencia del hecho. La excesiva ponderación del testigo del caso; que del testimonio de Víctor Daniel Palacios no pueden extraerse más que imprecisiones. Que reconoció no ver el choque, sino que lo que vio, fueron sus supuestas inmediatas consecuencias, y que no mucho tiempo después se retiró del lugar. Que no vio el momento exacto como para poder dar testimonio útil a la hora de endilgar responsabilidad. Que no precisa día ni hora ni ningún otro dato consistente. Que ni siquiera se interesó en el hecho puesto que señala haber pasado un momento y seguir. No vio personal policial ni médico. Que tampoco marcó ninguna otra situación coincidente con el relato de los hechos de la demanda que aporte convicción probatoria útil a la causa. Que otro punto muy sugestivo es que dice conocer de vista al damnificado, creando de este modo una suerte de coincidencias oportunas –advierte- de pasar un instante por el lugar del hecho y justamente reconocer al supuesto dueño del auto chocado. Por lo cual, solicita se tenga por no probado el hecho alegado en la demanda. Por otra parte, se queja del monto acordado para resarcir el daño material, por considerar que en este aspecto el fallo adolece de la debida fundamentación. Que la valoración sobre la prueba pericial mecánica que únicamente analiza aritméticamente un presupuesto aportado por la actora es otro punto de crisis, que omite todo tipo de explicaciones solicitadas a los mismos, donde no pudieron ser salvadas algunas inconsistencias vertidas en los dictámenes –refiere la apelante- y que pese a ello se le ha dado valor probatorio pleno a los mismos. Que resulta incomprensible el modo al que se ha llegado a la cuantificación del perjuicio; por ello solicita su reducción.
II. Fundamentación del recurso de la parte actora De la atenta lectura de los agravios por Bustos Humberto Antonio se observa que este se queja por la aplicación de la alícuota de interés del 6% anual puro.
Que el juez fijó una alícuota de interés de 6% anual puro desde la producción del perjuicio (23 de febrero de 2015) hasta la fecha de la sentencia (9 de abril de 2021) y ello basándose en una presentación del perito ingeniero que actualiza los montos de su informe pericial. Que en el caso que nos ocupa se refiere a repuestos automotor y mano de obra, a la fecha 10 de noviembre de 2020.
Que desde la actualización de montos pericial hasta la condena han pasado cinco meses, y nuestro país lamentablemente sufre de inflación provocando una variación del IPC que en abril 2021 fue de 46,3% interanual, es decir, los montos actualizados a noviembre 2020 han quedado desactualizados a la fecha de sentencia, por ello la alícuota fijada de 6% anual es irrisoria y no llega a compensar la depreciación que produce la inflación, generándole un gran perjuicio ya que no alcanzará –entiende- a cubrir siquiera los costos del arreglo.
Que a fin de añadir claridad y datos certeros, transcribe a los porcentajes de variación mensuales de IPC desde la actualización de montos del perito hasta la fecha de sentencia, según el sitio de internet “datosmacro.expansion.com”, el cual toma de referencia al INDEC:-Noviembre 2020 3.2% -Diciembre 2020 4% -Enero 2021 4.1% -Febrero 2021 3.6% -Marzo 2021 4.8% TOTAL 19.7%. Por lo cual, solicita se ordene actualizar el capital de condena de acuerdo a la tasa activa más alta del Banco Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar el monto.
En segundo lugar, se queja por la aplicación de la tasa de interés pasiva. Que la aplicación de la tasa pasiva, aunque sea la más alta, es inferior a la inflación, por ello expone que se aparta de la doctrina de la Suprema Corte de la Pcia. De Buenos Aires. Que el ordenamiento jurídico bonaerense, no expresa norma alguna que obligue al Juez inferior a resolver los litigios en concordancia con la doctrina de la Suprema Corte, aunque se sabe que por deber moral los sentenciantes generalmente adecuan sus resoluciones a la doctrina de dicha corte.
Que si bien fue reconocido el daño ocasionado por la demandada, no se reconoce la protección de su patrimonio, ya que la tasa pasiva a 30 días del Banco Provincia lo perjudica, y por ello, insiste que debió ser aplicada la tasa activa más alta.
Que las causas “Ginossi”, “Ponce” y “Cabrera” han perdido vigencia, son de épocas que han quedado atrás tapadas por el contexto inflacionario actual, y entendiéndose que no se reclama indexación –expone el accionante-, sino que entiende que con una tasa activa alta podría hacer que se mantuviera medianamente el valor económico del crédito.
Que la tasa pasiva negativa no le va a resarcir de ninguna forma después de los años que se produjo el hecho que lo dañó.
En suma, solicita se ordene actualizar el capital de condena de acuerdo a la tasa activa del Banco Provincia de Buenos Aires.
Por otra parte, se queja por el rechazo del rubro privación de uso. Que el sentenciante se basa en doctrina legal de la Suprema Corte de Buenos Aires, doctrina que, reitera, no tiene que ser de obligatoria aplicación, pudiendo el Sr. Juez sentenciar de acuerdo a su propia convicción, más aun teniendo en cuenta, refiere, que los fallos tomados como base son de hace 31 y 26 años aproximadamente, cuando la vida era muy distinta de lo que es ahora. Que las costumbres cambian, los contextos económicos cambian, también así debe ir la Justicia, de la mano de los nuevos tiempos, se debe actualizar para que la reparación sea integral y adecuada. Que, si un automóvil está siendo reparado, no puede ser utilizado, y que las reparaciones llevan varios días. Entonces, es lógico –manifiesta el apelante, que, al no poder disponer del mismo, se produce un perjuicio, ya que no podrá concurrir a sitios que solía concurrir con su automóvil o de hacerlo, tendría que pagar por el transporte. Que el daño no solo es el patrimonial, que podría probarse con acompañar facturas de transporte, sino que también hay un daño que se produce por no disponer del vehículo, y ese es el daño que se reclama, el cual no amerita prueba más que la lógica y el sentido común. Que, a fin de determinar su cuantía, se puede tomar en cuenta la pericia aportada por el ingeniero mecánico, en la cual se determina que el arreglo conlleva cinco días de trabajo. En suma, solicita se haga lugar al mismo. Finalmente, el actor se queja por la desestimación del rubro desvalorización de rodado. Que el juez no autoriza el reclamo por no encontrarse acreditado, sin embargo, entiende que ello no es correcto. Que el Juez de primera instancia considera “verosímil la circunstancia de una desvalorización del rodado” según la propia sentencia. Que según el informe pericial presentado por el perito ingeniero en fecha 25 de marzo de 2019, éste afirmó sobre el rodado que “el cual se encuentra provisoriamente reparado. En efecto se puede observar que la tapa de baúl se reparó en lugar de cambiarla, motivo por el cual presenta notables imperfecciones”.
Por lo cual, argumenta que, si el rodado presenta imperfecciones y se pueden ver las secuelas a ojos de un precavido y eventual adquirente, tal como también afirma el juez, entonces ¿qué más es necesario probar a fin de indemnizar el rubro? En consecuencia, solicita se haga lugar a dicho rubro.
LA SOLUCIÓN
Centrados los agravios que constituyen el marco cognoscitivo de ésta instancia jurisdiccional, me abocaré al tratamiento de los mismos, debiendo destacar que salvo disposición legal en contrario, los Jueces han de formar convicción respecto de la prueba haciendo mérito de las reglas de la sana crítica. No tendrán obligación de valorar expresamente en la sentencia cada medio de prueba producido, sino únicamente aquellos que fueron esenciales y decisivos para el fallo de la causa. (Art. 384 CPCC).
Asimismo, he de dejar aclarado que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino tan solo los que considere suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225). Del mismo modo, que solo serán tratados aquellos agravios que constituyan una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que los apelantes consideren equivocado
IV. La responsabilidad civil derivada de los accidentes producidos por la circulación de automotores, sobre la base legal de un micro sistema jurídico integrado con el Código Civil El hecho ilícito dañoso de autos que se investiga, resultaría de la intervención de varios automotores, un colectivo que se hallaba circulando (de la demandada) y tres vehículos estacionados, entre los cuales estaba el del actor.
En este caso y de conformidad a lo dispuesto por el art. 1.113 del Código Civil reformado por el Decreto Ley 17.711 se aplica la teoría de los riesgos recíprocos. Esta postura fue sostenida en Francia por los hermanos Mazeaud, y su actualizador André Tunc. En la especie, la ley presume que la demandada es responsable de los daños que haya causado al vehículo del actor y presume por otra parte, que el al actor Bustos Humberto es responsable de los daños que hipotéticamente habría causado su rodado. En autos: “Sacaba de Larosa c/ Vilches” el Superior Tribunal Provincial aplica la tesis “de los riesgos recíprocos” en los casos de colisión entre automotores, fallo de la S.C.J.B.A., Pub. La Ley 1986-D-479, con nota de Félix Trigo Represas, Aceptación jurisprudencial de la tesis de los “riesgos recíprocos” en la colisión de automotores”. Se refirió también respecto a este tema Atilio Anibal Alterini, comentando un fallo de la Corte Suprema Nacional, de diciembre 22 de 1987, caratulado: Empresa Nac. de Telecomunicaciones c/ Provincia de Bs. As., bajo el título: “Presunciones concurrentes de causalidad en la colisión plural de automotores”, (pub. en La Ley 1988-D-297). Cuando en la producción del daño interviene activamente una cosa riesgosa son responsables su dueño y su guardián, salvo que demuestren la concurrencia de alguna excepción legalmente prevista, que lo exima total o parcialmente de responsabilidad. La Corte Federal en su integración anterior y en la actual ha reiterado que en esta materia el encuadre legal es el del riesgo creado del art. 1.113, párr. 2° “in fine” del Cód. Civ.
Por lo cual, en la responsabilidad civil derivada de los accidentes producidos por la circulación de los automotores, se presenta como un microsistema jurídico (denominado así al Código o Ley de Tránsito) que se integra y armoniza legalmente con la aplicación de los arts. 512, 513, 902, 1.109, 1.111 y 1.113 siguientes y concordantes del Código Civil, con dichos Códigos de Tránsito locales.
Que al respecto es conteste la jurisprudencia en afirmar que: “Cuando el artículo 1113 del Código Civil establece que el dueño o el guardián son responsables del daño que derive del riesgo o vicio de la cosa, toma en cuenta como factor para atribuir la responsabilidad el riesgo creado. Y así la víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián, el riesgo o vicio de la cosa y la relación causal existente entre la actuación de esa cosa y el daño. Así, y como sólo es resarcible el daño causado por el hecho que se atribuya al responsable, es el actor quien soporta el "onus probandi", estándose en el supuesto, ante la aplicación del principio de que la carga de la prueba de los hechos constitutivos del derecho invocado corresponde a quien lo hace valer”. (CC0203 LP 118097 RSD-54-19 S 20/03/2019, Linas Jorge Juan c/ Bois Luciano Enrique y otro/a s/ Daños y Perjuicios autom. s/ lesiones. B357057); La carga de la prueba respecto de la existencia del hecho, de los factores de atribución y de las circunstancias eximentes, corresponde a quien las alega (art. 1734 y 1736 del CCyC y 375 del CPCC) CC0203 LP 124501 RSD-12-19 S 07/02/2019, Castro Tarifa Armando Y Otros C/ Olheiser Jorge Y Otro/A S/ Daños Y Perj.Autom. C/Les. O Muerte (Exc.Estado)"B357032). Qué, asimismo, la ley 24449 –vigente a la fecha del hecho, dispone en su artículo 39 inc. b que: “b) En la vía pública, circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito. Utilizarán únicamente la calzada, sobre la derecha y en el sentido señalizado, respetando las vías o carriles exclusivos y los horarios de tránsito establecidos”. Finalmente, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires dispone en el artículo 163 inc. 5 que: “Las presunciones no establecidas por la ley constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados, y cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, produjeren convicción según la naturaleza del juicio, de conformidad con las reglas de la sana crítica”.
El Código se refiere a las presunciones judiciales, por lo que quedan excluidas las legales (iure et de iure; iuris tantum). Las presunciones judiciales no constituyen un medio de prueba, sino una operación mental que realiza el juez sobre la base de indicios, es decir, se trata de un procedimiento lógico (deductivo o inductivo) al que apela el sentenciador, y que se resume en la inferencia de un hecho desconocido de otro hecho conocido. Los indicios conformaran, se tiene precisado, un conjunto a fin de ser ponderados y relacionados unos con otros y todos entre sí. El indicio, entendido como vestigio o hecho conocido comprobado, es susceptible de llevarnos por aplicación de los principios de la lógica al conocimiento de otro hecho desconocido. Para ello los indicios deben ser graves, trascendentes y precisos, vale decir, probados y concordantes con otras conjeturas o medios probatorios (Carlos Eduardo Fenochietto Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires comentado, anotado y concordado legislación complementaria 7a edición actualizada y ampliada).
Ha explicado el Dr. de Lazzari que la prueba indiciaria es prueba indirecta por la que se llega a la convicción de la ocurrencia de cierto hecho a partir de la comprobación de otros hechos diferentes. A tal convencimiento se arriba mediante una operación lógico-crítica (el llamado proceso inferencial), que encuentra su principal apoyo en la experiencia de cómo acostumbran a suceder los hechos, según el curso natural y ordinario de las cosas, en los términos del art. 901 CC. (SCBA LP C 104934 S 10/08/2011, Juez DE LAZZARI (OP)). (CC0001 ME SI 117839 RSD-46-2020 S 29/04/2020 B. E. C. C /. R. S. Y O. S/ DAÑOS Y PERJ.DERIV.RESP.POR EJERC.PROF.(SIN RESP.ESTADOB5066566).
En la especie, las pautas vertebrales-jurídicas en que se basa la aplicación de la teoría de los riesgos recíprocos, serian –entre otras- las siguientes: a) la teoría del riesgo creado regula la responsabilidad civil extracontractual por el hecho de las cosas y constituye un principio que ilumina este sistema de responsabilidad objetiva; b) pesan presunciones concurrentes de causalidad y/o de responsabilidad, contra cada dueño o guardián de la cosa riesgosa o peligrosa, quien debe afrontar los daños causados a la otra cosa y/o a la persona humana, salvo que pruebe la existencia (total o parcial) de eximición de responsabilidad; c) Que las presunciones de responsabilidad o de causalidad no son contrarias entre sí; d) Que las eximentes legales de liberación total o parcial son la culpa o el hecho de la propia víctima (art. 1.111 del Cód. Civ.) o la de un tercero por quien el dueño o guardián no debería responder, el caso fortuito o la fuerza mayor y/o el uso de la cosa contra la voluntad presunta o expresa del su dueño o guardián. Ergo la ruptura o interrupción del nexo causal entre el hecho de la cosa y el daño, o si se quiere, en otros términos, la existencia de una causa ajena al riesgo o vicio de la cosa; e) La carga o el “onus probandi“ de la prueba liberatoria le incumbe al accionado (sujeto pasivodeudor), y resulta de interpretación restrictiva y la ausencia de su acreditación hace presumir que la pretensión resarcitoria del damnificado-acreedor debería prosperar; f) Se sienta el principio –en esta materia en especial- que en caso de duda: “In dubio pro-victima“ y que constituye una regla jurídica de hermenéutica o de interpretación fáctica y jurídica –aplicable para cada caso “in-concreto“- y que en los supuestos de casos de dudas, el juez se incline por la solución judicial más favorable para la víctima del daño, frente a la máquina de gran potencialidad dañosa, sea ciclista, conductor, dueño o guardián de cualesquiera de los vehículos co-protagonistas del accidente de tránsito.
Sentado el marco legal, doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, comenzare por dar tratamiento a los agravios expuestos por la aseguradora. De la atenta lectura del escrito de expresión de agravios se observa que esta ha cuestionado la responsabilidad endilgada, toda vez que entiende que en el caso bajo examen ha existido una incorrecta valoración de la prueba en lo que hace a la ocurrencia del siniestro denunciado por el actor.
Así las cosas, importa preguntarse, ¿Se encuentra debidamente acreditado la existencia del accidente en perjuicio del actor? para ello comenzaré por dar lectura, estudio y valoración a los medios probatorios producidos ante el Sr. Juez Colega de Trámite, bajo las siguientes consideraciones que paso a desarrollar:
A fojas 39/44 y su aclaración de fs. 48 en cuanto al dominio del colectivo de la parte demandada, se presentó el Sr. Humberto Antonio Bustos con el patrocinio letrado de la Dra. Edith Cristina Peralta promoviendo demanda de daños y perjuicios contra la empresa La Cabaña SA y/o quien resulte usufructuario y/o civilmente responsable del rodado de la línea 242 interno 128 dominio MXV-186, solicitando la citación en garantía de Protección Mutual del Seguro de Transporte Público de Pasajeros por la suma de Pesos cincuenta y cinco mil setenta y siete ($ 55.077).
Respecto al relato de los hechos, expuso que: “Siendo aproximadamente las 19:30 hs. del día 23 de febrero de 2015, se encontraba reglamentariamente estacionado mi vehículo Volkswagen Polo Classic DWV-943 en la mano derecha de la calle Granville altura 1700 de la localidad de Rafael Castillo en La Matanza, cuando el colectivo línea 242 interno 128 ramal Abadía conducido por el chofer Rodrigo Dimso DNI 36.714.632, que venía circulando por la calle Capdevila, gira a la derecha en la mencionada vía impactando con la parte trasera de una camioneta Ford 100 que estaba estacionada detrás de mí automóvil, dicha camioneta colisiona con la parte trasera de mi automóvil el cual se desplaza por el impacto y choca a un automóvil Ford Fiesta que estaba estacionado delante del mío”.
Corrido el pertinente traslado de demanda, a fs. 73/75, se presentó el Doctor Guillermo Ernesto Sagues en su carácter de letrado apoderado de Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros, reconociendo la existencia de la póliza Nº 145995, a favor de la empresa de transporte demandada vigente a la fecha del siniestro, con una franquicia a cargo del asegurado de $ 40.000, según términos y condiciones de la cobertura. Por imperativo legal, negó todos y cada uno de los dichos expuestos por la actora, la documentación acompañada por la misma, los montos y rubros reclamados.
A fs. 93/96 se presentó la Doctora María Florencia Bernardini en representación de la demandada La Cabaña S.A, quien tambien negara la ocurrencia del siniestro.
Trabada la Litis, se abrió la causa a prueba; es así que de los elementos arrimados a la causa se observa que con fecha 25 de marzo de 2019 se presentó la pericia mecánica. De la misma vislumbro que el perito Rubén Alberto Otero expuso: “El suscripto procedió a examinar el rodado de la actora, Volkswagen Polo del año 2002, el cual se encuentra provisoriamente reparado. En efecto se puede observar que la tapa de baúl se reparó en lugar de cambiarla, motivo por el cual presenta notables imperfecciones. Tampoco se ha colocado la luz de patente. (…) De las fotografías que se agregan al expediente, puede observarse que la parte posterior de la unidad sufrió deformaciones originadas por fuerzas paralelas al eje longitudinal de la unidad y orientadas de atrás hacia adelante, de tal manera que el material se desplazó en ese sentido. (…) También se observa que la parte delantera derecha ha experimentado daños. Teniendo en cuenta la localización de los daños, es posible que el rodado de la actora haya estado estacionado y haya resultado ser impactado en su parte posterior, por otro rodado y a su vez impulsado hacia adelante contra otra unidad estacionada. Si bien desde el punto de vista mecánico es posible que a su vez el rodado que impacta al de la actora, haya sido previamente impactado en su parte posterior por el colectivo, no se aportan fotografías de estos rodados, como para tener certeza de ello”.
Asimismo, el experto realizó un croquis de la posible mecánica considerando la intervención de todos los rodados a los que se ha hecho referencia. Es así que de la misma se observaría a un colectivo que circulando por la calle Capdevila al doblar a la derecha impacta con su frente a una camioneta estacionada sobre la calle Granville del lado derecho, quien por el impacto volvería a colisionar con el vehículo del actor y éste a su vez con otro vehículo también estacionado en la fila de la mano derecha.
Corrido el traslado de la misma, con fecha 03/07/2020 la citada en garantía solicita explicaciones, las cuales fueron contestadas por el perito el día 08/07/2020. En efecto, en lo que nos interesa, el mismo contesto: “Con respecto a la mecánica del accidente el suscripto se basó en las deformaciones que sufriera el automotor de la actora, tal como lo muestran las fotografías adjuntas”. Estimo que la pericia del Perito mecánico Otero, se ajusta a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del Cód. Proc., por cuanto cuenta, con los aspectos preparatorios, estudios previos, análisis de los puntos de pericia y los fundamentos y su conclusión, constituye un dictamen con fuerza probatoria teniendo en consideración la competencia del perito, los principios científicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica. No debe perderse de vista que el actor acompañó con su escrito de inicio fotografías del vehículo Volkswagen Polo las que se encontrarían glosadas a fs. 35/38. De las mismas, vislumbro los daños que habría experimentado el vehículo del actor tanto en su parte trasera y frente producto de las colisiones.
Por otra parte, a fs. 185 declaro el Sr. Víctor Daniel Palacios, quien manifestó: “Si, el hecho que conozco es del choque. Yo lo único que recuerdo es que en el 2015 últimos días del mes de Febrero, entre las 07:00 u 08:00 de la tarde, yo estaba en el centro de Castillo, yo estaba de compras, y de repente veo que se amontono la gente en la vereda, estaba un colectivo de la linea 242 y estaba otro auto que era el del Sr. Bustos. El chófer del colectivo estaba abajo del colectivo hablando con el Sr. Bustos. Yo no vi el choque, yo vi cuando la gente se amonto. El auto del Sr. Bustos, tenía la parte trasera del baúl toda hundida. Después no recuerdo nada más, a mí me llamo la atención porque al hombre lo conozco de vista y yo solo pare a mirar y luego seguí. La calle donde se produjo el accidente es Granville y Capdevila. Yo no estuve mucho tiempo, solo me quedé un ratito y me fui. No recuerdo que este la policía ni la ambulancia. El auto del Sr. Bustos estaba estacionado de la mano derecha. El accidente se produjo en la calle donde dobla el 242...”.
Es doctrina uniforme que no basta para descalificar el fallo sustentado en la declaración del testigo único, en particular si se merituan además, otros elementos que apoyan su testimonio, entre ellas pericias, etc. (Fenochietto, Carlos E., Cód. Proc. Anotado, Ed. Astrea, 2.009, pág. 511).
Al respecto, nuestro Tribunal Superior Provincial, ha resuelto en casos similares al presente que: “El sistema de apreciación regido por la sana crítica - esquema de persuasión racional- (arts. 384 y 456, C.P.C.), no le impide al juez fundar su pronunciamiento en un testigo único. SCBA LP C 105241 S 03/08/2011 Juez PETTIGIANI Deparci, Juan y otro c/ Negri, Nora Lina y otro s/Escrituración. B24470); “No carece de fuerza probatoria la declaración de un testigo único por esa sola circunstancia, siempre que dicho testimonio resulte suficiente para causar convicción en el ánimo del juzgador que explica sus razones, y las conclusiones a que se arribe en las sentencias sean el fruto racional de las pruebas, con el único pero infranqueable límite del respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano, es decir las leyes de la lógica” (SCBA LP P 128697 S 24/04/2019 B5061257).
Respecto a la valoración de la prueba testimonial, he sentenciado en reiteradas oportunidades que a los efectos de evaluar la idoneidad subjetiva del testigo, debe apreciarse judicialmente los testimonios bajo la óptica de la lógica y la experiencia. Resulta que a los efectos de su credibilidad todo depende de la idoneidad, moralidad, intelectualidad, verosimilitud, efectividad, concordancia, exposición, razón de sus dichos, etc. (arts. 375, 384 y 456 del Cód. Proc.). Tiene dicho la jurisprudencia con criterio que comparto, que “La valoración de la prueba testimonial constituye una facultad privativa de los jueces, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "la sana crítica", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, así como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras.
Con arreglo al sistema de valoración probatoria de mención, el juez apreciará las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones, sopesando las condiciones individuales y genéricas del testigo, teniendo en cuenta el carácter más o menos verosímil de recordar el hecho narrado, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar.” (CC0103 MP 165308 71 S 02/05/2018). “La valoración crítica y prudente de la prueba testimonial -a la luz de las denominadas reglas de la sana crítica- motiva al juzgador a evaluar en forma conjunta una serie de extremos dentro de los que cabe concluir a la vinculación -directa, o mediata (de referencia)- que el deponente tiene con relación a los hechos sobre los cuales se le pregunta, al nivel de participación que ha tenido en tales sucesos, a la relación que puede tener con las partes, al nivel de precisión y seguridad en las respuestas y a la relación que media entre lo afirmado por el testigo y las demás pruebas obrantes en el expediente (arts. 375 y 384 del C.P.C.)”.
(CC0102 MP 162070 150-S S 15/06/2017). (Fallo “Pietra” citado, voto del Dr. Pérez Catella). “No resulta determinante el número de testigos existentes en un proceso sino la convicción, sólida y contundente, que generan en el juzgador. En este sentido se señala que muchas veces resulta imposible conseguir al menos dos testigos para declarar sobre un mismo hecho, como sucede precisamente en la hipótesis de accidentes viales. (…) así que cualquiera que echa en la balanza probatoria un elemento de juicio -digamos un testigo- impone a la otra parte cuando menos, la necesidad de aportar otro elemento de signo contrario. O sea que si el actor trajo a los autos sólo un testigo presencial, esa mínima obligación probatoria le cabía también al demandado”.(ROTMAN, Rodolfo B. «Testigo único: límite de su admisibilidad».
LL-1979-A-214). (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, fallo del 6 de diciembre de 2006, «Zapata, E. c.Cristoff y otro»).P. L. R. en J° 119.461/12.612 M. E. J. y ots. c/ P. L. R. p/ d y p. (acc. de transito) s/ inc. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza Sala/Juzgado: Primera. Fecha: 19-may-2014. Cita: MJ-JU-M-86937- AR | MJJ86937. Voto en disidencia: del Dr. Palermo).
Por lo cual, juzgo que el testimonio es creíble y su relato de lo sucedido en el teatro de los hechos se encuentra corroborado y avalado por otros medios probatorios, entre ellos la pericia mecánica de fecha 25/03/2019 con el respectivo croquis, en la cual perito no solo ha dado un detalle pormenorizado de la mecánica del accidente sino además los daños que se habría ocasionado al vehículo del Sr. Bustos, el presupuesto de la cerrajería Alfredo del Valle Castro, y del “Taller chapa y Pintura Javier”, ambas debidamente reconocidas a fs. 190/191, los cuales detallan las reparaciones que debería efectuarse al rodado como así también el arreglo de la cerradura y finalmente, las fotografías acompañadas por el accionante, las que si bien han sido desconocidas se encuentran corroboradas por toda la prueba analizada. Máxime cuando de la narración de los hechos producidos, se advierte las explicaciones de las distintas secuelas sucesivas, enlazadas y conectadas unas con las otras, calificadas como verosímiles, lógicas y razonables.
A mayor abundamiento, el hecho de que el testigo es conocido del actor ello no invalida su testimonio, por cuanto no se encuentra comprendido en las generales de la ley y además es un testigo presencial y necesario que tomo conocimiento del hecho. Asimismo, no debe perderse de vista que la contraria ha tenido oportunidad de efectuar todas las repreguntas que consideraba pertinentes a los fines de demostrar la mayor o menor credibilidad del testigo propuesto. De esta manera, no encuentro mérito para apartarme de la misma, rechazando todos los agravios de la citada sobre este tópico de la prueba valorada.
Finalmente, conjuntamente con el escrito de demanda el actor presentó dos denuncias de siniestro, una efectuada ante su propia aseguradora “La Caja de Ahorro y seguro” –declarada como legítima a fs. 142, conforme oficio contestado por la misma compañía-. En efecto, de ella se observa que respecto al detalle del siniestro, se dejó constancia que: “Asegurado estacionado sobre calle Grandeville es colisionado en su parte trasera con la parte delantera de un tercero (Ford) que se encontraba estacionado sobre la misma y fue colisionado previamente en su parte trasera con la parte delantera de un segundo tercero (colectivo 242) que circulaba por Capdevila y giro por Grandeville. A raíz de la colisión el VH (vehículo) asegurado se desplaza y colisiona con su parte delantera en la parte trasera de un tercer tercero (Ford Fiesta) que se encontraba estacionado sobre la misma sin lesionados.”. Como así también a fs. 25/25 vta. observo una copia simple de denuncia de siniestro con membrete de “Protección Mutual de Seguros del Transporte Público de Pasajeros”, de la cual aprecio: “Asegurado Línea 242, interno 128. Datos del reclamante: Humberto Antonio (…) tipo de vehículo Polo marca Volkswagen modelo 2002 patente DWV 943 (…) lugar del accidente Grandeville 1731 fecha 23/2/2015 hora 19.30, descripción del accidente: dicho vehículo estaba estacionado mano derecha correctamente, el interno Nro 128 Barrio Abadía venia circulando por Capdevila al doblar y retomar Grandeville arrastra una camioneta marca Ford, la cual me impacta rompiendo toda la parte trasera, parte delantera, guardabarro derecho y parrilla”.
Dichas denuncias de siniestro son actos jurídicos unilaterales o también denominadas como declaraciones unilaterales de la voluntad y de las cuales se desprende que son coincidentes en cuanto a su contenido, a saber: a) que ambos vehículos protagonistas intervinieron en el accidente o siniestro; b) que el automotor del actor fue dañado materialmente en su parte trasera y frontal y que–-a mi juicio- lo califico como a la víctima del daño; c) que al rodado de la accionada, lo denomino: el dañador, por colisionar con su parte frontal a otro vehículo, ocasionando de ese modo el impacto en cadena entre los vehículos estacionados (arts. 944 945 y 946 del Cód. Civ., 375, 384 y 386 del Cód. Proc.). En suma, considero y así lo estimo y declaro que dichas denuncias de siniestro son veraces y auténticas. Respecto a la presentada ante la aseguradora de la empresa demandada la califico como un instrumento particular; pues es una fotocopia simple y es de uso corriente de dicha aseguradora; son impresas y lleva el logo de dicha compañía tal como se describe en la misma. A mayor abundamiento, tendría que haber probado –en hipótesis- dicha citada en garantía su falta de veracidad, toda vez que la misma se encuentra en mejores condiciones jurídicas, contables, administrativas etc., para acreditar ello, con aplicación del principio de la distribución dinámica de la prueba.
Por último, y no menos importante, debo destacar que de conformidad con lo prescripto en el art. 354, inc. 2º del Cód. Proc. Civ. y Com. se impone como “una carga procesal” en cabeza del demandado “especificar con claridad los hechos que alegare como fundamento de su defensa” y el inc. 3º del mismo artículo, estatuye que se debe observar, en lo aplicable, los requisitos prescriptos en el art. 330, especialmente el inc. 4º, los hechos en que se funde, explicados claramente.
Por lo cual, en virtud de dichas consideraciones no puedo dejar de advertir que los accionados - no han aportado a la causa ningún elemento probatorio idóneo tendiente a desvirtuar los dichos del actor como del testigo propuesto y conclusiones arribadas por el perito mecánico.
Es así, que si bien negaron categóricamente la existencia del accidente, ningún instrumento probatorio han arrimado hasta el momento que neutralice los dichos del accionante.
Vale decir, si consideraban que el interno 128 de la línea 242 no protagonizó ningún accidente, hubiese resultado de gran utilidad una prueba que demostrara que en el día y honorario denunciado por la víctima –Bustos Humberto-, dicho colectivo no se hallaba en el lugar (Grandeville y Capdevila). Tal prueba no resulta imposible, toda vez que es sabido que cada vehículo con su chofer cuenta con una hoja de ruta o de recorrido para el control de la misma empresa.
Aquí entra a jugar la buena fe procesal exigible a todo litigante. Así, la demandada, no debió válidamente limitarse a negar los hechos sin aportar prueba alguna. Ciertamente, no puede dejar de valorarse la actitud remisa de los accionados, quienes se limitaron a efectuar una serie de negativas, sin intentar siquiera desvirtuar la prueba obrante en su contra.
En consecuencia, considero que existen indicios suficientes que me llevan a tener por acreditado la existencia del hecho y responsabilizar a la demandada. (art. 163 inc. 5 CPCC). El actor ha brindado elementos y datos concretos que, valorados como indicios serios, graves, precisos y concordantes, que determinan la responsabilidad de la accionada “La cabaña SA, a saber: a) la declaración efectuada por el testigo, quien si bien no presenció el momento de impacto si visualizó las circunstancias posteriores, dando datos precisos en cuanto a los vehículos involucrados; b) las constancias de copias simples de la denuncia efectuada en la aseguradora Protección Mutual, y en La Caja de Ahorros y Seguros c) la pericia mecánica, en la cual se han demostrado los daños que habría sufrido el automotor del actor, como así también que la mecánica del accidente relatada por el accionante resultó verosímil, es decir en relación causal; d) el principio “pro víctima” y en caso de duda, la solución más favorable para la víctima del daño, e) la postura de la accionada quien contando con mejores condiciones económicas, logística, financiera y de organización no ha presentado ningún elemento tendiente a desvirtuar lo acreditado por el Sr. Bustos Humberto; f) y finalmente, no se ha probado eximente alguno de responsabilidad.
Por lo cual, observo que existen indicios que por su número, precisión, gravedad y concordancia (arg. art. 163 inc. 5 del CPCC), producen convicción en el juzgador, que según la naturaleza del presente juicio y de conformidad con las reglas de la sana crítica, se presuma “pro-homine” la existencia del hecho denunciado por el accionante, todo ello interpretado bajo la lupa de la “sana crítica” (art. 384 del Cód. Proc.), la libre convicción del juez, las reglas de la lógica y del buen entendimiento humano, la experiencia de la vida diaria o el conocimiento de la vida y de los hombres y las máximas de experiencia del juez, sin descartar la aplicación de la “prueba compuesta”, denominada también como “apreciación global”.
En suma, se da por demostrado el hecho y el nexo causal existente entre el choque efectuado en cadena, causado por el colectivo de la demandada, con participación activa, en contra de los tres vehículos estacionados, estos últimos con participación pasiva y el daño causado al rodado del actor, según el curso ordinario y natural de las cosas, la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez. (art. 901, 906 del C.C. y 375 del CPCC), sin que la demandada acreditara algún hecho ajeno (culpa de la víctima, de un tercero por el que no debe responder, caso fortuito o fuerza mayor), como eximente de responsabilidad.
Por lo tanto, considerando los diversos medios probatorios analizados, estimo que se presume la responsabilidad objetiva y directa de la empresa demandada “La Cabaña SA”, ello por no haberse acreditado ningún eximente de responsabilidad. Se encuentra debidamente acreditado por los elementos probatorios “ut supra” reseñados la relación de causalidad, existente entre el accidente ocurrido y el daño causado al vehículo del actor, con idoneidad y aptitud suficiente para causar el efecto dañoso, según el curso natural y ordinario de las cosas y/o experiencias de la vida diaria y/o máximas experiencias del juez (arts. 901 y 906 del C.C.).
Así las cosas, atento a como ha prosperado la responsabilidad, corresponde dar tratamiento a los agravios que giran en torno a los diversos rubros indemnizatorios, a saber.
V. Daños al automotor V.a.- Daños materiales La citada en garantía ha cuestionado el importe otorgado por el sentenciante de grado como daños materiales del vehículo del actor ($150.363,00), solicitando la reducción del mismo.
Ahora bien, a los fines de acreditar los daños que el colectivo causó finalmente al vehículo del actor, observo que éste acompañó en su escrito de inicio diversos elementos probatorios. Es así que a fs. 35/ 38 se glosaron fotografías que ilustrarían el daño ocasionado al Volkswagen Polo (tanto en su parte trasera como frente del mismo). También acompañó dos presupuestos, uno del taller “Javier” con fecha 10 de marzo 2015 en la cual se han detallado los distintos arreglos que deberían efectuarse en dicho Volkswagen Polo arrojando un importe de $30.455 –este presupuesto fue reconocido conforme constancia de fs. 191- y otro de la cerrajería “Alfredo del Valle Castro” a fs. 32 con fecha 24 de febrero de 2015 por el importe de $350,00 –reconocido a fs. 190-, por el arreglo de la cerradura del baúl.
Asimismo, con fecha 25 de marzo de 2019 el perito ingeniero Otero determinó en su pericia que: “El detalle de reposiciones y de reparaciones que surge del presupuesto de fs, 16., guarda relación con los daños que se desprenden de las fotografías.1-3 Punto iii) CONTESTO: CALCULO ACTUAL 5 días de chapa a razón de $ 3.000 cada uno $ 15.000, 7 paños de pintura a razón de $ 3.000 cada uno $ 21.000, Repuestos $ 45.814 TOTAL $ 81.814 CALCULO AL 10- 03-2015 5 días de chapa a razón de $ 1.200 cada uno $ 6.000 7 paños de pintura a razón de $ 1.200 cada uno $ 8.400 Repuestos $ 10.079 TOTAL $ 24.479”. Como expuse al tratar el capítulo de la responsabilidad, tras el pedido de explicaciones de la citada en garantía, el perito Otero contestó con fecha 08/07/2020. En cuanto al costo de las reparaciones, el mismo refirió que: “En lo que hace al valor de las reparaciones se consideró 5 días de chapa y 7 paños de pintura, lo cual es razonable para reparar los daños producidos”; efectuando, incluso, un detalle de los diversos repuestos con sus respectivos costos. Finalmente, con fecha 10/11/2020 actualizó su informe, manifestando que: “De acuerdo a lo requerido, se agrega a continuación el valor actualizado de las reparaciones. CALCULO ACTUAL 5 días de chapa a razón de $ 5.200 cada uno $ 26.000 7 paños de pintura a razón de $ 5.200 cada uno $ 36.400 Repuestos 87.963 TOTAL $ 150.363”. Ya le he otorgado valor probatorio a esta experticia por ajustarse a las prescripciones legales de los arts. 472 y 474 del CPCC, no encontrando elemento valedero para apartarme de la misma, por lo cual las críticas efectuadas por la apelante deben desecharse sin más, toda vez que se encuentra corroborada y avalada por las fotografías agregadas en los presentes obrados a fs. 35/38, la prueba testimonial y los presupuestos debidamente reconocidos, máxime las denuncias de siniestro.
De este modo, se encuentra probado el nexo de causalidad adecuado, existente entre el hecho de la cosa riesgosa de la demandada y la consecuencia dañosa en el vehículo del accionante (causa-efecto) con aptitud e idoneidad suficiente para provocar un resultado dañoso, según el curso natural y ordinario de las cosas y la experiencia de la vida diaria y/o las máximas de experiencia del Juez. (arts. 901 y 906 del Cód.Civ.). Del mismo modo, el daño material a la cosa es resarcible, toda vez que se encuentran acreditados los requisitos legales del daño, a saber: a) Es cierto, b) Es presente; c) Es personal; d) Lesiona un derecho subjetivo o afecta a un interés legítimo; e) Es subsistente. Ahora bien, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, tiene dicho in re: “Bi Launek S.A.A.C. c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires”. Causa C.117.735 (24/09/2014) que: “este Tribunal ha precisado que en los juicios de daños y perjuicios los jueces se hallan facultados para fijar el quantum indemnizatorio al momento de dictar sentencia (conf. arg. causas L. 77.503 y L. 75.346, ambas sents. Del 6-VI-2001; C. 101.107, sent. Del 23-III-2010; C.100.908, sent. Del 14-VII-2010).
Esta Sala ya ha dicho que: “Las indemnizaciones de daños causados por hechos ilícitos han sido conceptuadas como deudas de valor. Estas se refieren a un valor abstracto constituido por bienes, que luego habría que medir en dinero: sin duda, el deudor solventará la deuda entregando dinero, que es común denominador de todos los bienes. Pero como él no era un deudor de dinero sino del valor correspondiente a los bienes en cuestión hasta tanto no sobrevenga el acuerdo de partes, o la sentencia judicial, que liquida la deuda y determina cual es la cantidad de dinero que deberá aquél satisfacer al acreedor, su obligación será una deuda de valor, que sólo pasará a ser una deuda de dinero luego de practicada esa determinación. Sólo después de efectuada y consentida esa liquidación queda cristalizado el objeto debido y resulta convertida la deuda de valor en deuda de dinero”. (“Barone, Leonardo Rolando c/ Lamo, José s/ Daños y perjuicios”, CC0000 AZ 32498 RSD-62-91 S 7-6-1991, B1050017); (esta Sala “SPAVELKO, Mariano Martín c/ ALMAFUERTE S.A.T.A.C.I. y Otro s/ Daños y Perjuicios Autom. s/ Lesiones (Exc.Estado) (100), Causa N°:1777/1, RSD. 53/10, Sentencia del 29 de Junio del 2010).”
Asimismo, contamos como pauta referencial las páginas conocidas popularmente que se dedican a la venta de todo tipo de artículos y servicios, como “Mercado Libre, entre otras, la cual también es utilizada por millones de usuarios para la compra y venta de vehículos, repuestos y mano de obra. En consecuencia, teniendo en consideración que los daños producidos al automotor se los calificó como una deuda de valor y habida cuenta que el perito determinó los repuestos y la mano de obra que se requiere para la reparación del mismo, resulta justo, razonable y equitativo confirmar en concepto de daños materiales a favor del actor la suma de pesos CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES ($150.363,00), con fundamento en las prescripciones legales de los artículos 1083, 1094, 1095 del C.C. y especialmente en el artículo 165 del CPCC que faculta a los magistrados a cuantificar económicamente los daños conforme a la experiencia de la vida diaria y/o máximas experiencias del juez.
V.b. Pérdida del valor venal Que respecto a este rubro, el cual ha sido reclamado por el actor en su escrito de inicio y rechazado por el sentenciante de grado, adelanto que el mismo no podrá prosperar.
En efecto, cabe señalar que de la atenta lectura de la pericia mecánica, el experto no determinó que el vehículo del accionante haya experimentado un daño en partes esenciales que afecte su valor venal, más allá de los daños consignados en el rubro “daños materiales” y sobre los cuales se ha otorgado un resarcimiento.
En consecuencia, considerando que este sentenciante ya ha tenido oportunidad de expedirse en casos similares al presente, manifestando que los daños materiales causados a un vehículo deben necesariamente afectar a sus partes esenciales, vitales y estructurales como para que por más que se reparen queden secuelas materiales que autorizan su desvalorización, poco trecho queda recorrer para advertirse que debe rechazarse sin más los agravios del actor, ello por no haberse probado en la especie que el vehículo tuviera afectado dichas partes esenciales. (arg. art 375 del CPCC).
V.c. Privación de uso A los fines de dar respuesta a este agravio, resulta menester destacar que en la especie este sentenciante ha realizado un nuevo reexamen y estudio de la cuestión, apartándose –de ahora en más- del criterio sostenido hasta entonces, a saber, de las siguientes consideraciones y fundamentos. En una primera etapa, se consideraba que este rubro “privación de uso” formaba parte de lo que suele denominarse 'lucro cesante”. Los tribunales se inclinan a exigir una prueba muy precisa y detallada de los perjuicios, negándose a repararlos si ella no se brindaba. Por ejemplo, se ha dicho que: "La privación del vehículo dañado en el accidente de tránsito no basta para la procedencia de la indemnización; se requiere la prueba cierta del perjuicio, pues el daño debe ser real y efectivo, no supuesto o hipotético".
Sin perjuicio de ello, por este camino se llegaba a soluciones disvaliosas, puesto que se dejaba sin indemnizar perjuicios que eran reales, pero no podían ser objeto de la prueba directa que se requería en razón de dárseles el trato de “lucros cesantes", por lo cual, comienzan los diversos Tribunales a conceder esa indemnización. Hoy prevalece en la jurisprudencia la afirmación de que "la sola privación del uso es un perjuicio indemnizable por el responsable del accidente, sin que sea impedimento para ello la falta o insuficiencia de elementos probatorios", "aunque no se compruebe un perjuicio real y concreto, ni se pruebe su utilización en tareas Iucrativas". Se considera, con acierto, que la "imposibilidad de utilizar el vehículo durante un determinado lapso como consecuencia del accidente configura un perjuicio que debe ser indemnizado pues si no la reparación dejaría de ser integral".
La indemnización por privación de uso del rodado, como consecuencia de un accidente de tránsito, procede por el solo hecho de su ocurrencia, y debe ser "considerada fuente de resarcimiento, ya que el vehículo tiene por finalidad tanto el esparcimiento como su utilización como medio de trabajo", en razón de que "el automóvil, por su propia naturaleza, está destinado al uso" y con él se satisfacen -o pueden satisfacer- necesidades espirituales y materiales". Comporta un daño resarcible la sola privación del uso de un automotor en virtud de afectar uno de los atributos del dominio. La sola privación del vehículo importa por si un daño indemnizable, a título de daño emergente, aunque no se compruebe el perjuicio real y concreto, ni se pruebe su utilización en tareas lucrativos. (Luis Moisset de Espanés, Automotores. Privación del uso. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba (República Argentina) http://www.acader.unc.edu.ar).
Dispone el artículo 1941 del CCyCN que: “El dominio perfecto es el derecho real que otorga todas las facultades de usar, gozar y disponer material y jurídicamente de una cosa, dentro de los limites previstos por la ley”. De este modo, no hay dudas que se privó al propietario del derecho subjetivo de usar, gozar y disponer de la cosa siniestrada.
Por su parte, y por aplicación analógica (art.171 de la Const. de la Prov. Bs. As. Y art. 2 del CCyCN) que se realiza en este voto, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul ha tenido oportunidad de sentenciar sobre la cuestión manifestando que: “En punto a la prueba del aludido daño, esta Sala señalaba en la causa: “Lazzarino” (voto del Dr. Galdós) que “en general se sostiene que la privación de uso de un automóvil es de por sí un daño indemnizable pues se presume que quien lo utiliza lo hace para llenar una necesidad’ (Borda, Guillermo ‘Tratado de Derecho Civil Argentino Obligaciones’ T.II ps.370/371; Kemelmajer de Carlucci en Belluscio-Zannoni ‘Códigos...’ T.5 p.275 y ss.; S.C.B.A.
Ac.27251, 24/6/60 ‘Rassori’, DJJ 119- 553/54; Ac.47079, 20/11/91 ‘Sellaro’). De tal suerte que la sola privación de uso–sin necesidad de acreditar su afectación a actividad productiva constituye la materialidad del daño (arts.1068, 1069, 1083, 1094 y concs. Cód.Civ,; ver Zavala de González Matilde ‘Daños a los automotores’ p.118 y ss.).” (causa n° 39300, “Lazzarino, Ismael, del 19/5/98, E.D. 178-335 con nota de Jorge Bustamante Alsina). Se subrayó en ese precedente que “La tendencia jurisprudencial mayoritaria adhiere a la tesitura que entiende que la indisponibilidad del vehículo puede dar origen a un daño emergente – generalmente presumido- o a un lucro cesante, sujeto a prueba’ (ver Zavala 60346 24 de González, ‘Daños a los automotores’ T.1 ps. 92, 99, 130, 150”).
(esta Sala, causa cit. “Lazzarino”; en igual sentido, causas n° 56.236, “Sala, Jorge Ulises, del 05/07/12 y nº 58761, "Galarza, Blanca Beatriz, del 17/07/14). Respecto de la ausencia de prueba concreta en torno a lo erogado, ha dicho la citada autora que “sería ciertamente engorroso y no siempre posible la acumulación detallada de los múltiples comprobantes de expedición no habitual que acrediten, por ejemplo, el importe de los varios viajes en taxímetro. Recuérdese además que el objeto del resarcimiento parte del derecho, de contenido económico, de sustituir el uso impedido, y que se contaba con ese derecho a partir de la propia indisponibilidad del vehículo, de suerte que es indiferente el comportamiento que en los hechos haya concretado la víctima; lo que importa es el que, jurídicamente, tenía facultad de desplegar con la indemnización, que debió anticipar el responsable, en lugar de abonarla al cabo del proces.
(Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños. Tomo 1. Daños a los automotores, ob. cit., pág. 131).
Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de La Nación, ha tenido oportunidad de expedirse sobre la cuestión, refiriendo que: “En lo que hace a la privación de uso particular del automóvil, su resarcimiento se impone en atención a que la indemnización debe ser integral. Se lo establece entonces en la suma de $814”.” (Silvia Susana Piccini y o. c/ Prov. de la Rioja y o. s/ daños y perjuicios” CSJN, 14/10/1992).
Sentada la Doctrina Legal y jurisprudencia aplicable al tratamiento y consideración de este tópico de la sentencia, advierto que, de la pericia mecánica oportunamente referenciada, el experto determinó los jornales de trabajo para la reparación del vehículo de la parte actora, conforme he destacado al tratar el rubro daños materiales. En efecto, el perito mecánico dispuso que: “CALCULO ACTUAL 5 días de chapa”.
Así las cosas, de acuerdo a los trabajos que correspondería realizar al auto siniestrado que comprende chapa, pintura, reemplazo de repuestos (todos descriptos en la pericia mecánica), lo cual demanda un plazo aproximado de 5 días y tomando en consideración la experiencia de la vida diaria y las máximas de experiencia del juez, en otros casos similares al presente, estima este Vocal preopinante que corresponde conceder el presente rubro como daño emergente en el importe de pesos DIEZ MIL ($10.000,00) a favor del actor, el cual resulta justo, prudente, razonable y equitativo(arts. 1067, 1068, 1069, 1083 del CC y concordantes y 165, 472, 474 del CPCC).
VI. Tasa de interés Tal como expuse en el capítulo “daños materiales” la reparación integral devenida por un daño causado resulta una deuda de valor que debe ser mantenida incólume hasta el momento de su liquidación en la sentencia. Del mismo modo, siendo que los intereses de la indemnización por un hecho ilícito se deben a partir del mismo, resulta irrelevante que el perjudicado haya o no desembolsado el dinero necesario para restañar algún perjuicio o para compensar alguna pérdida o deterioro, o bien que la taxatio de algún desmedro se sitúe con referencia a una fecha posterior a la del hecho que lo generó, pues como la indemnización será percibida tardíamente por el acreedor, éste debe ser resarcido por la indisponibilidad de ese capital desde la causación del daño; por ende, teniendo en mira la función retributiva que esos accesorios cumplen como contraprestación por el uso de un capital ajeno -pues su finalidad es mantener o restablecer un equilibrio patrimonial, con independencia del estado de mora del deudor- , su procedencia desde el instante mismo del siniestro es incuestionable, más allá de la iliquidez de la deuda. (CC0101 LP 248626 RSD-152-7 S 30/08/2007. Sansone, Viviana M. c/Tejeda, Laura M. s/Daños y Perjuicios. B101967).
Así las cosas, teniendo en cuenta que la SCBA en los autos caratulados: "Paredes, Roberto Gabriel Horacio contra Transporte La Perlita S.A. y otros. Daños y perjuicios" C. 123.090, Ac. 2078, ha afirmado que: “deviene aplicable la doctrina legal recientemente sentada por este Tribunal en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real (causas C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), a la que adherí tras una nueva y circunstanciada reflexión, suscitada teniendo fundamentalmente en consideración las sobrevinientes vicisitudes de cada caso (doctr. arts. 163 inc. 6, 164, 165 y concs., CPCC), el ineludible contexto económico resultante en estos últimos años (art. 384 y concs., CPCC), el principio de reparación integral que campea ante daños derivados de hechos ilícitos (arg. arts. 1, 16, 17, 19, 31, 33, 75 inc. 22 y concs., Const. nac.; arts. 1.069, 1.109 y concs., Cód.
Civ.; hoy 1.740, 1.746 y concs., Cód. Civ. y Com.), el carácter de deuda de cierto valor que cabe asignarle a las indemnizaciones fijadas con criterios de actualidad en momentos muy posteriores a la ocurrencia de los daños que resarcen (hoy arg. arts. 772 y 1.748, Cód. Civ. y Com.), y el principio de indemnización justa que limita todo posible enriquecimiento incausado que refleje una actitud contraria a los límites impuestos por la buena fe y la moral (conf. arts. 16, 21, 499, 502, 530, 907, 953, 1.071, 1.167 y concs., Cód. Civ.; ley 24.283; hoy, 9, 10, 1.794 y concs., Cód. Civ. y Com.).” (conf. causa cit.) y que para el cálculo de los intereses deberá aplicarse la ya mentada alícuota del 6% anual, la que corresponderá ser impuesta al crédito indemnizatorio desde la fecha del evento dañoso y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de los daños (conf. doctr. causas C. 120.536 y C. 121.134, cits.; arts. 622 y concs., Cód.
Civ.; 7, 772, 1.748 y concs., Cód. Civ. y Com.). De allí en más resultará aplicable la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a treinta días, hasta el efectivo pago (conf. arts. 7, 768 inc. "c", 770 y concs., Cód. Civ. y Com.; 7 y 10, ley 23.928 y doctr. causas B. 62.488, "Ubertalli", sent. de 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera" y L. 109.587, "Trofe", sents. de 15-VI-2016 y posteriores, dejando a salvo la opinión que adoptara en tales precedentes).” (conf. causa cit), poco trecho queda recorrer para advertirse que en la especie corresponde fijar que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 23/2/2015 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda -sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos (conf.
Doctrina legal S.C.B.A Cabrera” C. 119.176 sent. 15-5-2016, “Vera” C. nro.: 120.536 sent. 18/04/ 2018).
Dicha forma de resolver, implica rechazar sin más los agravios del actor, pues la tasa activa solicitada en su escrito de agravios contraria la doctrina legal de la SCBA.
Asimismo, y a los fines de dar mayor respuesta al apelante, recientemente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 02/03/2021 en los autos caratulados: “Banegas Natalia A. c/ Bodo Fátima Liliana s/ Daños y Perjuicios”, en trámite ante este Tribunal, hizo lugar al recurso extraordinario oportunamente presentado y ordenó modificar la tasa de interés fijada por mayoría –tasa pasiva más alta- en la sentencia definitiva de fecha 10/10/2019 dictada por esta Sala Primera, debiendo estarse a la tasa pura del 6% anual.
VIII. Las costas de Segunda Instancia Atendiendo al modo en cómo se resuelve la presente contienda judicial y por aplicación del principio objetivo de la derrota, estimo que las costas generadas en esta instancia deben ser impuestas a la demandada y su aseguradora–en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 y 274 del C.P.C.C.)
Por las consideraciones legales, doctrinarias y jurisprudenciales expuestas, VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
Por análogos fundamentos los Doctores Pérez Catella y Posca también VOTAN PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.
A LA SEGUNDA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR JOSE
NICOLAS TARABORRELLI, dijo:
Visto el acuerdo que antecede propongo a mis distinguidos colegas: 1°) SE MODIFIQUE la sentencia apelada de la siguiente manera: a.-) SE HAGA LUGAR al rubro privación de uso en el importe de pesos DIEZ MIL ($10.000,00); b.-) SE FIJE que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 23/2/2015 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda -sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos. 2°) SE CONFIRME el resto de la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravios; 3°) SE IMPONGAN las costas generadas en esta instancia a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada-. (arts. 68 del C.P.C.C.). 4°) SE DIFIERA la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
ASI LO VOTO
Por análogas consideraciones, los Dres. Pérez Catella y Posca adhieren y VOTAN EN IGUAL SENTIDO.
Con lo que terminó el acuerdo que antecede, dictándose la siguiente S E N T E N C I A
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede este Tribunal
1. MODIFICAR la sentencia apelada de la siguiente manera: a.-) HACER LUGAR al rubro privación de uso en el importe de pesos DIEZ MIL ($10.000,00); b.-) FIJAR que los intereses habrán de computarse desde la fecha en que se produjo el accidente 23/2/2015 (momento en que nace la obligación de resarcir el perjuicio causado), y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda - sentencia de cámara-, a la tasa de interés puro del 6% anual establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y de allí en más, la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos. 2°) CONFIRMAR el resto de la sentencia apelada en cuanto fuera materia de agravios; 3°) IMPONER las costas generadas en esta instancia a la demandada vencida y su aseguradora –en la medida de la cobertura contratada- (arts. 68 del C.P.C.C.). (arts. 68 del C.P.C.C.). 4°) DIFERIR la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad. REGISTRESE. NOTIFIQUESE la presente sentencia definitiva por Secretaría, en los términos del artículo 10 del Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos, respectivos, los que se consignan seguidamente. Oportunamente, DEVUELVASE.
Fin de la sentencia