Abriendo la norma
Corte de Catamarca
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: SESENTA y TRES.-
San Fernando del Valle de Catamarca, 01 de septiembre de 2026
El Expte. Corte Nº 020/2026: "BUSTOS, María Luisa C/ MINISTERIO DE MINERIA DE LA PROVINCIA, CAMYEN S.E. Y/O Q.R.R. S/ Acción de Amparo Ambiental", y
Voto del Dr. Figueroa Vicario:
1. Que a fs. 32/45 comparece la parte actora, Sra. María Luisa Bustos, con patrocinio letrado, y promueve acción de amparo ambiental en contra del Ministerio de Minería de la provincia de Catamarca, de la empresa CAMYEN S. E. y/o quien resulte responsable por la realización de trabajos de retrospección, cateo, exploración y explotación minera en la zona denominada Campo de Piedra Pómez y Laguna Purulla, ubicados en el departamento de Antofagasta de la Sierra.- - - - - - - - Peticiona se ordene el inmediato cese de los trabajos de cateo, prospección o exploración minera, disponga la protección urgente del ecosistema involucrado, ordene la realización de una evaluación de impacto ambiental y oportunamente se disponga la recomposición ambiental afectada en razón al derecho de defensa del derecho colectivo de un ambiente sano. Asimismo, solicita medida cautelar de no innovar y complementarias como inspección judicial, pericia ambiental e información ambiental.
Justifica los requisitos procesales de la acción y en el relato de los hechos expone que la presente acción se origina en la preocupación social y ambiental generada por el desarrollo actual o inminente de actividades mineras, en el Campo de Piedra Pómez y de la Laguna Purulla, susceptibles de alterar significativamente el ecosistema del lugar, que integra zonas de paisajes naturales únicos destinados al turismo y a la investigación científica y ambiental. Manifiesta la falta de información pública, clara y accesible respecto a estudios de impacto ambiental integrales, procesos de participación ciudadana o evaluaciones técnicas independientes que garanticen la preservación del ambiente. Explica la necesidad de acudir a la instancia judicial a fin de prevenir la consolidación de un daño ambiental potencialmente irreversible. Cita informe suscripto por el Sr. Gustavo Adrián Quinteros, Director de Recursos Forestales, Suelo y Biodiversidad de la Secretaría de Medio Ambiente- MAEMA (Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente) relativo al desarrollo minera en las áreas señaladas. Describe el valor ecológico de la zona, la particular vulnerabilidad que representa y la necesidad de control judicial preventivo.
Funda su derecho en los arts. 41, 43 del CN y en la Ley General de Ambiente N° 25675, cita jurisprudencia, ofrece prueba y hace reserva del caso federal. Peticiona en definitiva se haga lugar al amparo ambiental promovido.
Otorgada participación procesal, se corre vista al Ministerio Público para que se expida sobre la jurisdicción y competencia, de la viabilidad de la acción y la medida cautelar solicitada. El Señor Procurador General emite dictamen N° 053/2026 donde propicia la competencia de los tribunales de primera instancia (fs. 47/50 y vta.). A fs. 51 obra proveído que ordena el llamado de autos a despacho para resolver, el que deja la causa en estado de emitir pronunciamiento.
2. Nuestra Constitución Provincial, en el artículo 195 establece la posibilidad legal de incrementar el número de jueces de la Corte de Justicia, y el artículo 199 prescribe que Ley Orgánica podrá establecer la especialización por fuero de los tribunales.
De allí, que la Corte de Justicia de Catamarca estuvo integrada por tres (3) miembros hasta la sanción de la Ley 5473 (Boletín Oficial 02-agosto-2016) que elevó sus miembros a cinco (5), y luego por Ley 5654 (Boletín Oficial 31-julio-2020) se elevó el número a siete (7) integrantes que constituye actualmente el número de miembros del máximo Tribunal.
En cuanto a su funcionamiento por Ley 5473 (Boletín Oficial 02- Corte Nº 020/2026
agosto-2016), se habilita en su artículo 3º la división de la Corte de Justicia en salas por especialización en diferentes fueros, tal como lo preceptúa el art. 199 CP, y fue así que por Acordada N°4594 (16-dic-2022) la Corte de Justicia actúa a través de Salas conformadas cada una por tres (3) Ministros de la Corte de Justicia designados entre sus miembros en un plenario del tribunal.
Resulta evidente que los constituyentes provinciales, entendieron que la modificación del número de miembros y la división por especialización de la materia, se correspondía con una mayor eficiencia en el servicio de justicia. Lo que se encuentra reflejado en el Proyecto Parlamentario Nº 93-C-2016, correspondiente a la Ley 5473/2016, en el que se sostiene: “…demanda la necesidad de dotar a nuestro máximo tribunal de justicia de una mayor composición que permita, asimismo a través de la división en Salas, conforme a los lineamientos establecidos en el Art. 199º de nuestra Constitución Provincial, el trato especializado de las causas que se sometan a su decisorio” (p. 04).
3. Que la competencia de esta Corte de Justicia se encuentra atribuida por expresas normas constitucionales y legales, siendo estas de orden público, de interpretación restrictiva y excepcional. El artículo 204 de la Constitución Provincial, establece que decide en juicio pleno y única instancia en las causas contencioso- administrativo.
Así, se establece que las causas de materia contencioso administrativa, tramitarán en procesos ordinarios “juicio pleno”, terminología que no debe confundirse con la utilizada en el artículo 3º de la Ley N° 5473, en donde se expresa: “… En los casos que correspondan a su competencia originaria y exclusiva, y en aquellos que llegaren a conocimiento de la Corte por un planteamiento de inconstitucionalidad de una norma provincial, se tratarán en juicio pleno.”, aquí el legislador establece que determinadas causas deben ser tratadas por la totalidad de los miembros del tribunal, en plenario “juicio pleno”.
4. Que conforme a ello, y atento a que el amparo deducido se rige por la Ley 5034 en cuyo art. 7 establece la competencia del juez de primera instancia para entender en el mismo, limitando la intervención de la Corte de Justicia solo a las causas contencioso administrativas, conforme a lo establecido en el art. 204 de la CP.
Que existen diez (10) precedentes o causas en las que se resolvió la competencia para entender en estos Procesos Colectivos, por la “Sala de Amparo y Amparo por mora”, más allá de que la Acordada Nº 4594 no haya enumerado expresamente la Ley 5034.
La uniformidad de criterio, se funda en que el amparo es el género y el amparo Colectivo es la especie, por tanto entiende la Sala especializada en este tipo de acciones, “Sala de Amparo y Amparo por mora”, para la eficiencia en el servicio de justicia. El amparo colectivo es una garantía procesal constitucional establecida como una vía procesal expedita y rápida, primer párrafo del art. 43 de la CN pero adaptada a su naturaleza colectiva, trámite prescripto en el artículo 14 de la Ley 5034.
Al respecto, expresa nuestra Corte Federal: “Si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su falta de utilización no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente de las alegaciones de las partes, toda vez que la citada institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias y los jueces deben buscar soluciones procesales que utilicen las vías más expeditivas a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales.” Majul, Julio Jesús c/ Municipalidad de Pueblo General Belgrano y otros s/ acción de amparo ambiental. (Fallos: 342:1203)(el remarcado es propio).
Es más, seis (6) de los precedentes datan del año pasado (2025), pronunciamientos emitidos por la Sala, con la integración actual de los miembros. Corte Nº 020/2026
Luego, existen cuatro (4) precedentes, que corresponden al año 2024, en los que aún no integraba la Sala de Amparos el Dr. Bracamonte, por lo que fue decidido por la Dra. Gomez, el Dr. Cáceres y el suscripto. A fines de ilustrar lo mencionado, se detalla en el año 2025:
1. Corte N° 021/2025 "ÁVILA, Hugo Daniel C/ ESTADO PROVINCIAL s/ Acción de Amparo Colectivo" - SI N° 34 (05/06/2025). Declara la competencia de la Sala e Inadmisibilidad de la accion. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez y Jorge Rafael Bracamonte.
2. Corte N° 024/2025 "ÁVILA, Hugo Daniel c/ ESTADO PROVINCIAL s/ Acción de Amparo Colectivo". SI N° 36 (10/06/2025). Declara la competencia de la Sala e inadmisibilidad de la accion. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario (DISIDENCIA PARCIAL), Fabiana Edith Gómez y Jorge Rafael Bracamonte.
3. Corte N° 029/2025 "ÁVILA, Hugo Daniel c/ ESTADO PROVINCIAL s/ Acción de Amparo Colectivo". SI N° 38 (18/06/2025). Declara la competencia de la Sala e inadmisibilidad de la accion. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez y Jorge Rafael Bracamonte.
4. Corte N° 032/2025 "ÁVILA, Hugo Daniel c/ ESTADO PROVINCIAL s/ Acción de Amparo Colectivo". SI N° 43 (19/06/2025). Declara abstracta causa. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez y Jorge Rafael Bracamonte.
5. Corte N° 036/2025 "MARCHIOLI, Alfredo Ariel y Otros c/ ENERGÍA DE CATAMARCA SAPEM s/ Acción de Amparo". SI N° 58 (22/08/2025). Declara la competencia del tribunal. SI N° 74 (04/11/2025). Declara procedencia accion como Amparo Colectivo. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez y Jorge Rafael Bracamonte.
6. Corte N° 040/2025 "ÁVILA, Hugo Daniel c/ ENERGÍA DE CATAMARCA S.A. CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA (EC. SAPEM) s/ Acción de Amparo Colectivo". SI N° 62 (10/09/2025). Declarar la competencia de la Sala y formalmente procedente la acción de Amparo Colectivo. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez y Jorge Rafael Bracamonte.
En el año 2024:
1. Corte N° 010/2024 "SANCHEZ, Julio Cesar y Otros c/ AGUAS DE CATAMARCA SAPEM Y ESTADO PROVINCIAL" s/ Acción de Amparo Colectivo". SI N° 15 (18/04/2024). Declara incompetente y remision a mesa entradas para sorteo. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez y José Ricardo Cáceres.
2. Corte N° 026/2024 "RAMIREZ, Hugo C/ ENERGIA CATAMARCA SAPEM, PODER EJECUTIVO PCIAL. Y ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PUBLICOS PCIA. DE CATAMARCA s/ Acción de Amparo Colectivo". SI N° 30 (07/05/2024). Declara competencia e improcedente accion. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez y José Ricardo Cáceres.
3. Corte N° 043/2024 "ASOCIACION JUDICIAL CATAMARCA (AJUCA) c/ PODER EJECUTIVO s/ Acción de Amparo Colectivo". SI N° 45 (09/05/2024). Declara la competencia de la Sala y la inadmisibilidad de la accion. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez y José Ricardo Cáceres.
4. Corte N° 049/2024 "MARCHIOLI, Alfredo Ariel c/ ENERGIA DE CATAMARCA S.A. CON PARTIC. ESTATAL MAYORITARIA (EC SAPEM), ESTADO PCIAL. DE CATAMARCA Y ENTE DE SERVICIOS PUBLICOS CATAMARCA (ENRE) s/ Acción de Amparo Colectivo". SI N° 53 (16/05/2024). Declara competencia de Sala e inadmisible accion. Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario, Fabiana Edith Gómez y José Ricardo Cáceres.
Corte Nº 020/2026
Tal como me he pronunciado en otras oportunidades, razones de especial prudencia, en relación al cambio de criterio jurisprudencial, a raíz del viraje jurisprudencial, desvirtuándose así la necesidad de que el litigante conozca de antemano las reglas claras de juego a las que atenerse, en aras de la seguridad jurídica, plasmada por los precedentes jurisprudenciales de la CSJN (Fallos: 325:1578; Isaac Jorge y Otras c. Provincia de Buenos Aires, de fecha 10/10/1996, entre otros), y recomendación dada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, informe Nº 105/99. Caso 10194: Narciso Palacios vs. Argentina.
La CIDH emite el Informe Nº 105/99, con fecha 29 de septiembre de 1999, en el caso 10.194 Narciso Palacios - Argentina. De ambas disposiciones sostiene que se desprende la garantía que tiene toda persona de que se respeten las reglas básicas del procedimiento no sólo en cuanto al acceso a la jurisdicción, sino también en cuanto al cumplimiento efectivo de lo decidido. En este sentido, esta Comisión ha señalado que la protección judicial que reconoce la Convención comprende el derecho a procedimientos justos, imparciales y rápidos, que brinden la posibilidad pero nunca la garantía de un resultado favorable. También sostiene que la seguridad jurídica y el principio de claridad y certidumbre respecto de la jurisdicción competente imponen un mayor rigor a la hora de impedir el acceso a la justicia.
Que sin perjuicio, de que los Informes de la CIDH no tienen el carácter de una decisión jurisdiccional obligatoria, es importante remarcar que nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso: Carranza Latrubesse, Gustavo c. Estado Nacional - Ministerio de Relaciones Exteriores - Provincia del Chubut - del 06/08/2013, expresa que: “Las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -en el caso, Informe 30/97-, aun cuando en el marco del procedimiento de peticiones individuales no tienen un valor obligatorio equivalente al de las sentencias de la Corte Interamericana, tienen valor para motivar acciones del Estado Argentino; otra conclusión no solo prescindiría del contexto del tratado sino que iría contra su objeto y fin, al optar por la interpretación que tiende a debilitar y quitar “efecto útil” al sistema de peticiones individuales consagrado en los arts. 44 a 51 del Pacto, sin tener en cuenta que “el sistema mismo de la CADH está dirigido a reconocer derechos y libertades a las personas y no a facultar a los Estados para hacerlo (del voto del Doctor Petracchi). La aplicación del principio de buena fe, que rige la actuación del Estado argentino en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales, y la calidad de los argumentos y la autoridad de quien emanan, llevan a considerar que los informes y las opiniones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyen criterios jurídicos valiosos de implementación, interpretación y de ordenación valorativa de las cláusulas de la CADH, que deben ser tomados en cuenta para adoptar decisiones en el derecho interno, aun cuando sólo las decisiones de la Corte Interamericana son ejecutables en los términos del art. 68 de la CADH (del voto del Doctor Maqueda)”.
En efecto, debemos ser prudentes con la aplicación en el tiempo de un nuevo criterio jurisprudencial, y siempre que proceda debe ser aplicado para casos futuros.
Por lo dicho, corresponde a esta Sala de Amparo y Amparo por Mora, expedirse prima facie respecto a su jurisdicción y competencia en la cuestión traída a conocimiento.
5. Que, del análisis de autos, se constata que el objeto de la pretensión -derecho a un ambiente sano y protegido-, no constituye materia contencioso administrativa conforme lo establecido en el art. 1 del CCA, lo que determina la falta de competencia del presente Tribunal para pronunciarse sobre la procedencia de la acción intentada.
“La protección establecida a través de los regímenes reguladores del amparo, apunta a los agravios causados o por causar, originados en actos u omisiones de la Administración Pública. Esta expresión no es coincidente con la de Corte Nº 020/2026
acto administrativo, desde que no todos los actos u omisiones provenientes de la Administración Pública revisten tal carácter.” El Amparo Régimen Procesal, Augusto M. Morello- Carlos A. Vallefin, LEP, La Plata, 2000, pág. 308.
Del escrito de inicio surge claramente que la materia que constituye el eje central de la cuestión traída a consideración de este Tribunal es netamente derecho constitucional, en consecuencia, al no someterse a revisión ningún acto administrativo que vulnere derechos tutelados por normas de derecho administrativo, la competencia está asignada a los jueces de grado en nuestro ordenamiento positivo.
En conclusión, conforme al art. 1 del CPCC, que establece el carácter improrrogable de la competencia, y a lo establecido en el art. 7 de la Ley 5034, art. 204 de la CP y art. 1 de la Ley 2403, resultan competentes para atender el presente planteo los jueces de primera instancia. Sin dilación pase la causa a Mesa de Entradas Única a los fines del trámite de ley.
6. Respecto a la medida cautelar peticionada, esta Sala, atento su incompetencia y a las características de la causa, donde se ponen en juego garantías constitucionales de los ciudadanos en general, considera pertinente reservar su tratamiento al juez natural de la causa, a fin de proteger y garantizar el derecho al debido proceso judicial.
7. Sin costas, atento a la naturaleza de la cuestión. Así voto.
Voto de la Gómez:
Que la presente acción se encuentra en estado de resolver la cuestión atinente a la jurisdicción y competencia de esta Sala, y, en su caso, la admisibilidad formal.
Que, conforme lo establece el art. 204 de nuestra Constitución Provincial, la Corte de Justicia decide en juicio pleno y única instancia en las causas contencioso administrativas -previa denegación de la autoridad administrativa; originaria y exclusiva en los incisos que la norma detalla, en concordancia con lo dispuesto con la Ley Nº 5473, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial, y dispone el funcionamiento de esta Corte de Justicia en Salas, con la excepción a los casos que corresponda su competencia originaria y exclusiva, y los planteamientos de inconstitucionalidad de una norma provincial, los que se tratarán en juicio pleno.
A los fines de reglamentar la Ley Nº 5473, con fecha 16 de diciembre de 2022, se dictó la Acordada Nº 4594 que establece que la Corte de Justicia dividirá su composición en Salas, y del anexo I -Reglamento de división de Salas- surge la “Sala III Acción de Amparo y Amparo por mora” enumerando expresamente a las Leyes N°4642 y Nº 4797-acción de amparo y amparo por mora-.
Respecto a la acción prevista por la Ley Nº 4640, si bien la competencia fijada en el art. 4, implica materia contenciosa administrativa, el trámite previsto es un juicio abreviado, rápido y expedito, y su sentencia es declarativa de derechos.
Ahora bien, estimo pertinente introducir, como cuestión preliminar a resolver la presente acción, que la acción de amparo colectivo, prevista por Ley Nº 5034-, no está específicamente enumerada en la Acordada Nº 4594, y, en consideración al trámite específico estipulado por la norma, propongo, hasta tanto se resuelva a través de la acordada correspondiente subsanar dicha omisión, que las mismas deberán resolverse con todos los integrantes de la Corte de justicia en pleno.
En consideración que, la cuestión planteada, en esta instancia procesal, no tiene incidencia alguna para las partes en resguardo al debido proceso, que debe primar, garantizando el acceso a la justicia y tutela de los derechos invocados a través de la Corte de Justicia.
Por lo expuesto, propongo, previo a todo trámite, por secretaría, se integre la causa con la Corte de Justicia en pleno. Así voto
Voto del Dr. Bracamonte:
Corte Nº 020/2026 I.- Que adhiero a la solución propuesta por la Sra. Ministra Dra. Gómez, en cuanto postula que, previo a todo trámite y por Secretaría, la causa se integre con la Corte de Justicia en pleno.
Comparto los fundamentos de su voto, a los que me remito, y estimo pertinente añadir las consideraciones que siguen, por cuanto, a mi entender, robustecen aquella conclusión.
II. Que la determinación del órgano llamado a intervenir constituye una cuestión de orden público, que el Tribunal debe examinar de oficio y con antelación a toda otra.
Cabe recordar, en tal sentido, que la actuación de la Corte por intermedio de Salas -instituida por la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 2337, modificada por la Ley N° 5473, y reglamentada por la Acordada N° 4594/2022- constituye una modalidad de excepción respecto de la actuación en pleno.
De ello se sigue que la competencia de cada Sala, por su carácter excepcional, ha de interpretarse de manera estricta y no puede extenderse por analogía a supuestos que no le han sido expresamente atribuidos.
III. Que, en esa inteligencia, el Anexo I, punto II.c, de la Acordada N° 4594/2022 circunscribe la competencia de la Sala III de Acción de Amparo y de Amparo por Mora, de modo taxativo, a “la acción de amparo prevista en el art. 4, segundo párrafo, de la Ley N° 4642” y al “amparo por mora en sede administrativa, Ley N° 4795”.
Como con acierto lo señala el voto al que adhiero, la acción de amparo colectivo regida por la Ley 5034 no se encuentra comprendida en dicha enumeración; y siendo la competencia de las Salas de excepción e interpretación estricta, la omisión no puede atribuirse en favor de esta Sala, sino que conduce a que la causa sea resuelta por el Tribunal con la integración de todos sus miembros, esto es, en pleno.
Por lo expuesto, adhiero al voto de la Sra. Ministra Dra. Gómez y propongo que, previo a todo trámite, por Secretaría, se integre la causa con la Corte de Justicia en pleno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Así voto.
Por ello, oído el Ministerio Público y normas legales citadas,
LA SALA DE AMPARO Y AMPARO POR MORA DE LA CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
I. Previo a todo trámite, por Secretaria, remítase la causa a la Corte de Justicia en pleno a lo fines de su continuidad, por mayoría de votos.
II. Protocolícese y notifíquese.
I)a entender en los presentes autos.
2. Sin costas.
Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario (Presidente Sala de Amparo y Amparo por Mora) EN DISIDENCIA, Fabiana Edith Gómez (Ministra Decana Sala de Amparo y Amparo por Mora) y Jorge Rafael Bracamonte (Ministro Vicedecano - Corte de Justicia) Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia)"
Fin de la sentencia