Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-889/24-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Sr. Félix Alberto Butassi en PE1531736-2024, y en consecuencia, ordenar al Poder Ejecutivo Provincial y a la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, que suspendan la ejecución del Decreto N° 0608/24 así como cualquier otra materialización o acto administrativo que haya sido emitido como consecuencia del mismo en el ámbito del organismo previsional durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme. Ello, previa caución juratoria que deberá prestar el actor en estos actuados.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: B-889/24-IMC-TSJ Sentencia N°: 1177 Actor: BUTASSI FÉLIX ALBERTO Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 11/07/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1177 FOLIO Nº 3885/3889 PROT. ELECT. TSS1 034 C.251
Río Gallegos, 11 de julio de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “BUTASSI FELIX ALBERTO C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. N° B-889/24-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que en la causa principal, el Sr. Félix Alberto Butassi, con el patrocinio letrado del Dr. Matías Ezequiel Solano, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Santa Cruz y la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz. Solicita que se declare la nulidad del Decreto N° 0608/24, dictado por el Poder Ejecutivo Provincial el 14 de junio de 2024, así como de la notificación emitida el 7 de agosto del mismo año por la Sub Área de Asesoramiento y Gestión Previsional de la Caja de Previsión Social de la Provincia (en adelante CPS), mediante la cual se le comunica su obligación de acceder al beneficio jubilatorio. Asimismo, peticiona como medida cautelar innovativa la suspensión provisoria de los efectos del citado decreto, de la notificación mencionada y de cualquier otro acto administrativo dictado en consecuencia por el organismo previsional (cfr. PE1531736-2024, págs. 1/2).-
II. En su solicitud de tutela precautoria, el Sr. Butassi manifiesta que su finalidad es evitar un perjuicio directo e irreparable sobre su persona, dado que no puede ser compelido a adquirir la condición de afiliado pasivo como consecuencia del decreto cuestionado. Sostiene que dicha situación comprometería la seguridad jurídica y el interés público, al implicar una modificación del régimen previsional provincial a través de un decreto que, bajo la apariencia de una norma reglamentaria, configura en realidad una injerencia del Poder Ejecutivo en competencias propias de otros poderes del Estado, expresada mediante actos que constituyen decisiones administrativas sobre el personal que exceden su ámbito de autoridad (cfr. PE cit., pág. 2).- Sostiene que la medida cautelar solicitada tiene por objeto resguardar las garantías constitucionales establecidas en los artículos 14, 14 bis, 17 y concordantes de la Constitución Nacional, así como el principio de división de poderes y la libertad de trabajo. En ese marco, advierte que, en virtud del Decreto N° 0608/24, el Poder Ejecutivo podría imponerle el cese de su actividad laboral y efectuar un cálculo retroactivo de sus haberes jubilatorios, situación que debe ser evitada mientras se sustancia el presente proceso (cfr. PE cit., pág. 11).- Resalta la importancia de garantizar la efectividad de la sentencia definitiva, de modo que, al momento de su dictado, no resulte inútil. En tal sentido, señala que es necesario evitar que el derecho cuya tutela se pretende obtener pierda vigencia o se torne ilusorio durante el transcurso del proceso (cfr. PE cit., págs. 11/12).-
Sostiene que la presunción de legitimidad que revisten los actos dictados por la Administración no es absoluta, sino que tiene carácter relativo, provisional y transitorio, por lo que puede ser desvirtuada si se demuestra que el acto es ilegítimo (cfr. PE y pág. cits.).-
Alega que la invalidez jurídica del acto administrativo cuestionado resulta evidente desde un primer análisis, ya que mediante él se intenta alterar una norma legal de especial importancia social, como es la que regula el régimen previsional. En este sentido, enfatiza que el Decreto N° 0608/24 no constituye una simple reglamentación, sino que introduce cambios en la forma de finalizar la relación de empleo público y se inmiscuye en competencias que corresponden a otros poderes del Estado (cfr. PE y pág. cits.).- Postula que el peligro en la demora encuentra fundamento en diversas disposiciones de la Constitución Provincial (arts. 9, 102, 128, 133 y 141) y de la Constitución Nacional (arts. 14, 14 bis, 17 y 75 inc. 23). Advierte que en los próximos días la Caja de Previsión Social podría imponerle el pase al régimen pasivo. En ese contexto, señala que la eventual demora en la tramitación del proceso contencioso administrativo podría lesionar derechos de rango constitucional, lo que podría generar un perjuicio de difícil o imposible reparación (cfr. PE cit., págs. 12 y 13).- Destaca la gravedad institucional que representa que el Poder Ejecutivo, por medio de un decreto, asuma la facultad de decidir quiénes deben continuar en funciones y quiénes no, incluyendo en esa decisión a integrantes de otros poderes del Estado, que deberían mantenerse al margen de su intervención. A su entender, esta circunstancia evidencia con claridad la necesidad y urgencia de dictar una medida provisional como la solicitada (cfr. PE cit., pág. 13).-
En PE1539619-2024 de los autos principales, dictaminó el Sr. Agente Fiscal sobre la competencia de este Tribunal para intervenir en la acción contencioso administrativa y en la medida cautelar. Asimismo, en PE934831-2024 de los autos de mención, se ordenó formar el incidente con las piezas pertinentes, dándose inicio a los presentes en PE1543505-2024.-
III. Corrido el traslado a las incidentadas (cfr. PE1543505-2024), es contestado mediante PE1567027-2024, por el Sr. Fiscal de Estado, Dr. Ramiro Esteban Castillo, y la Dra. Paula Analía Hernández, ambos en representación del Estado Provincial. Idéntico acto es llevado a cabo por la Dra. Dheisy Marina Canton, en su calidad de letrada apoderada de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz (cfr. PE1567046-2024.).-
En su réplica, el Estado Provincial solicita el rechazo de la medida cautelar (cfr. PE1567027-2024, pág. 1).-
Indica que el Sr. Butassi solicitó su jubilación ordinaria ante la Caja de Previsión Social el 22 de febrero de 2024, conforme consta en el expediente administrativo N° 248.475/24. Recuerda que el 28 de mayo del mismo año, fue notificado de que reunía las condiciones para acceder al beneficio jubilatorio a partir del 1 de julio de ese año, y que en ese mismo acto se le requirió la presentación de la documentación que acreditara el cese de toda actividad en relación de dependencia, así como la certificación oficial de servicios hasta la fecha de baja. Destaca que dicho requerimiento no fue objeto de impugnación por parte del incidentista (cfr. PE cit., págs. 1/2).- Manifiesta que el incidentista omite mencionar que fue el mismo quien promovió e impulsó su trámite jubilatorio. A su entender, esta conducta debe ser evaluada a la luz de la 'teoría de los actos propios', que impide desconocer las consecuencias de los actos voluntariamente realizados (cfr. PE cit., pág. 3).-
Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Provincial N° 1958, asevera que el incidentista no puede continuar en la prestación de sus servicios de manera indefinida (cfr. PE cit., pág. 4).-
Dice que el decreto impugnado goza de la presunción de legitimidad que le otorga el artículo 12 de la Ley N° 1260 y, por lo tanto, de fuerza ejecutoria, lo que impone que el pedido cautelar sea rigurosamente analizado (cfr. PE y pág. cits.).-
Postula, igualmente, que la identidad entre la medida cautelar peticionada y la pretensión de fondo tramitada en el expediente principal también obligan al juzgador a evaluar con un criterio más restrictivo la procedencia de la medida (cfr. PE cit., pág. 5).-
A su turno, la Caja de Previsión Social también peticiona que se rechace la medida cautelar promocionada (cfr. PE1567046-2024, pág. 1).-
Arguye que el planteo del incidentista es genérico, enunciativo y no hace mención concreta a gravamen alguno (cfr. PE cit., pág. 2).-
Argumenta que fue el propio actor quien, por iniciativa propia, inició el trámite para acceder al beneficio jubilatorio el 22 de febrero de 2024, al completar y presentar el Formulario de Solicitud de Jubilación. En esa línea, advierte que el 28 de mayo del mismo año fue notificado de que reunía las condiciones para obtener el beneficio a partir del 1 de julio de 2024. Destaca que, hasta ese momento, el Sr. Butassi había consentido todos los actos administrativos que precedieron a dicha notificación (cfr. PE cit., págs. 4/5).- También sostiene que el incidentista no fue obligado a poner fin a su relación laboral, sino que el inicio del trámite jubilatorio fue consecuencia de su propio pedido. Esta conducta, a su criterio, contradice el principio de buena fe y resulta incompatible con sus propios actos anteriores (cfr. PE cit., pág. 5).-
Mediante PE1823016-2025, dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, quien se expide en sentido positivo, considerando que: “…debe hacer lugar a la medida cautelar que se peticiona.” (cfr. PE cit., pág. 3).-
Se dispone pasar las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver en PE1093319-2025.-
IV. Atendiendo al carácter cautelar de la medida peticionada por la incidentista mediante PE1531736-2024, resulta menester efectuar el análisis de la concurrencia o no de los presupuestos genéricos de toda medida cautelar, y en el caso los específicos, ello en orden a lo normado por los artículos 25 y ss. del CPCA, Ley N° 2600, a fin de valorar su procedencia.-
El juzgamiento de este tipo de pretensiones se despacha con una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria, de modo tal que puede ser modificado en la sentencia definitiva, por lo que ni el otorgamiento de la medida prejuzga sobre el mérito de la causa, ni el consentimiento de aquélla implica aceptación de la procedencia del derecho a juzgar en la sentencia definitiva (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XVIII, Reg. 1079, Folio 3445/3447; Reg. 1085, Folio 3464/3467; Reg. 1095, Folio 3502/3505; Reg. 1111, Folio 3562/3564; Reg. 1120, Folio 3603/3607; y XIX, Reg. 1121, Folio 3608/3610; Reg. 1130, Folio 3640/3644; Reg. 1133, Folio 3659/3664; Reg. 1134, Folio 3665/3668; Reg. 1141, Folio 3697/3701).- En análogo sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas oportunidades, que la fundabilidad de la pretensión que constituye su objeto no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida en el proceso principal, sino de un análisis de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido. Ello es lo que permite que el juzgador se expida sin necesidad de efectuar un estudio acabado de las distintas circunstancias que rodean toda relación jurídica. De lo contrario, si estuviese obligado a extenderse en consideraciones al respecto, peligraría la carga que pesa sobre él de no prejuzgar, es decir, de no emitir una opinión o decisión anticipada -a favor de cualquiera de las partes- sobre la cuestión sometida a su jurisdicción (Fallos: 329:2949; 330:3126, 340:757 y 342:1591, entre muchos otros).-
V. Considerando los límites cognitivos propios del ámbito cautelar, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia considera que las constancias incorporadas en autos resultan suficientes para tener por acreditados los extremos exigidos para la procedencia de la tutela cautelar requerida por la incidentista.-
En el caso que nos ocupa, se encuentran en juego derechos y garantías de jerarquía constitucional y convencional, cuya preservación impone -de manera excepcional y a la luz de las singulares circunstancias que caracterizan la litis- la adopción de una medida cautelar destinada a asegurar su operatividad efectiva. La pretensión de tutela jurisdiccional urgente que aquí se articula encuentra sustento en la conexidad inmediata con el contenido esencial de derechos fundamentales, particularmente aquellos vinculados a la dignidad intrínseca de la persona trabajadora, así como con los principios estructurantes del orden constitucional y convencional del Estado de Derecho, cuya vigencia concreta exige respuestas jurisdiccionales idóneas y tempestivas. Estas circunstancias obligan a recordar que le corresponde al Poder Judicial buscar los caminos que permitan garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y de tomar decisiones en los procesos que se someten a su conocimiento (Fallos 334:1861).-
VI. El requisito de la verosimilitud del derecho se debe entender como la posibilidad de que aquel exista y no como una incontrastable realidad, lo cual solo se puede alcanzar al tiempo del pronunciamiento de la sentencia de mérito.-
Tal como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “…‘como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad.’” (Fallos 345:1070).- Si bien es cierto que este Tribunal mantiene un criterio restrictivo con relación a la concesión de medidas cautelares contra actos administrativos, habida cuenta de la presunción de legitimidad que ostentan; ello no es óbice para decretarlas cuando, como en la especie, se los impugna sobre bases ‘prima facie’ verosímiles como contrarios a normas constitucionales o legales (cfr.
Otros Recursos, Tomos VII, Reg. 360, Folio 1360/1362, y IX, Reg. 443, Folio 1676/1678; Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1036, Folio 3228/3231 y XVIII, Reg. 1077, Folio 3434/3439).- En la presente causa, el actor dirige su impugnación contra el Decreto N° 0608/24, publicado en el Boletín Oficial N° 5890 con fecha 18 de junio de 2024, el cual -conforme a lo expresado en sus considerandos- se propone reglamentar determinadas disposiciones del Régimen Provincial de Jubilaciones y Pensiones establecido por la Ley Provincial N° 1782, con especial referencia a los artículos 112, 133 y 136. Asimismo, formula reparos respecto de una comunicación emanada de la Sub Área de Asesoramiento y Gestión Previsional de la Caja de Previsión Social, mediante la cual se requiere el acatamiento del decreto impugnado en el marco del procedimiento administrativo de su solicitud jubilatoria.- En líneas generales, el Decreto N° 0608/24 establece que, una vez concedido el beneficio de jubilación ordinaria, tanto el beneficiario como la entidad empleadora deben ser notificados, y esta última tiene un plazo de treinta días para informar el cese de actividades a la CPS, activando así el pago del beneficio (arts. 1° y 2°).
Este plazo puede extenderse hasta ciento ochenta días por razones excepcionales de servicio, mediante acto administrativo fundamentado (art. 3°). Si no se notifica el cese dentro del plazo estipulado, este operará automáticamente, cesando el pago de haberes como activo y comenzando el pago del beneficio jubilatorio (art. 4°). Para trámites de jubilación iniciados antes de este decreto y respecto de los cuales ya se hubiera concedido el beneficio, el plazo comenzará a correr desde su publicación (art. 5°). Además, las entidades empleadoras deben intimar a los empleados en condiciones de jubilarse dentro de los treinta días de encontrarse en condiciones para obtener la jubilación ordinaria (art. 6°).
Finalmente, se faculta a la CPS para dictar normas aclaratorias y procedimentales necesarias para la implementación del decreto (art. 7°).- El decreto cuestionado, se inscribiría -en principio- en un terreno de alta sensibilidad jurídica, al incidir en el diseño normativo del sistema previsional y en la delimitación de competencias estatales en materia de seguridad social. Teniendo en cuenta su contenido, cuya lectura sugiere la imposición de una obligación a todo poder o entidad empleadora de cursar la intimación contemplada en el artículo 136 de la Ley Provincial N° 1782, se aprecia como plausible la alegación del incidentista respecto a un posible exceso reglamentario por parte de la autoridad ejecutiva al dictar el decreto en cuestión.
Esta consideración se basa en la observación de que, al comparar la redacción literal de la norma legal, parecería haber una modificación en la atribución conferida por la ley. El mencionado artículo 136 de la ley otorga una facultad discrecional, cuyo ejercicio debe realizarse de manera razonable y conforme a los principios y normas de orden público que rigen la materia. No obstante, el decreto reglamentario podría estar alterando este sentido al establecerla como una obligación.- A lo anterior, cabe agregar que siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del Gobierno en tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le son peculiares y exclusivas.
El instrumento normativo puesto en tela de juicio alteraría ese principio basal, reflejando una invasión del Poder Ejecutivo Provincial en la esfera de injerencia de las restantes autoridades públicas, al disponer en materia de extinción de las relaciones de empleo público de los restantes poderes, contraviniendo de esa forma lo dispuesto por los artículos 102 y 133, incisos 2° y 6° de la Constitución Provincial así como también la atribución de los municipios plasmada en el artículo 150, inciso 3° del mismo ordenamiento.- De igual relevancia resultan las consecuencias que el Decreto N° 0608/24 genera en la vida de las y los agentes públicos que desarrollan sus funciones en el ámbito de la Provincia de Santa Cruz, particularmente cuando, como en el caso del actor, se ven compelidos a cesar en su actividad laboral en virtud de una disposición que altera las condiciones bajo las cuales se ejerce el empleo público y se accede al régimen previsional.-
El hecho de que un agente público, como el Sr. Butassi, se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios jubilatorios no significa, sin más, que hubiese dejado de reunir las exigencias propias del cargo que ocupa. Poner en cabeza de la autoridad pública empleadora la obligación de ordenar el cese de actividades de la persona trabajadora importaría para esta última, al menos en esta instancia inicial de análisis, una suerte de pase compulsivo hacia el estado de jubilado. Esto contravendría la finalidad tuitiva perseguida por el régimen previsional provincial (art. 55 de la Constitución Provincial) y el principio de favorabilidad, merced al cual las leyes deben ser interpretadas a favor de quienes, al serles aplicadas con este sentido, consiguen o tienden a alcanzar el bienestar. Es decir, deben garantizarse condiciones de vida que permitan el desarrollo integral de las personas conforme a su dignidad. Por tanto, se debe preferir una interpretación de la ley previsional que favorezca estos fines, en lugar de una que los obstaculice.- En el contexto descripto, con la necesaria apariencia que se requiere en la instancia cautelar y con la provisionalidad típica de los pronunciamientos que se emiten en este orden, en el caso se presenta como verosímil el derecho invocado por el accionante (cfr. art. 231, inc. 1° CPCyC y arts. 26, 32 y 33, inc. 2° del CPCA, Ley N° 2600).-
VII. El peligro en la demora implica que no pueda en los hechos realizarse porque a raíz del transcurso del tiempo los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes. Este recaudo debe juzgarse de acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros (Fallos: 326:3658, 1248, 1289; 325:367, 1873; 314:711).-
En el contexto fáctico bajo examen, el peticionante sostiene la existencia de un perjuicio que revestiría carácter irreparable, en tanto -según expone- la Caja de Previsión Social podría disponer en lo inmediato su incorporación al régimen previsional pasivo, con el consecuente menoscabo de derechos que, por su entidad y proyección, resultaría de muy difícil, cuando no imposible, reparación ulterior.-
Tal circunstancia pone de manifiesto la imperiosa necesidad de hacer lugar a la medida cautelar solicitada, en tanto se presenta como el único instrumento procesal idóneo para preservar de manera efectiva los derechos fundamentales y garantías constitucionales invocadas por el actor, hasta tanto pueda ser dilucidada con definitividad la controversia de fondo. Ello cobra especial relevancia frente a la alegada imposibilidad material de restaurar la situación jurídica afectada en caso de diferirse la protección hasta la sentencia definitiva.- Ante este estado de cosas, deviene imperioso asegurar preventivamente que cualquiera sea la sentencia definitiva que recaiga en la causa, su cumplimiento sea aún posible.-
En suma, se advierte que en el estrecho marco de conocimiento que antecede al tipo de medida peticionada, los antecedentes de la causa evidencian la necesidad de admitir la pretensión cautelar con el fin de resguardar los derechos invocados, hasta tanto exista la posibilidad de dirimir la cuestión debatida y esclarecer los derechos que cada una de las partes contendientes aduzca (cfr. art. 231, inc. 2° del CPCyC y arts. 32 y 33, inc. a del CPCA, Ley N° 2600).-
VIII. Por otro lado, no se advierte en el caso en particular, que de accederse al pedimento cautelar, pudieran generarse consecuencias disvaliosas y más gravosas para el interés público que las que, al menos en este estado del debate surgen de su denegación, lo que lleva a recordar que este Alto Cuerpo ha sostenido que, cuando no se aprecia que el otorgamiento de una medida cautelar pudiera provocar a la parte contraria algún grave perjuicio, los jueces deben ser más propensos a la concesión que a la denegación (cfr. Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1036, Folio 3228/3231 cit., y XIX, Reg. 1157, Folio 3787/3797).-
IX. No desvirtúa lo decidido la circunstancia de que la incidentada refiere a la coincidencia entre lo peticionado en la causa principal con el objeto de la medida cautelar.-
Recientemente, este Excmo. Tribunal Superior de Justicia -con cita de Claudio M. Kiper- ha indicado que: “Las medidas cautelares, entonces, deben ser concedidas siempre que se verifiquen los requisitos de admisibilidad, más allá de que coincidan los objetos de la tutela preventiva y de la acción principal. En esta circunstancia el Juez no prejuzga porque resuelve con carácter claramente provisorio y sin condicionar su imparcialidad y objetividad en el trámite del proceso y en el acto de resolución del caso. Por último el juez debe preservar el derecho de acceso a la justicia en sus diversos aspectos, entre estos su temporalidad y oportunidad y ello, en ciertos casos sólo es posible mediante el acto cautelar” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1154, Folio 3766/3772 y Reg. 1157, Folio 3787/3797 cit.).- Es un error considerar que el objeto del pedido de una medida asegurativa no puede coincidir con aquello que se intenta asegurar (cfr. Oteiza, Eduardo, “El cercenamiento de la garantía a la protección cautelar en los procesos contra el Estado por la ley 26854”, www.informacionlegal.com.ar. Cita online: AR/DOC/1955/2013). Ello es así en tanto “[l]a prohibición [...] que impide las medidas cautelares cuando coinciden con el objeto de la pretensión principal limita de manera irrazonable la procedencia de la suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado, afectando la garantía constitucional de la tutela efectiva.” (cfr. Hutchinson, Tomás, Algunas reflexiones sobre la regulación de las medidas cautelares en las que interviene el estado, www.informacionlegal.com.ar, Cita online: AR/DOC/6382/2013).- Si el administrado se encuentra habilitado para solicitar cualquier medida que resulte idónea para asegurar los fines del proceso, esto es, el dictado de la sentencia, también puede peticionarse una tutela que coincida con el objeto de la demanda, si ello resulta necesario. Resulta evidente, además, que la posibilidad de despachar medidas cautelares está ínsita en la iurisdictio y, por ende, no puede ser limitada (cfr. Buteler, Alonso, “Régimen federal de medidas cautelares”, www.informacionlegal.com.ar, Cita online: AR/DOC/5202/2015).-
X. En virtud de todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Sr. Félix Alberto Butassi en PE1531736-2024 y en consecuencia, ordenar al Poder Ejecutivo Provincial y a la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz que suspendan la ejecución del Decreto N° 0608/24 así como cualquier otra materialización o acto administrativo que haya sido emitido como consecuencia del mismo en el ámbito del organismo previsional durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme. Ello, previa caución juratoria que deberá prestar el incidentista en estos actuados (cfr. art. 200 del CPCyC y art. 32 del CPCA, Ley N° 2600). Las costas se imponen en el orden causado en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA Ley Nº 2600.- Que, por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por el Sr. Félix Alberto Butassi en PE1531736-2024, y en consecuencia, ordenar al Poder Ejecutivo Provincial y a la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, que suspendan la ejecución del Decreto N° 0608/24 así como cualquier otra materialización o acto administrativo que haya sido emitido como consecuencia del mismo en el ámbito del organismo previsional durante la tramitación de los autos principales y hasta que se dicte sentencia definitiva firme. Ello, previa caución juratoria que deberá prestar el actor en estos actuados.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo. Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante-, Dr. Carlos Enrique Arenillas -Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1034C.251 Tomo: XX Sentencia: 1177 Folio N°: 3885/3889 Secretaría: 1
Fin de la sentencia