Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 32.411-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución DE PRLA N° 7132/2012, en cuanto condena a BUYATTI S.A.I.C.A., al pago de una multa equivalente a pesos ciento treinta y un mil trescientos setenta y cinco con 77/00 ($ 131.375,77), en los términos del art. 969 del C.A. Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-50666152-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 5 de Mayo de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Horacio Joaquín Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en los autos caratulados: “BUYATTI S.A.I.C.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expte. Nº 32.411-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 7132/2012, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en la Actuación N° 12192-8849-2012, en cuanto condena a la firma BUYATTI S.A.I.C.A. por la infracción prevista en el artículo 969 del C.A., a la pena de una multa cuyo monto asciende a la suma de $ 131.375,77, en los términos del artículo 969 del C.A., Ley 21.453 y 1.122 del C.A.. Ello por cuanto no habría cumplido dentro del plazo establecido, con la exportación del 90% de la mercadería declarada en las DJVE Ley 21.453 Nros. 11 001 DJVE 002264 Y y 11 001 DJVE 012277 T.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 11/13vta. se presenta BUYATTI S.A.I.C.A. mediante apoderado, con patrocinio letrado, e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. En primer lugar, efectúa un breve relato de los hechos que dieran origen al sumario aduanero y prosigue con la fundamentación de los agravios. Afirma que ante la duplicidad de normas por un mismo hecho debe aplicarse la más benigna, considerando tal la prevista en el Código Aduanero. Sostiene que la imposibilidad del exportador de poder elegir el régimen a utilizar, aparta su proceder de la normativa que se le imputa, tornando el hecho incriminado en una conducta atípica. Cita jurisprudencia al respecto. Finalmente, solicita que se revoque el decisorio apelado y se la absuelva, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 23/27vta. se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. En primer lugar, realiza una breve reseña de lo sustanciado ante la Aduana y niega todas y cada una de las afirmaciones, hechos, derecho, documentación y/o copias que contenga el recurso presentado por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Efectúa un análisis de la normativa aplicable al caso, citando los artículos 730 y 731 del C.A.. Sostiene que no surgen de las actuaciones administrativas y de la documental agregada en las mismas, causales suficientes a fin de exonerar a la firma del pago de la multa. Cuestiona la normativa invocada por la actora la cual considera relativa al tratamiento informático de la documentación que plasma la operatoria pero que no modifican el sistema sancionatorio. Asegura que el mismo entra en funcionamiento al producirse el incumplimiento del exportador y que se encuentra previsto en la Ley 21.453 arts. 8 y 9, concordantemente con el art. 969 del C.A.. Manifiesta que para que el exportador quedara eximido de responsabilidad debía solicitar el “cumplido sin sanción” ante el organismo de aplicación y acreditar la razones de su incumplimiento. Analiza el esquema de responsabilidad infraccional y cita doctrina. Finalmente hace la reserva del caso federal, ofrece como prueba las actuaciones administrativas, y solicita que se rechace la apelación interpuesta con expresa imposición de costas.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12192-8849-2012 se iniciaron a fs. 1/2 con la cédula de notificación emitida por la División Registro de Exportación mediante la cual se intima a BUYATTI SAICA a presentar la documentación cancelatoria o en su defecto anulación u otorgamiento de prórroga sobre las DJVE Ley 21.453 Nros. 11001DJVE002264Y y 11001DJVE012277T, bajo apercibimiento de proceder a denunciarla por presunta infracción al art. 969 del C.A. (fecha de notificación 28/05/12). A fs. 3/17 lucen prints de pantalla de la DJVE 11001DJVE002264Y, PE 11 001 EC01 037784 L, PE 11 001 EC01 038495 L, DJVE 11001DJVE012277T, PE 11 001 EC01 105064 V y PE 11 001 EC01 113571 A. A fs. 18 luce el acta de denuncia de fecha 18/07/12 “POR CUMPLIR EN MENOS DEL 90% LA DECLARACIÓN JURADA DE VENTA AL EXTERIOR 11001DJVE002264Y y 11001DJVE012277T, NO ALCANZANDO EL MÍNIMO TOLERABLE POR LA NORMATIVA VIGENTE. RESOLUCIÓN 1365/02 (AFIP), ANEXO II, PUNTO 7, RESULTANDO DE APLICACIÓN LO DISPUESTO EN EL ART. 969 DEL CÓDIGO ADUANERO”. A fs. 21 se dicta la Nota N° 1258/12 (DV REEX) de fecha 19/07/12. A fs. 22/23 lucen la liquidación de las multas mínimas ($ 131.375,77) y la apertura de sumario con corrida de vista (29/08/12). A fs. 25 obra la constancia de notificación en fecha 10/09/12. A fs. 30/31vta. obra la contestación de vista de fecha 26/09/12. A fs. 32, en fecha 27/09/12 se tuvo por contestada en tiempo y forma la vista conferida y se declaró la cuestión de puro derecho. Finalmente, a fs. 33/36vta. se dictó la resolución apelada en autos.
V. Que no se encuentra discutido ante esta instancia que la recurrente no ha cumplido con la exportación del 90% de la mercadería documentada mediante las DJVE Nros. 11001DJVE002264Y y 11001DJVE012277T, las cuales han sido comercializadas bajo el régimen establecido en la Ley 21.354 y que, en consecuencia, mediante la resolución apelada en autos se le exige a la actora el pago de una multa en los términos del artículo 969 del C.A., Ley 21.453 y 1.122 del C.A..
Que, el artículo 969 del C.A. dispone que “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto por el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731, será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.” Que, por su parte el artículo 730 del C.A. dispone que “Cuando hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729, el exportador deberá, una vez registrado el contrato y dentro de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se considerará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un NOVENTA (90%) por ciento de la cantidad, peso o volumen declarados en el contrato registrado, de acuerdo a la especie de mercadería de que se tratare.” Que, por su parte, el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. …”. Que, el Acta labrada por la DGA, obrante a fs. 18 de las act. adm., funda la denuncia en la Resolución AFIP N° 1365/02, la cual establecía en su Anexo II, punto 7, que “El sistema sólo permitirá a la Aduana de registro de la DJVE cancelar esta declaración cuando cumpla o supere el NOVENTA POR CIENTO (90%) del volumen declarado, en caso contrario emitirá un mensaje informando sobre la anormalidad del hecho (…) impidiéndole su cancelación.”.
Que dicha norma ha sido abrogada mediante la Resolución General N° 4977/2021 (B.O. 28/04/2021, modif. por Res. Gral. N° 5053/2021), la cual dispone, en cuanto aquí interesa: “5. Cierre y cancelación de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). 5.1. Cierre. a) La cantidad embarcada debe ser igual o superior al NOVENTA POR CIENTO (90%) y menor o igual al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104%) de la cantidad declarada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). (…) Cuando, a la fecha de su vencimiento, una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) tenga un nivel de cumplimiento inferior al NOVENTA POR CIENTO (90 %) o superior al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104 %), el Sistema Informático MALVINA (SIM) efectuará una marca sobre la misma para que sea analizada, en conjunto con las destinaciones definitivas de exportación por la aduana de registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). En caso de corresponder, se procederá a efectuar la denuncia pertinente, …”.
VI. Que corresponde entonces dirimir si la multa aplicada a la firma BUYATTI SAICA, mediante la resolución aquí apelada, se encuentra ajustada a derecho o no.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas, mediante la DJVE N° 11 001 DJVE 002264 Y, oficializada en los términos de la Ley 21.453, la actora comprometió la exportación de 150 toneladas de la mercadería clasificada en la P.A. 5201.00.20.430B, con un valor FOB unitario de U$S 3.020 y un valor FOB total de U$S 453.000, cuyo vencimiento operó el 22/04/2011; y por la DJVE N° 11 001 DJVE 012277 T, también oficializada en los términos de la Ley 21.453, la actora comprometió la exportación de 200 toneladas de la mercadería clasificada también en la P.A. 5201.00.20.430B, con un valor FOB unitario de U$S 1.587 y un valor FOB total de U$S 317.400, cuyo vencimiento operó el 29/10/2011, no habiendo cumplido en ambos casos con la exportación del 90% de la mercadería. (ver fs. 3, 10 y 22 de las actuaciones administrativas). Que, es dable señalar que la recurrente no expone ni en sede aduanera ni ante esta instancia cuál ha sido la causa por la cual no ha cumplido con el porcentaje de exportación legalmente requerido a los fines de tener por canceladas las DJVE comprometidas.
Que al respecto cabe citar lo dispuesto por el art. 1 de la Resolución Conjunta General 2606 y 4122/2009, mediante la cual se sustituye el art. 8º de la Resolución ONCCA Nº 543 del 28/05/08 y sus modificatorias, en los siguientes términos: “Fíjase en CUARENTA Y CINCO (45) días corridos el plazo de validez del "ROE VERDE" para que el exportador oficialice las destinaciones de exportación ante la Dirección General de Aduanas. (…) El plazo de validez del "ROE VERDE" comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a la fecha de la autorización conferida por la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO (ONCCA), la que será comunicada mediante el sitio "web" "www.oncca.gob.ar" y sólo podrá prorrogarse mediante acto expreso de dicha Oficina Nacional, a solicitud del interesado y siempre que se hubiere configurado caso fortuito o fuerza mayor dentro del período de su validez. Se entenderá por fuerza mayor la falta de disponibilidad logística para el transporte de la mercadería, lo que deberá ser acreditado por el interesado al momento de la solicitud de la prórroga referida. …”.
Que conforme lo expuesto precedentemente y la documentación obrante en autos, las DJVE Nros.
11001DJVE002264Y y 11001DJVE012277T no fueron cumplidas y tampoco consta que se haya pedido a su respecto alguna prórroga durante el plazo de validez de las mismas, o bien que se hubiese acreditado la configuración de caso fortuito o de fuerza mayor que haya impedido su cumplimiento, incumpliéndose así la normativa vigente.
Que, contrariamente a lo que sostiene la actora, el acogimiento al régimen de la ley N° 21.453 fue voluntario, por el cual la recurrente debía cumplir ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa (tipo de cambio aplicable al momento de la fecha de cierre de venta).
Que cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos “Medefin S.A.”, sentencia del 01/10/91)
Que, así las cosas, según se constata en el caso de autos, y habiendo operado el vencimiento para la exportación de la mercadería documentada en las DJVE involucradas, sin que se haya cumplido con la referida exportación del tonelaje mínimo del 90 %, considero ajustada a derecho la aplicación de una multa por parte del servicio aduanero. Ahora bien, corresponde determinar si la multa que debe aplicarse es la dispuesta en el art. 9 de la ley 21.453 o si procede aplicar la multa establecida en el art. 969 del C.A..
VII. Que entiendo oportuno referir aquí cuál ha sido la postura más reciente del suscripto al respecto, trayendo a consideración lo resuelto -por unanimidad de esta Sala G- en la causa “COMPAÑÍA ARGENTINA DE GRANOS S.A. c/DGA s/apelación” TF N° 31.986-A, sentencia de fecha 03/05/21(la cual fue confirmada por la Sala II de la CNACAF en fecha 09/09/22):
“… Que, cabe señalar, que ambos tipos infraccionales –art. 969 del C.A. y art. 9 de la Ley 21.453- reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos. “Sin embargo, efectuando un análisis de la normas en cuestión, el Código Aduanero (Ley 22.415) posterior a la Ley 21.453, formula en su exposición de motivos una expresa referencia a ésta, en la Sección IX, Título I, Capítulo Sexto, punto 4, diciendo textualmente que "El art.728 extiende la aplicación de los principios de los arts. 726 y 727 a todos los elementos utilizables para la liquidación de los derechos de exportación y para los demás tributos que gravan la exportación para consumo. Tal norma establece el régimen general en la materia para toda la mercadería de exportación. Ello no implica la derogación de la Ley 21.453, en atención a que se trata de un régimen especial." (el destacado me pertenece).
“Que así las cosas, la ley 21.453 contiene varios institutos específicos y propios que rigen las ventas al exterior de productos de origen agrícola, debiendo entenderse que, para todas aquellas cuestiones no previstas, deberá ser aplicado el Código Aduanero, que es la legislación general de la materia, y subsidiaria del régimen de la ley 21.453. …”
Que, de este modo, el criterio que sostuve hasta el momento, propugnaba la preeminencia de la norma especial por sobre la general, por los pormenorizados motivos expuestos en la sentencia antes citada. No obstante, resulta oportuno efectuar un nuevo análisis de la situación a raíz de lo dispuesto por la Resolución General 4977/2021, la cual dispone expresamente en su artículo 3 que: “A los efectos de las sanciones previstas en los artículos 8° y 9° de la Ley N° 21.453 y sus modificaciones, será de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido en el Código Aduanero. …”. Es decir que, más allá de la especificidad del régimen contenido en la Ley 21.453, la AFIP, dando intervención a la propia DGA (como bien surge del considerando de la RG 4977/2021), ha dejado sentado expresamente que en lo atinente al ámbito sancionatorio se aplica el procedimiento infraccional previsto en el Código Aduanero.
Que si bien la norma en comentario entró en vigencia el 28/04/21, fecha de su publicación en el Boletín Oficial, considero que la misma debe ser aplicada al caso de autos. Ello, con fundamento en los principios de derecho penal aplicables al ámbito del derecho aduanero. Así lo ha entendido prestigiosa doctrina al citar jurisprudencia de la CSJN la cual “… ha destacado la naturaleza penal de las sanciones aduaneras y la aplicación a la materia de los principios generales de derecho penal. Ha señalado que, visto que la multa aduanera no tiene carácter retributivo del daño causado, sino que tiende a prevenir y reprimir la violación de normas legales, debe considerársela de tipo represivo. También se ha señalado que la existencia de un interés de tipo fiscal no obsta a su naturaleza principalmente punitiva, de donde se deriva la aplicabilidad a la materia de los principios generales del derecho penal.”. Continúa diciendo el autor citado que “En relación a la validez temporal de la ley penal, el principio general es que resulta aplicable la ley vigente al momento de la comisión de la infracción. Es un derivado natural del principio de legalidad que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes penales. (…) El principio de aplicación de la ley penal más benigna, constituye una excepción a este principio general que se encuentra tutelado en el art. 18 de la CN (…) La excepción resulta plenamente justificada (…) la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas (…) La ley más benigna es la que produce, en el caso concreto, el resultado más favorable para el autor. Y a ese efecto, corresponderá al juez resolver en el caso concreto, a partir de ambos marcos normativos para determinar cuál arroja el resultado más favorable para el imputado. …” (Juan Patricio Cotter, Estudios de Derecho Aduanero, Homenaje a los 30 años del Código Aduanero, Ed. Abeledo Perrot)
Que el propio Código Aduanero recepta en su artículo 899 el principio de ley penal más benigna en los siguientes términos: “Si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de la que estuviere vigente al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la que resultare más benigna al imputado. …”, dejando a salvo una excepción al principio: “… No surtirá ese efecto la que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería.”
Que en base a dichos fundamentos, y teniendo en cuenta que el principio de irretroactividad de la ley contiene en el ámbito del derecho penal (aplicable al campo sancionatorio del derecho aduanero) una excepción cuando se trata de una ley penal más benigna, considero que contando actualmente con una norma que expresamente dispone que a los fines de la aplicación de la sanción prevista en el art. 9 de la Ley 21.453, se debe aplicar el procedimiento para las infracciones previsto en el Código Aduanero, y siendo que allí el artículo 969 prevé un multa que podría graduarse entre el 10 y el 20% “… del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.”, ofreciendo así una graduación que podría ser menor a la multa del 15% que estipula la Ley 21.453, entiendo que en el caso procede estar a lo dispuesto por la RG 4977/21. La cual, por otro lado, enfatiza el principio de especialidad al regular, ya sin lugar a otras interpretaciones jurisprudenciales o doctrinarias, la aplicación del régimen para las infracciones previsto en el Código Aduanero, dentro del que se encuentra la infracción del artículo 969.
Que, en consecuencia de todo lo antes expuesto se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A., correspondiendo confirmar la multa del 15% dispuesta por la Aduana. Ello en tanto y en cuanto, no resulta aplicable al caso de autos la reducción prevista por el art. 916 del CA.
VIII. Que, habiendo determinado procedente la aplicación de una multa por haberse configurado en el caso la infracción prevista en el artículo 969 del C.A., y de conformidad con lo dispuesto a fs. 35 de autos, corresponde tratar aquí la condonación planteada por la actora a fs. 29.
Que la ley Nº 27.260 (B.O. 22/7/2016), en su art. 56 dispone -en lo que aquí interesa- que: "...Las multas y demás sanciones, correspondientes a obligaciones sustanciales devengadas al 31 de mayo de 2016, quedarán condonadas de pleno derecho, siempre que no se encontraren firmes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y la obligación principal hubiera sido cancelada a dicha fecha...".
Que, a su turno, la Resolución Nº 4007-E/2017 (B.O. 6/3/2017) -complementaria de las Resoluciones Generales AFIP Nº 3.919 y 3.920 del año 2016, reglamentarias de la ley 27.260-, en su art. 4º reza que “Están alcanzados por el beneficio de condonación las sanciones previstas en la Ley N° 22.415 y sus modificaciones, correspondientes a infracciones - formales o sustanciales/materiales-cometidas hasta el 31 de mayo de 2016, inclusive, que no se encuentren firmes ni abonadas”. Asimismo, el art. 6° de dicha Resolución establece que: "Cuando se trate de sanciones, que no se encuentren firmes ni abonadas, correspondientes a obligaciones sustanciales de naturaleza tributaria, el beneficio de condonación se aplicará cuando se verifique alguna de las siguientes condiciones: a) La obligación sustancial se encuentre íntegramente cancelada al 23 de julio de 2016, inclusive, y la sanción no se encuentre firme ni abonada dicha fecha. En este caso, los intereses también quedan condonados.(...). Se consideran como infracciones sustanciales/materiales las que se encuentran tipificadas, entre otros, en los Artículos 954, inciso a), 965, inciso b), 966 -cuando el beneficio sea una excepción tributaria-, 970, 971, 973, 985, 986 y 987 de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones.".
Que conforme el principio hermenéutico, el olvido o la imprevisión no se presumen en el legislador (Fallos, 329:3564, 301:46; 304:794, entre otros).
Que ello se corresponde con el de que es menester dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos 234:482; 295:1001, y otros).
Que en consecuencia, la exclusión del art. 969 del C.A de los beneficios otorgados por la ley 27.260 (art. 56 y c.c y RG 4007-E, art. 6 inc. c) in fine inhabilita a supeditar la condonación de la multa.
Que es por el principio de la división de poderes que el control de constitucionalidad de la norma escape a la Administración central y por extensión, la misma habrá de aplicarse en éste ámbito con la literalidad de su redacción en la medida que no se encuentre ya limitada por la interpretación de quienes resguardan la Constitución, y por ello es que corresponde rechazar la condonación de la multa solicitada por la actora.
IX. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la vencida (art. 1163 del C.A.).
Por ello, VOTO por:
Confirmar la Resolución DE PRLA N° 7132/2012, en cuanto condena a BUYATTI S.A.I.C.A., al pago de una multa equivalente a pesos ciento treinta y un mil trescientos setenta y cinco con 77/00 ($ 131.375,77), en los términos del art. 969 del C.A. Costas a la vencida.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud de la votación que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución DE PRLA N° 7132/2012, en cuanto condena a BUYATTI S.A.I.C.A., al pago de una multa equivalente a pesos ciento treinta y un mil trescientos setenta y cinco con 77/00 ($ 131.375,77), en los términos del art. 969 del C.A. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2023.05.03 23:24:03 ART Date: 2023.05.04 13:38:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.05.05 08:10:47 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.05.05 08:11:30 -03:00
Fin de la sentencia