Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 38232-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68 primer párrafo, CPCCN).
En orden a la apelación interpuesta por la parte demandada a fs. 344 contra la regulación de honorarios practicada en los resolutivos Nº 2 y 3° de la sentencia de fs. 337/340 vta, teniendo en cuenta la naturaleza, resultado y monto del asunto debatido, asimismo el mérito, la calidad y eficacia de la gestión profesional y etapas cumplidas, se CONFIRMAN los honorarios regulados en la instancia anterior, desde que han sido apelados sólo por altos (cfr. ley 21.839, modif. por ley 24.432, arts. 6º, 7º 27 y 38 y conc. y ley 27.423, arts. 16, 19, 21, 29 y 44). Y, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y considerando, además, el resultado del recurso, SE FIJAN los emolumentos correspondientes al abogado Hernán Ariel Colli, en su calidad de patrocinante del actor, por las tareas cumplidas en la Alzada (fs. 373/382), en la suma de pesos once mil ($ 11.000), equivalente a 1,05 UMA (ley 27.423, arts. 30 y conc.)
CAF 29556/2022/CA1; BUZALI, SEBASTIAN JOSE (TF 38232-I)
c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de septiembre de 2022.- PDP Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 337/340 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación –en adelante TFN–, por mayoría resolvió revocar, con costas, la Resolución N° 152/2013 (DV RRLP), por medio de la cual –en lo sustancial– la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de La Plata de la AFIP-DGI había determinado de oficio la materia imponible en el impuesto al valor agregado –IVA–, correspondiente a los períodos fiscales 12/07 a 5/10, con costas.
Para así decidir, el voto de las Vocales Gómez y O ´Donnell –que conformaron la mayoría de la Sala D de ese tribunal–, dispuso que no podía soslayarse que las operaciones de compra se realizaron mientras el actor se encontraba inscripto en el Régimen Simplificado, lo que le habría impedido cumplir retroactivamente con un requisito que no le era exigido en ese momento: la discriminación del impuesto en las facturas expedidas por los proveedores.
Asimismo, sostuvo que una interpretación ajustada a la literalidad de la norma desnaturalizaría la mecánica propia del impuesto.
Por último, expresó que el artículo 12 de la ley del IVA es de imposible cumplimiento para quien no reviste la calidad de sujeto inscripto en ese gravamen.
En apoyo de su decisorio, citó jurisprudencia de ese Tribunal Fiscal de la Nación y de esta Alzada.
II. Que contra dicha sentencia se alza la parte demandada, interponiendo recurso de apelación a fs. 351 –concedido a fs. 355– y expresando sus agravios a fs. 362/369, los que fueron contestados por la actora a fs. 373/382.
En su memorial, luego de referir a los antecedentes del caso, acusa de arbitraria a la sentencia apelada, por adolecer de defectos graves y omisiones evidentes.
Pondera el voto minoritario del Vocal Martín, haciendo propias sus argumentaciones.
Refiere al contenido y alcance de los artículos 12, 41 y 42 de la ley 20.631 (t.o. 1997 y modif) y de la ley 25.865, aseverando que el contribuyente debió advertir que, como consecuencia de su exclusión del Régimen Simplificado, había adquirido el carácter de responsable inscripto en el IVA, correspondiéndole por lo tanto solicitar a sus proveedores que le confeccionaran facturas a su nombre, con la debida discriminación del impuesto.
Acusa que se ha violentado el principio de igualdad, ya que se coloca al actor en una posición de privilegio con relación al resto de los contribuyentes.
Expresa que el tribunal de grado se apartó de la ley del tributo y de la jurisprudencia imperante, al decidir del modo en que lo hizo, lo cual le provocó un gravamen irreparable.
Cita jurisprudencia, mantiene la reserva del caso federal y solicita que se revoque la sentencia apelada.
III. Que previo a ingresar al tratamiento de la materia sometida a examen, es importante recordar que esta Alzada no se encuentra obligada a seguir a la recurrente en todas y cada una de las cuestiones y argumentaciones que propone a su consideración, sino tan sólo aquéllas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (cfr. CSJN, Fallos: 258:304, 262:222, 265:301, 272:225, 278:271, 291:390, 297:140; 301:970; esta Sala, “ACIJ c/ EN- ley 24240- Mº Planificación s/ proceso de conocimiento”, del 29/5/08; “MULTICANAL S.A. y otro c/ EN- SCI DLC (Actas 2600/09 y otras) s/ amparo ley 16.986", del 21/5/09; “Ciudadanos Libres Calidad Institucional Asoc Civil c/ EN- Dto 67/10 s/ medida cautelar (autónoma)”, del 21/10/10; “CPACF- INC MED (2-III- 11) c/ BCRA- Comunicación “A” 5147 y otro s/ proceso de conocimiento”, del 18/4/11; “Nardelli Moreira Aldo Alberto c/ EN- DNM Disp 1207/11 –Legajo 13975- (S02:9068/11) s/ medida cautelar (autónoma)”, del 25/8/11, “Rodríguez Rubén Omar c/ DGI s/ Recurso CAF 29556/2022/CA1; BUZALI, SEBASTIAN JOSE (TF 38232-I)
c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO directo de organismo externo”, del 7/8/14, “Laham, Alberto Elías c/DGI s/Recurso directo de organismo externo”, del 7/5/15, “Araujo Medina Alexander Javier c/ EN M Interior OPyV DNM s/ recurso directo DNM”, del 27/4/18, entre otros).
IV. Que, asimismo, corresponde rememorar que el recurso previsto en el artículo 86 inciso b) de la ley 11.683 otorga carácter limitado a la revisión de esta Cámara, y que, por principio, queda excluido de ella el juicio del Tribunal Fiscal respecto de los extremos de hecho (conf. Fallos: 300:985).
Así pues, “…lo que se encuentra sometido a conocimiento de este tribunal consiste, primeramente, en verificar si se evidencian deficiencias manifiestas en la valoración efectuadas por dicho tribunal. Puesto que, cuando lo decidido por el Tribunal Fiscal de la Nación se apoya en la ponderada valoración del conjunto de elementos probatorios incorporados en el proceso (arg. CSJN, Fallos: 332:357), sólo cabe confirmar la decisión recurrida (CSJN, Fallos: 326:2987 y 334:249)” (cfr. CNACAF, Sala III, “La Luguenze SRL (TF 31.645-I) c/ DGI”, Causa Nº 27409/2012 del 31/10/12; “Lanusse, Josefina Milagros (TF 34.584-I) c/DGI”, Causa Nº 4502/2014 del 29/9/14; “Frigorífico Pilcomayo SRL (TF 24.222-I) c/DGI”, Causa Nº 18124/2016 del 14/9/17; “Nobleza Piccardo SAICYF (TF 33113-I) c/DGI”, Causa Nº 83620/2016, del 16/10/18; “Establecimiento Agropecuario Las Tres Marías SA (TF 40.985-I) c/DGI”, Causa Nº 72673/2018, del 7/5/19, entre otros).
V. Que, según se aprecia, la presente causa tiene por objeto determinar si el contribuyente, desde el momento en que fuera excluido del Régimen Simplificado, pudo computar, en la liquidación del IVA, el crédito fiscal proveniente de las compras realizadas. En otros términos, siendo que el 12/8/11 se excluyó al Sr. Buzali del Régimen Simplificado (vide Actuación N° 11834-521- 2011, fs. 66/67 y 92/93), con efecto a partir de diciembre de 2007, se discute si las compras realizadas entre diciembre de 2007 y mayo de 2010, arrojaron un crédito fiscal pasible de computarse en la liquidación del IVA.
Tal como fuera descripto, el actor propicia la admisibilidad de ese cómputo, lo cual es negado por el fisco nacional. Luego, el TFN, por mayoría, acogió a la tesis del primero.
Descripto el cuadro, huelga aclarar que se encuentra fuera de debate la exclusión del Régimen Simplificado en sí, al igual que la veracidad de las operaciones de compra efectuadas entre 12/07 y 05/10. A su vez, tampoco incumbe aquí examinar el débito fiscal del IVA por las operaciones de ventas realizadas por el actor, atento no formar parte del thema decidendum (ver Resolución N° 152/2013 DV RRLP, en particular fs. 10 vta.; el recurso de apelación ante el TFN de fs. 251/260 y la sentencia apelada, Considerando IV).
VI. Que la ley de IVA, en sus artículos 10, 11 y 12, regula, en lo sustancial, el modo en que debe liquidarse el gravamen, disponiendo que el sujeto podrá restar de los importes totales de los precios netos de sus ventas, locaciones y prestaciones de servicios “… El gravamen que, en el período fiscal que se liquida, se les hubiera facturado por compra o importación definitiva de bienes, locaciones o prestaciones de servicios…” (art. 12 inc. a).
En orden a ello, y en lo que al presente caso concierne, esta Sala tiene dicho que para que el crédito fiscal pueda computarse, deben cumplirse los siguientes requisitos: a) que sea imputable al período fiscal en que hubiera sido facturado y discriminado; b) que se encuentre facturado y discriminado en la factura o en el documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto en el IVA, y g) que las operaciones que originan crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo CAF 29556/2022/CA1; BUZALI, SEBASTIAN JOSE (TF 38232-I)
c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO (cfr. esta Sala in re: “Calimboy SA c/AFIP-DGI Resol. 17/2005 (RDEX)”, Causa N° 22862/2005, del 20/5/10).
VII. Que ahora bien, conforme fuera sostenido por la Sala I de esta Cámara de Apelaciones, en un caso similar al de autos, y en el cual intervino el Dr. Grecco –sentando un criterio que aquí comparte el Dr. Fernández–: un celoso apego a la literalidad de las normas –en particular, el artículo 12 de la ley 20.631 (t.v.)– llevaría indefectiblemente a que, en casos como el presente –donde la exclusión del Régimen Simplificado se produjo de manera retroactiva–, los sujetos que pasaran a revestir la calidad de responsables inscriptos frente al IVA, no podrían computar en sus DDJJ el crédito fiscal por las operaciones celebradas en los períodos en los que revestían la condición de monotributistas, por faltar uno de los requisitos formales exigidos por la ley. Ello –se dijo allí– significaría exigir a los sujetos excluidos de aquél régimen, el cumplimiento de un requisito de imposible realización, como sería que aportaran las facturas que respaldan sus compras con el IVA discriminado, cuando la ley no le exigía al proveedor su entrega. Asimismo, y como consecuencia de lo anterior, implicaría omitir el análisis de los hechos a la luz de la realidad económica del contribuyente (CNACAF, Sala I, “Riso, María de los Ángeles c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa N° 36997/2016, del 25/4/17).
Vale mencionar que el criterio expuesto también fue recogido por la Sala V de esta Cámara de Apelaciones, en los autos “Osterrieth, Stella Maris c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, Causa N° 77548/2017, del 1/3/17.
VIII. Que, en rigor, lo antedicho no importa desconocer el “componente formal” que identifica al IVA, sino más bien sopesar su “componente material”, frente a las singulares circunstancias que informan el caso.
En efecto, dada la especial situación en la que se encontraba el actor entre diciembre de 2007 y mayo de 2010, no pueden desatenderse las dos circunstancias apuntadas por el a quo, y que fueron dirimentes para su decisión: i) que en aquél período de tiempo el actor operó en el mercado bajo la figura del Régimen Simplificado –de ahí que la exclusión fuera “con efecto retroactivo” a diciembre de 2007–, y ii) que la veracidad de las operaciones de compra efectuadas en aquéllos meses no fue objetada.
En este derrotero, apegarse inconmoviblemente a los términos de la ley de IVA –en cuanto a que: “Los responsables inscriptos que efectúen ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a otros responsables inscriptos, deberán discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación….” (art. 37), haciendo presumir su incumplimiento, sin admitir prueba en contrario, la “…la falta de pago del impuesto, por lo que el comprador, locatario o prestatario no tendrá derecho al crédito…” (art. 41)–, sin tomar en consideración, en el caso particular, el modo en que ha sido excluido el actor del Régimen Simplificado (cfr. ley 24.977 y modif.), importaría llevar a cabo una inarmónica labor interpretativa del ordenamiento jurídico vigente, arribándose así a un resultado irrazonable.
Al respecto, cabe rememorar que la Corte Suprema de Justicia tiene dicho que en la tarea de interpretación de las normas jurídicas, se debe evitar darles un sentido que ponga en pugna sus disposiciones (cfr. CSJN, Fallos: 1:297, 242:353, 312:496).
Así pues, es regla de interpretación de las leyes dar pleno efecto a la intención del legislador, computando la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con todas las normas del ordenamiento jurídico vigente y del modo que mejor concuerden con los principios y garantías de la Constitución Nacional, sin que pueda suponerse la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (cfr. CSJN, Fallos: 330:4713).
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c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Es que, la tarea de interpretación y aplicación de las leyes requiere no aislar cada artículo y cada ley sólo por su fin inmediato y concreto, sino que todas se entiendan teniendo en cuenta los fines de las demás y como dirigidas a colaborar en su ordenada estructuración, para que las disposiciones imperativas no estén sujetas o a merced de cualquier artificio dirigido a soslayarlas en perjuicio de quien se tuvo en mira proteger (cfr. CSJN, Fallos: 294:223).
IX. Que en orden a todo lo expuesto, se concluye que el examen practicado por el a quo se presenta como una razonada derivación del derecho vigente, cabiendo en esta instancia de revisión confirmar su sentencia, con costas.
En mérito de lo expuesto SE RESUELVE: Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada, con costas (art. 68 primer párrafo, CPCCN).
En orden a la apelación interpuesta por la parte demandada a fs. 344 contra la regulación de honorarios practicada en los resolutivos Nº 2 y 3° de la sentencia de fs. 337/340 vta, teniendo en cuenta la naturaleza, resultado y monto del asunto debatido, asimismo el mérito, la calidad y eficacia de la gestión profesional y etapas cumplidas, se CONFIRMAN los honorarios regulados en la instancia anterior, desde que han sido apelados sólo por altos (cfr. ley 21.839, modif. por ley 24.432, arts. 6º, 7º 27 y 38 y conc. y ley 27.423, arts. 16, 19, 21, 29 y 44). Y, teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y considerando, además, el resultado del recurso, SE FIJAN los emolumentos correspondientes al abogado Hernán Ariel Colli, en su calidad de patrocinante del actor, por las tareas cumplidas en la Alzada (fs. 373/382), en la suma de pesos once mil ($ 11.000), equivalente a 1,05 UMA (ley 27.423, arts. 30 y conc.)
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite –en la instancia anterior– su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. CSJN, Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros). Se hace saber a las partes que podrán consultar los precedentes mencionados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia