Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Mirta Susana Caballero y Santiago Emanuel Martín; por mayoría, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
II. Tener presente la reserva del caso federal.
// la ciudad de Buenos Aires, a los 24 días del mes de septiembre de dos mil veinticuatro, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los doctores Gustavo M. Hornos Presidente-, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky –Vocales-, asistidos por la secretaria actuante para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la presente causa FMZ 35507/2016/TO1/CFC1, caratulada: “Caballero, Mirta Susana y otro s/recurso de casación”; de la que RESULTA:
I. Que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan, por sentencia de fecha 22 de abril de 2024 -cuyos fundamentos fueron dados a conocer el 29 de abril de 2024-, resolvió: “I.- NO HACER LUGAR al planteo de nulidad formulado por las defensas en el desarrollo del presente debate oral. “II.- CONDENAR a Mirta Caballero de condiciones personales consignadas precedentemente, a la pena de un (1) año y seis (6) meses de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública, con mas accesorias legales y costas (arts. 29, inc. 3°, del C.P., 403 y 531 del C.P.P.N.), por considerarla autora penalmente responsable de la infracción al delito previsto y reprimido por el artículo 265 del C.P., en concurso real de dos hechos (art. 55 del C.P.).
“III.- CONDENAR a Santiago Emanuel Martin de condiciones personales consignadas precedentemente, a la pena de 1 REGISTRO Nº: 1097/24.4 un (1) año de prisión en suspenso, inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública, con mas accesorias legales y costas (arts. 29, inc. 3°, del C.P., 403 y 531 del C.P.P.N.), por considerarlo participe necesario de la infracción al delito previsto y reprimido por el artículo 265 del C.P., en relación a la denunciante Mercado” (el resaltado corresponde al original).
II. Que, contra esa decisión, interpuso recurso de casación la defensa particular de Mirta Caballero y Santiago Emanuel Martín, que fue concedido por el a quo con fecha 21 de mayo de 2024 y mantenido ante esta instancia.
III. En su presentación recursiva, la defensa planteó arbitrariedad en la valoración de la prueba y errónea aplicación de la ley sustantiva.
Tras fundamentar la admisibilidad del tratamiento del recurso de casación deducido, la parte recurrente argumentó que “la manifiesta inobservancia de las reglas de la sana critica racional al valorar la prueba y con ello la imposibilidad de circunstanciación de los hechos respecto de la conducta desplegada por [sus] asistidos son, entre otros motivos, de suficiente entidad para tornar arbitraria la sentencia, por tratarse de un caso de arbitrariedad manifiesta en el que media un apartamiento inequívoco de la solución normativa prevista para el caso o una absoluta carencia de fundamentación (conf. Fallos:
307:74, C.S.J.N.)”.
Alegó que la sentencia impugnada “…adolece de manifiesta insuficiencia en la motivación y fundamentación y arbitrariedad en el tratamiento de los argumentos esgrimidos y de pruebas dirimentes trascendentes incorporadas regularmente al proceso”. Añadió que “(e)l Tribunal ha incurrido en notorias contradicciones entre las argumentaciones expuestas, prueba citada y la resolución adoptada e incluso ha efectuado una defectuosa deducción de la comprobación de extremos fácticos conducentes a resolver en forma favorable a nuestra pretensión” y que “(c)oncurre a agravar la irregularidad, la arbitraria omisión de valorar prueba dirimente que acredita fehacientemente que las conclusiones a que arriba el fallo contradice(n) la verdad histórica de los hechos que se juzgaron; o al menos no permiten concluir con el grado de Certeza requerido en la etapa de Juicio que la realidad histórica acaeció de la forma que sostiene el fallo, y que de ningún modo pudo ser de otra manera”. Sobre la base de ello, la defensa afirmó que “…el decisorio en crisis resulta manifiestamente arbitrario, lo cual ocasiona una evidente violación a las supremas garantías constitucionales al Debido Proceso, Derecho de Defensa en Juicio e Igualdad de las partes en el proceso”.
En ese marco, los defensores de los imputados Caballero y Martín adujeron que las conductas reprochadas se encuentran indeterminadas, en tanto “…el sistema informático de la entidad arroja con claridad y precisión fechas, horas y tipo de operación efectuada; no señalando el fallo en modo alguno cual de todas ellas son las que se atribuyen a nuestros pupilos y en qué consistiría la supuesta maniobra subsumible con la figura prevista en el art. 265 del C.P.”.
Añadieron que “…aquellos registros (…) acreditan fehacientemente que, por un lado las ‘bajas’ eran generadas automáticamente por el sistema en virtud de la normativa interna de la propia AFIP; y, por el otro, las altas eran producto de que los contribuyentes –en el caso concreto Godoy y Mercadoaccedían a un Plan de Pagos, tal lo que si ha sido debidamente acreditado en el debate oral”, todo lo cual -afirmaron- se efectuaba según la normativa vigente y podía realizarlo cualquier contribuyente en la misma situación. Refirió asimismo que por este motivo, “…algunos de los testigos hicieron referencia a lo que fue denominado por el propio Santiago Martin como ‘bicicletear las deudas’ mediante un plan de pago”.
Sostuvieron que “…no existió y no fue probado en el juicio oral, que Mirta Susana Caballero ingresara con su clave de acceso aportada por el organismo, a una computadora de dicho organismo, para acceder con la clave fiscal de ningún contribuyente a fin de otorgar la baja del plan de pagos, sino que se daba por disposición del articulo 32 del decreto 806, que establecía la “baja automática” o de oficio ante la falta de cumplimiento de pago del contribuyente, tal lo que fue demostrado con la propia prueba documental aportada por la parte querellante, y consta en el sumario administrativo que, de manera parcial fuera acompañado al proceso…”.
Aclararon en torno al sumario administrativo mencionado que se incorporó a la causa lo actuado hasta 2016 y que fue solicitada su incorporación en los términos del art 388 del CPPN en tanto “surgió del propio debate, que dicho sumario seguía, y actualmente sigue sin determinación de responsabilidad administrativa”, extremo que consideraron que “resultó sin dudas conveniente a fin de mantener el estado de sospecha y su teoría de los hechos…”.
En suma, alegaron que “la clara, precisa y circunstanciada individualización del hecho histórico ha sido reemplazada por una lista sábana de constancias informáticas que van desde el año 2007; que no solo no se han identificado cual o cuales serían puntual y precisamente las registraciones que habrían sido dolosamente alteradas; si no que, esa información resulta ser incompleta, tal como se demostró en este proceso a partir de la incorporación como prueba documental del histórico de movimientos del contribuyente -otro elemento probatorio que apareciera como dato novedoso en el debate y diera lugar a la petición por aplicación del artículo 388 del rito penal nacional-, de donde surge nítidamente la arbitrariedad en la conclusión condenatoria” (el resaltado corresponde al original). Los recurrentes señalaron que el listado histórico de movimientos del contribuyente, elemento probatorio dirimente que -a su juicio- acredita la atipicidad de la conducta, ha sido obviado por completo por el fallo en crisis.
Añadieron que como consecuencia de la arbitraria valoración del material de prueba, ”…el decisorio ha debido proclamar ‘el tipo de operaciones realizadas’, no solo sin circunstanciarlas debidamente; sino, peor aún, sin hacer referencia a que, tal como se demostró en el debate, ninguna de ellas resulta irregular, siendo muchas de ellas, incluso, generadas automáticamente por el sistema en virtud de la falta de pago del contribuyente por el plazo de diez (10) meses consecutivos”.
Afirmaron los defensores que luego de la celebración del debate, la hipótesis fáctica y jurídica se mantuvo incólume, con una “pequeña modificación” en la calificación jurídica, por no haberse acreditado la alteración dolosa de registros mediante la computadora de su asistida (por lo que se formuló acusación por el delito tipificado en el art. 265 del CP, desechando la acusación por los delitos de los arts. 12 y 13 de la Ley Penal Tributaria).
Cuestionaron asimismo la ponderación, mediante la cita de la fundamentación de la acusación formulada por la querella, de la supuesta acreditación de la alteración dolosa de la ley penal tributaria, pues nada tiene que ver con el delito por el que fueron acusados sus defendidos, de negociaciones incompatibles con la función pública.
Adunaron que lo analizado por el tribunal en este punto “…no prueba de ninguna manera las negociaciones incompatibles, puesto que tales conductas, presumimos, por la falta de certeza de la acusación, en caso de haberse verificado, lo habrían sido fuera del ámbito del Organismo público, en algún domicilio particular, y no con la computadora cuyo ip ha sido transcripto y atribuido a Mirta Caballero”.
En definitiva, los defensores postularon que “…el Tribunal, al analizar la prueba, ha pretendido fundar la sentencia en la prueba que ha servido a los acusadores para mantener la imputación por los artículos 12 y 13 de la Ley Penal Tributaria, mas no la de negociaciones incompatibles…”, tal como las franjas temporales en las que los denunciantes figuran como contribuyentes o la identificación de los IP de las computadoras utilizadas, a las que hace alusión el voto del presidente del tribunal oral.
Criticaron también la justipreciación de la prueba efectuada por el tribunal al sostener que en el fallo nada se expuso en torno a la declaración de María Dominga Mercado, cuya declaración -sostuvieron- fue recogida de manera sesgada, parcial y arbitraria por parte del tribunal de juicio.
Refirieron al respecto que la declaración de la testigo fue mucho más extensa que los 22 renglones consignados en el fallo y que en ella se verifican contradicciones e irregularidades vinculadas con la recepción de la supuesta denuncia.
Indicaron que de esa testimonial surge que Mercado fue conducida por personas presuntamente de AFIP al edificio de esa dependencia, ingresada por un subsuelo de manera irregular y forzada a suscribir una denuncia cuyos términos no se corresponden con la forma de expresión de la testigo, sino que se trata de un documento con lenguaje técnico propio de un funcionario. Asimismo, que al ser preguntada por la defensa si ella quería formalizar una denuncia, Mercado manifestó “a mi nadie me preguntó nada”. Expresaron los defensores no tener dudas que el formulario multinota donde se asentó esa denuncia fue suscripto por la nombrada Mercado a cambio de mejorar su situación ante el AFIP.
Añadieron que, por otra parte, el denunciante Jorge Roberto Godoy es una persona allegada al ex marido de Caballero, por lo que tuvo un interés en perjudicarla en nombre de aquél. Pusieron de resalto también que “la Sra. Caballero ha sido víctima de una persecución inusitada dentro del organismo” y que incluso el tribunal reconoció la violencia del organismo en contra de la imputada. Refirieron que esa violencia se manifiesta en la tramitación irregular del sumario administrativo contra su defendida, extremo que fue señalado por la defensa ante el tribunal.
En definitiva, consideraron que “…la determinación de la autoría en cualquier grado y carácter respecto de [sus] asistidos, adolece en forma absoluta de prueba que la sustente tal como ha sido expuesta en el Fallo cuestionado, apareciendo más bien como una sindicación de antemano, que debía ser cumplida y cuyo objetivo era establecer una condena a como diera lugar”.
En orden a la indeterminación fáctica que plantearon en sus agravios, los defensores sostuvieron que la sentencia debió estar proyectada en cada hecho singular y no desde una indicación global de los hechos y de los elementos de prueba.
Así, en base a los fundamentos que desarrollaron, los recurrentes postularon se case la sentencia impugnada y se dicte un nuevo pronunciamiento, que disponga la absolución de su pupilo.
Formularon reserva del caso federal.
IV. Durante el término de oficina previsto por los arts. 465 y 466 del C.P.P.N. las partes no realizaron presentaciones.
Sin perjuicio de ello, en oportunidad de notificarse la radicación del legajo en esta Sala, se presentaron los representantes de la AFIP, parte querellante en la causa, y solicitaron se rechace in limine y se declare mal concedido el recurso interpuesto, por considerar que se limita a reiterar planteos y argumentaciones resueltas en la sentencia y expresar meros juicios discrepantes con el decisorio, si que -a su juiciose haya argumentado de modo adecuado la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta Cámara.
V. En la oportunidad prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N., tanto la defensa particular de los encausados como la parte querellante presentaron breves notas ante esta Cámara.
i. En su escrito, los representantes de la AFIP propiciaron el rechazo del recurso de casación y la confirmación de las condenas, en el entendimiento de que aquél se limita a efectuar una reiteración de los planteos y argumentaciones expuestos por la defensa en el alegato y a expresar meros juicios discrepantes con lo resuelto.
Reseñó luego el marco normativo bajo el que, alegó la parte, compone y complementa aquél bajo el cual se deben encuadrar y juzgar los hechos investigados en la causa: Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley de Ética Pública (Ley N°25.188) y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Ley N°26.097).
Se refirió a la congruencia de la acusación formulada contra los encartados y sostuvo que “…a lo largo de todo el proceso -tanto en la etapa de instrucción como la de juicio- la imputación formulada a los encartados no fue alterada ni modificada, siempre la conducta reprochada, por la que fueron indagados, procesados y luego condenados fue el haber asesorado impositivamente al menos a dos contribuyentes (los denunciantes Jorge Roberto GODOY y María Domiga MERCADO) a cambio de una suma de dinero (Art. 265 C.P.) procediendo asimismo a utilizar las claves que posee como funcionaria del organismo a fin de ingresar a la máquina en dominio que le fuera asignada y registrar indebida e ilegalmente altas y bajas en la categoría histórica del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) con la clave fiscal del contribuyente, buscando con ello evitar la generación de deuda en cabeza de los mismos (Art. 12 Régimen Penal Tributario)”.
Con respecto al planteo de arbitrariedad de la sentencia, los representantes del Fisco sostuvieron que “…los argumentos expuestos por la defensa, no permiten refutar los elementos probatorios que acreditan la versión inculpatoria, en tanto no constan en lo expuesto por los recurrentes argumentos sólidos que permitan distanciarse de lo acreditado por el Tribunal Oral, por unanimidad”.
Precisaron que a su juicio, “…la resolución impugnada, en lo relativo a la ponderación de las pruebas, a la acreditación de la ocurrencia de los hechos juzgados y a la participación que les cupo a los encausados impugnantes, se encuentra (…) correctamente fundada y no presenta fisuras de logicidad en su razonamiento”.
Consideraron además relevante recordar “…el contexto en el que las maniobras investigadas fueron ejecutadas, es decir captando ‘clientes’ en el ámbito laboral para luego derivarlos a una atención particular y ‘remunerada’, como así también la circunstancia de haber existido otros casos, que no fueron juzgados pero son contextualizantes, demostrativos de la existencia de un modus operandi, como lo expuesto por la testigo MERCADO en el sentido que había gente esperando ser atendida en la casa de CABALLERO; lo manifestado por la testigo MORELL que dijo haber tomado conocimiento de otro hecho, pero que el contribuyente se negó a hacer la denuncia y lo declarado por el testigo GODOY cuando dijo haber sido intermediario de una maniobra similar para otro portero de escuela, circunstancia por la cual CABALLERO le dió una ‘propina’”.
A modo de conclusión, afirmaron que “…no se ha logrado demostrar que el tribunal de juicio haya caído en el absurdo, en la arbitrariedad o ha violado las leyes de la sana crítica racional al momento de ponderar la evidencia en su contra…” y en consecuencia, como se adelantó, postularon el rechazo del recurso.
Formularon reserva del caso federal.
ii. Por su parte, la defensa particular de los imputados Mirta Caballero y Santiago Martín, mantuvo y se remitió a la totalidad de los agravios planteados en oportunidad de la interposición del recurso de casación.
Con relación al planteo de arbitrariedad de la sentencia recurrida, la parte recurrente alegó que “…la ‘arbitrariedad’ sólo resulta constitutiva de una cuestión federal cuando aparezca manifiesta e intolerable o importe un grave atentado a las leyes del raciocinio, y esto es lo que [a su entender] ha sucedido en el caso concreto”.
Sostuvo que para arribar a la decisión que impugna, el tribunal debió valorar la prueba de manera fragmentada, sesgada, incompleta y errónea, en violación a “los más elementales postulados de la razón” y añadió que “…de dichas medidas de prueba producidas no se ha podido alcanzar el estado de certeza que requiere la instancia, sino más bien se ha avanzado contra el estado jurídico de inocencia de ambos imputados, haciendo reposar el recto juicio requerido, en una nula acreditación empírica, y aún más la nula imputación en carácter de participe necesario de uno de los imputados respecto del presunto delito cometido por su madre, sin expresar siquiera en que grado de participación, su aporte al hecho sin el cual el mismo no se habría podido cometer, o al menos determinar cual de las conductas tenidas por Santiago Martin, en algún momento histórico, lo convirtieron en ese sujeto que con su accionar, brindó las condiciones para que el ilícito se produjera”.
Los defensores argumentaron que fue a través de una elaboración dogmática que el Tribunal logró arribar a la condena de ambos imputados, puesto que -señalaron- no se ha formulado en la sentencia siquiera una breve mención de las pruebas en que se afirma la pretensión punitiva contra sus defendidos, así como nada se ha dicho de la manera en que ambos imputados desplegaron fácticamente lo que el tipo objetivo requiere a fin del encuadre típico penal, dividiendo tareas y/o colaborando uno con otro. En esa línea, adujeron que “…no se han exteriorizado en el fallo las circunstancias de tiempo modo y lugar necesarias, no hay mención respecto de los elementos caracterizantes de las figuras típicas, no hay comprobación de la existencia de los mismos ni cotejo de ellos con la prueba rendida”, a la vez que se omitió valorar el testimonio de la denunciante y las circunstancias en las que se desarrolló su exposición ante el organismo.
Postularon de este modo la nulidad de la sentencia por insuficiencia en la motivación y fundamentación, así como arbitrariedad en el tratamiento de los argumentos esgrimidos por la parte y las pruebas incorporadas al proceso. Sostuvieron que el tribunal incurrió en notorias contradicciones y realizó una defectuosa deducción de la comprobación de los extremos fácticos conducentes para resolver en forma favorable a su petición. Plantearon que “…resulta arbitraria la sentencia puesto que no ha(n) descripto, aunque de manera sucinta (…), los hechos, su modalidad de comisión, la descripción en concreto de las conductas típicas y sus elementos constitutivos, ni su cotejo con el material probatorio que lo sustente, adentrándose en afirmaciones dogmáticas, que demuestran la imposibilidad de avanzar sobre la inocencia de los imputados”
Mantuvieron la reserva del caso federal.
VI. Superada dicha etapa procesal, las actuaciones quedaron en estado de ser resueltas.
Efectuado el sorteo de estilo resultó el siguiente orden de votación: Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. Inicialmente corresponde señalar que el recurso de casación interpuesto en autos resulta formalmente admisible, toda vez que se dirige contra la sentencia definitiva (C.P.P.N., art. 457), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (C.P.P.N., art. 459, inc. 2º), los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y los requisitos de tiempo y fundamentación exigidos por la ley de rito han sido cumplidos (C.P.P.N., art. 463).
II. Resuelta la admisibilidad de la impugnación que habilita la intervención de esta Alzada, previo a cualquier consideración sobre los concretos motivos de agravio, corresponde precisar que la revisión del pronunciamiento se regirá –como pauta rectora– por la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación según la cual los jueces de la causa no están obligados a tratar todos los argumentos utilizados por las partes sino sólo aquéllos que estimen decisivos para la solución del caso (Fallos: 301:970; 303:135; 307:951).
Sobre el particular, e ingresando al análisis de los agravios, habré de señalar que, conforme surge de la sentencia recurrida (Sistema LEX-100), se formuló acusación contra Mirta Susana Caballero y Santiago Emanuel Martín por considerarlos responsables del delito previsto en el art. 265 del CP, que se les atribuyó en calidad de autora y de partícipe necesario, respectivamente.
Se estimó acreditado que “…en el periodo comprendido al menos entre el año 2007 y hasta el año 2015, Mirta Susana Caballero, en su calidad de agente de AFIP – AGENCIA SAN JUAN, y mientras cumplía funciones en el área de Servicios al Contribuyente de dicho organismo, desplegó maniobras consistentes en tomar contacto, en al menos dos ocasiones, con contribuyentes inscriptos en el Régimen de Monotributo (Godoy y Mercado), ofreciéndoles a cambio de sumas de dinero, regularizar su situación fiscal con AFIP, de modo tal que pudieran continuar con la suscripción de contratos con el Estado Provincial (Porteros - Ministerio de Educación)”.
Por su parte, “(r)especto de Santiago Emanuel Martín, quien a la época de los hechos no revestía la condición de funcionario público, su intervención consistió en colaborar en una ocasión, con anterioridad a su ingreso a AFIP ocurrido el año 2015, con la gestión que su madre, Mirta Susana Caballero, había iniciado con la contribuyente María Dominga Mercado, recibiendo de ésta una suma de dinero y acompañándola a AFIP a regularizar su situación fiscal”.
Debe memorarse que según la doctrina judicial establecida a partir del precedente “Casal” (Fallos: 328:3399), la reconstrucción del hecho debe efectuarse a partir de una crítica externa e interna de los elementos probatorios, contrastados a su vez con el resto del conjunto de pruebas obrantes, siendo el límite de lo revisable por este Tribunal cuanto surja directamente de la inmediación de la audiencia. En este sentido, es menester referir los antecedentes del caso y la valoración de los hechos llevada a cabo por el tribunal de previa actuación.
Con relación a ello, en la resolución aquí examinada surge que las presentes actuaciones tuvieron su inicio “…mediante una denuncia presentada por esa Administración Federal ante el Señor Juez de Instrucción (fs. 1 a 10), que motivó la formulación de requerimiento de instrucción de fecha 23/11/2016, contra los imputados objeto del presente requerimiento, por la presunta comisión de los delitos contemplados en los Arts. 265 del Código Penal y 12 y 13 de la Ley 24.769 (fs. 11 a 13).
“Allí se señaló que el 29 de noviembre del año 2013 el contribuyente Jorge Roberto Godoy - C.U.I.T. 23-13608070-9 presentó denuncia ante la Jefatura de Sección Servicios al Contribuyente de Agencia Sede San Juan, manifestando que mediante el pago de una suma de dinero conseguía que una empleada de ese organismo genere la baja de sus obligaciones respecto del Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes en el mes de enero de cada año, y el alta en el mes de diciembre de ese mismo año, a efectos de no generar deuda y de esa manera estar habilitado para firmar contrato en Educación (fs. 1/13 documental acompañada con la denuncia).
La Dirección Regional San Juan mediante Nota N° 404/14 (DIRSJU) solicitó a División Jurídica la producción del dictamen correspondiente (fs. 24 ant. Cit.).
En el Dictamen N° 77/14 (DV JUSJ) el órgano asesor aconsejó la apertura de una Información Sumaria (fs. 25/26 ant. Cit.).
Correspondió la investigación de los hechos informados a efectos de concluir sobre su verosimilitud para cuyo fin esa Dirección Regional San Juan dispuso la apertura de la Información Sumaria N° 01/14 (DI RSJU) mediante Disposición N° 26/14 (DI RSJU) del 27 de mayo de 2014 (fs. 30/32 ant. Cit.).
Se solicitó la colaboración de la Dirección Regional Mendoza respecto a la nominación de un profesional para actuar como instructor informante habiéndose propuesto a la Abogada Laura Cecilia Postel – Legajo N° 40470/63, designada por la disposición citada en el párrafo anterior.
Posteriormente fue recepcionada Nota Reservada N° 654/2014 (AG SESJ) del 16 de diciembre de 2014 mediante la cual la entonces Jefatura de Agencia Sede San Juan, indicó haber tomado conocimiento de conductas irregulares por parte de la agente Mirta Susana Caballero, Legajo N° 37186/70 derivando contribuyentes a domicilios particulares para su atención (fs. 41 ant. Cit.).
Finalmente solicita que la Nota Reservada N° 654/2014 (AG SESJ) sea agregada al expediente por el que tramita la investigación respecto al contribuyente Jorge Godoy.
A raíz de lo expuesto, la Dirección Regional San Juan dispuso la ampliación de la Información Sumaria N° 01/14 (DI RSJU) mediante Disposición N° 01/15 (DI RSJU) el 9 de enero de 2015 con el objeto de comprobar la existencia de los hechos denunciados pasibles de reproche disciplinario (fs. 42/45 ant. cit.).
El 24 de julio de 2015 mediante Nota N° 496/2015 (DV ISJU) División Investigación remitió a la Dirección Regional San Juan denuncia efectuada por la Sra. María Dominga Mercado, D.N.I. 16.997.617 el 24 de junio de 2015. En dicha denuncia involucró a personal de este Organismo (fs. 60/69 ant. cit.). La agente que menciona es la Sra. Mirta Susana Caballero y la denunciante expresa que la misma le entregó su número de celular para ofrecer sus servicios indicándole su domicilio particular.
La denunciante se dirigió a su domicilio entregándole sus datos personales y su Clave Fiscal a los efectos de confeccionarle un Plan de Pagos. Luego de ello, la Sra. Mirta Susana Caballero le entregó las constancias del Plan de Pagos informándole que la inscribió en I.V.A. porque de lo contrario tenía que pagar la deuda de contado, según le expresó, cobrándole por ello la suma de Pesos Quinientos ($500). Continúa diciendo la denunciante, que en momentos de concurrir al domicilio de Mirta Susana Caballero, pudo observar que se encontraba otra portera consultando por el mismo problema. Tiempo después comenzaron a llegar al domicilio de la denunciante intimaciones por falta de presentación de la Declaración Jurada de I.V.A. Por ese tema se volvió a comunicar por teléfono con la Sra. Mirta Susana Caballero concurriendo a su domicilio donde la atendió su hijo Santiago (el coimputado Santiago Emanuel Martín - quien había ingresado el 2 de marzo de 2015 como agente al organismo), quien chequeó la inactivación de su C.U.I.T., y que en días posteriores se dirigieron a la AFIP con una nota que le hizo firmar a la denunciante donde solicitaba el Alta de C.U.I.T. cobrándole por ello la suma de pesos quinientos ($500).
La denunciante concluye diciendo que no tuvo más contacto con ellos ya que desde el Ministerio de Educación le solucionaron el problema para poder facturar.
A raíz de esta denuncia, el 27 de julio de 2015, mediante Disposición N° 38/15 (DI RSJU) se realizó una nueva ampliación de la Información Sumaria con el objeto de analizar y comprobar la existencia de estos hechos denunciados (fs. 70/73 ant. cit.).
La Instructora Informante solicitó por correo electrónico a la Dirección Regional San Juan por su intermedio a la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones, con el objeto de determinar si las altas y bajas en el Monotributo del Sr. Jorge Roberto Godoy fueron realizadas con su clave fiscal o la de un tercero. Además solicitó identificar la I.P. (Internet Protocolo) desde las cuales se efectuaron las altas y bajas en cuestión.
El 27 de julio de 2015 la Dirección Regional San Juan contesta de forma afirmativa respecto de una de las I.P. informadas como pertenecientes a la agente Caballero Mirta Susana (fs. 49/51 y 56/59 ant. cit.).
La Instructora Informante citó para el 18 de setiembre de 2015 a una audiencia Informativa a la agente Mirta Susana Caballero. Aquella presentó un escrito patrocinado por letrado donde expresa que va a hacer uso de su derecho de abstenerse de declarar (fs. 81/86 ant. cit.).
La Instructora Informante en su Informe Final destaca que las denuncias realizadas evidencian por parte de la agente Mirta Susana Caballero un accionar contemplado y sancionado en la Disposición 185/2010 (A.F.I.P.) Artículo 8, Inciso 5º tanto en lo que se refiere al incumplimiento de obligaciones que determina el Artículo 8 (C.- C.T. AEFIP) como el quebrantamiento de prohibiciones establecidas en el Artículo 9 (C.C.T. AEFIP), y concluye que tanto las denuncias realizadas por estos contribuyentes respecto al actuar irregular de la agente imputada, como así también las conductas mencionadas por la entonces Jefa de Agencia Sede San Juan Cra. María Luisa Morell, y el Jefe de Sección Servicios al Contribuyente Cr. Adrián Alejandro Collado, respecto de la derivación por parte de la agente Caballero de contribuyentes al domicilio ubicado en calle Mitre 171 (Este) 1° piso de la Ciudad de San Juan. habilitan a elevar las presentes actuaciones a la Dirección de Auditoría a fin de que se estime la pertinencia de la apertura del correspondiente Sumario Administrativo a la agente Mirta Susana Caballero, Legajo N° 37186/70.
(…)
Como consecuencia de lo expuesto el 15 de abril de 2016 la Dirección Regional San Juan emitió la Disposición Nº 19/16 (DI RSJU) mediante la cual propicia la apertura de sumario administrativo contra la Agente Mirta Susana Caballero (fs. 94/99).
Así las cosas, el 24 de mayo de 2016 la Subdirección General de Operaciones Impositivas del Interior dispuso instruir sumario administrativo sobre Caballero (fs. 102/102).
El 17 de octubre de 2016 el Instructor Sumariante -Abg. Fernando Carlos Kamiensky- remitió copia certificada de los antecedentes del sumario a la Dirección Regional San Juan a fin que informe si se ha formulado denuncia penal por los hechos objeto del sumario administrativo y/o evalúe si corresponde efectuarla.
El 27 de octubre de 2016 los antecedentes fueron puestos a disposición de la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional San Juan – D.G.I. -
A.F.I.P.
Por lo expuesto, siendo que los hechos relatados eran a su criterio configurativos de delito, es que el 4 de noviembre de 2016 se realizó denuncia penal contra los funcionarios involucrados”.
Al momento de valorar las pruebas incorporadas y analizar a la luz de ello las posiciones de las partes, el tribunal a quo refirió que las declaraciones de los denunciantes Godoy y Mercado ”…describen de forma similar y detallada los contactos que tuvieron con los encausados, tanto en dependencias de AFIP, como en el domicilio de calle Tucumán (en Concepción) y en la librería frente a la plaza de Villa Krause. Asimismo, ilustran con precisión la modalidad de las maniobras y los montos de dinero que expresaron haber abonado, como contraprestación por la tarea encomendada; el manejo de la clave fiscal de los contribuyentes por parte de los nombrados; y el desconocimiento que los denunciantes tenían para operar sistemas informáticos.”.
A su vez, evaluó que “…esas mismas declaraciones cuentan con respaldo documental. Así, de los informes realizados por la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones de AFIP (incorporados a fs. 32/53); y el Departamento de Informática Colaborativa (obrante a fs. 56), se pueden verificar las franjas temporales en las cuales los denunciantes Godoy y Mercado figuran como contribuyentes (entre el año 2006 y 2016), el tipo de operaciones realizadas, las claves fiscales, los agentes de AFIP que las llevaron a cabo y, en varios casos, incluso los IP de las computadoras utilizadas”.
Añadió a ello que “…complementan el cuadro probatorio, en relación a las conductas desplegadas por los imputados, la Nota Reservada Nº 654/2014 (AG SESJ), de fecha 16 de diciembre de 2014, emitida por la Contadora María Luisa Morell -en el marco del sumario administrativo a fs. 41- en donde hizo alusión a información recibida, de manera informal, que daba cuenta de hechos por los que luego fueran imputados Mirta Caballero y su hijo Santiago Martín; y también el manuscrito -obrante a fs. 66 del sumario administrativo- aportado por la testigo Mercado, en donde figuran el número de teléfono y dirección de Mirta Caballero”.
Se tuvieron en cuenta asimismo las declaraciones testimoniales de los funcionarios de AFIP Adrián Alejandro Collado, María Luisa Morell, Laura Viviana Bologna, Patricia Mónica Giannetti, quienes relataron la intervención a que a cada uno le cupo a partir de la toma de conocimiento de los hechos que motivaron la denuncia, de acuerdo a sus respectivas incumbencias funcionales.
El judicante a quo evaluó que frente a ese acervo de elementos de prueba, “…sin soslayar el esfuerzo de la defensa por introducir las hipótesis respecto de la presunta persecución por parte del organismo fiscal a los imputados, como así también la violencia de género aludida por Caballero, y el supuesto traslado encubierto de la denunciante Mercado para la realización de la denuncia, no logran desvirtuar los hechos ilícitos cometidos por los agentes Caballero y Martin, debidamente acreditados en el presente juicio”.
III. Sentado cuanto antecede, habré de adelantar que el planteo de nulidad de la sentencia formulado por la defensa recurrente, por estimar que la sentencia se ha pronunciado sobre la base de un supuesto de indeterminación fáctica que conllevó la violación “de los derechos y garantías que las normas constitucionales y procesales vigentes” le acordaban a sus asistidos, no habrá prosperar.
En este sentido, se advierte a partir del análisis de las piezas procesales que, de adverso a lo alegado por la defensa, la plataforma fáctica no aparece confusa o incorrectamente descripta, sino que por el contrario se indicó claramente cuál fue el accionar desplegado por los imputados Mirta Susana Caballero y Santiago Emanuel Martín, así como se dio cuenta de manera pormenorizada de las probanzas que los vinculan con el hecho investigado.
Tal como fue reseñado en el punto precedente, además de relevar el inicio de las actuaciones y la tramitación del sumario ante AFIP y las medidas adoptadas en su marco, el tribunal consideró acreditada la plataforma fáctica, que describió del siguiente modo: “…en el periodo comprendido al menos entre el año 2007 y hasta el año 2015, Mirta Susana Caballero, en su calidad de agente de AFIP – AGENCIA SAN JUAN, y mientras cumplía funciones en el área de Servicios al Contribuyente de dicho organismo, desplegó maniobras consistentes en tomar contacto, en al menos dos ocasiones, con contribuyentes inscriptos en el Régimen de Monotributo (Godoy y Mercado), ofreciéndoles a cambio de sumas de dinero, regularizar su situación fiscal con AFIP, de modo tal que pudieran continuar con la suscripción de contratos con el Estado Provincial (Porteros - Ministerio de Educación)”. Por su parte, en lo que respecta a la conducta atribuida a Santiago Emanuel Martín, se consignó en la sentencia que “su intervención consistió en colaborar en una ocasión, con anterioridad a su ingreso a AFIP ocurrido el año 2015, con la gestión que su madre, Mirta Susana Caballero, había iniciado con la contribuyente María Dominga Mercado, recibiendo de ésta una suma de dinero y acompañándola a AFIP a regularizar su situación fiscal”.
Más allá de que la defensa en su libelo casatorio haga alusión a los tramos de la sentencia en los que se releva la actuación de la AFIP en la tramitación de los sumarios y actuaciones que condujeron, a la postre, a la formulación de la denuncia en sede judicial; lo cierto es que la indicación concreta de haber tomado contacto con los contribuyentes Jorge Roberto Godoy y María Dominga Mercado y haberles ofrecido regularizar su situación fiscal a cambio del pago de sumas de dinero y de las modificaciones que con posterioridad efectuó en el sistema con relación a dichos contribuyentes, da cuenta de modo suficiente y pormenorizado de las conductas reprochadas a los encausados y permitió el ejercicio de su derecho de defensa de modo eficaz.
En efecto, surge del decisorio impugnado que, tras haber acordado sobre dichos extremos, Mercado procedió a la alteración de inscripción de los contribuyentes Jorge Roberto Godoy (por medio de bajas y altas) y de María Dominga Mercado (por su inscripción como IVA responsable) -denunciantes ante el órgano recaudador- de manera que, para la fecha en que debían suscribir contrato con el Ministerio de Educación, no registraran deuda ante el organismo.
Se advierte así que los hechos atribuidos a los imputados se encuentran debidamente definidos y descriptos en forma clara, precisa y circunstanciada sin que se adviertan el déficit que invoca el recurrente al cuestionar la sentencia recurrida.
Resulta oportuno recordar que el principio de trascendencia, que regula el instituto de la invalidación de los actos procesales, exige la existencia de un vicio de tal carácter que afecte un principio constitucional. Ello solo se materializa con la generación de un perjuicio concreto que no haya sido subsanado, porque las formas procesales han sido establecidas como garantía de juzgamiento y no como meros ritos formales carentes de interés jurídico.
Tampoco debe perderse de vista que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2 del C.P.P.N., toda disposición legal que establezca sanciones procesales –como la nulidad– debe ser interpretada restrictivamente.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “…es doctrina reiterada de este Tribunal que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando un vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia. En efecto, la nulidad por vicios formales carece de existencia autónoma dado el carácter accesorio e instrumental del derecho procesal; exige, como presupuesto esencial, que el acto impugnado tenga trascendencia sobre la garantía de la defensa en juicio o se traduzca en la restricción de algún otro derecho. De otro modo, la sanción de nulidad aparecería respondiendo a un formalismo vacío, en lo que también está interesado el orden público…” (Fallos: 325:1404).
La declaración de nulidad procesal requiere de un perjuicio concreto para alguna de las partes, pues no procede su declaración en el solo interés del formal cumplimiento de la ley (cfr. Fallos 295:961; 298:312; 311:1413; 311:2337; 324:1564 y 328:58, entre muchos otros), resultando inaceptable en el ámbito del derecho procesal la declaración de la nulidad por la nulidad misma (cfr. Fallos 303:554; 322:507; 342:624 y 343:168 -entre muchos otros-).
En esa inteligencia, he resaltado en numerosas oportunidades actuando como juez de esta Cámara Federal de Casación Penal que las nulidades tienen un ámbito de aplicación restrictivo, no son un fin en sí mismas pues se requiere la producción de un gravamen cierto que lleve a justificar una decisión contraria a la adoptada en la sentencia (cfr. en lo pertinente y aplicable, causa nro. 14.447, caratulada “Cuevas, Mauricio Isabelino s/recurso de casación”, reg. 15.972.4 rta. 12/11/11; causa nro. 9538, caratulada “Paita, Ricardo Alberto y otro s/ recurso de casación”, reg. 755.4, rta. 17/05/12; causa nro. 15.148 caratulada “Palombo, Rodolfo Oscar y otros s/recurso de casación”, reg. 191/14, rta. 26/02/2014; causa FCR 9400939/2011/TC1/1/CFC1 caratulada “Carrera Ganga, Walter Gabriel s/recurso de casación”, reg. 1009, rta. 29/05/2015; causa FSA 12272/2015/TO1/CFC1 caratulada “Cantaluppi Daisy Cristhiane y otra s/recurso de casación”, reg. nº 743/17.4, rta. 19/06/17; causa FMZ 14895/2013/TO1/5/ CFC2 caratulada “Ortiz Donadell Gerardo Saúl s/ recurso de casación, reg. nº 461/18.4, rta. 9/5/2018; causa CFP 2637/2004/TO3/CFC39, “Nerone, Rolando Oscar y otros s/ privación de libertad agravada (art. 142, inc. 1) y homicidio agravado con ensañamiento– alevosía”, reg. nº 203/19.4, rta. 27/2/2019; FRE 14000304/2013/TO1/CFC6, “Sánchez, Pedro David y otros s/recurso de casación", Reg. nro. 1204/19, rta. el 13/06/19; FMZ 74721/2018/TO1/5/CFC1, “Carrizo, Carla Gimena y otro s/recurso de casación", Reg. nro. 1044/20, rta. el 14/07/20; FTU 20167/2019/T02/ CFC1, “Carhuachayco Tarazona Moisés Ysaías s/ recurso de casación”, reg. n° 2046/20.4, rta. el 16/10/2020; causa FCR 15825/2019/TO1/22/CFC1, “Barrios Aldavez, Jonatan Sebastián y otro s/recurso de casación”, Reg. nº 2248/20.4, rta. el 9/11/2020 y causa FRE 15909/2018/TO1/CFC1, “Orue, Roberto Favio s/ recurso de casación”, Reg. n° 1366/21, rta. el 2/9/2021; FSA 7920/2017/TO1/CFC1, “Báez, Federico Andrés y otros s/ recurso de casación”, Reg. n° 775/22, rta. 21/06/2022 y en causa CFP 18051/2016/ TO1/CFC55, “Estrada González, Marco Antonio y otros s/ recurso de casación”, Reg. n° 1134/22, rta. 29/8/2022; FLP 21546/2017/TO1/16/CFC5, “Carrazzone, Rubén Ernesto s/recurso de casación”, Reg. 813/23, rta. 23/6/2023, todas de la Sala IV de la C.F.C.P., entre muchas otras).
Con sujeción a estos parámetros, cabe apuntar que el planteo de la defensa no encuentra suficiente sustento, en la medida que no ha alcanzado demostrar una afectación concreta al derecho de defensa ni al debido.
Por el contrario, el agravio que postula la defensa de Cabello y Martín se apoya en la alegación genérica de violación a derechos y garantías, a la vez que no ha demostrado -y tampoco se logra avizorar- qué concreto perjuicio al derecho de defensa del justiciable pudo generar el modo en que la plataforma fáctica fue descripta en la sentencia recurrida, por lo que corresponde el rechazo del recurso en punto a esta cuestión.
IV. En cuanto respecta a los cuestionamientos de la defensa por estimar que se ha incurrido en una arbitraria valoración de la prueba y defectuosa fundamentación del fallo, corresponde referir que a partir de un examen minucioso del decisorio impugnado y de las alegaciones de la parte, se advierte que el tribunal oral ponderó correctamente las pruebas existentes a los efectos de acreditar la responsabilidad penal de Mirta Susana Caballero y Santiago Emanuel Martín.
En este sentido, el análisis conglobado de los elementos de la causa antes reseñado permite tener por acreditada la ocurrencia de los hechos denunciados por la AFIP, consistentes en haber realizado tareas vinculadas con la inscripción o baja, modificación de la categoría fiscal, y la constitución de planes de pagos, de manera que no registraran deuda los contribuyentes Jorge Roberto Godoy y María Dominga Mercado -y estar así habilitados para suscribir con el Ministerio de Educación los contratos correspondientes para desempeñarse como porteros (extremo que no era posible si registraban deuda ante el fisco)-, gestiones que Mirta Susana Caballero, por su condición de empleada del área de Servicios al Contribuyente de la AFIP-San Juan, realizó a cambio de sumas de dinero que los nombrados respectivamente le abonaron y para lo cual los recibió en su domicilio particular; en uno de los casos, con participación de su hijo Santiago Emanuel Martín, quien a la fecha de los hechos no se desempeñaba en dicho organismo.
Frente a ello, se advierte que el intento de la defensa por desvincular a sus asistidos deviene estéril, en la medida que no sólo resulta reiteración de cuanto fuera expuesto en el debate y que recibiera acabada respuesta del tribunal en la sentencia, sino que tampoco logra confutar el cuadro probatorio arrimado al expediente y valorado de modo integral y correlacionado por los jueces sentenciantes.
El tribunal a quo examinó diversas probanzas, integrándolas y armonizándolas en su conjunto, para arribar al temperamento condenatorio aquí atacado, sin que se advierta yerro a su respecto.
En efecto, tanto de los testimonios prestados por los denunciantes ante la AFIP y de los funcionarios del organismo, como de la prueba documental aportada surge acreditado que Mirta Susana Caballero, quien se desempañaba en el área de Servicios al Contribuyente de la AFIP-Agencia San Juan-, tomó intervención interesada en la modificación de la categoría o en la situación fiscal de Jorge Roberto Godoy y María Dominga Mercado, con miras a lograr que aquellos no registraran deuda a la fecha de suscripción de contrato laboral con el Ministerio de Educación, accionar que desplegó a cambio de la recepción de sumas de dinero, para lo cual los recibió en su domicilio particular o en el comercio del que era titular (librería).
Se constató asimismo en base a la prueba recabada la intervención en una de esas maniobras de Santiago Emanuel Martín, hijo de la nombrada Caballero, concretamente al recibir a la contribuyente María Dominga Mercado -por derivación de su madre Caballero- en el estudio contable donde se desempeñaba y haberla acompañado a la AFIP a fin de regularizar su situación, que había sido modificada por la gestión de Caballero -que la había inscripto como IVA responsable-, y haber recibido el pago de quinientos pesos que había acordado con aquélla.
En tal sentido, no está de más señalar que en su declaración durante el debate oral, Jorge Roberto Godoy relató que “…era contratado del Ministerio de Educación, como Portero, desde el año 2007 y luego pasó a planta permanente en el año 2015 o 2016. Que durante el año no pagaba el monotributo, entonces acudía a esta persona. Todos los fines de año en diciembre tenían que renovar el contrato, él al no pagar en todo el año no podía firmar el contrato, entonces acudía a esta persona en la casa de ella, en la AFIP, o en un negocio que ella tenía en Villa Krause. Hacia el trámite, le cobraba por ese trámite, se iba con una hoja y podía firmar contrato al otro día, eso lo hizo no sabe por cuantos años, porque hace como diez años. Luego expresó que la persona a la que se refirió es Mirta Caballero. Pero hubo un año que no pudo firmar contrato, porque le apareció la deuda de todos esos años para atrás. Estuvo seis meses parado en el Ministerio de Educación, hasta que saldó la deuda. No recordó de cuantos años para atrás fue la deuda que le saltó, pero fue de todos los años que pagó para que le dieran el papel ese. Afirmó, que era una deuda importante. Respectó de cómo llegó a vincularse con Caballero para que le solucionara ese problema, afirmó que creía que por el marido de ella, con quienes eran conocidos de jugar a las cartas. Que supo que Caballero trabajaba en la AFIP por el marido. Afirmó que Caballero le cobró aproximadamente 500 pesos en aquella época y lo hacia una vez al año, en el mes de diciembre. En relación a los lugares donde veía a Caballero, fue en la casa donde ella se mudó por calle Tucumán antes de llegar a Maipú. Describió que en la entrada de la casa había varios departamentos, que ella vivía en el fondo. Luego se refirió al local que quedaba cerca de la plaza de Villa Krause, que era una regalaría o librería. También indicó que vio a Caballero en la AFIP, ubicada en Ignacio de la Rosa y calle Mendoza. Respecto de su clave fiscal, afirmó que tenía clave pero nunca entró al sistema con su clave, que para eso acudía a Caballero, ella sabía su clave. Recordó que un hombre de nombre Ramón, a quien conoció en las canchas de fútbol FOECYT, tenía un problema similar y le recomendó a Caballero. También recordó que hizo de intermediario entre Ramón y Caballero y se ganó una propina. Afirmó que Ramón le dio el dinero al dicente, él le llevó el dinero a Caballero y que ésta le dio una propina por el trámite…”.
Por su parte, María Dominga Mercado manifestó que “ … iba a la AFIP porque era contratada como portera, en la Escuela Arturo Illia, desde el año 2006. Que en una oportunidad se le cayó el monotributo porque tenía una deuda, hacia los planes y no llegaba a pagarlos, allí la atendió Caballero. La dicente le comentó a Caballero la situación, y ésta le dio su número de teléfono y dirección por escrito. La dirección era por calle Tucumán en Concepción. Agregó, que luego le llamó para coordinar un horario de encuentro, porque Caballero tenía una librería y trabajaba en Rawson. Posteriormente, afirmó que fue a la casa de Caballero en el horario que fue citada, allí la dicente observó que había otras personas esperando que Caballero las atendiera.
En esa ocasión le pasó la clave fiscal para que le solucionara el problema. Luego de eso volvió a su casa y a los días le llamó por teléfono a Caballero para ver si había concluido el trámite, Caballero la cita nuevamente a su domicilio y le comentó que la había puesto en el IVA, que ya estaba todo y le entregó un plan de pagos. Con eso la dicente pudo renovar el contrato. Afirmó que le pagó a Caballero la suma de 500 pesos por dicha gestión. La dicente pensó que era normal, porque incluso en los Ciber hacían planes de pago en esa época. A continuación, relató que después que pasó un año fue al Ministerio de Educación, presentó los papeles y le dijeron en Logística quién le ha hecho ese trámite, porque Ud. está con IVA.
Indicó que anteriormente le había llegado una notificación a su casa por la deuda en IVA…”. Asimismo, luego de relatar lo referido a la forma en que acudió - o fue trasladada- hasta la sede de AFIP, donde “le tomaron declaración”, Mercado fue preguntada sobre cómo conoció a Santiago Martín y manifestó que “…que lo conoció en una oportunidad que fue a la casa de la Sra. Caballero, que ella no estaba o se encontraba enferma y la atendió su hijo Santiago, él le dio los papeles que tenía que llevar y la acompañó a la AFIP. Ahí presentaron una nota por el CUIL. Agregó que también le pagó a Santiago Martin los 500 pesos, porque él la acompañó a presentar la nota. Fueron dos gestiones por las que pagó, una por el IVA y la otra cuando se le cae el CUIL.
No recordó bien la fecha en la cual le pagó a Santiago Martin, cree que 2015 o 2016. Respecto de las otras personas que vio cuando fue al domicilio de Caballero, no supo porque tramite fueron, pero ella ingresó al domicilio y las otras personas esperaban afuera en un jardín, en la entrada, la dicente no cruzó palabas con esas personas…”. Frente a la contundencia de esta prueba, –y como ya se dijo-, la defensa se limitó a reiterar su propia perspectiva sobre el caso y el modo en que a su juicio debió ser resuelto, aunque omitió efectuar en su recurso de casación una crítica concreta y razonada sobre cada uno de los elementos que componen el plexo probatorio reunido en autos en contra de sus asistidos, que fueron valorados por el a quo de manera integral y armónica.
Tampoco ha brindado argumentos novedosos ni suficientes para demostrar error o desacierto en el razonamiento seguido por el tribunal a quo.
En lo que respecta a la acreditación de los elementos del tipo atribuido, cabe señalar que no está discutido que Caballero cumplía funciones públicas conforme lo prevé el Art. 77 del C.P., que establece “Por los términos ‘funcionario público’ y ‘empleado público’, usados en este código, se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”.
Tal como reseñó ut supra, y ponderó el tribunal de juicio, “…el informe remitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, en fecha 5 de diciembre de 2016, puso en conocimiento que la Agente Mirta Susana Caballero -Legajo Nº 37186/70- ingresó al organismo el 20/07/1994, en tanto que el Agente Santiago Emanuel Martín -Legajo Nº 43534/04-, lo hizo el 02/03/2015 (fs. 18).
En consonancia la norma citada, la Ley 25.188 -Ley de Ética en el ejercicio de la función pública- (B.O. 01/11/99), en su art. 1º “…establece un conjunto de deberes, prohibiciones incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.
Así las cosas, con relación a la figura del art. 265 del C.P. en análisis, corresponde recordar que, más allá de los distintos doctrinarios citados por el “a quo” en la sentencia impugnada, D´Alessio señala que la acción típica se define como “interesarse, en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que se intervenga en razón del cargo… Interesarse significa intervenir como parte, lo cual no implica simplemente ser parcial, sino que exige volcar sobre el negocio una pretensión de parte no administrativa….Se exige que el funcionario público, en el contrato u operación en que interviene en razón de su cargo, realice algún tipo de actividad con virtualidad para afectar la imparcialidad de la voluntad del órgano administrativo, condicionando su voluntad negocial, en cualquiera de los modos posibles de intervención que se mencionan en el texto legal, es decir en forma directa, por persona interpuesta o por acto simulado…”. En cuanto al objeto, el funcionario público debe intervenir en contratos u operaciones (bilateral o unilateralmente). Respecto al tipo subjetivo, “el dolo está compuesto por el conocimiento de las circunstancias que a nivel objetivo constituyen la inserción del interés particular en el contrato u operación en que se interviene en razón del cargo, y la voluntad de realizar tal actividad”. A su vez, esta figura contiene un especial elemento subjetivo definido como “la finalidad de obtener un beneficio propio o de un tercero”. Finalmente, cabe recordar que “Carece de relevancia para considerar configurado el tipo penal el hecho de que la administración pública haya sufrido algún perjuicio de índole patrimonial o entorpecimiento administrativo, o que el funcionario público o un tercero haya obtenido efectivamente un beneficio a raíz del contrato u operación…” (Cfr. D´Alessio, Andrés José. Divito, Mauro A. “Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado. 2da. edición Actualizada y Ampliada. Tomo II. Ed. La Ley, Nov. 2009, págs. 1310/1315).
Por su parte, Donna aclara que el bien jurídico protegido por la norma del art. 265 del C.P. es la administración pública que ”no sólo requiere que terceros ajenos a ella interfieran en forma negativa en su funcionamiento, sino que también exige, principalmente, que aquellas personas que están a cargo de la función pública actúen en forma prístina e imparcial en la elaboración, conclusión y ejecución de los contratos y demás operaciones en que les corresponda intervenir y que demanda el propio ejercicio de la función pública” (cfr. C.F.C.P., Sala IV, “Meller, Sergio E. y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 1504/18.4, rta. el 24/10/2018).
Con respecto a la tipicidad objetiva del artículo 265 del C.P., el autor citado aclara que “reprime la existencia de parcialidad en el sujeto activo, el cual puede, o no, confluir con el interés público…. La parcialidad del agente abarca el interés propio o personal que puede tener éste en el resultado de la negociación, así como si el interés es de un tercero en relación al funcionario público…”. Así, es requisito que el funcionario público asuma un interés de parte en el resultado del negocio. Señala que “la ley exige dos formas de intervención personal del funcionario público en el negocio u operación de que se trate. Por un lado, el agente puede interesarse en forma directa en el negocio en el cual interviene como funcionario público, y por el otro, acudir a la interposición de otra persona como interesada, es decir, que ella aparezca frente a los demás como portadora de un interés personal sobre la realización del negocio u operación, cuando, en realidad, ésta actúa motivada por el interés del agente en el desarrollo y conclusión del negocio en el cual interviene por su calidad y función”.
He señalado que el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública tutela el interés del Estado en el fiel y debido desempeño de las funciones de la administración en sentido amplio, de manera que la actuación de los órganos no sólo sea imparcial, sino que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad. “Serlo y parecerlo” dice el adagio popular. Este ilícito se integra tanto por el conocimiento de la condición del negocio en que se interviene como doblemente sometido a la consideración del sujeto (como interesado y como funcionario), sin que se requiera el propósito especial de defraudar o perjudicar ni tampoco el de un lucro ilícito (cfr. Borinsky, Mariano Hernán “Los delitos de Corrupción. Un análisis de derecho penal y procesal penal. Aportes de la sociología, la economía y la política”, Ed. Didot, diciembre de 2022, págs. 208 y 209). (C.F.C.P., Sala IV, causas “Palacios, Claudio Marcelo s/recurso de casación”, Reg. 79/23, rta. 29/10/23; CFP 15906/2009/TO2/CFC3, “Baduán, Alberto Raúl y otro s/recurso de casación”, reg. nro. 1226/23, rta. el 11/09/23).
En el caso bajo estudio en esta ocasión, y conforme la plataforma fáctica acreditada por la prueba incorporada a la causa, merced a sus competencias funcionales como empleada de la AFIP – Agencia San Juan, es correcta la conclusión del a quo en torno a que la encausada Mirta Caballero llevó a cabo conductas reñidas con la función pública en tanto tuvo una injerencia indebida en la modificación (alta, baja o cambio de categoría fiscal) de la situación ante el organismo de los contribuyentes Godoy y Mercado, a cambio de lo cual obtuvo un beneficio pecuniario al cobrar a los nombrados las sumas de $500 (pesos quinientos) por sus respectivas gestiones. De ese modo, antepuso un interés particular al interés público. En uno de esos casos, desplegó ese accionar con la intervención de su hijo y consorte procesal, Santiago Emanuel Martín.
En que la actuación sea “interesada”, consiste el disvalor de su conducta (cfr. Sala IV, “Palacios, Claudio Marcelo s/recurso de casación”, Reg. 79/23, rta. 29/10/23; CFP 15906/2009/TO2/CFC3, “Baduan, Alberto Raúl y otro s/recurso de casación”, Reg. 1226/23, del 11/9/2023;).
En definitiva, analizada la sentencia dictada por el tribunal a quo que vino recurrida ante esta Alzada, se advierte que la conclusión a la que se arribó resulta ser el fruto de una valoración amplia y crítica del conjunto del material probatorio reunido en la encuesta, por lo que puede afirmarse, con el grado de certeza apodíctica que requiere todo pronunciamiento condenatorio, que las conductas desplegadas por los imputados se encuentran comprobadas en la presente causa.
Por ello, no encuentro margen de duda alguno que pueda modificar los extremos que tuvieron por acreditado los jueces sentenciantes y la intervención de los imputados en aquéllos, por lo que corresponde concluir que el tribunal de mérito cumplió acabadamente con las exigencias de fundamentación previstas por los artículos 123, 398 y 404, inc. 2 del C.P.P.N.
V. Por los fundamentos que anteceden, y no habiendo sido planteadas otras cuestiones a tratar, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Mirta Susana Caballero y Santiago Emanuel Martín, sin costas en la instancia (art. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.); y tener presente la reserva de caso federal efectuada.
El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:
I. Comparto, en lo sustancial, las consideraciones efectuadas en el voto que lidera el acuerdo, a cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad.
En efecto, a la luz de los lineamientos trazados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Casal” (Fallos: 328:3399), advierto que el fallo recurrido resulta una racional derivación del derecho vigente y de las constancias obrantes en la causa, por lo que debe ser ratificado como válido acto jurisdiccional. Pues la resolución atacada se encuentra debidamente fundada de cara a las pruebas producidas en el debate y el recurrente no ha logrado demostrar un vicio en el razonamiento del a quo que conlleve a la descalificación de su sentencia.
Es que la decisión bajo análisis se encuentra correctamente motivada y se adecúa a las normas procesales atinentes. Es decir, no se evidencia el error de fundamentación que ha alegado la defensa en su impugnación y, menos aún, se ha podido acreditar un caso de arbitrariedad en la sentencia a la luz de los estándares delineados por nuestro Máximo Tribunal en esa materia (Fallos: 215:417 y 322:1890, entre otros).
II. Por mi parte, entiendo pertinente destacar que en la especie la imputación que motivó la condena dictada por el a quo se logró acreditar por los testimonios vertidos en el debate oral y público celebrado y por la prueba documental reunida (informes realizados por la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones de A.F.I.P. y el Departamento de Informática Colaborativa).
Así, cabe señalar que Jorge Roberto Godoy declaró que, por varios años, acudió a Mirta Susana Caballero a los efectos de que ésta le realizara los trámites relativos al monotributo que él precisaba para renovar su contrato laboral. En ese sentido, manifestó que las consultas con la imputada las mantenía en distintas ubicaciones: en la casa de aquélla, en la sede de la A.F.I.P. o en una propiedad en Villa Krause. Al respecto, agregó que en tales oportunidades Caballero le cobraba por la gestión y que para ello él le había proporcionado su clave fiscal. Asimismo, María Dominga Mercado declaró que le habían dado de baja el monotributo por falta de pago, por lo que fue a la A.F.I.P., en donde fue atendida por Caballero, quien le dio su número de teléfono y la dirección de su domicilio para coordinar un encuentro. Luego, Mercado expresó que la llamó y concurrió a su casa, lugar en el que observó que había otras personas esperando ser atendidas, y en esa ocasión mantuvo una entrevista y le dio su clave fiscal. De ese modo, días después Caballero le comentó “…que la había puesto en el IVA, que ya estaba todo y le entregó un plan de pagos. Con eso la dicente pudo renovar el contrato. Afirmó que le pagó a Caballero la suma de quinientos pesos ($ 500) por dicha gestión…”. Por otro lado, también Mercado aseveró que en una oportunidad Santiago Martín fue quien la atendió, puesto que su madre (Mirta Susana Caballero) no se encontraba. Allí, aquél le dio los papeles que precisaba, la acompañó a la A.F.I.P., en donde presentaron una nota y, finalmente, recibió $500 en concepto de pago por la gestión. A los testimonios descriptos, el a quo adunó: “…es relevante resaltar que esas mismas declaraciones cuentan con respaldo documental. Así, de los informes realizados por la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones de AFIP (incorporados a fs. 32/53); y el Departamento de Informática Colaborativa (obrante a fs. 56), se pueden verificar las franjas temporales en las cuales los denunciantes Godoy y Mercado figuran como contribuyentes (entre el año 2006 y 2016), el tipo de operaciones realizadas, las claves fiscales, los agentes de AFIP que las llevaron a cabo y, en varios casos, incluso los IP de las computadoras utilizadas”.
Por último, es dable destacar lo que se apuntara en el fallo atacado con respecto al testimonio de la funcionaria de la A.F.I.P., María Luisa Morell. Pues de allí surge: “…le había llegado de parte de algunos compañeros de trabajo que la Sra. Caballero atendía a personas por trámites que no le fueron asignados en relación al trabajo que ella debía hacer. Asimismo, refirió que un par de contribuyentes le comentaron a otros compañeros de AFIP, que buscaban a Caballero porque ella les hacia un trámite y las derivaba a hablar con tal persona. Luego, indicó que el contribuyente al que hizo referencia, como portador del papel con la impresión de pantalla y la nota manuscrita de Caballero, era un hombre. También recordó el nombre de un contribuyente, Santiago Lara, a quien dijo no recordar físicamente, pero cree que era él quien manifestó que lo estaban derivando a hablar con Santiago Martin a un Estudio Contable”. Así las cosas, la conclusión sostenida en la sentencia que se recurre halla amparo en los coincidentes testimonios ventilados en juicio que, a su vez, cuentan con respaldo en la prueba documental recabada. Por ello, comparto la opinión de que en el caso se ha logrado superar el estándar probatorio que se precisa a los efectos de la adopción de un temperamento condenatorio.
III. Finalmente, advierto que la subsunción típica que realizó el a quo es acertada. De manera liminar, debo apuntar que el delito de negociaciones incompatibles (cfr. art. 265 C.P.) no precisa para su configuración un concreto daño a la administración pública, sino que alcanza para su consumación con la mera introducción de un interés privado por parte del funcionario que interviene en razón de su cargo en la operación. Esto es, el objetivo de la norma es proteger a la administración pública del peligro de una actuación parcial por parte de sus agentes, con el atentado a la reputación y a la confianza que tal proceder podría ocasionar al Estado.
Al respecto, en cuanto a la calificación legal adoptada en relación a la autora de este delito, cabe destacar que el tipo exige un sujeto activo doblemente calificado: debe ser un funcionario público y, además, tiene que intervenir en razón de su cargo en la operación en la que se introduce el interés. Así, en el sub examine, como agente de la A.F.I.P. en el área de Servicios al Contribuyente, Caballero introdujo su interés particular exactamente en el servicio que prestaba en la dependencia en que se desempeñaba. En efecto, aquélla aprovechaba las consultas de los contribuyentes en la oficina pública para luego referírselos a sí misma como clientes con el fin de que la consultaran a ella en su negocio privado y, pago mediante, les gestionara el trámite que debían hacer con la A.F.I.P. Proceder que, a la sazón, revela la inserción de su interés privado en la operación pública en la que intervenía -verbo típico-.
Luego, surge a las claras que ese accionar de Caballero, de manera independiente de si con aquél benefició indebidamente a los clientes que se constataron en autos que consiguió o si perjudicó de modo económico en forma concreta a la A.F.I.P., generó el peligro de que recaiga sobre el órgano encargado de la recaudación tributaria ese halo de sospecha que el tipo penal del art. 265 C.P. busca evitar.
Por lo demás, advierto que el caso no presenta complejidades en punto al dolo y a la ultrafinalidad que precisa el ilícito en cuestión, motivo por el cual habré de remitirme al respecto al análisis efectuado por el colega que me precede en el orden de votación.
En similar sentido, en cuanto a la calificación legal enrostrada respecto de Santiago Emanuel Martín, sólo habré de recordar que ya tuve oportunidad de pronunciarme acerca de la participación en el ilícito bajo estudio (cfr. “BADUAN, Alberto Raúl y otro s/recurso de casación”, causa nro. CFP 15906/2009/TO2/CFC3, reg. nro. 1226/23, rta. 11/9/2023, del registro de esta Sala IV C.F.C.P.).
En el procedente citado, destaqué que, si bien el delito de negociaciones incompatibles es un delito especial propio, lo que implica que sólo puede ser sujeto activo quien reviste una cualidad especial, las reglas de la participación criminal no exigen en este tipo penal las mismas características que se le demandan al autor. Por ello, basta con que realice una colaboración -bien sea sustancial o fungible- para consumar el ilícito que realiza el funcionario público que resulta ser el autor. Será el carácter de ese aporte el que definirá si es una participación necesaria o secundaria (arts. 45 y 46 del Código Penal).
En otras palabras, en estos delitos de infracción de deber se caracteriza a la participación como “intervención sin infracción de deber especial”; pues es el deber, como lo explica Roxin, el elemento distintivo determinante entre autoría y participación. La participación, al ser de naturaleza secundaria, no requiere más que una intervención, en este caso necesaria, pero sin infracción a un deber especial (del autor citado, “Autoría y Dominio del Hecho en el Derecho Penal”, Editorial Marcial Pons, Barcelona, 1998).
En definitiva, esta tesis permite sustentar el castigo al no obligado que consigue sus fines a través o en conjunción con la persona del cualificado para ser autor. Entonces, en el caso de Santiago Emanuel Martín la intervención penal enrostrada deviene correcta en virtud de su comprobada colaboración al ilícito de Mirta Susana Caballero.
IV. Con esas breves consideraciones, coincido con la solución propiciada por el colega que me precede en el orden de votación, en cuanto a que debe rechazarse el recurso de casación impetrado, sin costas en esta instancia, en virtud de haberse efectuado razonable ejercicio del derecho al recurso, previsto en el art. 8.2.h de la C.A.D.H. (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.); y, finalmente, tener presente la reserva del caso federal.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
Que por coincidir en lo sustancial con las consideraciones vertidas por el colega que lleva la voz de este Acuerdo, doctor Mariano Hernán Borinsky, y que cuenta con la adhesión del juez Gustavo M. Hornos, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por los letrados defensores de Mirta Susana Caballero y Santiago Emanuel Martín, con costas (arts. 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación).
Por ello, en mérito al Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa particular de Mirta Susana Caballero y Santiago Emanuel Martín; por mayoría, sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N.).
II. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
Regístrese, notifíquese, comuníquese (Acordada 5/2019 de la C.S.J.N.) y remítase la causa al tribunal de origen mediante pase digital, sirviendo la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo. Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia