Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la defensa de Nélida Caballero. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del CPPN).
II. Rechazar el recurso de casación interpuesto por la Unidad de Información Financiera. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del CPPN).
III. Tener PRESENTES las reservas del caso federal.
En la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de septiembre de 2025, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor Mariano Hernán Borinsky, como Presidente, y los doctores Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, asistidos por el secretario actuante, a los efectos de resolver los recursos de casación interpuestos en la presente causa CFP 10119/2016/TO1/CFC1 del registro de esta Sala, caratulada “CABALLERO, Nélida s/recurso de casación”; de la que
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 7 de esta ciudad, por sentencia dictada el 5 de diciembre de 2024 -cuyos fundamentos fueron dados a conocer el 12 del mismo mes y año- resolvió, en lo que aquí interesa: "I. CONDENAR a NÉLIDA CABALLERO, de las demás condiciones personales obrantes en autos, a la PENA DE TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN, de ejecución condicional, MULTA DE DOS (2) VECES DEL MONTO DE LA OPERACIÓN y COSTAS, por considerarla penalmente responsable del delito de lavado de activos, en calidad de autora (artículos 26, 29 inciso 3°, 40, 41, 45, 303 inciso 1° -según redacción ley 27.739- del Código Penal, y 403, 530, 531 y 533 del Código Procesal Penal de la Nación) […] III. DECOMISAR el inmueble rural sito en Colonia Ex Misión Laishí del Departamento de Laishí de la provincia de Formosa, identificado como Folio Real Matrícula 3644 y Catastro: Depto. 02, Circunscripción IX, Sección D, Parcela 31; el cuatriciclo marca Tibo, modelo 1 REGISTRO Nº: 1038/25.4 Hunter 250, #35091145#438224652#20241205132540860 dominio HLY-596, el vehículo marca Toyota, modelo Hilux 4x4 cabina doble SRV 3.0 TDI A/T C/Cuero, dominio KPY-061, el vehículo marca Peugeot, modelo RCZ Tiptronic, dominio MRK507, el vehículo marca Fiat, tipo Pick Up Cabina simple, modelo Strada Working 1.4, dominio MMA-366 y el vehículo marca Toyota, modelo Etios XLS, dominio OJW-608 (artículos 23 y 305 del Código Penal).
IV. ORDENAR que los bienes muebles individualizados en el punto que antecede sean puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los términos de la Acordada Nº 2/18…".
II. Contra dicha decisión, la defensa particular de Nélida Caballero interpuso el recurso de casación a estudio, el que fue concedido por el tribunal de procedencia el 27 de diciembre de 2024 y mantenido oportunamente por la parte ante esta sede.
Por su parte, la Unidad de Información Financiera -UIF- interpuso recurso de casación, el que fue denegado por el a quo. Frente a ello, el organismo presentó la queja, a la cual este Tribunal -por unanimidad- hizo lugar, declarando erróneamente denegado el recurso de casación y concediendo dicho remedio procesal (cfr. CFCP, Sala IV, causa CFP 10119/2016/TO1/9/RH2 caratulada “Caballero, Nélida s/ queja”, reg. nro. 184/25, rta. 20/3/25). La UIF mantuvo el recurso de casación.
III. La asistencia técnica de Nélida Caballero cuestionó la valoración de la prueba que llevó a los miembros del tribunal oral a considerar acreditada su autoría respecto del delito de lavado de activos, previsto en el art. 303 del Código Penal, como así también, el monto de la pena impuesta.
Afirmó que el tribunal fue impreciso al referirse al origen de los bienes como "ilícito", teniendo en cuenta que el tipo penal del art. 303 del Código Penal requiere la acreditación de un delito previo. Esta cuestión, afectaría el derecho de defensa de la parte al impedir que el acusado enfrente una imputación concreta y debidamente fundamentada.
Indicó que la condena se fundó en base a una inversión de la carga probatoria -acerca de la licitud del origen de los bienes-, lo cual vulneró la presunción de inocencia.
Señaló que al valor total de los bienes provenientes de ilícito penal ($2.005.630,99), debe detraerse el monto de $249.298,66, pues, a criterio de la defensa, esta última suma corresponde a ingresos provenientes de la empresa Eme & De S.A. por el lavado de los micros del Grupo Plaza.
Cuestionó el voto mayoritario de la sentencia en cuanto adoptó el Índice de Precios al Consumidor como método para actualizar el monto de la multa, alegando que aquella decisión carece de fundamentos suficientes y que resulta más apropiado el criterio del voto disidente del magistrado Castelli, quien propició el empleo, a tales efectos, de la tasa activa de la cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. Asimismo, indicó que la multa determinada resulta confiscatoria y desproporcionada. Alegó que no se encuentra acreditado el vínculo laboral entre la imputada y Julio De Vido, y que Caballero fue empleada exclusivamente de su esposa, Alessandra Minnicelli. La hipótesis del tribunal que relaciona a Caballero y De Vido busca, al entender del recurrente, generar una percepción de culpabilidad y perseguir judicialmente a una figura política. En este sentido, expresó que los testigos que declararon en el juicio no pudieron confirmar que la encartada hubiera tenido contacto directo, indirecto o circunstancial con el ex ministro. Enfatizó que en la sentencia no se identifica de manera precisa y concreta el delito del cual provinieron los fondos espurios. En virtud de ello, el recurrente señaló que el fallo carece de sustento jurídico suficiente para condenar a Caballero por el delito de lavado de activos.
Agregó que no existen pruebas directas para responsabilizar a Caballero y que aquélla logró acreditar que la adquisición de bienes -incluyendo vehículos y un terreno rural- fue realizada de manera progresiva y lícita. Por lo tanto, correspondería absolver a la nombrada por aplicación del principio in dubio pro reo.
La defensa también tildó de arbitrarios los argumentos del tribunal por los cuales desestimó el descargo de Caballero al vincular su situación patrimonial con el ejercicio de la prostitución.
Asimismo, hizo hincapié en el resto de las actividades comerciales de Caballero, como explicación de su patrimonio. Así, mencionó la Agencia España (venta de pasajes de micros de larga y corta distancia), el lavadero de ómnibus del Grupo Plaza, la agencia de quiniela “AGENCIA OFICIAL 063 QUINIELA FORMOSEÑA” y la explotación comercial de tres carnicerías.
Criticó que el tribunal haya incluido como elemento indiciario en el análisis de responsabilidad penal la compra por parte de Caballero del automóvil marca Ford, modelo Focus, dominio FAS-659, pues aquel suceso no formó parte del objeto procesal.
Finalmente, el recurrente manifestó que el tribunal no deja en claro si los fondos espurios provienen de De Vido, de Cirigliano o del Grupo Plaza y que tampoco pudo acreditarse el dolo en las conductas atribuidas a Caballero.
En base a lo expuesto solicitó que se absuelva a su asistida y, subsidiariamente, que se reduzca el monto de la multa impuesta. Hizo reserva del caso federal. La Unidad de Información Financiera se agravió de la decisión del tribunal previo en cuanto ordenó que los bienes decomisados fueran puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Al respecto señaló que debe ser la UIF y no la CSJN el destino que corresponde dar a los elementos decomisados, en virtud de lo normado por los artículos 6 y 27 de la ley 25.245 (tanto en la redacción vigente al momento de los hechos, como en aquélla según la ley 27.739).
Añadió que la autonomía del organismo se traduce en la incorporación de recursos para solventarse y financiarse; recursos que se nutren en parte los bienes decomisados, como lo dispone la normativa.
Por otra parte, resaltó que, en la sentencia, si bien se decidió el decomiso sobre un bien inmueble y cinco automotores, sólo se otorgó el destino (a disposición de la CSJN) a estos últimos. Por el contrario, en el pronunciamiento se estableció una medida cautelar (prohibición de innovar) con relación al inmueble rural; por lo tanto, la UIF señaló que en este caso tampoco se han seguido las pautas establecidas por el art. 27 de la ley 25.246.
Por último, el recurrente adujo que el a quo también omitió indicar el destino del pago de la multa, la cual debe ser en beneficio de la UIF.
Solicitó que se revoque lo dispuesto en los puntos dispositivos I, III y IV, del pronunciamiento recurrido dictándose en consecuencia que el destino de los bienes decomisados, así como también de la multa impuesta, deben ser la Unidad de Información Financiera.
Hizo reserva del caso federal.
IV. En la oportunidad prevista por los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., el fiscal general ante esta Alzada, doctor Raúl Omar Pleé realizó una presentación en la cual propició que se rechacen los agravios de la defensa de Caballero. En sustento de ello, en lo medular, indicó que las críticas de dicha parte se basan, por un lado, en tergiversaciones del razonamiento desplegado por el tribunal a quo y, por otro, en discordancias con relación a la valoración probatoria que no alcanzan a demostrar la arbitrariedad alegada. De tal forma concluyó que los magistrados efectuaron una adecuada consideración de los elementos probatorios apropiadamente incorporados a la causa y cumplió con el requisito de racionalidad de la sentencia y las reglas de la sana crítica, luciendo lógica la argumentación mediante la cual arribó a la condena de Caballero. En otro orden de ideas y con relación al recurso de casación de la UIF, solicitó que se disponga el destino de los bienes decomisados y de la multa según lo establecido en el art. 27 de la ley 25.246.
Durante el término de oficina, la apoderada de la Unidad de Información Financiera reiteró los agravios expresados en el recurso de casación y requirió nuevamente que se revoque lo dispuesto en los puntos dispositivos I, II y IV de la sentencia cuestionada, dictándose que el destino de los bienes decomisados, así como también de la multa impuesta, deben ser la Unidad de Información Financiera. Hizo reserva del caso federal.
V. Superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo y 468 del C.P.P.N. (cfr. Sistema de Gestión Judicial Lex-100), oportunidad en la que la defensa de Caballero y la Unidad de Información financiera presentaron breves notas reiterando los argumentos de sus respectivos recursos, quedaron las actuaciones en condiciones de ser resueltas. Practicado el sorteo de estilo, resultó el siguiente orden de votación: doctores Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Javier Carbajo.
El señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky dijo:
I. Inicialmente corresponde señalar que el recurso casación interpuesto por la defensa en autos resulta formalmente admisible, toda vez que se dirige contra la sentencia definitiva (CPPN, art. 457), la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla (C.S.J.N., causa G. 342 XXVI, Giroldi, Horacio David y otro s/recurso de casación - causa n° 32/93”, rta. el 07/04/1995, Fallos: 318:514), los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y los requisitos de tiempo y fundamentación exigidos por la ley de rito también han sido cumplidos (C.P.P.N., art. 463).
Asimismo, esta Alzada, por unanimidad, concedió el recurso de casación interpuesto por la Unidad de Información Financiera, al hacer lugar a la queja y declarar erróneamente denegado dicho remedio procesal en la instancia anterior (cfr. CFCP, Sala IV, causa CFP 10119/2016/TO1/9/RH2 caratulada “Caballero, Nélida s/ queja”, reg. nro. 184/25, rta. 20/3/25).
II. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nro. 7 de esta ciudad, por sentencia dictada el 5 de diciembre de 2024 -cuyos fundamentos fueron dados a conocer el 12 del mismo mes y año-, condenó a Nélida Caballero a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, multa de dos veces del monto de la operación y costas por considerarla penalmente responsable del delito de lavado de activos, en calidad de autora (art. 303, inciso 1° -según redacción ley 27.739-, del Código Penal). Asimismo, dispuso el decomiso de los bienes involucrados en la maniobra delictiva. Ello, en virtud de haber tenido por acreditado que, entre el 1º de enero de 2011 y el 31 julio de 2016, convirtió, transfirió, administró, vendió y disimuló bienes provenientes de un ilícito penal con el objeto de que tanto ellos como los subrogantes adquirieran la apariencia de un origen lícito. Para su realización, puso en circulación bienes por un total de dos millones cinco mil seiscientos treinta pesos con noventa y nueve centavos ($2.005.630,99), los cuales integró al circuito económico formal, logrando así darles un marco legal, aunque aparente.
El colegiado previo comprobó que, a partir del momento en que Caballero comenzó a prestar funciones como empleada doméstica del matrimonio de Julio Miguel De Vido y Alessandra Minnicelli, aumentó exponencialmente su patrimonio. Valiéndose de su vínculo laboral con el entonces Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, que comprendía entre su órbita a la Secretaría de Transporte, y con conocimiento de que tenía vinculación con distintas empresas de transporte (entre ellas el Grupo Plaza y, concretamente, a Transporte Automotor Plaza SACEI) recibió el flujo de dinero que dio lugar al lavado de activos. Ello, mediante maniobras vinculadas al ingreso, adquisición, depósito, recepción y transferencia de los bienes.
Se detalló que, para lograr su propósito, Nélida Caballero:
1. Depositó en la Caja de Ahorros en pesos nro. 4008973-7 133-2 (registrada a su nombre) del Banco de Galicia, dinero en efectivo por un total de un millón setenta y un mil pesos ($ 1.071.000); cheques provenientes de la firma Eme&De S.A. (CUIT 30-70777891-8), por un total de doscientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos con sesenta y seis centavos ($ 248.298,66); cheques no provenientes de dicha firma, por un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintitrés pesos con ochenta y nueve centavos ($264.423,89); y recibió transferencias por el total de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000).
2. Adquirió el vehículo dominio 596-HLY (cuatriciclo marca TIBO modelo Hunter 250) el día 12 de enero de 2011, por la suma de pesos diecisiete mil setecientos ($17.700).
3. Adquirió el vehículo dominio KPY 061 (marca Toyota modelo Hilux 4x4 cabina doble SRV 30 TDI A/T C/CUERO) el día 24 de octubre de 2011, por la suma de pesos doscientos veintinueve mil diez ($229.010).
4. Adquirió un inmueble rural sito en el Lote Uno Sección I de la Colonia Ex Misión Laishi, Departamento Laishi, provincia de Formosa (Nomenclatura catastral: Departamento 02, Circunscripción IX – Sección D – Parcela 31) el día 07 de noviembre de 2012, por la suma de pesos ciento ochenta mil ($180.000).
5. Adquirió el vehículo dominio MMA-366 (marca Fiat modelo Strada Working 1.4) el día 17 de abril de 2013, por la suma de pesos setenta y un mil ochocientos cincuenta ($71.850).
6. Adquirió el vehículo dominio MRK-507 (marca Peugeot modelo RCZ Tiptronic) el día 11 de junio de 2013, por la suma de pesos doscientos ochenta mil ($280.000).
7. Adquirió el vehículo dominio OJW-608 (marca Toyota modelo Etios) el día 08 de enero de 2015, por la suma de pesos ciento sesenta y uno mil trescientos ($161.300).
8. Transfirió el dominio del referido rodado MMA- 366 a Omar Lavergne, el día 19 de julio de 2016, por la suma de pesos cuarenta mil ($40.000), cuya valuación fiscal a esa fecha era de pesos ciento treinta mil ($130.000).
9. Transfirió el dominio del referido rodado dominio OJW- 608 a su hija, Camila Florencia Caballero el día 20 de julio de 2016, por la suma de pesos cien mil ($100.000), cuya valuación fiscal a esa fecha era de pesos ciento noventa y cinco mil ($195.000).
III. En la sentencia se concluyó que corresponde tener por acreditada la materialidad de los hechos atribuidos a Nélida Caballero. Para ello, se realizó un análisis de la situación económica de la encausada en los años previos al período que engloba el objeto procesal (es decir, desde el 1º de enero de 2011 al 31 de julio de 2016) y cómo fue su evolución patrimonial. En este examen el a quo enfatizó los momentos en que Caballero puso en funcionamiento una agencia de venta de pasajes de micros de larga y corta distancia (cuyo nombre de fantasía fue “Agencia España”) y cuando la nombrada comenzó la explotación comercial del “Lavadero Plaza”, destinada a brindar servicios a los ómnibus del Grupo Plaza que arribaban a Clorinda (el 12 de mayo de 2009 y 5 de agosto de 2009, respectivamente). Al respecto, expuso que el relevamiento efectuado permite brindar el contexto de estado económico de Caballero: "ilustra el inicio de su relación laboral con el denominado `Grupo Plaza` y cómo percibía dinero de ese grupo por los servicios que, prestaba el lavadero en forma aparente y parcial". Asimismo, remarcó que la importancia de dicho marco radica en la posibilidad de identificar que, a partir de la apertura del "Lavadero Plaza", Caballero aumentó de manera exponencial e injustificada su patrimonio.
El sentenciante manifestó que la imputada (empleada doméstica de Julio Miguel De Vido y Alessandra Minnicelli en la ciudad de Buenos Aires) “implementó en la ciudad de Clorinda -a 1200 kilómetros de distancia y a 120 de su ciudad natal- la denominada Agencia España, para la venta de pasajes de las empresas que integraban el Grupo Plaza -Transporte Automotor Plaza S.A.C.E.I., Sita S.A., Plus Ultra S.A., El Rápido Argentino Cía. de M.O.S.A. y Empresa Dumas S.R.L.-. El verdadero funcionamiento de esa agencia no fue comprobado en juicio, no se aportó documentación administrativa ni contable que permita acreditar ni cuantificar su giro comercial, mientras que la poca documentación que sí fue ofrecida presentó las deficiencias que fueron oportunamente evaluadas. Por el contrario, la puesta en funcionamiento de esa agencia permitió la apertura del segundo negocio en la misma ciudad, el Lavadero Plaza, con el objeto de prestar servicios de lavado de micros para el Grupo Plaza”. Se memoró que la defensa había afirmado en el debate que fue el propio Grupo Plaza el que solicitó la instalación del lavadero, en función de una multa recibida de la Municipalidad de Clorinda, por el uso de la vía pública para tal servicio. Sin embargo, los magistrados expresaron que esa aseveración se ve controvertida por el contrato de locación del inmueble para la realización de los lavados (celebrado el día anterior a la fecha en la que fue emitida la multa) y por el hecho que la verdadera razón de la sanción fue el uso de la vía pública para el ascenso y descenso de pasajeros. Los jueces indicaron que, a partir de la apertura del lavadero, Caballero comenzó a recibir fondos de Transporte Automotor Plaza SACEI, que le eran pagados mediante cheques de cobro diferido, proporcionados por Eme&De SA -que había firmado un contrato de fideicomiso para el pago a proveedores con Transporte Automotor Plaza SACEI-. Se concluyó que la real prestación de este servicio tampoco fue probada en juicio (al igual que la agencia de venta de pasajes).
Los magistrados aclararon que, si bien las circunstancias relatadas previamente sucedieron con anterioridad al período de imputación -limitado en el intervalo entre los años 2011 y 2016-, el flujo de dinero continuó al inicio del año 2011, sumando nuevas formas de ingresos que tampoco pudieron ser corroboradas.
Conforme se indica en el decisorio, durante los años siguientes, Caballero abrió -al menos- tres carnicerías -la segunda a tan solo un mes de la primera-, pero presentó la facturación -deficiente e incompletaúnicamente por una de ellas. Paralelamente la encartada también inició la explotación de la Agencia de Quiniela nro. 63, respecto de la cual el a quo resaltó que “si bien fue tomada como una fuente de ingresos válida por el perito contador, lo cierto es que también resulta un escenario favorable para el ingreso injustificado de dinero mediante la compra no registrada de boletos y el cobro de comisiones y -eventualmente- premios”.
Se argumentó en la sentencia que la prueba referida a los años previos al período de imputación (2011- 2016) indican que Caballero no tenía un nivel de vida elevado ni capacidad de ahorro alguno que le permitiera la puesta en funcionamiento de las explotaciones comerciales y menos la adquisición de todos los bienes que incorporó a su patrimonio. No obstante, a partir de que comenzó la supuesta explotación de la agencia de venta de pasajes "Agencia España" y del "Lavadero Plaza", y en poco más de cinco años -en los que inició el flujo de dinero en efectivo a través de las carnicerías y la quiniela-, la imputada adquirió ocho vehículos -en orden cronológico: Ford Focus, Peugeot 207, 50% del Renault Sandero, Tibo Hunter, Toyota Hilux, Peugeot RCZ, Fiat Strada y Toyota Etios- y un inmueble rural (en el que hizo varias construcciones y mejoras).
Los jueces del a quo señalaron que las conductas llevadas a cabo por Nélida Caballero antes, durante y después de la imputación resultan indiciarias de su quehacer delictivo. Estos indicios se encuentran vinculados con la compraventa de automóviles, con la explotación a distancia de los comercios y, por último, con los pasos transfronterizos de la imputada y sus allegados.
Refirieron, con relación a la compra de los automóviles: que Nélida Caballero adquirió dos vehículos antes de tener su primera licencia de conducir; que el primero fue vendido por casi la mitad del precio por el que fue adquirido y a tan solo seis meses de su compra; que el cuatriciclo lo compró para “dar una alegría” a sus hijos, aunque la mayor contaba con tan solo 13 años de edad; que todas las compras fueron realizadas en efectivo y sin un concreto aval documental; y que, con posterioridad a la denuncia, transfirió el Toyota Etios y el Fiat Strada a su hija y pareja, respectivamente, mientras que la Toyota Hilux y el Peugeot RCZ fueron llevados a la provincia de Formosa -al tiempo que la imputada continuó viviendo en esta ciudad-.
En lo atinente a la explotación de los comercios, en la sentencia se resaltó, que (a pesar de encontrarse los mismos en las ciudades de Formosa y Clorinda) la imputada aseguró que podía manejarlos a distancia, mientras cumplía tareas como empleada doméstica sin retiro, pues tenía un teléfono empresarial aportado por el Grupo Plaza y viajaba -mensual o bimestralmente- a la provincia de Formosa. Los magistrados concluyeron que esta situación -administración de negocios a distancia- entra en colisión con los horarios en los que Caballero debía cumplir como empleada doméstica. Adicionalmente, indicaron que “el hecho que haya continuado trabajando como empleada doméstica no se explicaba frente a la constitución de seis actividades comerciales, si se tiene en consideración el deseo de ser empresaria que insistentemente mencionó en su descargo, la distancia entre su lugar de trabajo y el de sus negocios y la existencia de lazos familiares -concretamente, dos hijos- en la mencionada provincia”.
Enfatizaron que no existen registros precisos en torno a los empleados que tuvo en cada uno de los comercios, circunstancia que se ponderó como relevante al momento de analizar la presunta real explotación, pues "la inexistencia de documentación que avale la presencia de empleados en los comercios permite concluir que el giro comercial no tenía la magnitud aludida por la defensa". El tribunal previo se refirió de la misma forma a los movimientos migratorios de Nélida Caballero tildándolos de “llamativos”, en la medida en que comprobó que realizó al menos tres cruces hacia o desde la República del Paraguay, a través del paso fronterizo San Ignacio de Loyola -ubicado en la ciudad de Clorinda-, en el período donde se constataron los mayores flujos de dinero -años 2013 y 2015-.
De seguido, los sentenciantes detallaron los mencionados viajes concatenando la información migratoria con movimientos patrimoniales: “El primer cruce lo realizó el 9 de febrero de 2013 - con hora de salida a las 10:30:13 y de entrada a las 18:16:25-, a bordo de la Toyota Hilux y acompañada por sus apoderados, Federico Berdaxagar y Juan Pablo Olivares. Cabe resaltar que, conforme surge de los extractos bancarios, en el transcurso del mes anterior -enero de 2013- la imputada había efectuado extracciones de dinero en efectivo de su cuenta del Banco Galicia, por la suma de $ 98.000 -unos U$S 19.615,69 al viernes 08/02/2013-. El segundo, tuvo lugar el miércoles 17 de abril de 2013 -a menos de dos meses del primero- con hora de ingreso a la Argentina a las 20:08:03, en el automóvil Renault Sandero -automóvil que la imputada había vendido tres años antes al padre de Federico Berdaxagar-, nuevamente acompañada de Berdaxagar y Olivares.
Ese mismo día, la imputada había adquirido el Fiat Strada por la suma de $71.850 en efectivo, en la localidad de Lanús; y egresó del país desde el Aeroparque Jorge Newbery, a las 13:53:01, con destino a Uruguay. Sobre este viaje, Berdaxagar -a preguntas de la Fiscalíamanifestó: `…No, haber viajado fuera del país, no. En una oportunidad la fui a buscar al aeropuerto Petirosi, en la ciudad de Asunción` y, sobre si conocía el puente San Ignacio de Loyola y si lo cruzó con Caballero, respondió: `Claro, porque hay que pasar por ahí. Le explico, para que quede bien claro. La señora Caballero viajó de Buenos Aires y tengo entendido que perdió el vuelo, y se fue hasta Asunción. Y de Asunción para ir hasta Formosa hay que cruzar inexorablemente por ese lugar.
Por lo menos legalmente hay que pasar por ahí`. Sobre esa situación manifestó no recordar en qué vehículo fue a buscarla y sobre la pregunta concreta de si tenía autorización para manejar vehículos de la Sra. Caballero, contestó: `Que yo sepa no`. Finalmente, y a preguntas del Dr. Castelli sobre si sabía en qué medio de transporte Nélida Caballero viajaba a la provincia de Formosa en el período 2011-2013, declaró que: `Me consta de una sola vez que, como lo dije previamente, que perdió un avión, perdió un vuelo y se fue hasta Asunción y yo fui a buscarla, junto con Juan Pablo Olivares, al aeropuerto Petirosi, para volver a la ciudad de Formosa. Son 160 km.` […] Por otra parte, el abogado Berdaxagar respondió que no tenía actividad comercial en la República del Paraguay y que tampoco había realizado gestiones para Nélida Caballero en ese país.
Por último, Nélida Caballero el domingo 27 de diciembre de 2015 realizó el tercer cruce por el puente San Ignacio Loyola a las 06:10:58 horas por vía terrestre a bordo de un automóvil dominio JJU-070 y regresó a nuestro país, ese mismo día a las 13:05:49 horas, mediante el vuelo AR-1261 de Aerolíneas Argentinas”.
Finalmente, en el pronunciamiento se repasaron algunos de los indicios desarrollados: la apertura de dos comercios -una agencia de pasajes y un lavadero- en Clorinda, localidad ubicada a cinco kilómetros del pase fronterizo con la República del Paraguay; los viajes vía terrestre realizados por Caballero y de sus apoderados (Berdaxagar y Olivares) a la República del Paraguay -con la característica de que el ingreso y egreso ocurría el mismo día-; y la incompatibilidad de la realización de uno de esos viajes -el de fecha 17/4/2013- (pues era un día de semana donde en teoría Caballero debía desempeñar sus labores como empleada doméstica en la casa de Julio Miguel De Vido y Alessandra Minnicelli en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). A ello añadieron “la realización de todos los viajes -ya sean de la imputada o de sus apoderados- en los años de mayor flujo de dinero y el cese de aquellos al momento de la denuncia -20 de julio de 2016-”. Todo ello, según la condena bajo estudio, “ensombrece aún más todas las inconsistencias reseñadas precedentemente en torno a la incomprobable explotación de los comercios y la ausencia de justificación de los bienes adquiridos”. Como corolario se señaló que el fondeo del dinero provenía del Grupo Plaza -bajo la supuesta explotación del "Lavadero Plaza"-, y que Nélida Caballero pudo introducir esos fondos al mercado formal mediante la adquisición de automóviles, un inmueble rural y la explotación de diversos comercios con irregular y ficticio desenvolvimiento comercial, para darle un origen lícito del que carecía. A su vez, se aclaró que "la magnitud de la operación fue ciertamente mayor al evaluado por el perito contador Pappacena, pues el flujo de dinero en efectivo es incuantificable y debería haber incluido -al menos- los años 2009 y 2010; no obstante ello, teniendo en cuenta la delimitación fiscal de la acusación, se tomará el monto al que arribó el contador en la experticia que, como quedó demostrado, fue corroborado - holgadamente- a través de la documentación agregada al proceso y reproducida en el debate".
Así las cosas, el tribunal oral encuadró la conducta de la imputada Nélida Caballero en el delito de lavado de activos de origen ilícito, tipificado en el inciso 1° del artículo 303 del Código Penal, conforme al texto de la Ley 27.739 -que reformó la ley 26.683-. Se sustentó la mencionada adecuación típica en que se incorporó al debate prueba que permite acreditar que Nélida Caballero introdujo distintos bienes - dinero, vehículos (5) y un inmueble rural ubicado en la provincia de Formosaen el mercado mediante la realización de numerosas operaciones, con el fin de que, tanto esos bienes como sus subrogantes, adquirieran la apariencia de un origen lícito. Se añadió que fueron implementados diversos mecanismos tendientes a que los activos originados en actividades ilícitas adquirieran apariencia lícita, para así circular en el sistema económico-financiero.
De ese modo, el a quo puso de manifiesto que, con el fin de ocultar el vínculo de los bienes con el delito en el que se originaron y con sus responsables, y para brindarles apariencia de licitud, Nélida Caballero aplicó fondos de origen delictivo a operaciones de compraventa de bienes muebles e inmuebles. Las maniobras desplegadas por la acusada tuvieron como único fin, introducir distintos bienes al mercado económico como si hubieran sido obtenidos legalmente a través del ejercicio de diversos emprendimientos comerciales, cuando en realidad no fue así. En definitiva, se indicó que Nélida Caballero realizó diversas operaciones que le permitieron, por un lado, a través de los depósitos de dinero en efectivo en las cuentas bancarias identificadas, poner en circulación bienes provenientes de ilícitos precedentes. De la misma manera, mediante la adquisición, conversión, transferencia, administración, venta y disimulación de los bienes, que también se le atribuyen a la imputada, se han puesto en circulación bienes (muebles y un inmueble) de fuente espuria.
En el recurso de casación la defensa alegó que el tribunal realizó una errónea valoración probatoria en la cual únicamente se basó en indicios. Manifestó, en lo medular, que mediante una correcta ponderación del caso se corrobora la hipótesis de la defensa: que Caballero adquirió paulatinamente su patrimonio en base a la explotación de sus diferentes comercios y su actividad como trabajadora sexual, que ejercía en forma paralela. No obstante, dichos agravios carecen de entidad para conmover la sólida fundamentación del tribunal oral, como se explicará a continuación.
Las distintas pruebas -tanto directas como indiciarias- reunidas durante el juicio oral, que fueran valoradas por el a quo, de acuerdo con las reglas de la lógica y la sana crítica racional, han demostrado que la encausada realizó una serie de operaciones comerciales, por las que pretendió que el origen ilícito de fondos y bienes subrogantes adquiera una apariencia lícita.
Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “La eficacia de la prueba de indicios depende de la valoración conjunta que se haga de ellos teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues, por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad” (cfr. Fallos: 311:621; 311:948 y 314:346 -entre otros-).
La CSJN ha resaltado que la prueba no puede ser evaluada de forma aislada o fragmentada, sino que la tarea de verificación de hechos conducentes para la decisión del litigio demanda una “visión de conjunto” que importa necesariamente la correlación de todos los elementos del juicio, sea prueba directa como indiciaria (cfr. Fallos: 305:1945; 306:1095; 306:1785; 311:948; 319:1878 y 341:336 - entre muchos otros-).
El más Alto Tribunal consideró arbitrarias las sentencias en las cuales la interpretación de la prueba se limitó a un análisis parcial y aislado de los elementos de juicio obrantes en la causa, sin integrarlos y armonizarlos debidamente en su conjunto, cuando ello conduce a la omisión valorativa de indicios que pudieron ser decisivos para el caso (cfr. Fallos: 308:640; 311:2402 y 319:1878, entre otros).
En el caso de autos, de adverso a lo sostenido por la defensa, la evaluación conjunta y sistemática por parte del a quo de todos los indicios y pruebas directas permitió verificar la hipótesis imputativa con el grado de certeza positiva exigido para fundar una condena. Los elementos indirectos ponderados por el tribunal previo se presentaron como indicios concordantes, ciertos y coincidentes que, apreciados en su conjunto, otorgaron una consecuencia unívoca en cuanto a la intervención y responsabilidad penal de Nélida Caballero en el hecho bajo juzgamiento (cfr. en lo pertinente y aplicable, CFCP, Sala IV, causas FSM 78000839/2012/TO1/CFC1, “Paz Zapata, Javier Alberto s/ recurso de casación”, Reg. n° 1147/19.4, rta. por unanimidad el 5/06/2019; CFP 15486/2017/TO3/CFC1, “Blanco, César Ariel s/ recurso de casación”, Reg. n° 178/22, rta. el 8/3/2022, causa CFP 17882/2016/TO1/16/CFC19, “Chikalo, Alexander y otro s/ recurso de casación”, Reg. n° 1764/22, rta. 22/12/2022, y causa CFP 5048/2016/TO1/CFC13 “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ recurso de casación", rta. 13/11/24, Reg. nº 1373/24 -que adquirió firmeza con fecha 10/06/25 a raíz de la resolución de la C.S.J.N. que dispuso desestimar el recurso de queja presentado-; entre otras).
Desde esa óptica, se verifica que el valor que el tribunal oral ha otorgado a cada una de las pruebas en su individualidad se ve potenciado por su apreciación en perspectiva con las restantes. Y que las dudas que plantea la defensa en derredor de la valoración de algunas de las pruebas, aisladamente consideradas, no pueden prosperar pues desconocen el valor convictivo que ellas ostentan en razón de su conjunción e implicación con las demás. Una muestra del análisis integral y global que el a quo ha efectuado de los distintos indicios se aprecia en el extracto que a continuación se transcribe: "1) La apertura del lavadero, que vinculaba directamente a Caballero con el “Grupo Plaza” (y, por ende, con el “Grupo Cirigliano”), fue falsamente justificada por la imputada. […] se ha demostrado que el lavadero, durante los años 2009 y 2010, no generó las ganancias suficientes para que Caballero pudiera efectuar todas las operaciones realizadas a partir de 2011, tales como la adquisición de cinco vehículos, un inmueble rural y la apertura de cuatro comercios […] 2) La puesta funcionamiento de cuatro comercios (Agencia España y las tres carnicerías) respecto de los cuales se cuenta con escasa o nula prueba documental que acredite un giro económico normal de los mismos, impidiendo conocer cuánto dinero percibía por su explotación […] 3) La explotación a distancia de los comercios - para el año 2013 eran cinco— y lo inverosímil de que puedan ser supervisados telefónicamente pues según sus dichos, los días de semana trabajaba como empleada doméstica y viajaba una vez al mes a Formosa.
4. Las actividades comerciales explotadas eran realizadas, casi en su totalidad, mediante el manejo de dinero en efectivo, puesto que no existen constancias de transferencias y/o depósitos que permitan documentarlas o den cuenta del devenir económico de cada uno de ellos […] 5) El comportamiento adoptado por la imputada inmediatamente después de la emisión del programa `Periodismo para todos` —transmitido el 17 de julio de 2016— y de la denuncia presentada por el exdiputado Hernández, efectuada el 20 de ese mismo mes y año, es el siguiente:
* En fecha 19 de julio de 2016 y 20 de julio de 2016, Caballero efectuó la transferencia de los vehículos de marca Fiat, modelo Strada, dominio MMA-336, y marca Toyota, modelo Etios, dominio OJW-608, a su pareja, Omar Lavergne, y a su hija, Camila Florencia Caballero, por la suma de $40.000 y $100.000, respectivamente, cuando la valuación fiscal de ambos vehículos establecía que su valor real era de $130.000 y $195.000;
*Procedió a regularizar las declaraciones juradas de los años 2013, 2014 y 2015 ante la AFIP, que casualmente coincide con el período de mayor flujo de fondos en efectivo;
* Procedió al cierre de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito […] 6) A lo largo del proceso, Caballero presentó tres versiones diferentes sobre el origen del dinero utilizado para adquirir los bienes en cuestión […] 7) La apertura de comercios en Clorinda, provincia de Formosa, cerca de la frontera, junto con los viajes constantes de sus apoderados hacia la República del Paraguay, permite presumir fundadamente, dada la cercanía geográfica y la naturaleza de los mismos, que las actividades comerciales no estaban vinculadas a una actividad legítima y que eran usadas como fachada para operaciones ilícitas.
Además, estos viajes ocurrieron durante los años de mayor flujo de dinero y cesaron cuando se presentó la denuncia en 2016. Esto ciertamente puede interpretarse como un intento de ocultar actividades ilícitas antes de la intervención de las autoridades…".
Mediante el estudio conjunto de todos estos elementos, los sentenciantes corroboraron que Nélida Caballero estuvo involucrada en el esquema delictivo y que la nombrada tenía pleno conocimiento del peligro desaprobado que generaban las operaciones efectuadas, las cuales le permitieron introducir al circuito económico formal bienes por un valor total de $2.005.630,99, provenientes de ilícitos penales, con el exclusivo fin de conferirles una apariencia de legalidad. Frente a lo expuesto, los agravios de la asistencia técnica de Caballero, por los que cuestiona la sentencia en base a una presunta errónea valoración probatoria no pueden prosperar. En el remedio procesal, la defensa alegó que el cálculo del valor total de los bienes es erróneo pues no se descontó la suma de $248.298,66 que, a criterio de aquella parte "fue legítimamente depositada en una cuenta bancaria a nombre de la acusada y cuya procedencia corresponde a la empresa Eme & De S.A". Sin embargo, al momento de alegar dicha circunstancia, el recurrente no demuestra dos cuestiones que inciden en la trascendencia del argumento. En primer lugar, no funda de qué manera lo alegado repercute en la configuración delictiva, pues aun detrayéndose la suma de $248.298,66 del total ($2.005.630,99), el monto de las operaciones cuestionadas igualmente superaría los 150 salarios mínimos vitales y móviles (determinados por el tribunal a quo en $6.810 -al momento del cierre de los hechos, 31 de julio de 2016-). Es decir, el monto igualmente supera los $1.021.500. Por lo tanto, incluso en la situación alegada, la conducta de Caballero cumpliría con los requisitos para la configuración del delito en trato.
En segundo lugar, lo expresado por el recurrente en cuanto a que dicha operación fue bancarizada, no permite rebatir la conclusión del tribunal relativa a que -más allá de lo registrado formalmente-, no se encuentra acreditado que el servicio a Eme & De SA efectivamente se haya prestado. Por lo expuesto, el agravio no puede prosperar.
IV. Analizadas las objeciones del impugnante acerca de la acreditación de la plataforma fáctica intimada a Caballero, corresponde realizar las siguientes consideraciones introductorias en orden al delito de lavado de activos de origen delictivo.
Para comprender debidamente el contexto de la figura legal en trato, debe memorarse que, el lavado de activos fue introducido mediante ley 25.246 (B.O. 10/05/2000) con el objeto de adecuar la legislación de nuestro país a los estándares internacionales sobre la materia, en particular, aquellos establecidos en instrumentos internacionales suscriptos por la República Argentina como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (aprobada por ley 24.072, B.O. 14/04/1992) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (aprobada por ley 25.632, B.O. 30/08/2002), a las que se suman las pautas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del cual el Estado Nacional forma parte.
Bajo dicho texto legal, el delito de lavado de activos de origen delictivo constituyó una modalidad particular del delito de encubrimiento dentro del Capítulo XIII del Título XI del Libro Segundo del Código Penal, cuya denominación mutó de “Encubrimiento” a “Encubrimiento de lavado de activos”.
Concretamente, el art. 278, inc. 1°, “a” según ley 25.246 prescribía que: “Será reprimido con prisión de dos a diez años y multa de dos a diez veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere o aplicare de cualquier modo dinero y otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado, con la consecuencia posible de que los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito y siempre que su valor supere la suma de cincuenta mil pesos, sea en un solo acto por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí”. Posteriormente, a fin de superar diversas objeciones y satisfacer diferentes demandas de adecuación, varias modificaciones tuvieron lugar a través de las leyes 25.815 y 26.087. Finalmente, la ley 26.683 (B.O.
21/06/2011) supuso una nueva reforma que -entre otras cuestiones- redefinió el bien jurídico tutelado por la norma, ya que el lavado de activos pasó a ser un delito contra el orden económico y financiero; modificó nuevamente la rúbrica del Capítulo XIII del Código Penal de “Encubrimiento de lavado de activos” a “Encubrimiento”; incorporó el Título XIII al Libro Segundo, denominado “Delitos contra el orden económico y financiero”; derogó el anterior art. 278 del código de fondo y reubicó el delito de lavado de activos en el art. 303 y siguientes de ese mismo cuerpo legal.
Por último, la ley 27.739 (B.O. 15/3/2024), entre otras cuestiones, modificó del artículo 303 del Código Penal, actualizando el monto previsto para la configuración del delito de $300.000 a 150 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM).
Así, el art. 303, inc. 1) del Código Penal establece: “Será reprimido con prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos (2) a diez (10) veces del monto de la operación, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, adquiriere, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado, bienes u otros activos provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito, y siempre que su valor supere la suma de ciento cincuenta (150) Salarios mínimos, vitales y móviles al momento de los hechos, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí".
El lavado de activos ha sido definido como “aquella operación o proceso mediante el cual el dinero o bienes de origen ilícito (procedente, por lo general, de delitos que revisten especial gravedad), es introducido por cualquier medio o procedimiento al circuito económicofinanciero legal como si se tratara de bienes obtenidos de forma lícita” (Jorge Eduardo Buompadre; "Manual de derecho penal: parte especial”, Astrea, Buenos Aires, 2013, pág. 785).
Ha sido sostenido que “…se trata de un delito pluriofensivo, en tanto menoscaba simultáneamente a la administración de justicia, al orden socioeconómico, a la transparencia del sistema financiero o la legitimidad de la actividad económica, e incluso a la salud pública, como en los casos de narcotráfico (cfr. Patricia Llerena, “Lavado de Dinero”, Revista del Ministerio Público Fiscal, Nº 0, pág. 39 y ss.)” (cfr. C.F.C.P., Sala IV, “Villalba Miguel Ángel y otros s/recurso de casación”, causa FSM 24005417/2011/TO1/CFC6, rta. el 10/10/19, reg. nro. 2039/19; “Valles Paradiso, Silvia Susana y otros”, causa FRE 2021/2014/TO1/CFC33, rta. el 05/12/19, reg. nro. 2476/19; “Vera Cucchiaro, Javier s/recurso de casación”, causa FSA 7791/2013/CFC1, rta. el 07/10/20, reg. nro. 1973/20; “Bestani, Fabián Humberto y otros s/recurso de casación”, causa FTU 7190/2016/2/CFC1, rta. el 05/02/21, reg. nro. 33/21 y causa CFP 3017/2013/TO2/86/CFC57 “Báez, Lázaro Antonio y otros s/recurso de casación”, rta. 28/2/23, Reg. 125/23 -que adquirió firmeza con fecha 29/05/25 a raíz de la resolución de la CSJN que dispuso desestimar el recurso de queja presentado-).
Las acciones típicas que el art. 303 inc. 1) del C.P. prevé, consisten en: convertir, transferir, administrar, vender, gravar, disimular. A su vez, la redacción del texto legal culmina con una fórmula final referida a poner en circulación en el mercado de cualquier otro modo.
El sujeto pasivo puede ser cualquier persona con independencia de que haya intervenido, o no, en el hecho ilícito precedente. La ley 26.683 eliminó el requisito que establecía el art. 278 inc. 1, “a” del C.P. relativo a que autor de lavado podía ser aquella persona que realizara alguna de las conductas sobre bienes provenientes de un delito en el no “hubiere participado”. Con dicha reforma, el “autolavado” pasó a resultar típico bajo la ley 26.683. En cualquiera de sus formulaciones legales el lavado de activos constituye un delito de peligro concreto toda vez que la acción típica debe crear el peligro de que los bienes provenientes de un ilícito penal adquieran la apariencia de un origen lícito, sin que resulte necesario para el perfeccionamiento de la figura que dichos bienes hayan adquirido efectivamente esa apariencia de licitud. A su vez, la acción típica debe resultar idónea para dar a los bienes provenientes de un ilícito penal una apariencia de origen lícito, es decir, para crear el peligro concreto que el tipo penal requiere.
V. Con relación al origen del dinero, el colegiado previó expresó: “en el presente caso se han presentado como antecedentes del ilícito precedente de lavado de activos cometido por Nélida Caballero dos causas (N° 1188/2013 y 1710/2012), en las cuales recayó sentencia definitiva y que, además, adquirieron firmeza”.
Sustentó dicha conclusión en la conexión entre los fondos que derivaron en el aumento patrimonial de Nélida Caballero y sus vínculos con Sergio Claudio Cirigliano y Julio Miguel De Vido. Se puso de manifiesto que: "a través del peritaje dispuesto en la causa y del análisis de toda la documentación que obra en el expediente, se ha podido corroborar que gran parte de los fondos cuyo origen pudo ser acreditado […] provienen de la firma `EME & DE S.A.`, que se encargaba de realizar pagos en relación con facturas emitidas a `Transportes Automotores Plaza S.A.`, empresa vinculada a los empresarios Cirigliano […] Los ingresos provenientes de EME&DE se atribuyen a servicios de lavados prestados a colectivos de empresas del Grupo Plaza en la ciudad de Clorinda".
Esta circunstancia, permite demostrar que el origen de los bienes puestos en circulación por Nélida Caballero guarda relación con la sociedad Transportes Automotores Plaza SA, vinculada a Sergio Claudio Cirigliano. El a quo enfatizó que los hermanos Cirigliano (Sergio Claudio Cirigliano y Mario Cirigliano) dirigían el Grupo Plaza de Inversión SA (principal accionista del holding COMETRANS SA -Comercio Metropolitano de Transporte-), una corporación de transportes públicos, al momento en que la Secretaría de Transporte de la Nación dependía jerárquicamente de Julio Miguel De Vido. Los hermanos Cirigliano "tenían a su cargo la concesión de las líneas ferroviarias Mitre y Sarmiento (entre los años 1993 y 2012), las cuales eran operadas por Trenes de Buenos Aires -TBA S.A.-, pero el Estado argentino les revocó la concesión tras el accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012, comúnmente denominado `La tragedia de Once`” (cfr. sentencia recurrida).
Dicho suceso derivó en el expediente CFP 1188/2013, en cuyo marco el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, el 29 de diciembre de 2015, condenó a Sergio Claudio Cirigliano a la pena de nueve años de prisión por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado.
Resulta relevante señalar que la plataforma fáctica del delito administración fraudulenta agravada por la que Cirigliano fue condenado se detalló de la siguiente manera: "…los acusados a cargo de conformar la voluntad social de la firma Trenes de Buenos Aires SA tomaron la decisión de omitir realizar las tareas de mantenimiento a su cargo y sistemáticamente omitieron ejecutar los planes que en tal sentido se encontraban obligados a cumplir; todo ello con la finalidad de obtener una drástica rebaja de los recursos económicos que se destinaban a las reparaciones periódicas y mantenimiento diario del material rodante” […] “[a] partir de ese ahorro se procuró a su empresa controlante –Cometrans SA- un beneficio económico al mantener vigente un titánico contrato ficticio de asesoramiento integral y, además, pudieron solicitar anticipadamente la reconstrucción integral del material rodante ya que, en ese caso, los fondos serían aportados por el Estado Nacional. Para estas tareas se contrataba a la empresa Emprendimientos Ferroviarios SA, sociedad que también era controlada por Cometrans SA” […] los antes nombrados obtuvieron un grandioso lucro indebido a raíz de la ejecución de su plan criminal, ocasionando además un evidente perjuicio económico al erario público, como consecuencia del grave deterioro de la flota eléctrica asignada a esa línea –de propiedad estatal- y la falta de durabilidad de las inversiones que el Estado realizó para proceder a las reconstrucciones del material rodante…”. También se tuvo por acreditado la existencia de “una ingeniería contable y societaria orientada a destinar todo tipo de contratación a empresas integrantes del mismo grupo económico […] a través de contratos de prestación de servicios, que en muchos casos eran ficticios, superfluos y ajenos al giro comercial de la empresa, se aseguraban que esas firmas pertenecientes al grupo económico obtengan marcadas ganancias a costa de las finanzas de Trenes de Buenos Aires SA, quien año tras año se presentaba como una empresa deficitaria pese a la magnífica inyección monetaria que realizaba el Estado Argentino” (cfr. CFCP Sala III, causa CFP 1188/2013/TO1/CFC5, caratulada “Córdoba, Marcos Antonio y otros s/ recurso de casación” reg. nro. 442/18 , rta. 8/5/18).
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los agravios de la defensa de Cirigliano referidos a la atribución de responsabilidad penal del nombrado y, por otro lado, redujo el monto de la pena a siete años de prisión (cfr. CFCP, Sala III, causa "Córdoba", ya citada).
Denegado el recurso extraordinario en contra del pronunciamiento mencionado precedentemente, la defensa de Sergio Claudio Cirigliano interpuso la queja que fue desestimada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. CSJN, causa CFP 1188/2013/TO1/57/RH17, "Córdoba, Marcos Antonio y otros s/ descarrilamiento, naufragio y otros accid. culposo", rta. 24/9/2020).
Por otra parte, en el decisorio aquí recurrido se referenció que ”el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, en el marco de la causa N° 1710/2012 —que intervino a raíz de la extracción de testimonios ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 en el marco de la causa N° 1188/2013—, resolvió, por sentencia de fecha 10 de diciembre de 2018, condenar a Julio Miguel De Vido a la pena de cinco años y ocho meses de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo partícipe necesario del delito previsto en el artículo 174, inciso 5° y último párrafo, en función del artículo 173, inciso 7° del Código Penal". La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal -el 22 de diciembre de 2020- rechazó el recurso de casación de Julio Miguel De Vido contra la condena mencionada en el párrafo anterior (cfr. CFCP, Sala III, causa nº CFP 1710/2012/TO2/17/CFC4 del, caratulada “De Vido, Julio Miguel y otro s/ recurso de casación”, reg. nro. 2632/20, rta. 22/12/20). Contra dicha decisión la asistencia letrada del imputado interpuso recurso extraordinario federal, el cual fue denegado (cfr. CFCP, Sala III, causa CFP 1710/2012/TO2/17/2, De Vido, Julio Miguel s/recurso extraordinario, reg. 343/21, rta. 23/3/21).
Presentada la queja, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible el agravio por el que la defensa alegó la falta de responsabilidad penal de De Vido. En otro orden de ideas, hizo parcialmente lugar al remedio procesal en lo atinente a los cuestionamientos a la mensuración punitiva, determinando que se debía dictar un nuevo pronunciamiento con relación al monto de la pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 (cfr. CSJN, CFP 1710/2012/TO2/17/2/1/RH19, "De Vido, Julio Miguel y otro s/ incidente de recurso extraordinario", rta. el 1/8/24).
Es ineludible el principio en la teoría de los recursos, que ordena que sean resueltos de conformidad con las circunstancias existentes al momento de su tratamiento, aunque sean ulteriores a su interposición (confrontar su aplicación en los Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 285:353; 310:819; 315:584, entre muchos otros). Al respecto, debe ser señalado que, el 30 de abril de 2025 (y a instancias de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación) la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dictó un nuevo pronunciamiento y allí dispuso "CONDENAR a Julio Miguel De Vido como partícipe necesario de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, a la pena de cuatro (4) años de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas" (cfr. CFCP Sala III, causa n° CFP 1710/2012/TO2/17/2/1/CFC5, caratulada "De Vido, Julio Miguel y otro s/recurso de casación", reg. nro. 286/25, rta. 30/4/25).
Adicionalmente a los mencionados delitos precedentes al lavado de dinero bajo examen, el a quo memoró que a Sergio Claudio Cirigliano se le concedió la suspensión del juicio a prueba por el término de un año en los autos N° 2160/2009, en los cuales se lo había acusado de “haber ofrecido dádivas consistentes en el pago por sí o por empresas vinculadas del costo de algunos de los vuelos realizados por Ricardo Raúl Jaime -secretario de Transporte- su familia y/o allegados, al tiempo de tratarse de compañías controladas por la Secretaría de Transporte de la Nación o tener algún interés con la misma…”.
En el recurso de casación bajo examen, la defensa invocó que en la condena impugnada no se identificó de manera concreta y precisa "el delito del cual provendrían los fondos" y que el a quo se limitó "a suposiciones genéricas sobre la posible ilicitud de los bienes, sin respaldar dicha afirmación con pruebas concretas que permitan establecer la existencia de un delito antecedente".
El mencionado agravio no puede prosperar. En efecto, de la lectura de la sentencia se advierte que el tribunal verificó (en base al plexo probatorio valorado) el nexo entre el crecimiento patrimonial de Nélida Caballero y la relación de aquélla con Julio Miguel De Vido y Sergio Cirigliano, quienes como se relevó fueron condenados en orden a delitos de contenido patrimonial, en perjuicio de la administración pública. Cabe añadir a los argumentos ya detallados que el pronunciamiento recurrido además fundó dicha vinculación en que:"…a partir del suceso ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012, el `Grupo Plaza` o `Grupo Cirigliano` sufre un fuerte coletazo: en mayo de ese año, TBA S.A. es intervenida por el Estado Nacional y luego se le revoca la concesión. Es allí donde aparece el primer indicio de conexión, dado que, durante ese año, Nélida Caballero incrementa notablemente su patrimonio[…] durante el período señalado [2011-2016], sucedieron, […] tres sucesos relevantes que deben ser tenidos en cuenta: el 20 de octubre de 2014, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 9 decretó la quiebra de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), a la par el Poder Ejecutivo pasó a manos de un partido opositor y el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 dictó sentencia en el marco de la causa N° 1188/2013. Recordemos, como dato sustancial, que la sentencia dictada por ese Tribunal determinó que COMETRANS S.A. tuvo casi la totalidad de sus ingresos causados por la facturación a su controlada, Trenes de Buenos Aires S.A. (TBA)…".
El impugnante no se encargó de refutar todos estos argumentos en base a los cuales el tribunal motivó la concurrencia de los elementos típicos del delito de lavado de activos, lo que sella negativamente la suerte del agravio.
Las sentencias condenatorias recaídas con relación a Sergio Cirigliano y Julio Miguel de Vido (aludidas por el a quo) resultan idóneas para tener prima facie acreditado, como elemento normativo del tipo, el origen ilícito penal de los fondos que han sido lavados en autos. En este sentido, debe recordarse el criterio que “… el grado de certeza con el que debe probarse la existencia del delito subyacente ha suscitado controversias, pero la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias admiten que no es necesario que el delito antecedente resulte acreditado por una sentencia judicial firme tanto en su configuración típicamente antijurídica como en la autoría responsable del acusado. Basta que se haya demostrado en la causa donde se ventila el lavado de activos que el primer hecho era típico y antijurídico” (cfr., en lo pertinente y aplicable, CFCP, Sala IV, causas "Bestani" y "Báez" ya citadas-).
El supuesto bajo análisis supera el estándar aludido en el párrafo anterior, en tanto la condena de Sergio Claudio Cirigliano (recaída en el expediente CFP 1188/2013) adquirió firmeza al desestimar la Corte Suprema de Justicia la queja interpuesta en contra de la misma. Por otra parte, también declaró inadmisibles los agravios del recurso extraordinario de Julio Miguel De Vido vinculados con su responsabilidad penal en torno al delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública; razón por el cual también adquirió firmeza ese aspecto de su condena.
Por lo expuesto, no prosperarán los reparos de la defensa en torno a los sucesos delictivos señalados por el a quo como fuente de los fondos objeto de lavado de activos.
VI. En el recurso de casación la defensa también alegó que el tribunal a quo desestimó arbitrariamente la versión vinculada a que el ejercicio de la prostitución le permitió a Caballero acceder al crecimiento patrimonial verificado. Puntualmente el impugnante invocó que la ausencia de respaldo documental no resulta una circunstancia suficiente para descartar el argumento defensista, habida cuenta la informalidad inherente a dicha actividad.
Sin embargo, la respuesta a aquellos planteos brindada por el sentenciante se basa en distintos elementos de cuya apreciación conjunta se desprende la inconsistencia de la hipótesis de la defensa.
El tribunal previo destacó que la asistencia letrada expuso que la fuente del patrimonio de Caballero provenía de la prostitución recién durante la declaración de la imputada en el debate, y no así, en cambio, durante la instrucción. También señaló que la nombrada brindó explicaciones sobre la imputación en tres oportunidades diferentes, y que en ninguno de esos actos había mencionado el ejercicio de la prostitución. Por el contrario, hasta el debate, Caballero procuró justificar el origen de sus bienes con base a sus emprendimientos comerciales (la "Agencia España", el "Lavadero Plaza", la Agencia de Quiniela Nro. 63 y las tres carnicerías) y su sueldo como empleada doméstica, a lo que agregó también la obtención de préstamos bancarios.
Asimismo, el colegiado tuvo en cuenta que las sucesivas versiones de la imputada sobre su ejercicio de la prostitución son contradictorias entre sí. En ese sentido, indicó: “nos encontramos ante -sustancialmente- tres versiones diferentes de la imputada, pues durante la instrucción -y en tres ocasiones- justificó su crecimiento patrimonial en función del éxito comercial que tuvieron sus negocios, pero no mencionó, siquiera, que haya ejercido la prostitución en algún momento de su vida; poco tiempo antes de comenzar el debate, exteriorizó que se había prostituido, pero únicamente en El Calafate y en forma temporal, hasta que consiguió un empleo formal; y, en el juicio, declaró que ejerció tal actividad desde su adolescencia en Formosa, continuó con esa actividad durante su paso por el sur del país, y perduró hasta la actualidad, en la Ciudad de Buenos Aires, obteniendo obsequios o dinero que, sumado a la productividad de sus emprendimientos, permitieron la ampliación de su patrimonio”.
A pesar de las referencias a dicha situación que aludió la defensa en su recurso, en ninguna de ellas ha dado explicaciones sobre las variaciones en su hipótesis. Resulta fundada, en este contexto, la aseveración del tribunal de grado en cuanto a que la contradicción entre las distintas versiones proporcionadas por la imputada afecta la credibilidad de tales argumentos.
En la sentencia también se evaluó la coherencia de lo alegado por la defensa con el resto del plexo probatorio. En este punto, el colegiado previo enfatizó que la imputada dio cuenta de datos contextuales o genéricos sobre su presunta actividad, pero que también resaltó situaciones concretas sobre relaciones mantenidas con dos empresarios (quienes, por haber fallecido, no podían ser interrogados al respecto).
Nélida Caballero afirmó que en la provincia de Formosa filmó un video sexual y que fue objeto de extorsión por ello. Dicha situación habría derivado en un viaje suyo a Formosa, en cuyo marco habría tenido contacto con personas del Grupo Plaza que habría culminado en la instalación de la "Agencia España". Al respecto, el tribunal oral consideró que ésta se trataba de una explicación forzada sobre cómo el Grupo Plaza acudió a una persona que no era oriunda de Clorinda y que vivía a más de mil kilómetros de allí, para abrir una agencia de pasajes en aquella localidad. Entendió el sentenciante que la argumentación de la defensa tenía como objeto enmascarar la verdad: "que Caballero era la empleada doméstica de Julio Miguel De Vido y que se valió de esa relación y la del entonces ministro con la familia Cirigliano, para llegar al grupo comercial".
El a quo ponderó también una objeción de la defensa a aquella hipótesis -en cuanto a que Caballero era empleada de Minnicelli y no de De Vido-. En la sentencia se explicó que “[…] aun cuando ello pudiere resultar cierto desde el punto de vista formal del trabajo registrado, la alegada inexistencia de un vínculo laboral con el entonces Ministro escapa toda lógica y sentido común, pues no puede desconocerse que la imputada, que cumplía actividades en el domicilio de Av. Del Libertador 2275, lo hacía para toda la familia y no únicamente para quien estaba registrada como su empleadora”. En el recurso de casación la defensa de Caballero insiste con su crítica -ya esgrimida en el debate-; sin embargo, no aporta algún elemento novedoso que permita superar la respuesta brindada por el tribunal oral sobre el punto, lo que impide que el agravio tenga una recepción favorable.
Los magistrados de la instancia previa también refutaron lo afirmado por Caballero en cuanto a que su patrimonio tenía explicación a partir de la relación de aquélla con dos empresarios, quienes le habrían obsequiado dinero, joyas y un automóvil.
En primer lugar, el tribunal desestimó la versión relativa a que Antonio Cirigliano le habría regalado a la imputada un automóvil, señalando lo siguiente: "…Caballero afirmó que conoció a Antonio Cirigliano cuando concurrió a retirar un cheque a la oficina de suministros de Transporte Automotor Plaza S.A.C.E.I. y que fue Pacín Rodríguez quien lo presentó. A partir de allí, comenzó una relación con el empresario, que perduró cuatro años y en función de la cual fue recibiendo dinero y bienes Concretamente, afirmó que fue Cirigliano quien le regaló su primer vehículo -según ella, el Peugeot 207- luego de que le expresara la necesidad de contar con un automóvil. Esta versión también se desvanece frente a la prueba producida en el debate, ya que -como se dijo precedentemente el propio Pacín Rodríguez, que fue ofrecido por la defensa como testigo de esa relación, negó tener conocimiento respecto al supuesto vínculo extralaboral, sino que únicamente pudo afirmar que se conocían y que el empresario le recomendó una concesionaria donde había recibido un buen trato, ya que ella estaba interesada en adquirir un vehículo.
Además, tal como fue señalado, lo sostenido en cuanto al presunto regalo y su motivación entra en colisión directa con la prueba incorporada, pues se comprobó que la imputada ya contaba con el Ford Focus -lo que evidencia la concienzuda selectividad en su memoria con relación a los bienes que integraron su patrimonio, pues nada dijo de ese rodado ni el Renault Sandero- al momento de la adquisición del Peugeot 207 e incluso lo vendió -o, por lo menos, firmó su transferencia- ese mismo día".
En segundo lugar, se descartó categóricamente el presunto vínculo entre Nélida Caballero y Jorge Brito. Sobre este punto se hizo hincapié en que la defensa no aportó elementos suficientes para acreditar el extremo alegado, pues únicamente buscó probar la relación mediante el testimonio de Rubén Bouchet. Aquél era peluquero de Caballero y expresó que sus servicios eran pagados -en general- por una persona llamada Jorge Brito o Brítez, que conducía un Mercedes Benz de color plateado.
Con relación a dicho testimonio el tribunal indicó: “el relato del peluquero no resulta consistente, en primer lugar, porque aseguró que eran varias las personas que llevaban a Caballero a su peluquería, pero llamativamente recordó uno solo -con nombre, apellido e, incluso, marca, modelo y color del vehículo-, lo que llamativamente coincidió en un todo con lo afirmado por la imputada -declaración que, recuérdese, fue transmitida por Youtube-. Pero mayor sorpresa da la mecánica que relató Bouchet con relación al pago, pues aseguró que era contactado por Caballero, quien le decía lo que se iba a hacer y que concurriría con Brito, siendo que, al arribo, el peluquero salía del local y se dirigía al auto para recibir el pago del empresario, quien le abonaba en efectivo y sin bajarse del vehículo […] no es convincente bajo ningún punto de vista, pues no solo se aprecia como ilógico que sea el propio empresario quien realice el pago de antemano -es decir, previa prestación de servicios-, cuando -en rigor- si el pago fue realizado en efectivo podría haberle entregado el dinero a Caballero para que sea ella la que abonara luego de recibido el servicio.
Además, parece poco convincente que Caballero sea llevada en automóvil si se tiene en cuenta que la peluquería se encontraba a una sola cuadra de Av. Del Libertador 2275…”. A lo anteriormente expuesto, el colegiado de la instancia anterior agregó que el testigo Bouchet incurrió en contradicciones al responder si sabía para quién trabajaba Caballero; frente a lo cual concluyó "frente a las marcadas inconsistencias y contradicciones del único testimonio en el que se apoya, los dichos de la imputada pierden fuerza y pueden ser categorizados como un mero intento de acreditar su relación con otro empresario". De seguido, el pronunciamiento condenatorio evaluó los testimonios de quienes dieron cuenta que Caballero les había manifestado que ejercía la prostitución (Jorge Luis Sierra, Mónica Beatriz Núñez, Federico Berdaxagar, Justino Salinas y Hernán Gabriel Urbieta).
Se expresó que, de estas personas, solamente dos se refirieron al ejercicio de la prostitución como una situación que persistía durante la relación laboral que la imputada tuvo con ellos: Justino Salinas y Mónica Beatriz Núñez. Al respecto el a quo cuestionó veracidad de dichos testimonios, mencionando que el de Salinas presentaba un relato "con evidentes inconsistencias e idas y vueltas"; y que Núñez "abordó el punto con inusitada espontaneidad y sin haber sido previamente preguntada al respecto". En cambio -aclaró el sentenciante- los otros testimonios se refirieron a la prostitución como una actividad que Caballero desarrolló en su pasado y en forma temporal. En base a todos los elementos probatorios mencionados, en el decisorio bajo estudio se rechazó la posibilidad de que el ejercicio de la prostitución haya tenido la magnitud y extensión invocada por la imputada, y que le hubiera permitido acceder a un ingreso de dinero tal como para justificar el exponencial crecimiento patrimonial que se comprobó en el debate.
Todo ello, incluso aceptando la hipótesis de máxima esgrimida por la defensa. Es decir, "que haya mantenido esa actividad ampliamente pese a haber comenzado a trabajar en el domicilio del entonces ministro Julio Miguel De Vido y Alessandra Minnicelli -lo que resultaría ciertamente inverosímil teniendo en consideración la trascendencia pública de su empleador, sea por cuestiones de seguridad o de cualquier otra índole-, lo que no se ha comprobado -e incluso entra en directa colisión con la prueba-" (cfr. la sentencia impugnada).
En suma, de adverso a lo planteado por el recurrente, se desestimó la hipótesis de la defensa confrontándola de manera exhaustiva con las pruebas del proceso y mediante un análisis integral de las circunstancias relevantes del caso. En consecuencia, el agravio incoado no puede prosperar.
VII. El agravio invocado por la defensa de Nélida Caballero relativo a que en el caso de autos no se encuentra probado el dolo tampoco puede prosperar. Debe tenerse presente que, en cuanto respecta al tipo subjetivo, expresé que se trata de un tipo penal que admite dolo eventual (cfr., en lo pertinente y aplicable, CFCP, Sala IV, caso "Báez" ya referenciado y sus citas). En sentido coincidente, Gustavo F. Trovato ha expresado al analizar el tipo penal en cuestión que “Con respecto al tipo subjetivo, el texto de la ley mantiene la anterior redacción, suficiente con que el autor del delito de lavado tenga dolo eventual” (David Baigún, y otros, Código Penal y normas complementarias, Análisis doctrinal y jurisprudencial, T. 12, 1º Edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2013, p. 577).
Sobre el punto, también se ha destacado que “…con el fin de cumplir con el estándar del conocimiento necesario para atribuir la responsabilidad penal, suele resultar suficiente con demostrar que el acusado tenía (dolo eventual) sobre el origen o naturaleza criminal de los activos involucrados” (Roberto Durrieu Figueroa, La ganancia económica del delito, Lavado de dinero, decomiso y financiamiento del crimen organizado y del terrorismo, 1º Edición, Marcial Pons, CABA, 2017, p. 381).
Como elementos indicadores del conocimiento y voluntad atribuida a la imputada, el tribunal mencionó el hecho que se ha demostrado que el "Lavadero Plaza", durante los años 2009 y 2010, no generó las ganancias suficientes para que Caballero pudiera efectuar todas las operaciones realizadas a partir de 2011 (tales como la adquisición de cinco vehículos, un inmueble rural y la apertura de cuatro comercios). A ello añadió la presunta explotación a distancia de los comercios y el hecho que las actividades económicas se habrían realizado casi en su totalidad mediante el manejo de dinero en efectivo. Asimismo, puso de resalto el comportamiento de la nombrada los días siguientes de la emisión del programa "Periodismo para todos" —transmitido el 17 de julio de 2016— que incluyó cierre de cuentas bancarias, transferencias de vehículos y rectificación de declaraciones juradas ante el organismo recaudador. Todas estas circunstancias no fueron rebatidas por el impugnante que se limitó a manifestar que no se encontraba acreditado el dolo; por lo cual corresponde rechazar el cuestionamiento.
Bajo tales parámetros, el examen del caso permite advertir que la sentencia traída a revisión, en cuanto al temperamento condenatorio dispuesto constituye un acto jurisdiccional válido derivado del análisis lógico y razonado de las constancias allegadas al sumario en observancia al principio de la sana crítica racional (art. 398 del C.P.P.N.), sin que quepa considerarla desprovista de fundamentación o con motivación insuficiente o contradictoria (art. 404, inc. 2, a contrario sensu, del mismo cuerpo legal).
De manera contraria a lo argüido por la defensa, la condena dispuesta no se sustentó sobre la base de prueba exclusivamente indiciaria, sino antes bien, configuran el corolario del examen crítico y conglobado de todos los elementos de convicción obrantes en la causa, que fueron correctamente analizados por el tribunal de juicio en este punto al dictar la sentencia aquí recurrida.
Por lo tanto, también deben rechazarse los argumentos referidos a que se responsabilizó a Caballero sin una perspectiva de género, al no contemplarse la posibilidad que la nombrada haya obtenido el dinero de forma lícita. Como ya se explicó, el tribunal desarrolló fundadamente que la encartada intervino en la puesta en circulación de bienes originados en ilícitos penales. Ello, motivado en el plexo probatorio incorporado en la causa, dejando en evidencia que la condena no fue producto de una mirada sesgada por estereotipos, sino del análisis racional y fundado de los elementos probatorios.
Con relación a la pretendida aplicación en el caso del principio in dubio pro reo, corresponde precisar que la falta de certeza o las dubitaciones que tornen aplicable el principio favor rei para dar solución al conflicto penal deben encontrarse ancladas en el análisis conjunto de todos y cada uno de los elementos de juicio incorporados al legajo para desarrollar la tarea intelectual que debe seguir el órgano jurisdiccional respetando los principios que la rigen. En otras palabras, la duda o falta de certeza debe ser el resultado del juicio de valor integral del plexo probatorio. De adverso, no puede ser el producto de puras subjetividades ni del estudio aislado de determinados componentes que integran el universo probatorio (cfr., en lo pertinente y aplicable, voto del suscripto en causa FSM 28471/2018/TO1/CFC12, en autos “Cortes, Carlos Alberto s/recurso de casación”, Reg. n° 78/22, rta. 16/2/2022, y causa CFP 4593/2015/TO1/8/CFC8, en autos “Villalba, Gabriel Arnaldo s/recurso de casación”, Reg. n° 234/24, rta. el 15/03/2024, de esta Sala IV de la CFCP -y sus citas-).
En el caso, las criticas ensayadas por la defensa no han logrado conmover la fundamentación brindada en el fallo impugnado respecto de la participación y responsabilidad penal de Nélida Caballero en las maniobras juzgadas. En definitiva, la valoración probatoria efectuada por el a quo luce acertada e impone descartar la aplicación del principio in dubio pro reo (art. 3 del C.P.P.N.) que postula el recurrente.
VIII. Al momento de disponer la sanción de multa, el tribunal oral actualizó el monto de la operación ($2.005.630,99) con el fin de contrarrestar los efectos de los procesos inflacionarios y la consecuente depreciación monetaria. En esta cuestión, la posición mayoritaria (conformada por los votos de los jueces Fernando Canero y Enrique Méndez Signori) optó por utilizar el índice de precios al consumidor (IPC) determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Basaron dicha tesitura en que aquél "se trata de un criterio objetivo, de carácter oficial y basado en la recolección periódica de datos empíricos, que permite establecer el valor de la moneda local a la luz de los procesos inflacionarios que sufre el país". En consecuencia, el valor de la operación se actualizó en $169.979.200,99, por lo cual la suma final de la multa (fijada en dos veces el valor de la operación) fue determinada en $ 339.958.401,97.
En disidencia, el juez Germán Andrés Castelli sostuvo que el valor de la operación debía actualizarse mediante la tasa activa de la cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina para el cálculo del interés moratorio elevándolo a $ 11.137.226,77. Por ello, la multa (fijada en dos veces ese valor), debería -según dicho magistrado- determinarse en $22.274.453,54.
El impugnante, de forma subsidiaria al resto de sus planteos, se agravió del monto establecido como pena de multa, indicando que el mismo resulta desproporcionado y confiscatorio. La defensa adujo que la fundamentación adoptada por el tribunal de mérito es arbitraria, pues estableció el método de actualización sin efectuar un análisis comparativo con el escogido en el voto minoritario.
Esta Cámara Federal de Casación Penal ha emitido recientemente un fallo plenario referente a la actualización de los montos dispuestos como pena de multa (cfr., en lo pertinente y aplicable, CFCP Acuerdo Nº 10/2025 - Plenario Nº 17 "Pastene, José Luis Víctor s/ inaplicabilidad de ley", rta. el 13//5/2025).
Concretamente, en dicho pronunciamiento, por mayoría, se declaró como doctrina plenaria que el momento que define el valor del formulario de inscripción de operadores en el Registro Nacional de Precursores Químicos que debe tomarse como parámetro para determinar el importe nominal en pesos que representa la pena de multa impuesta en unidades fijas, según el art. 45 de la ley 23.737, es el de la intimación al pago.
En la mencionada ocasión me expedí en torno a la depreciación de la moneda y su impacto en las penas de multa. Al respecto, expresé que, en nuestro Código Penal, la multa es una pena principal (arts. 5, 21 y 22 del Código Penal) y, con la sanción de la ley 17.567 (actualizada por ley 24.286), también está contemplada como una pena complementaria (art. 22 bis del Código Penal).
Como pena principal, la multa puede ser aplicada de manera conjunta con el resto de las sanciones establecidas por el art. 5 del Código Penal; de forma alternativa, y como única pena. Los montos de la pena de multa se encuentran en cada uno de los distintos tipos de la parte especial del Código Penal y de las leyes que lo complementan, en la cual se regula su sistema de cuantificación. En nuestra legislación, no hay un criterio uniforme a la hora de determinar el quantum de la pena de multa. No obstante, como técnica legislativa de individualización prima el sistema de suma total, con una escala que establece un mínimo y un máximo expresados en pesos dentro del cual el juez decidirá en función de las pautas contenidas en el art. 40 del Código Penal y atendiendo a la situación económica del penado, conforme el art. 21 del Código Penal.
En los arts. 303, 304, 306, 310 y 311 del C.P., que regulan delitos contra el orden económico y financiero, la multa se establece en función de un múltiplo del valor de la operación ilícita (art. 303, 306, 310 y 311) y, en el caso del art. 304, el múltiplo se calcula en base a los bienes objeto del delito (cfr. inc. 1 de esa norma). Los métodos de determinación descriptos no cuentan con un sistema de actualización de los montos. Sucede que, como consecuencia de los procesos inflacionarios que ha sufrido nuestro país, la multa pierde eficacia como sanción penal.
En este punto, es crucial considerar que “no puede desatenderse la macroeconomía de la justicia y el análisis económico del derecho por la estrecha relación economía-derecho” (cfr. Mariano Hernán Borinsky, El modelo económico del crimen, publicado en el diario ámbito el 12/2/25, www.ambito.com/opiniones/el-modelo-economico-delcrimen n 6112827, última consulta mayo de 2025).
Con el transcurso del tiempo, la multa pierde su valor. Incluso desde la comisión del delito hasta el dictado de la sentencia que la fija y su posterior ejecución, el monto sufre una depreciación en términos reales debido al proceso inflacionario, aun cuando solo transcurran meses.
La cuestión radica en que el contenido aflictivo de la multa -afectación del patrimonio o capacidad económica del condenado- se disipa frente a la disminución del valor real del dinero que provocan los procesos inflacionarios. De esta forma, se afecta la efectividad de la multa y su naturaleza represiva como respuesta punitiva estatal.
Los montos determinados por el legislador en concepto de multa pierden su valor con el transcurso del tiempo y, en consecuencia, la imposición de la multa no afecta al condenado en la medida prevista por el legislador al momento de definir la sanción. Así, la multa pierde eficacia tanto desde su aspecto retributivo como de prevención o disuasión. Este problema vinculado con la desactualización de los montos dinerarios establecidos en concepto de multa no es novedoso (cfr. voto del suscripto en el plenario).
En dicho contexto, las críticas de la defensa en torno al monto de la multa no logran demostrar la arbitrariedad alegada. Por el contrario, la parte sustentó su petición en que en el fallo se plasmó una disidencia referida al índice utilizado para actualizar la multa; sin embargo, no explicó por qué considera que el criterio adoptado por la mayoría resulte erróneo o contrario a derecho. Aquella circunstancia deja entrever una disconformidad del impugnante con la decisión a la que se arribó, mas la discrepancia carece de aptitud para conmover lo resuelto atento a su ausencia de motivación, por lo que el agravio debe ser rechazado.
IX. El colegiado previo, en virtud de lo solicitado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, dispuso el decomiso de los siguientes bienes en función de cada una de las maniobras constitutivas de lavado de activos que tuvo por acreditadas: el inmueble rural sito en Colonia Ex Misión Laishí del Departamento de Laishí de la provincia de Formosa (identificado como Folio Real Matrícula 3644 y Catastro: Depto. 02, Circunscripción IX, Sección D, Parcela 31); el cuatriciclo marca Tibo, modelo Hunter 250 dominio HLY-596; el vehículo marca Toyota, modelo Hilux 4x4, dominio KPY-061; el vehículo marca Fiat, modelo Strada Working 1.4, dominio MMA-366; el vehículo marca Peugeot, modelo RCZ Tiptronic, dominio MRK- 507; el vehículo marca Toyota, modelo Etios, dominio OJW- 608.
A instancias de lo requerido en el alegato fiscal, en la sentencia se dispuso -hasta que la misma adquiera firmeza-: la prohibición de innovar (con relación al inmueble rural) y que los bienes muebles se pongan a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los términos de la Acordada CSJN Nº2/2018.
La defensa tildó de confiscatorio el decomiso dispuesto.
Por su parte, la Unidad de Información Financiera se agravió de la decisión del tribunal previo en cuanto ordenó que los bienes decomisados fueran puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solicitó que se revoque lo dispuesto en los puntos dispositivos I, III y IV, del pronunciamiento recurrido dictándose en consecuencia que el destino de los bienes decomisados, así como también de la multa impuesta, deben ser la Unidad de Información Financiera.
Cabe memorar que el art. 23 del CP dispone que “… en todos los casos en que recayese condena por delitos previstos en este Código o en leyes penales especiales, la misma decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o ganancias que son el producto o el provecho del delito…”.
Atento la letra del citado artículo, el decomiso no constituye una facultad discrecional del juez sino una consecuencia legal accesoria de la pena principal impuesta en la sentencia condenatoria que consiste en la pérdida en favor del Estado de los instrumentos del delito y de los efectos provenientes él (cfr. en lo pertinente y aplicable, votos del suscripto en causas FBB 11/2018/TO1/CFC1, “Elisei, Flavio Raúl y otros s/recursos de casación”, reg. nro.488/20, rta. el 4/05/20; FSM 126732/2018/TO1/3/CFC2, “Rivas Díaz, Liz Yoana s/recurso de casación”; reg. nro. 2244/20, rta. el 9/11/20, FMZ 2250/2017/TO1/24/CFC8, “Aguilera Maldonado, Daniel Orlando y otros s/recurso de casación”, reg. nro. 376/21, rta. el 8/04/21, y FGR 23461/2017/TO1/9/CFC1, “López, José María s/recurso de casación”, reg. nro. 293/24, rta. el 25/03/2024, entre muchas otras).
En el mismo sentido -y aún profundizando su alcance- se orienta la reforma introducida al Código Penal mediante ley 26.683 (B.O. 21/06/2011), que para el caso como el presente, en lo que aquí respecta, prevé: “Artículo 305: El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición del o de los bienes que sean instrumentos, producto, provecho o efectos relacionados con los delitos previstos en los artículos precedentes […] En operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes […] Los activos que fueren decomisados serán destinados a reparar el daño causado a la sociedad, a las víctimas en particular o al Estado. Sólo para cumplir con esas finalidades podrá darse a los bienes un destino específico […] Todo reclamo o litigio sobre el origen, naturaleza o propiedad de los bienes se realizará a través de una acción administrativa o civil de restitución. Cuando el bien hubiere sido subastado sólo se podrá reclamar su valor monetario”.
Del análisis de la resolución impugnada se observa que los magistrados sentenciantes realizaron un examen adecuado de las particulares circunstancias del caso y de la normativa aplicable, sin que la defensa haya demostrado en esta instancia la arbitrariedad y la afectación a las garantías constitucionales que invoca. La sola invocación de "confiscatoriedad" como supuesta consecuencia del decomiso carece de motivación suficiente para conmover lo decidido por el a quo, de manera que corresponde rechazar la crítica aludida.
De igual modo no tendrá favorable acogida la impugnación articulada por la Unidad de Información Financiera. En efecto, cabe recordar que el a quo motivó la decisión en las concretas peticiones que realizó en el debate el Ministerio Público Fiscal en miras de resguardar los bienes decomisados hasta tanto adquiera firmeza la sentencia. Por el contrario, y tal como se reconoce en el recurso de casación del organismo, la Unidad de Información Financiera "a lo largo del proceso, no se ha constituido como querellante". Tampoco presentó ante el tribunal a quo solicitud alguna orientada en garantizar sus intereses. En definitiva, en el caso bajo examen el tribunal oral dispuso las consecuencias penales previstas por la ley, es decir, tanto la multa como el decomiso de los bienes involucrados. Lo que la Unidad de Información Financiera objeta es el destino de dichos bienes, cuestión que no fue oportunamente planteada ante el tribunal previo. Por lo demás, en principio, no se advierten impedimentos para que dicho organismo, oportunamente, haga valer su postura a través de los cauces legales correspondientes.
X. En función de lo expresado, propicio al acuerdo rechazar los recursos de casación interpuestos por la defensa de Nélida Caballero y la Unidad de Información Financiera. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del CPPN). Tener presentes las reservas del caso federal.
El señor juez doctor Gustavo M. Hornos dijo:
I. El recurso de casación interpuesto por la defensa de Caballero resulta formalmente procedente, en tanto se dirige contra una sentencia definitiva (cfr. art. 457 del C.P.P.N.), ha sido interpuesto por quien se encuentra legitimado para hacerlo (cfr. art. 459 del C.P.P.N.), con invocación fundada de los motivos previstos por el art 456 C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de tiempo y fundamentación requeridos por el art. 463 C.P.P.N. Por otro lado, la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF) ha quedado superada con la apertura de la queja deducida por esa parte (causa CFP 10119/2016/TO1/9/RH2, reg. nro. 184/2025, rta. 20/3/2025).
II. Sentado ello, debo decir que comparto, en lo sustancial, las consideraciones efectuadas en el voto que lidera el acuerdo, con relación al recurso de la defensa de Caballero. En efecto, en ese punto la sentencia impugnada se encuentra debidamente fundada a la luz de las pruebas producidas en autos y la parte recurrente no ha logrado demostrar un vicio en el razonamiento del a quo que conlleve su descalificación como acto jurisdiccional válido.
Es que el resolutorio bajo análisis se encuentra motivado de manera correcta y se adecúa a las normas procesales atinentes. Es decir, no se evidencia el error de fundamentación que ha alegado el impugnante y, menos aún, se ha podido acreditar un caso de arbitrariedad en la sentencia a la luz de los estándares delineados por nuestro Máximo Tribunal en esa materia (Fallos: 215:417 y 322:1890, entre otros).
III. Habré de recordar que he sostenido que en los sucesos en los que se investigan y juzgan maniobras relacionadas con el lavado de activos, se requiere de investigaciones intensas por la calidad del delito en cuestión, en las que la justicia debe garantizar el debido desarrollo del proceso penal (cfr. mi voto en las causas “CHAVEZ, Ramón Alejandro y otro/recurso de casación” de esta Sala IV, Reg. 2036.19, rta. el 10/10/2019, y CFP 14619/2007/TO3/4/CFC15 “TEGLI, Lorena Verónica s/recurso de casación”, Reg. 764/2022, rta. el 14/06/2022; entre varias otras).
En ese sentido, no puede ignorarse el terrible impacto que el crimen organizado y el ingreso y movimiento de fondos y activos provenientes del delito tienen a nivel nacional e internacional, la afectación del orden económico financiero, el orden público interno, la gobernabilidad y la estabilidad misma de un Estado. En consecuencia, el aseguramiento de las herramientas de las que disponga un Estado para prevenir, detectar y contribuir a la represión penal del lavado de activos en forma oportuna y eficaz es fundamental (cfr. en lo pertinente causa “ZACARÍAS, Jorge Roberto”; Reg. 2004.20, rta. el 9/10/2020, entre otras). Es por ello que nuestro Estado se ha comprometido a la lucha contra el lavado de dinero, al haber ratificado la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo, y que, también en cumplimiento de los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del Terrorismo, ha adherido a las cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
De tal forma, se presenta sustancial garantizar la efectividad del debilitamiento de esta amenaza consolidando, en lo pertinente al caso que nos ocupa, los mecanismos para investigar y reprimir, con eficacia, el lavado del producto del delito; contribuyendo a afianzar el orden público interno que favorece la convivencia pacífica entre los argentinos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de los compromisos asumidos por nuestro país con la comunidad internacional.
Se trata de mantener una estrategia eficaz que permita ordenar el esfuerzo estatal en esta materia. Lo que, como se adelantó, torna necesario en la etapa que nos ocupa: la de investigación judicial, juzgamiento y represión del delito de lavado de activos, la interpretación normativa que implique un mayor aseguramiento de la implementación de procesos judiciales que resulten eficaces a ese fin (cfr. en lo pertinente mi voto causa “CIS, María Julia”, Reg. 1128.22.4, rta. 29/08/2022).
Con ese norte, cabe enfatizar que el lavado de activos es el proceso mediante el cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal, con la posibilidad de que adquieran apariencia de haber sido obtenidos en forma lícita.
Se ha dicho que se trata de un delito pluriofensivo, en tanto menoscaba simultáneamente a la administración de justicia, al orden socioeconómico, a la transparencia del sistema financiero o la legitimidad de la actividad económica, e incluso a la salud pública, como en los casos de narcotráfico (cfr. Llerena, Patricia, “Lavado de Dinero”, Revista del Ministerio Público Fiscal, pág. 39 y ss.).
En la descripción de la figura se enumeran varios verbos típicos, pero todos parecieran ser distintas especies del género “poner en circulación en el mercado”, ya que la enunciación de acciones punibles finaliza con tal expresión, lo cual revela la intención del legislador de no limitar la persecución a un grupo de acciones taxativamente enumeradas. Se trata de un tipo penal abierto que abarca todas las modalidades de comisión posibles.
Los activos -dinero o bienes- deben provenir de un ilícito previo. Luego, el grado de certeza con el que debe probarse la existencia de aquél ha suscitado controversias, pero la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias admiten que no es necesario que resulte acreditado por una sentencia judicial firme tanto en su configuración típicamente antijurídica como en la autoría responsable del acusado. Basta que se haya demostrado en la causa donde se ventila el lavado de activos que el primer hecho era típico y antijurídico (cfr. mi voto in re “ÁLVAREZ, Guillermo y otros s/recurso de casación”, causa nro. CFP 17147/2008/30/CFC2, Reg. nro. 1130/15, rta. 12/6/2015, del registro de esta Sala IV C.F.C.P.). Para que la conducta pueda considerarse típica debe demostrarse su idoneidad para producir la posibilidad de que los bienes adquieran una apariencia de licitud y, en este punto, me permito citar otra vez aquella publicación de casi treinta años atrás, en la que de manera primaria me referí al tema, esquematizando el fenómeno del proceso de lavado de dinero en tres fases diferentes: colocación, estratificación e integración (cfr. Hornos, Gustavo M., “Ley de Estupefacientes, Inversión, Venta, Transferencia o Cesión de las ganancias provenientes de su tráfico ilícito. Reserva Bancaria y Tributaria. Experiencia Judicial”, en “III Jornadas Internacionales sobre Prevención del Fraude”, Ed. La Ley, año 1996, pág. 104/105).
La primera etapa consiste en depositar el activo en una institución financiera o mezclarlo con el producido por una empresa. Generalmente, se depositan pequeños montos en entidades financieras a través de una documentación falsa o de empresas de fachada. La segunda etapa es un proceso de transferencias electrónicas entre cuentas y bancos, realizando el mayor número de transacciones posibles para dificultar el conocimiento del origen real. La última etapa, de integración, es la que proporciona la explicación lógica de la riqueza: se incorpora al dinero formalmente en el circuito económico, aparentando ser de origen legal (venta de propiedades, explotación de empresas, industrias, etc.).
En cuanto a la tipicidad subjetiva del delito de lavado de activos, cuestión sobre la que, como ha quedado expuesto, se ha suscitado controversia en el presente, comparto la postura de la doctrina mayoritaria en cuanto sostiene que el autor puede actuar con dolo directo o con dolo eventual (Trovato, Gustavo Fabián, “La recepción de las propuestas del GAFI en la legislación penal argentina”, en “Política Criminal y Blanqueo de Capitales”, Madrid, 2009, pág. 74; Rodríguez Villar Pacífico y Bermejo, Mateo Germán, “Prevención del Lavado de dinero en el sector financiero”, Buenos Aires, 2001, pág. 110).
Es decir, el conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes por parte del sujeto activo no implica que éste debe saber a ciencia cierta cuál fue la concreta figura cometida, ni las circunstancias específicas de orden jurídico concurrentes sobre el caso, sino que basta con que, al tiempo de realizar la operación, el sujeto activo perciba que los hechos son constitutivos de una infracción delictiva; es decir, que sospeche de la procedencia ilícita de los bienes.
Así las cosas, a la luz del marco teórico reseñado y en virtud de las pruebas rendidas en el debate oral y público, entiendo que se han acreditado fehacientemente las maniobras de lavado de activos enrostradas; pues, como se verá, Caballero puso en circulación en el mercado una pluralidad de bienes provenientes de ilícitos precedentes.
En ese sentido, se destaca que, durante el período que forma el objeto de esta causa -desde enero de 2011 al 31 de julio de 2016-, adquirió el vehículo dominio 596-HLY (cuatriciclo marca TIBO, modelo Hunter 250); el vehículo dominio KPY 061 (marca Toyota, modelo Hilux 4x4 cabina doble SRV 30 TDI A/T C/CUERO); un inmueble rural sito en el Lote Uno Sección I de la Colonia Ex Misión Laishi, Departamento Laishi, provincia de Formosa (Nomenclatura catastral: Departamento 02, Circunscripción IX – Sección D – Parcela 31); el vehículo dominio MMA-366 (marca Fiat modelo Strada Working 1.4); y el vehículo dominio MRK-507 (marca Peugeot modelo RCZ Tiptronic). Además, en ese período depositó en la Caja de Ahorros en pesos nro. 4008973-7 133-2 (registrada a su nombre) del Banco de Galicia, dinero en efectivo por un total de un millón setenta y un mil pesos ($ 1.071.000); cheques provenientes de la firma Eme&De S.A. (CUIT 30- 70777891-8), por un total de doscientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos con sesenta y seis centavos ($ 248.298,66); cheques no provenientes de dicha firma, por un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintitrés pesos con ochenta y nueve centavos ($264.423,89); y recibió transferencias por el total de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000).
IV. Por otro lado, en cuanto a la proveniencia de un ilícito precedente de aquellos bienes debo destacar que, al momento de efectuar la valoración del acervo probatorio, no es dable ponderar los elementos de cargo en forma aislada y sin atender a su contexto de producción. En la materia, llevo dicho: “La prueba contextual no es un elemento de menor importancia. El contexto de un hecho, si bien aisladamente no lo acredita, es útil para brindar al suceso imputado el adecuado marco fáctico y jurídico. No se puede probar un hecho sin atender a su contexto de producción, el que proporcionará algunos extremos fácticos importantes al momento de recrear el hecho en su conjunto” y que, lo contrario, implica “…una visión parcializada y una reconstrucción histórica deficiente de la base fáctica…” (cfr. mi voto en la causa nro. 45425/2007/TO1/CFC3, Reg. nro. 846/16.1 “SCHLENKER, Alan y otros s/ homicidio agravado”, rta. 17/5/2016).
Así, la ponderación de un indicio en forma aislada puede tener múltiples interpretaciones y explicaciones, pero si al mismo indicio se lo pondera dentro del contexto de producción del delito y junto a otros indicios del mismo sentido, la conclusión tendrá un sentido unívoco. Luego, la eficacia probatoria de la prueba indiciaria dependerá, en primer lugar, de que el hecho constitutivo del indicio esté fehacientemente acreditado, ya que será la base fáctica sobre la cual se realizarán las inferencias necesarias. En segundo lugar, se deberá comprobar el nexo de causalidad entre el indicio y el hecho a probar, mediante una operación intelectual a través de las reglas de la sana crítica. Finalmente, se deberá evidenciar la correlación de la inferencia con las características del hecho y con las demás pruebas colectadas.
En esta tarea de interpretación resulta relevante valorar la prueba indiciaria en forma general y no aislada, dado que cada indicio separado podrá dejar margen a la incertidumbre. Existe un sector del mapa probatorio que necesariamente debe trabajarse en un frente conjunto, valorar indicio tras indicio, en forma red, cuyas premisas van interactuando entre sí, multiplicándose en forma recíproca, dotando de sentido al conjunto. Cuantos más hechos concuerden, menos deben ser atribuidos al azar. En esta dirección, la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó: “La eficacia de la prueba de indicios depende de la valoración conjunta que se haga de ellos teniendo en cuenta su diversidad, correlación y concordancia, pero no su tratamiento particular, pues, por su misma naturaleza, cada uno de ellos no puede fundar aisladamente ningún juicio convictivo, sino que éste deriva frecuentemente de su pluralidad” (Fallos: 311:948 y 314:346).
La aplicación de ese marco teórico en el sub lite, redunda en que deba tenerse por comprobado que los bienes enumerados en el apartado que antecede provenían de un ilícito penal. Pues existen varios indicios serios y concordantes que así lo indican.
De modo liminar, no logró acreditarse en la investigación que Caballero tuviese fondos propios derivados de una actividad lícita que le permitiesen realizar los movimientos patrimoniales reseñados. Al respecto, se advierte que aquélla era empleada doméstica de Julio De Vido -condenado por defraudación a la administración pública- y desde esa posición consolidó un enriquecimiento que no puede en modo alguno justificarse. Cabe destacar, además, que Caballero abrió un lavadero (“Lavadero Plaza”) que la vincula íntimamente con el “Grupo Plaza” y, por lo tanto, con el “Grupo Cirigliano”. Es que se encargaba del lavado de los colectivos del “Grupo Plaza” en la localidad de Clorinda. Sobre el punto, corresponde resaltar que Sergio Cirigliano también fue condenado por defraudación a la administración pública.
Al respecto, el tribunal de juicio tuvo en consideración que los pagos por los lavados los efectuaba la firma “EME&DE”, que se encargaba de realizar los abonos de “Transportes Automotores Plaza S.A.”, empresa de los Cirigliano. Así las cosas, en el peritaje efectuado en la causa se asentó: “Los ingresos provenientes de EME&DE se atribuyen a servicios de lavados prestados a colectivos de las empresas del Grupo Plaza en la ciudad de Clorinda. Como se indica detalladamente en el Anexo I se presentan facturas por dichos servicios, pero las mismas son confeccionadas sin detalle y no se acompaña remito con la especificación de las unidades atendidas. Como ya se expresó no se aportó ninguna otra documentación que pruebe que el servicio efectivamente se prestó”.
Por lo demás, se encuentra el llamativo comportamiento de la imputada inmediatamente después de la emisión del programa “Periodismo para todos”, el 17 de julio de 2016, en el cual se analizó su situación patrimonial. Sobre ello, enumeró el a quo:
- En fecha 19 de julio de 2016 y 20 de julio de 2016, Caballero efectuó la transferencia de los vehículos de marca Fiat, modelo Strada, dominio MMA-336, y marca Toyota, modelo Etios, dominio OJW-608, a su pareja, Omar Lavergne, y a su hija, Camila Florencia Caballero, por la suma de $40.000 y $100.000, respectivamente, cuando la valuación fiscal de ambos vehículos establecía que su valor real era de $130.000 y $195.000;
- Procedió a regularizar las declaraciones juradas de los años 2013, 2014 y 2015 ante la AFIP, que casualmente coincide con el período de mayor flujo de fondos en efectivo;
- Procedió al cierre de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito, ya sea por decisión propia o por instrucción del Banco Galicia, en virtud de la intimación cursada con fecha 20 de julio de 2016, en la cual se le solicitaba la acreditación del origen de los fondos gestionados.
De tal suerte, estimo que en la resolución impugnada se ha acreditado razonablemente que los movimientos patrimoniales efectuados por Caballero tenían sustento en fondos que habían sido obtenidos de manera espuria y que se introducían al mercado con la posibilidad de que adquiriesen apariencia lícita.
V. A su vez, en cuanto a los agravios de la defensa con relación a los decomisos dispuestos por el tribunal de juicio sólo habré de agregar que, tal como llevo dicho en la materia, no es facultativo para los magistrados el decomiso de las cosas que han servido para cometer el delito y de aquellas que sean su producto. Pues el instituto bajo examen resulta un imperativo legal de cara al deber de realizar acciones concretas para lograr la identificación, localización, embargo y decomiso de bienes que han sido instrumento, objeto o producto del delito (cfr., entre otros, mi voto in re “VACARREZA ALPIRI, Dante Eduardo s/recurso de casación”, causa nro. CFP 2824/2021/TO1/25/CFC14, Reg. nro. 1142/2024, rta. 1/10/2024, del registro de esta Sala IV C.F.C.P.). En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto en la materia que “…los jueces tienen el deber de resguardar dentro del marco constitucional estricto la razón de justicia, que exige que el delito comprobado no rinda beneficios” (“Acosta”, Fallos: 323:929).
En este punto, recordaré que el decomiso es una sanción accesoria a una pena principal y, en virtud de tal naturaleza jurídica, participa de aquella función expresiva del castigo que se manifiesta frente a una norma que ha sido quebrantada, por cuanto su imposición reafirma el ordenamiento legal que ha sido violado (cfr. mutatis mutandi, mi voto in re “O., H. L. s/ recurso de casación”, causa nro. causa 24907/2014/TO1/CFC3, Reg. nro. 2123/16.1, rta. 3/11/16, del registro de la Sala I C.F.C.P.). En efecto, el propio hecho de que una comunidad organizada adopte para sí leyes penales —esto es, leyes que establecen estándares de comportamiento— implica que las acciones que las violan son inaceptables, y que por tal motivo han de ser condenadas, denunciadas y repudiadas, siendo precisamente el estricto cumplimiento de las sanciones impuestas el indicador de la validez de tales reglas, y de la aceptación de la convicción de que sus infracciones son incorrectas e intolerables en la sociedad (cf. Primoratz, Igor, “Punishment as Language”, en Philosophy 64, nº. 248, Cambridge University Press: 1989, 187- 205, p. 197; traducción de quien suscribe).
VI. Por lo demás, no resulta posible desatender que casos como el presente —donde se investigan hechos de lavado de activos vinculados a la corrupción— requieren que, en virtud del bien jurídico afectado, los juzgadores actúen con una reforzada debida diligencia. En ese sentido, considero que el Estado debe maximizar sus esfuerzos con el objeto de cumplir con la manda constitucional vinculada con alcanzar la verdad jurídico-objetiva que represente un adecuado servicio de justicia y afiance la valoración de las instituciones dedicadas a tal tarea.
Al respecto, cabe reiterar que la República Argentina se encuentra comprometida internacionalmente (v.gr. Convención Interamericana contra la Corrupción y Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción) a maximizar sus esfuerzos por enaltecer deberes y obligaciones en el ejercicio de la función pública, promover la probidad y la transparencia, así como también erradicar cualquier atisbo de corrupción del ámbito público (cfr. voto del suscripto en causa FPA 961/2016/TO2/CFC13, “VARISCO, Sergio Fausto y otros s/recurso de casación”, Reg. nro. 2612/20, rta. el 22/12/20; Sala IV C.F.C.P.).
VII. Finalmente, habré de recordar que en su recurso el representante de la UIF asentó: “…el presente recurso se dirige contra los puntos dispositivos I, III y IV de la sentencia de fecha 12 de diciembre de 2024 dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7, solicitando a la Sala de la Excelentísima Cámara Federal de Casación Penal que resulte desinsaculada para intervenir, que revoque lo allí dispuesto y establezca que la totalidad de los bienes decomisados en el punto III como así también la multa impuesta a CABALLERO en el punto I sean destinados a la Unidad de Información Financiera, conforme expresamente lo establece el art. 27 de la Ley 25.246”.
En efecto, en el punto dispositivo I de la sentencia impugnada el tribunal de juicio le impuso una multa a la imputada, en el punto III dispuso los decomisos de los bienes vinculados al lavado de activos objeto de estos autos y en el punto IV ordenó que los bienes muebles sean puestos a disposición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ante ello, debe tenerse en consideración que cuando se aplica una norma se aplica la totalidad del orden jurídico y se lo impacta. En ese sentido, en lo que hace al decomiso de bienes, recientemente, mediante su Acordada N° 22/2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso concreta y expresamente que los bienes secuestrados deberán ser puestos provisoriamente a su cargo, por razones de un mejor servicio de justicia; y, una vez decomisados, deberán ser subastados por los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
En función de lo expuesto, el temperamento adoptado por el a quo debe ser ahora convalidado y, en consecuencia, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF).
VIII. Por ello, propicio al Acuerdo rechazar los recursos de casación interpuestos por la defensa de Nélida Caballero y por la Unidad de Información Financiera. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N). Y tener presente las reservas del caso federal efectuadas.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. El recurso de casación interpuesto por la defensa de Nélida Caballero resulta formalmente admisible, toda vez que los agravios planteados encuadran en los motivos previstos en ambos incisos del artículo 456 del Código Procesal Penal de la Nación y la sentencia impugnada es de aquellas previstas en el art. 457 del mismo cuerpo normativo.
La parte recurrente se encuentra legitimada para hacerlo (art. 459 ibidem) y su presentación cumple con los requisitos formales de temporaneidad y fundamentación previstos en el art. 463 del digesto formal citado. En este sentido, cobra vocación aplicativa la doctrina emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Casal, Matías Eugenio” (Fallos: 328:3399), que impone el control de la sentencia de acuerdo con los estándares de ese fallo, a cuyo tenor se exige un máximo esfuerzo por revisar todo lo que sea susceptible de ser revisado.
De todos modos, el examen casatorio quedará ceñido a las cuestiones planteadas oportunamente y, además, no implicará una revisión integral de oficio de la sentencia impugnada En cuanto al remedio recursivo interpuesto por la Unidad de Información Financiera ha de estarse a lo resuelto oportunamente al dar tratamiento a la queja deducida (CFP 10119/2016/TO1/9/RH2, Reg. 184/2025, del 20/3/2025).
II. En cuanto a los agravios esbozados por la defensa de Nélida Caballero, comparto, en lo sustancial, las consideraciones y la solución propiciada por mis colegas preopinantes.
En ese sentido, sin afán de resultar reiterativo, advierto que el juicio de responsabilidad y el quantum punitivo definido por la sentencia aquí impugnada respecto de la acusada Caballero se verifican ajustados a derecho, corolario de una adecuada ponderación de los elementos de prueba producidos en el debate, a la luz del derecho aplicable.
Vale memorar que el tribunal a quo tuvo por comprobado que “…Nélida Caballero, entre el 1º de enero de 2011 y el 31 de julio de 2016, convirtió, transfirió, administró, vendió y disimuló bienes provenientes de un ilícito penal con el objeto de que tanto ellos como los subrogantes adquirieran la apariencia de un origen lícito. Para ello puso en circulación bienes por un total de dos millones cinco mil seiscientos treinta pesos con noventa y nueve centavos ($2.005.630,99), los cuales integró al circuito económico formal, logrando así darles un marco legal, aunque aparente…”.
Concretamente, como parte de tal obrar, se le enrostró la comisión del delito de lavado de activos asociado a la realización de las siguientes transacciones: a) depósitos en la caja de ahorros en pesos del Banco de Galicia, por un total de un millón setenta y un mil pesos ($ 1.071.000); cheques provenientes de la firma Eme&De S.A. (CUIT 30-70777891-8), por un total de doscientos cuarenta y ocho mil doscientos noventa y ocho pesos con sesenta y seis centavos ($ 248.298,66); cheques no provenientes de la firma, por un total de doscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos veintitrés pesos con ochenta y nueve centavos ($ 264.423,89); y transferencias por el total de ciento cincuenta mil pesos ($ 150.000);
b) adquisición vehículo dominio 596-HLY (cuatriciclo marca TIBO modelo Hunter 250) el día 12 de enero de 2011 por la suma de pesos diecisiete mil setecientos ($17.700).
c) adquisición vehículo dominio KPY 061 (marca Toyota modelo Hilux 4x4 cabina doble SRV 30 TDI A/T C/CUERO) el día 24 de octubre de 2011 por la suma de pesos doscientos veintinueve mil diez ($229.010).
d) adquisición inmueble rural sito en el Lote Uno Sección I de la Colonia Ex Misión Laishi, Departamento Laishi, provincia de Formosa (Nomenclatura catastral: Departamento 02, Circunscripción IX – Sección D – Parcela 31) el día 07 de noviembre de 2012 por la suma de pesos ciento ochenta mil ($180.000).
e) adquisición vehículo dominio MMA-366 (marca Fiat modelo Strada Working 1.4) el día 17 de abril de 2013 por la suma de pesos setenta y un mil ochocientos cincuenta ($71.850).
f) adquisición vehículo dominio MRK-507 (marca Peugeot modelo RCZ Tiptronic) el día 11 de junio de 2013 por la suma de pesos doscientos ochenta mil ($280.000). g) adquisición vehículo dominio OJW-608 (marca Toyota modelo Etios) el día 08 de enero de 2015 por la suma de pesos ciento sesenta y uno mil trescientos ($161.300). h) transferencia del dominio del rodado MMA-366 a Omar Lavergne, el día 19 de julio de 2016, por la suma de pesos cuarenta mil ($40.000), cuya valuación fiscal a esa fecha era de pesos ciento treinta mil ($130.000).
i) transferencia del dominio del rodado dominio OJW- 608 a su hija, Camila Florencia Caballero el día 20 de julio de 2016, por la suma de pesos cien mil ($100.000), cuya valuación fiscal a esa fecha era de pesos ciento noventa y cinco mil ($195.000).
Sentado ello, en cuanto a los embates defensistas, concuerdo con mis colegas en punto a que parten de un examen aislado y fragmentado de algunos de los elementos de prueba.
Las líneas argumentales de la defensa no mellan, de manera efectiva, el razonamiento jurisdiccional anclado en una visión de conjunto que, conforme a la tesis acusatoria presentada, correlaciona adecuadamente la imputación formulada con la prueba producida en el juicio. Al respecto, la decisión en examen se ha respaldado en la razonable comprobación de la inusitada e injustificada evolución patrimonial de la imputada Nélida Caballero, destacando el razonamiento judicial que tal circunstancia contempla como única causa razonable y comprobada, aquella presentada por la acusación en punto a la aplicación de fondos provenientes de ilícitos. En ese orden, las hipótesis que la defensa ha presentado para intentar demostrar la licitud de los fondos utilizados por su asistida no hallan respaldo probatorio solvente que logren desvirtuar el grado convictivo que ha detentado la prueba de cargo.
En ese sentido, la pericia contable ponderada fue concluyente en destacar que se registraron incrementos patrimoniales no justificados por la suma de $ 2.005.630,99 para los seis años analizados.
El especialista destacó la metodología utilizada y remarcó que también sopesó el denominado “consumido” a los efectos de examinar la razonabilidad de las variaciones patrimoniales y el movimiento de recursos asociado a las transacciones llevadas a cabo por Caballero.
De tal modo, quedo expuesto que el flujo de fondos asociado a la actividad de la imputada no provenía de fuentes licitas y se explicaba en la obtención y aplicación de capitales delictivos.
En efecto, a la mentada pericia, los magistrados adunaron la valoración de diversas tareas investigativas realizadas respecto de los emprendimientos comerciales de la nombrada y la prueba informativa vinculada con los bienes registrables y las transacciones bancarias. A partir de ello, se pudo verificar que “…gran parte de los fondos cuyo origen pudo ser acreditado — siendo que los restantes movimientos fueron en efectivo o depósitos bancarios cuya causa no se pudo constatar— provienen de la firma “EME & DE S.A.”, que se encargaba de realizar pagos en relación con facturas emitidas a “Transportes Automotores Plaza S.A.”, empresa vinculada a los empresarios Cirigliano…”.
Sobre este punto, la sentencia agregó que “…en el peritaje en cuestión se aclaró -entre otras cuestionesque ´Los ingresos provenientes de EME&DE se atribuyen a servicios de lavados prestados a colectivos de empresas del Grupo Plaza en la ciudad de Clorinda. Como se indica detalladamente en el Anexo I se presentan facturas por dichos servicios, pero las mismas son confeccionadas sin detalle y no se acompaña remito con la especificación de las unidades atendidas. Como ya se expresó no se aportó ninguna otra documentación que pruebe que el servicio efectivamente se prestó” -ver fs. 605vta del expediente papel-. Se hace hincapié en esta circunstancia, dado que permite demostrar que el origen de los bienes puestos en circulación por Nélida Caballero guarda estrecha vinculación con la sociedad “Transportes Automotores Plaza S.A.”, vinculada a los empresarios Cirigliano, siendo uno de ellos, Sergio Cirigliano, quien fue condenado por defraudación fraudulenta en perjuicio de la administración pública…”.
En definitiva, a partir de esa circunstancia y del examen de las actuaciones judiciales vinculadas con el accionar del Grupo Plaza en connivencia con funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, los sentenciantes observaron que la nombrada se valió de su vínculo con el exministro Julio Miguel De Vido para hacerse del flujo de fondos que dio lugar al delito que aquí se le reprocha Por lo demás, cierto es que la sentencia examinó las versiones de descargo de la defensa de Caballero y las descarto de manera fundada, concluyendo que aquellas no lograran rebatir el plexo probatorio cargoso en tanto no contaban con respaldo de relevancia.
En efecto, la sentencia indicó que “…la prueba documental y testimonial referida a los años previos al período de imputación no deja lugar a dudas en punto a que Caballero no tenía un nivel de vida elevado ni capacidad de ahorro alguno que le permitiera la puesta en funcionamiento de las explotaciones comerciales y mucho menos la adquisición de todos los bienes que incorporó a su patrimonio…”.
En ese sentido, compartiendo el examen propiciado por mis colegas preopinantes, es dable concluir que los agravios esgrimidos por la defensa sólo muestran discrepancias con los fundamentos expuestos por el tribunal a quo sin que se vean satisfechos los requisitos demandados por la causal de arbitrariedad que propone la parte recurrente.
En ese punto, itero, los elementos de cargo se avizoran legítimos, razonables y posibles para expresar el sentido que, a la postre, les ha otorgado la sentencia con una adecuada aplicación del principio de amplitud probatoria y de razonabilidad.
Es por ello que habrá de desestimarse el estado de duda que la defensa pretende introducir en sustento de la absolución de su asistida.
A todo evento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que aquel estado no puede reposar en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de la racional y objetiva evaluación de las constancias del proceso (cfr. Fallos: 312:2507; 313:559; 314:83; 346 y 833; 315:495, entre muchos otros).
Al respecto, ha resuelto que “la invocación del principio in dubio pro reo por parte de los jueces no impide exigirles el desarrollo de las razones que conllevarían a confirmar su aplicación en el caso concreto, en desmedro de la posición sostenida por el Ministerio Público, ya que si bien aquel presupone un especial ánimo del juez por el cual no alcanza a la convicción de certidumbre sobre los hechos, dicho estado no puede sustentarse en una pura subjetividad, sino que debe derivarse de una minuciosa, racional y objetiva evaluación de todos los elementos de prueba en conjunto” (Fallos: 341:161).
En esa dirección, la sentencia impugnada se ha afirmado sobre la base de aquella pauta de valoración probatoria -visión de conjunto y correlación de la pruebaque permite desestimar la tacha de arbitrariedad intentada por la defensa.
Y, en ese sentido, el examen propiciado en el fallo se advierte fundado, razonable y riguroso, habiéndose arribado a una convicción en conciencia sobre la acreditación del evento delictivo por el que se los acusó, excluyendo toda duda razonable sobre su existencia. En definitiva, la resolución se ha apoyado, en su convicción, en elementos e indicios válidos, considerados en su visión de conjunto, los que han sido obtenidos e incorporados al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con apego a las normas que regulan su práctica.
Al mismo tiempo, la valoración llevada a cabo para llegar al corolario fáctico que significó la base de la condena, habida cuenta del peso incriminatorio de esos datos e indicios, no se apartó de las reglas de la lógica y del criterio humano y no ha sido, por ende, manifiestamente errónea o arbitraria su estimación.
III. En cuanto al recurso interpuesto por la Unidad de Información Financiera, de un examen detenido de las constancias de la causa, estimo que la parte no ha demostrado la existencia de un gravamen actual, de imposible reparación ulterior, en cuanto al destino de los bienes objeto de decomiso en la sentencia bajo examen. En ese sentido, coincido con el colega que lidera el orden de votación en punto a que no se invocan ni vislumbran elementos que impidan a la parte interesada plantear la cuestión a través de los cauces legales correspondientes, sin que lo aquí expuesto importe adelantar opinión sobre el tema.
I. RECHAZAR sendos recursos de casación interpuestos por la defensa de Nélida Caballero y la Unidad de Información Financiera. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del C.P.P.N).
II. TENER PRESENTES las reservas del caso federal.
En mérito al Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de Nélida Caballero. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del CPPN).
II. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la Unidad de Información Financiera. Sin costas en la instancia (arts. 530 y 531 in fine del CPPN).
III. TENER PRESENTES las reservas del caso federal.
Regístrese, notifíquese, comuníquese y remítase al juzgado de origen mediante pase digital, que deberá notificar personalmente a la encausada de lo aquí decidido. Sirva la presente de atenta nota de envío.
Firmado: Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo. Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia