Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 47127-I
—SALA IV—
CAF 11990/2018/CA2 — CABERAH SA (TF 47127) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, abril de 2026 VISTOS Y CONSIDERANDO:
USO OFICIAL
1. Que, a fs. 230/234 vta. el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución de la AFIP-DGI (actual ARCA) en cuanto había determinado la obligación tributaria de la actora respecto del IVA, accesorios y multa por defraudación y redujo esta última al mínimo legal del art. 46 de la ley procedimental. Impuso las costas a la actora, salvo en la proporción de la reducción, aspecto éste en que se fijaron por su orden. Para así resolver, consideró que la actora no había acreditado la veracidad de las operaciones impugnadas pese a haberle sido requeridas en varias oportunidades. En cuanto a la sanción de defraudación, meritó que se encontraba acreditada en forma clara y suficiente la intención dolosa, por lo que correspondía confirmar la multa prevista en el art. 46 de la ley 11.683.
No obstante y en lo que hacía su quantum, consideró que, si bien la graduación de la pena es discrecional del juez administrativo en función de las circunstancias de la causa, ello no quedaba exento de la revisión posterior que ese tribunal podía realizar para evaluar la razonabilidad del acto sancionatorio. Por ello, y frente a la falta de antecedentes sumariales, ponderó que resultaba prudente su reducción al mínimo legal.
2. Que, contra dicha decisión el Fisco Nacional dedujo recurso y expresó agravios a fs. 252/258 vta., los que no fueron contestados por su contraria. Argumentó que a raíz de la fiscalización practicada a la contribuyente se constataron diferencias en el crédito fiscal declarado y el registrado en los libros de IVA. Por otro lado, conforme a la observación efectuada por el área de investigaciones, fueron circularizados varios proveedores, los que desconocieron haber operado con ella. Además, al habérsele requerido copia de las facturas emitidas, nunca fueron aportadas. Asimismo, se detectaron compras no declaradas y gastos computados en exceso, concluyendo en la existencia de ventas omitidas y un incremento patrimonial no justificado en los términos del primer párrafo del art. 18 de la ley 11.683.
En tal sentido el Fisco sostuvo que, ante la existencia de una maniobra utilizada por la actora para sustraerse del pago del IVA resultaba inexplicable lo resuelto por el Tribunal Fiscal en cuanto redujo la sanción al mínimo legal del art. 46 de la ley 11.683 por falta de antecedentes sumariales.
Afirmó al respecto que en el caso el juez administrativo, lejos de actuar, de modo irrrazonable o desproporcionado ejerció fundadamente la facultad discrecional que le confiere la norma legal, graduando la multa en un monto equivalente a tres veces el impuesto omitido, es decir muy por debajo del máximo legal permitido de diez veces, lo que evidencia un criterio moderado y ajustado a las circunstancias particulares del caso.
Dicho temperamento, añadió, no fue adoptado de manera automática ni arbitraria, sino que responde a una evaluación concreta de las condiciones subjetivas del infractor, ponderándose tanto elementos atenuantes como agravantes. Particularmente, se valoró la ausencia de antecedentes sumariales por infracciones de idéntica naturaleza. Manifestó sobre el punto que el cúmulo de irregularidades detectadas no podía considerarse una infracción “menor” o “meramente formal”, sino que, muy por el contrario, la conducta del contribuyente reflejaba un ardid deliberado tendiente a ocultar la verdadera realidad económica del sujeto frente al IVA mediante una serie de maniobras cuya única finalidad era defraudar al Fisco. Citó jurisprudencia a favor de su postura y solicitó que se dejara sin efecto la resolución apelada.
Asimismo, se agravió de la forma en que se impusieron las costas.
A fs. 250 apeló los honorarios regulados a los profesionales de su parte por bajos y a los de la contraria por considerarlos altos.
3. Que el art. 46 de la ley 11.683 sanciona a quien mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa perjudicare al Fisco con liquidaciones de impuestos que no correspondan a la realidad fijando una multa de dos a diez veces el impuesto evadido. A su vez, el art. 47 establece una serie de presunciones de dolo 4º) Que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio, de un engaño o de una conducta dirigida a evadir el tributo y evitar las consecuencias sancionatorias.
5. Que, conforme surge de autos la existencia de dicha conducta, comprensiva del elemento intencional se consideró probada al detectarse que la contribuyente había omitido el pago del IVA con motivo de no haber declarado ingresos gravados originados en compras no computadas, no haber declarado ventas por diferencia entre lo registrado y lo declarado y haber computado compras y gastos sin el debido respaldo documental. Por lo expuesto, el Tribunal Fiscal confirmó la sanción impuesta, al considerar que se encontraba acreditada en forma clara y suficiente la intención dolosa, si bien la redujo al mínimo legal por falta de antecedentes sumariales.
Lo resuelto por el Tribunal Fiscal en cuanto a la determinación del tributo como con respecto a la procedencia de la sanción quedó firme en tanto la actora no interpuso recurso de apelación, agraviándose el Fisco con respecto a la reducción del monto de la multa.
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CAF 11990/2018/CA2 — CABERAH SA (TF 47127) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 6º) Que, cabe señalar que en el acto de condena el ente fiscal consideró que a los efectos de graduar el “quantum” de la sanción debía tenerse en cuenta la pauta general que establece la Instrucción general 6/20. En tal sentido, y atento que no surgían USO OFICIAL sumarios por ajustes conformados en las bases de esa División Jurídica, la Administración ponderó que debía tenerse en cuenta lo expuesto como atenuante y considerarse como agravante lo indicado por el inciso d del punto 3.2.1.2. con relación a la gravedad y peligrosidad de los hechos en relación con la capacidad contributiva del infractor y con la índole de la actividad o explotación.
En razón de lo expuesto se impuso una multa de $1.029.796,86 equivalente a tres veces el tributo evadido.
7. Que, en el caso el monto fijado por el Fisco no resulta arbitrario ni desmedido, toda vez que se encuentra dentro de los límites previstos en el artículo 46 de la ley 11.683 y se tuvo en cuenta la gravedad de la conducta.
Al respecto cabe señalar que, si bien las instrucciones son disposiciones internas sin carácter obligatorio para los particulares, la graduación de una sanción, es en principio resorte primario de la Administración, y en el ejercicio de tal potestad sancionatoria se le reconoce un razonable margen de apreciación que en el sub lite no se advierte que se haya excedido.
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso del Fisco y revocar lo resuelto por el Tribunal Fiscal en cuanto a la reducción de la sanción, con costas a la vencida en este aspecto (art. 68, primera parte del CPCCN).
En atención a la forma en que se decide se dejan sin efecto las regulaciones de honorarios.
ASI SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORÁN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia