Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2106/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 335.-
2Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 200/206 y, en consecuencia, casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 186/189 vta.-
3Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la demandada (fs. 153 vta./155), debiendo continuar el trámite de estas actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia ante el cual fuera radicada.-
4Las costas se imponen a la parte demandada vencida (conf. arts. 68 y 69 del CPC y C).-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2106/16-TSJ Interlocutorio N°: 622.-
Actor: CABEZUELO JORGE ALEJANDRO Demandado: ESTADO PROVINCIAL Objeto: S/ LABORAL Fecha: 10-04-2018 Texto: TOMO XVIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 622 FOLIO Nº 3583/3586 PROT. ELECT. TSS1 004 S.181
Río Gallegos, 10 de abril de 2018.-
Los presentes autos caratulados: “CABEZUELO JORGE ALEJANDRO C/ ESTADO PROVINCIAL S/ LABORAL”, Expte. N° C-16.301/14 (C-2106/16 TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término la excusación formulada por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, que a foja 335 expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha integrado el tribunal que dictó las resoluciones interlocutorias obrantes a fs. 186/189 vta. y 210/213.”.- En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, -el haber dictado la resolución impugnada que viene a este Tribunal a estudio-, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo vienen los presentes a fin de considerar el recurso de casación articulado a fs. 200/206, por la Dra. Erica Schupbach en su carácter de letrada apoderada de la parte actora, contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 186/189 vta., por cuanto rechazó el recurso de apelación interpuesto y confirmó el interlocutorio de Primera Instancia de fs. 166/170.- En dicho pronunciamiento, el Juez de Primera Instancia hizo lugar a la excepción de incompetencia por considerar que, al tratarse de una relación de empleo público y teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 2 de la LCT y artículo 1 de la Ley Nº 2600, la litis sería competencia del Tribunal Superior de Justicia, e impuso las costas a la actora vencida (conf. fs. cit.).- A su turno la Alzada al confirmar dicha resolución indicó: “En este marco, es insoslayable advertir que la extinción del vínculo existente entre las partes fue dispuesto mediante el decreto 307/14 el cual constituye un acto administrativo que se encuentra revestido -prima facie- de los caracteres de legitimidad, ejecutoriedad y ejecutividad y cuya validez debe debatirse -una vez agotada la vía en sede administrativa- en el fuero contencioso administrativo.” (cfr. foja 188 y vta.).-
III. La actora en el relato de los antecedentes del caso, en su recurso de casación señala que inició una demanda laboral reclamando la indemnización prevista en el artículo 245 de la LCT. Explica que el actor comenzó a trabajar como contratado en los términos de la ley 1917, en la administración pública desde el 1° de mayo del 2000, hasta que el 1 de septiembre del 2005 fue designado en uno de los cargos llamados “políticos”, disponiéndose la aceptación de la renuncia al cargo mediante decreto 307 del 22 de abril de 2014. Renuncia, solicitada expresamente por su superior por lo que no tenía tal carácter (conf. foja 202).- Señala que, este acto fue atacado por el actor mediante carta documento a la cual el Ministro de la Producción Provincial le respondió ratificando que le había solicitado la renuncia pero que no gozaba de estabilidad en el cargo y que por lo tanto estaba excluido de los beneficios de la Ley Nº 591 (conf. foja cit.).-
La recurrente considera, que la propia administración lo marginó de la condición de empleado público y por ende de su normativa, alegando fraude laboral ya que fue la accionada quien no dejó expedita la vía administrativa, pues dice “...se contestó la carta documento cerrando el intercambio epistolar pero no se le dio curso a la misiva como recurso administrativo.” (cfr. fs. 202 y vta.).- Denuncia, a raíz de lo señalado precedentemente, que se configuró fraude laboral cuando se le comunica que estaba excluido de los beneficios de la Ley Nº 591 y por ello es que, a su entender, esta comunicación implicó el acto expreso que prevé el artículo 2° de la LCT, para permitir que esta ley se le aplique a su parte. Así, señala que: “El acto expreso al que hace referencia el art. 2° inc (sic) a) de la LCT, son las sucesivas contrataciones efectuadas por el Estado provincial con el actor Jorge Cabezuelo, las que si bien señalaron que estaba excluido del régimen de la ley 591, debemos interpretarla como señala la doctrina, esto es por oposición, si está excluido del régimen del Empleo Público, está incluido en la Ley de Contrato de Trabajo, la relación laboral tiene que tener un marco jurídico.” (cfr. foja 202 vta.). En síntesis, lo reclamado son derechos que emanan de la Ley de Contrato de Trabajo y, a criterio de la accionante, es esta norma la aplicable al caso.- Esta circunstancia llevó al Sr. Cabezuelo a promover demanda laboral reclamando la indemnización por despido prevista en el artículo 245 de la LCT. Es por ello que en su recurso acusa violación de la ley, ya que, dice, se han reclamado las indemnizaciones derivadas del despido indirecto, situación en la que se colocó el actor al no ser reintegrado a su cargo, luego de haber intimado al respecto (conf. foja 204), y por ello, considera, debía subsumirse el caso en las leyes laborales. Asimismo señala que la competencia laboral está dada por la materia fundada en cuestiones de hecho y prueba que deben ser dirimidas en la justicia ordinaria, ya que no se cuestiona la inteligencia del Acto Administrativo atacado, sino cuestiones de índole laboral (conf. foja 203 vta.).- Se agravia de la absoluta omisión en el tratamiento de la cuestión de hecho descripta en la demanda, configurativa del fraude laboral (conf. foja 204).-
Finalmente hace reserva del caso federal.-
Dicho recurso fue declarado formalmente inadmisible por la Excma. Cámara de Apelaciones, a fs. 210/213, lo que motivó la queja de fs. 288/296, a la cual este Excmo. Tribunal Superior de Justicia hizo lugar (foja.310 y vta.) poniendo los autos a disposición de las partes a los fines dispuestos en el art. 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (cfr. foja 81/vta.). Ambas partes presentaron el memorial, la actora a foja 315 y la demandada a fs. 319/326.- A fs. 328/329 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, quien considera, por los motivos que allí esgrime y a los cuales remitimos brevitatis causae que “...el Recurso de Casación interpuesto por la actora debe prosperar.” (cfr. foja 329).-
IV. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la actora, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3, inc. a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad.- La controversia a resolver finca en determinar si estamos ante una demanda contencioso administrativa o ante una demanda laboral, y ello determinará que deba conocer en este expediente, este Tribunal Superior de Justicia (art. 132 de la Constitución Provincial) o el Juez de Primera Instancia con competencia en materia laboral al que le fue asignada la causa.- Sabido es que “La competencia se determinará por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado.” (cfr. art. 5° del CPC y C). Nutrida jurisprudencia apunta que la competencia material depende de los hechos y el derecho expuestos en la demanda. Tal como lo tiene reiteradamente dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para dilucidar las cuestiones de competencia, es preciso atender, en primer término, a los hechos que se relatan en la demanda y luego, en la medida que se adecue a ello, al derecho invocado como fundamento de su pretensión (sum. Fallos: 324:4495; 325:905; 328:4334, entre muchos otros).- El litigio bajo análisis nos remite a uno con similares presupuestos que ya fuera decidido por este Tribunal Superior de Justicia, en el Expte. Nº L-720/13, sentencia registrada al Tomo XV, Contencioso Administrativo, Reg. 942, Folio 2822/2824, cuya doctrina debemos aplicar para resolver el presente caso.-
Para mayor claridad se transcriben las partes pertinentes del fallo mencionado ut supra, donde se sostiene: “…la cuestión a debatir circunscripta a los términos precedentemente expuestos, exige preliminarmente, ‘...verificar si este Tribunal Superior de Justicia se encuentra habilitado para ingresar a su tratamiento dentro del marco de la competencia originaria y exclusiva que le confiere el art. 132 inc. 2° de la Constitución Provincial; para ello, la télesis del sendero que debe abordar la presente resolución debe efectuarse -tal como reiteradamente tiene resuelto este Tribunal en anteriores precedentes- en base a la propia naturaleza de la demanda y con apoyo en los hechos expuestos en la misma, ya que éstos constituyen el sustento de la pretensión que el actor propone a decisión con relación al derecho sustancial reclamado (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo IV, -Interlocutorio-, Reg. 415, Folio 690/691; Tomo IV, -Interlocutorio-, Reg. 416, Folio 692/693; y Fallos 182:398; J.A. t. 64, p.694; L.L. t. 90, p. 517), sin que obste a ello, la determinación o denominación que las partes asignen a la acción instaurada; contribuyendo además para dilucidar la competencia, la circunstancia de que no cabe atenerse a la ley que pueda resultar en definitiva realmente aplicable, sino a la que se invoca como fundamento de la acción entablada (confr. Fallos: 303:1231; íd. 279:95 y este Tribunal Tomo VI -Sentencias-, Reg. 221 Folio 1190/1193)...’ (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Contencioso Administrativo, Reg. 632, Folio 1770/1772). Que conforme la situación fáctica de autos, surge a todas luces que la actora -en su pretensión- concurre en demanda del reconocimiento de derechos que derivan inequívocamente de normas preexistentes, en tanto atribuye como causa del reclamo cuestiones que se vinculan al derecho del trabajo, constituyendo materia especial la influencia decisiva que las mismas han de tener en la resolución del pleito, tanto en sus alcances como en los efectos de las mismas (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Contencioso Administrativo, Reg. 632, Folio 1770/1772). ‘...Que esto así, en tanto la atribución de competencia por razón de la materia debe -inexorablemente- prevalecer sobre la efectuada en razón del órgano administrativo, autor del acto, por lo cual se pone de manifiesto la prevalencia frente al ente, posición que supera la visión estrictamente formal, abordándose sin retaceos, el contenido sustantivo de la resolución (por un lado) o de la petición jurisdiccional (por el otro), es decir, por razón del contenido material del acuerdo, o acto recurrido, o -como en el sublite- por razón de la sustancia demandada.- En este sentido se ha resuelto que: ‘Aunque la relación jurídica que une a ambas partes constituya, tanto por su objeto como por las normas a la que está subordinada, un vínculo de empleo público, en el marco de la jurisprudencia vigente en la materia, dicha circunstancia no configura un antecedente que por sí baste, cuando la pretensión se fundamenta en normas laborales, para que el caso sea de la competencia contencioso administrativa (SCBA, B 55233 -I-3-8-93 in re: ‘Vargas Juan c.
Prov. de Bs. As. s. Dem. Cont. Adm.), así como la pretensión que persigue el cobro de una indemnización que no es consecuencia directa de la ilegitimidad de acto administrativo alguno, ni se refiere a la vulneración de una situación jurídica administrativa (íd. B-55378 -I- 2-11-93 in re: ‘Martínez de Echeverría María y ot. c. Prov. de Bs. As. y ot. s. Dem. Cont. Adm’, íd. B-57562 -I-1-10-96 in re: ‘Pierpin S.A.C.I.E.I. c. Municip. de Gral. Pueyrredón s. Cobro de Pesos’, entre otros)...’ (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Contencioso Administrativo, Reg. 632, Folio 1770/1772). Por otro lado -y a mayor abundamiento- la valla que demarca el art. 89 del CPCA, Ley N° 2600, en cuanto establece que el fallo del Tribunal deberá limitarse a resolver la cuestión relativa al derecho administrativo conforme a lo alegado y probado por las partes, excluyendo expresamente toda posibilidad de pronunciamiento respecto de derechos reales o civiles (confr.
TSJ Santa. Cruz, Tomo VIII -Contencioso Administrativo-, Reg. 527, Folio 1439/1446; Tomo IX -Contencioso Administrativo-, Reg. 626, Folio 1748/1750; Tomo XIV -Contencioso Administrativo-, Reg. 916, Folio 2705/2710; entre otros), roza tangencialmente la zona de reclamo de la actora, que por su naturaleza, imposibilitan también la apertura de esta instancia jurisdiccional. En efecto, es criterio de este Tribunal que sólo debe decidirse sobre aquello que respecta a la materia contencioso administrativa (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX -Contencioso Administrativo-, Reg. 626, Folio 1748/1750). Por lo que no entenderá en aquel proceso que tenga por objeto el cobro de una suma de dinero, como sucede en el caso de autos que pretende cobrar montos de dinero en concepto del rubro identificado como ‘12 horas cátedras secundarias’ basado en su relación laboral, ya que su competencia originaria únicamente corresponde a lo que respecta a normas de materia contencioso administrativa, resultando ajena a ella los procesos de contenido patrimonial (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo XIV -Contencioso Administrativo-, Reg. 916, Folio 2705/2710). Asimismo se contempla expresamente en el artículo 3º inciso b) del CPCA -Ley 2600-, la exclusión de la competencia para el caso de autos, cuando se pretende la aplicación de normas de derecho laboral y derecho privado, aún cuando la relación jurídica que vincula a las partes sea de empleo público, tal como se adelantó precedentemente.” (cfr. fallo cit.).- En el caso de marras, el objeto del proceso, los hechos y las normas en que se funda la demanda remiten al derecho del trabajo. Conteste con su pretensión, dice el actor que por medio de la presente esta “…persiguiendo el cobro de la suma de pesos trescientos noventa mil quinientos veinticinco ($ 390.525,00)…producto de la deuda devengada durante la relación laboral, e indemnización y liquidación final por despido indirecto, en un todo de acuerdo a lo prescripto por el art. 245 de la LCT…” (cfr. foja 138).
No se busca, cabe agregar, la nulidad ni la modificación de ningún acto administrativo. No existe un ataque directo y formal contra un acto dictado por la Administración Pública. El reclamo es patrimonial con base en el derecho laboral.-
V. En virtud de todo lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, cabe concluir que la presente acción no constituye materia contencioso administrativa de conocimiento originario y exclusivo de este Tribunal Superior de Justicia (art. 132º, inc. 2° de la Constitución Provincial) como se indicara en las instancias de grado. Razón por la cual, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 200/206; y casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 186/189 vta. y, consecuentemente, rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la demandada a fs. 153 vta./155, debiendo continuar el trámite de estas actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia ante el cual fuera radicada. Las costas se imponen a la demandada en su condición de vencida, teniéndose presente la reserva del caso federal efectuada a foja 206.-
V. Por todo ello, oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 335.-
2. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 200/206 y, en consecuencia, casar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 186/189 vta.-
3. Rechazar la excepción de incompetencia opuesta por la demandada (fs. 153 vta./155), debiendo continuar el trámite de estas actuaciones en el Juzgado de Primera Instancia ante el cual fuera radicada.-
4. Las costas se imponen a la parte demandada vencida (conf. arts. 68 y 69 del CPC y C).-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé G. Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vo-cal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1004S.181 Tomo: XVIII Interlocutorio: 622.-
Folio N°: 3583/3586.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia