Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2611/2024-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE1395896-2024, RCA00000173.pdf y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1566386-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2611/2024-TSJ Interlocutorio N°: 3847 Actor: CABEZUELO JORGE ALEJANDRO Demandada: ESTADO PROVINCIAL Objeto: LABORAL Fecha: 10-12-2024 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3847 FOLIO Nº 7052/7055 PROT. ELECT. TSS1 061 I.241
Río Gallegos, 10 de diciembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “CABEZUELO JORGE ALEJANDRO c/ ESTADO PROVINCIAL s/ LABORAL”, Expte. Nº C-16.301/14 (C-2611/24-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, el Estado Provincial, por intermedio del Sr. Fiscal de Estado de la Provincia de Santa Cruz, Dr. Ramiro Esteban Castillo y la Dra. Fernanda Loncón Paredes (cfr. PE1395896-2024, RCA00000173.pdf), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial. Este resolutorio rechazó los recursos de apelación tanto del actor como el demandado, imponiendo las costas de la segunda instancia al demandado (cfr. PE1372375-2024).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por el Sr. Jorge Alejandro Cabezuelo y, en consecuencia, condenó al demandado a abonar una indemnización, con más intereses y costas (cfr. fs. 726/735 vta.).-
II. El casacionista plantea que la sentencia dictada por la Cámara soslayó pronunciarse sobre cuestiones relevantes sustentadas en la apelación al fallo de Primera Instancia (cfr. PE1395896-2024, RCA00000173.pdf, pág. 5).-
Postula que no se prestó debido tratamiento al análisis de la Ley Nº 1917, que dio origen a la relación jurídica entre el actor y el Estado Provincial (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Señala que la Ley Nº 1917 habilitaba al Poder Ejecutivo a contratar profesionales por el término de un (1) año; por su parte, su Decreto reglamentario N° 345/88, establece las condiciones de la relación contractual. Añade que tanto el Juez de Primera Instancia como la Alzada sostuvieron que las sucesivas contrataciones fueron ilegales y abusivas al renovarse por mayores plazos de los estipulados, es decir, superando el año de duración previsto en la Ley Nº 1917. Sin embargo, continúa en su argumentación, las renovaciones más allá del plazo original del año cuentan con respaldo legal otorgado por la Ley Nº 2147, que prescribe que los contratos contemplados por la Ley Nº 1917 podrán ser prorrogados hasta por dos años más a opción del Estado Provincial (cfr. PE y pdf cits., págs. 5/6).- Afirma que: “...las renovaciones más allá del plazo original de duración de 1 año cuentan con respaldo legal, justamente otorgado por la Ley 2147 que prescribe que los contratos previstos por la Ley 1917 podrán ser prorrogados hasta por 2 años más, a opción del Estado Provincial, tal como ocurrió en el caso del Sr. Cabezuelo.”. Estima que esta circunstancia legitimaba los contratos sucesivos celebrados con el actor. Añade que también se verifica que la Cámara pasa por alto el agravio relativo a la aplicación del fallo “Ramos” en este caso. Al respecto afirma que: “El agravio concreto de esta parte es que el fallo Ramos que sustentó el fallo de primera instancia y fue citado en el antecedente que cita la Cámara, parte de la base que la Administración en aquel caso había incumplido el régimen marco del contrato al excederse del límite máximo de duración del contrato, lo que hacía presumir un desvío de poder para encubrir una designación permanente. Se ha visto que no es este el caso, en tanto los contratos suscriptos en virtud de la Ley 1917 podían ser renovados por otros dos años de acuerdo a la Ley 2147.” (cfr. PE y pdf cits., pág. 6).- Observa que las renovaciones que se sucedieron desde el año 2000 al 2003 encontraban encuadre legal en el marco normativo compuesto por las Leyes Nros. 1917 y 2147, de modo que no hubo conducta ilegítima por parte del Estado (cfr. PE y pdf cits., pág. 7).-
Afirma que: “Resultaba entonces determinante en el precedente ‘Ramos’ la transgresión normativa del Estado a los límites temporales del régimen contractual para la procedencia del reclamo indemnizatorio, lo que no ocurre en este caso. Además, nótese que en aquel precedente se mantiene la doctrina de la CSJN sentada en el precedente ‘Gil’, según el cual el voluntario sometimiento a un régimen sin reservas expresas comporta un inequívoco acatamiento que determina la improcedencia de su impugnación ulterior.” (cfr. PE, pdf y pág. cits.).- Aduce que la resolución del recurso de apelación es ineficaz e inválida, contiene fundamentos aparentes y es arbitraria (cfr. PE y pdf cits., pág. 8).-
Dice que la sentencia es contradictoria. Al respecto expresa que: “Si como da a entender la Cámara resulta un elemento trascendental el conocimiento y consentimiento del agente acerca de la transitoriedad del contrato, ello como derivación de la doctrina de los actos propios, entonces nada tiene que reclamar el Sr. Cabezuelo. Esa supuesta expectativa de estabilidad que se generó en el período 2000-2005 nunca existió y el actor bien lo sabía. Sería incoherente pensar que ese conocimiento y consentimiento a los regímenes a los que voluntariamente se sometió el actor solo es relevante para una etapa de la relación contractual y no para la otra. O lo es para todas las etapas o no lo es. En fin, la fundamentación del fallo es entonces contradictoria al seguirse de ella una conclusión distinta de la dispuesta.
Con esa misma lógica, la Cámara debió haber rechazado la pretensión del actor.” (cfr. PE y pdf cits., págs. 9/10).- Argumenta que el fallo se aparta inequívocamente del derecho que debe regular el caso. En primer lugar, sigue diciendo, porque por aplicación de la Ley Nº 1917 y del Decreto Nº 2996/03 que rigieron las contrataciones con el actor, la rescisión, cualquiera sea la causal no da lugar a indemnización al contratado (cfr. art. 29 del decreto reglamentario de la Ley Nº 1917 y art. 16 del Decreto Nº 2996/03); en segundo lugar, se aplica e interpreta erróneamente el artículo 32 de la Constitución Provincial y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional para forzar el derecho de estabilidad en el caso del actor como agente contratado (cfr.
PE y pdf cits., pág. 10).- Entiende que la sentencia de la Cámara contradice la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto desvirtúa el régimen jurídico de la función pública, al prácticamente eliminar los límites temporales de los contratos de locación de servicios y dotarlos de estabilidad, aún cuando la normativa que regulan ese tipo de contratos expresamente prevén la ausencia de estabilidad y permanencia (cfr. PE y pdf cits., pág. 11).- Argumenta que la sentencia colisiona con lo expresado por este Tribunal Superior de Justicia en autos “Sánchez Liliana Elisabet c/ Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz y Estado Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa”.
También observa que la Alzada entiende aplicable el precedente “Martín Enrique Omar c/ Municipalidad de Caleta Olivia s/ Laboral - (Cobro de Pesos)”, pero sin explicar por qué. Pone de relieve que este precedente, en su marco fáctico y jurídico, difiere sustancialmente del caso que nos ocupa (cfr. PE y pdf cits., págs. 11/12).- Puntualiza que, ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó que el derecho a la estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional no comprende sin más, todo supuesto de separación de un agente de su cargo (cfr. PE y pdf cits., pág. 12).-
Expone que el derecho a la estabilidad no es absoluto, pues puede ser limitado por las leyes que lo reglamentan (cfr. PE y pdf cits., pág. 14).-
Observa que, según el artículo 32 de la Constitución Provincial, los empleados de la Provincia y de las Municipalidades, con más de seis meses de servicios no podrán ser separados de su cargo mientras dure su buena conducta, sus aptitudes físicas o mentales y su contracción eficiente a la misión encomendada, a excepción de aquellos cuyo nombramiento o cesantía se hayan previsto por esta Constitución o las leyes o normas especiales (cfr. PE, pdf y pág. cits.).- Plantea que para gozar de estabilidad, se requiere el nombramiento por un acto administrativo y cumplimentarse exigencias relativas a la idoneidad y aptitud psicofísica, tal como lo prevé el artículo 32 de la Constitución Provincial; ninguno de estos extremos resultan acreditados en autos (cfr. PE, pdf y pág. cits.).-
Asegura que el vínculo contractual del Sr. Cabezuelo con la administración pública no puede mutar por el mero transcurso del tiempo y convertirse en empleo público con estabilidad (cfr. PE y pdf cits., pág. 15).-
La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE1566386-2024).-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a fin de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3795, Folio 6885/6888).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- En este análisis previo, se detectan falencias en la fundamentación del recurso que obstan a su concesión.-
Así, se verifica que los planteos del recurrente tienen como núcleo fundamental cuestionar si en atención a la relación laboral que unió a las partes le correspondía al actor una indemnización por la finalización de su vínculo. Es decir, que remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba; y son, por lo tanto, en principio, ajenos a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo.- Recordemos que la revocación de una sentencia por absurdo es un remedio excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946, entre otros).-
En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha entendido que: “… para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr. Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788; XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003 y XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946).- Debemos decir también que, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas de la impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con el Tribunal de Alzada y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
Es menester señalar, a estas alturas, que en su acto sentencial la Cámara ha dado una respuesta razonable al tema que se sometió a su decisión, sin que se vislumbre la existencia de violación de la ley o arbitrariedad.-
Así las cosas, se observa que los argumentos del recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre por qué la relación contractual que existió entre las partes no daría derecho a indemnización; pero en relación a este asunto tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XI, Reg. 1504, Folio 2103/2104 y XII, Reg. 1655, Folio 2385/2387, entre otros).- Desde otro cuadrante, tampoco debe prosperar la denunciada violación de disposiciones de la Constitución Nacional y Provincial; ya que la sola mención de disposiciones y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIV, Reg. 3745, Folio 6713/6717).- En síntesis, se debe concluir que las críticas de la recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.-
IV. Que en mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado en PE1395896-2024, RCA00000173.pdf, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1566386-2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE1395896-2024, RCA00000173.pdf y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1566386-2024.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1061I.241 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3847 Folio N°: 7052/7055 Secretaría: 1
Fin de la sentencia