Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa EX-2026-33326650-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al amparo con respecto a los períodos 1 a 12/2023 y ordenar al fisco nacional para que en el término de 30 (treinta) días finalice el trámite correspondiente, en los términos señalados en el considerando VI, bajo apercibimiento de comunicar dicho incumplimiento al superior; con costas.
2Rechazar el amparo interpuesto con respecto a los períodos 2 a 11/2024 y 1, 2, 4 a 7 y 9/2025, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2026-43644048-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 30 de Abril de 2026
En el día de la fecha, reunidos los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación), para resolver el expediente EX-2026-33326650-APN-SGAI#TFN, caratulado: “CABRERA CAROLINA MARIANA s/ recurso de amparo”.
El Dr. Luis dijo:
I. Que mediante RE-2026-33326455-APN-SGAI#TFN se interpuso recurso de amparo en los términos del art. 182 de la ley 11.683 por la presunta excesiva demora de ARCA en cumplir con la devolución de las percepciones sufridas por la compra de moneda extranjera correspondientes a los períodos fiscales 1 a 12/2023, 2 a 11/2024 y 1, 2, 4 a 7 y 9/2025.
La amparista relató que, desde que gestionó por el portal de ARCA el pedido de devolución de las percepciones, no fue resuelto a la fecha y figura en estado “sujeto a fiscalización” por lo que, ante la ausencia de respuesta, el 3/3/2026 presentó pronto despacho, que no fue contestado.
Argumentó que existe una demora excesiva por parte de ARCA, ya que desde que solicitó la devolución hasta la fecha no obtuvo respuesta. Además, indicó que dicha demora le produce un perjuicio económico financiero.
Finalmente, acompañó prueba documental y solicitó que se ordene a ARCA que emita resolución en el marco del pedido de devolución, con costas.
II. Que mediante IF-2026-37711079-APN-DTD#JGM el fisco respondió el informe que se le solicitó (cfme. art. 183, ley 11.683). Manifestó que el 10/4/2026 la Sección Gestiones y Devoluciones “A” de la Dirección Regional SUR de ARCA-DGI informó que “…tomo intervención a partir de la presentación digital N.º 202600227081 interpuesta por la contribuyente el día 03/03/2026” y que dichas solicitudes “… están sujetas a Fiscalización debido a la siguiente observación sistémica: “tu solicitud será evaluada en el área de fiscalización a efectos de establecer la existencia de ingresos consistentes con los gastos efectuados y tu condición tributaria”. En este sentido, manifestó que “Debido a la observación sistémica, con fecha 09/04/2026 se emitió un requerimiento solicitando extractos bancarios de los periodos enero a diciembre del 2023, 2024 y 2025…” y, concluyó que “A la fecha del presente informe, esta instancia se encuentra a la espera de su contestación de la requisitoria, para continuar con el análisis del trámite”. Sostuvo que no se configura en el presente caso una demora en resolver el pedido de devolución de la amparista, ya que el área pertinente dio tratamiento a la solicitud realizada, procediendo a librar un requerimiento a la amparista.
Mencionó que la presentación efectuada por la actora el 3/3/2026 no tiene el carácter de “pronto despacho”, ya que la misma se trató de una nota y no de una presentación digital y, además, fue fundada en lo dispuesto por el art. 10 de la ley 19.549 con la petición de “resolución en forma urgente” Por último, acompañó prueba documental y solicitó que se dicte sentencia rechazando el recurso interpuesto, con costas.
III. Que a través del punto 3 de la PV-2026-38101706-APN-VOCVIII#TFN se intimó a la amparista para que indique la fecha exacta en que inició la solicitud de devolución de cada uno de los períodos reclamados, cuya respuesta obra embebida en el IF-2026-39086397-APN-DTD#JGM.
Mediante PV-2026-41663249-APN-VOCVIII#TFN, se elevaron los autos a consideración de la Sala C.
IV. Que cabe precisar que el art. 182 de la ley 11.683 establece tres requisitos para la procedencia del llamado "amparo por demora" ante este tribunal: a) la existencia de un perjuicio en cabeza del accionante en el normal ejercicio de un derecho o actividad; b) que ese perjuicio provenga de una demora excesiva del fisco en la realización de un trámite o diligencia a su cargo, cuestión que deberá ser analizada en cada caso particular, tarea que resulta de exclusivo resorte del Tribunal; y c) que el amparista haya interpuesto un pronto despacho ante el fisco y hayan transcurridos 15 días sin que se hubiere resuelto su trámite. Con relación al agravio del fisco relativo a que la presentación que efectuó la amparista el 3/3/2026 no tiene el carácter de “pronto despacho” sino de una “nota” efectuada con sustento en el art. 10 de la ley 19.549 con la petición de “resolución en forma urgente”, cabe destacar que el denominado “pronto despacho” como requisito de procedencia de la acción de amparo, incorporado a la ley 11.683 por la 25.795 (BO 17/11/2003), no tiene otra finalidad que otorgar a la Administración una última oportunidad para que resuelva el trámite pendiente, posibilitándo al peticionante -transcurridos 15 días sin resolución- “ …ocurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación mediante recurso de amparo de sus derechos” (art. 182, primer párrafo, ley 11.683).
Bajo tales premisas, la presentación efectuada por la amparista el 3/3/2026 bajo Presentación Digital N° 2026000227081 traduce la inequívoca intención de la peticionante de que se resuelva su solicitud, por lo que corresponde asignarle –a los efectos de lo requerido en el segundo párrafo del art. 182 de la ley 11.683- el carácter de “pronto despacho”. Es que “…las instituciones jurídicas no dependen del nomen iuris que se les dé o asigne por los otorgantes del acto o el legislador incluso, sino de su verdadera esencia jurídica económica y entonces, cuando medie ausencia de correlación entre nombre y realidad, deberá desestimarse el primero y privilegiarse la segunda…)” (Dictamen de la PGN que la CSJN hace suyo en “Establecimientos Liniers SA c/ EN –Ley 26.095 Ministerio de Planificación Resol 2008/06 s/ Amparo Ley 16.986”, E. 280. XLIV. REX, sentencia del 11/6/2013, entre otros). Ello, máxime si el propio fisco reconoce “haber tomado intervención” del trámite (v. IF-2026-37696115-APN-DTD#JGM) a partir de esta presentación. Afirmación que, por otro lado, no puede considerarse seriamente a poco que se advierte que es el propio organismo fiscal el que estableció el trámite para la devolución peticionada, no pudiendo desconocer su propia norma dictada, ni el mecanismo para hacer efectiva la devolución.
V. Que cabe destacar que el art. 183 establece que el Tribunal podrá -si lo juzgare procedente por la naturaleza de la cuestión- solicitarle al fisco que dentro de un breve plazo informe la causa de la demora y la forma en que la hará cesar, resolviendo lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho del afectado, ordenando al fisco la realización del trámite o liberando de él al particular, previa garantía que estime suficiente.
Surge de este artículo, como del 182 antes citado, la amplia potestad con la que el legislador dotó al Tribunal para la sustanciación y resolución de esta vía de amparo. Al respecto, la CSJN, en alusión al amparo del art. 1160 del Código Aduanero, norma similar al del art. 182 de la ley 11.683, expresó: “...dicha parte pudo haber interpuesto ante el Tribunal Fiscal de la Nación el recurso de amparo previsto en los arts. 1160 y 1161 del Código Aduanero, remedio que, a diferencia del legislado en la ley 16.986, no requiere para su procedencia que no existan otras vías aptas para la reparación del daño, y al mismo tiempo otorga al citado tribunal administrativo facultades más amplias que las que dimanan para los jueces del art. 28 de la ley 19.549, en tanto lo autoriza a 'resolver lo que corresponda para garantizar el ejercicio del derecho afectado ordenando en su caso la realización del trámite administrativo o liberando de él al particular mediante el requerimiento de la garantía que estimare suficiente” (Fallos 319:2666, considerando 15°).
La devolución de las percepciones sufridas por la amparista como consecuencia de la compra de moneda extranjera, tramita por el Título II de la RG 4815/2020, cuyos arts. 7 y 8 disponen las condiciones y requisitos para su procedencia. En efecto, el art. 7 establece que: “Los sujetos a quienes se les hubieran practicado las percepciones establecidas en la presente, que no sean contribuyentes del impuesto a las ganancias o, en su caso, del impuesto sobre los bienes personales, y que, consecuentemente, se encuentren imposibilitados de computar las aludidas percepciones, podrán solicitar la devolución del gravamen percibido una vez finalizado el año calendario en el cual se efectuó la percepción, en la forma y condiciones que se detallan en el presente Título”. Por su parte, los arts. 10, 11 y 12 de dicha Resolución señalan que: “La aprobación o rechazo de la solicitud será resuelta por este Organismo mediante controles sistémicos y/o verificaciones posteriores”, que “En caso de aprobación, el monto cuya devolución se disponga será transferido para su acreditación en la cuenta bancaria cuya Clave Bancaria Uniforme (CBU) fuera informada por el responsable, conforme lo indicado en el inciso c) del artículo 8° de la presente” y que “En caso de rechazo, la dependencia de esta Administración Federal que tiene a su cargo el control de las obligaciones fiscales del solicitante procederá a notificarle la situación mediante alguno de los medios de notificación establecidos en el artículo 100 de la Ley N° 11.683…”. Teniendo en cuenta este marco normativo, corresponde analizar la actuación del ente fiscal con las constancias de los antecedentes administrativos acompañados y lo informado en estas actuaciones, a los fines de examinar si existió una demora excesiva por parte del fisco en expedirse respecto de lo solicitado y, en tal caso, si dicha demora le es imputable.
Ello así, de las constancias comprobadas de la causa se advierte que:
1. El 5 y 13/1/2024, 3/1/2026 y 21/2/2026 –es decir, transcurrido el año calendario desde que se efectuaron las percepciones- la amparista presentó los formularios F. 1746 de declaración jurada correspondientes a las percepciones de los períodos 1 a 12/2023, 2 a 11/2024 y 1, 2, 4 a 7 y 9/2025, y solicitó su devolución (v. RE-2026-33326607-APN-SGAI#TFN e IF-2026-39086397-APN-DTD#JGM).
2. El 3/3/2026 hizo una presentación que corresponde calificarla como “pronto despacho” (RE-2026- 33326607-APN-SGAI#TFN, pág. 10 y 11), conforme lo expuesto en el considerando IV.
3. El 10/4/2026, con posterioridad al inicio de la presente acción de amparo (1/4/2026) y de que esta Vocalía curse el pedido de informes respectivo (mediante la providencia del 8/4/2026, notificada ese mismo día); la Sección Gestiones y Devoluciones “A” de la Dirección Regional Sur de ARCA-DGI informó que “…tomo intervención a partir de la presentación digital N.º 202600227081 interpuesta por la contribuyente el día 03/03/2026” y que dichas solicitudes “… están sujetas a Fiscalización debido a la siguiente observación sistémica: “tu solicitud será evaluada en el área de fiscalización a efectos de establecer la existencia de ingresos consistentes con los gastos efectuados y tu condición tributaria”. Por ello, manifestó que “… con fecha 09/04/2026 se emitió un requerimiento solicitando extractos bancarios de los periodos enero a diciembre del 2023, 2024 y 2025…”, encontrándose a la fecha “… a la espera de su contestación de la requisitoria, para continuar con el análisis del trámite” (el destacado es propio), (v. IF-2026-37696115-APN-DTD#JGM, e IF-2026-37696133-APN-DTD#JGM).
VI. Que con relación a los períodos 1 a 12/2023, tal como se observa, la respuesta brindada por el fisco en su contestación -de la que no se observa cuáles serían las diferentes áreas que están interviniendo en el asunto- y el informe circunstanciado contenido en ella, resultan insuficientes para considerar que, verdaderamente, existió una tarea seria del fisco con el fin de resolver el trámite de la solicitante. Máxime si el requerimiento fue instado por el fisco luego que este Tribunal notificara el pedido de informes. Lo cierto es que desde que la amparista presentó el F. 1746 por los períodos 1 a 12/2023 y que el fisco contestó el pedido de informes cursado en estas actuaciones, hayan transcurrido 2 años y 3 meses, evidencia -en el caso- una demora excesiva en la resolución del trámite, más aun si el accionar del fisco se produjo recién el 9/4/2026 cuando le cursó un requerimiento a la actora, esto es, luego de la notificación del pedido de informes. Ello es, a criterio del suscripto, un plazo excesivo en función de la índole del trámite; sin perjuicio de las facultades decisorias que posee el organismo recaudador en cuanto a la procedencia de la devolución.
Así, en el particular caso de estos autos, considero que transcurrió un plazo que excede lo razonable en función del tipo de trámite, por lo que corresponde hacer lugar al amparo para que el fisco nacional finalice el trámite correspondiente a los períodos 1 a 12/2023, con costas.
En relación a la forma en que se decide, quiero recordar que, tal como ya lo he dicho en otros pronunciamientos, a mi criterio, sobre la porción de las devoluciones aprobadas o que el fisco eventualmente apruebe, el trámite finaliza recién cuando los fondos se encuentran disponibles para el solicitante y no antes de ese preciso momento; porque, tengo para mí, que sostener un criterio distinto conduciría a un reconocimiento meramente formal, simbólico y no efectivo del derecho.
VII. Que con relación a los períodos 2 a 11/2024 y 1, 2, 4 a 7 y 9/2025, teniendo en cuenta la situación descripta en el considerando V y que entre que la amparista solicitó la devolución por dichos períodos (3/1/2026 y 21/2/2026) y que el fisco contestó el requerimiento cursado en estas actuaciones, hayan transcurrido 3 y 2 meses, respectivamente, no evidencia una demora excesiva en la resolución del trámite, si se considera que debe existir un tiempo prudencial para que el ente fiscal evalúe y se expida al respecto. El plazo transcurrido no excede, a criterio del suscripto, lo razonable en función de la índole del trámite, por lo que corresponde rechazar el amparo interpuesto con relación a los períodos 2 a 11/2024 y 1, 2, 4 a 7 y 9/2025, cuya solicitud fuera efectuada en enero y febrero del presente año, con costas. La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiere al voto que antecede.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Hacer lugar al amparo con respecto a los períodos 1 a 12/2023 y ordenar al fisco nacional para que en el término de 30 (treinta) días finalice el trámite correspondiente, en los términos señalados en el considerando VI, bajo apercibimiento de comunicar dicho incumplimiento al superior; con costas.
2. Rechazar el amparo interpuesto con respecto a los períodos 2 a 11/2024 y 1, 2, 4 a 7 y 9/2025, con costas.
Se deja constancia que suscriben este pronunciamiento dos Vocales Titulares de la Sala C, conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación. Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2026.04.29 16:10:07 -03:00 Date: 2026.04.30 12:26:35 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.30 12:26:35 -03:00
Fin de la sentencia